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9 ene. 2017

  • 9.1.17
Ahora, trece años más tarde, cuando el Consejo de Estado ha dictaminado que el Ministerio de Defensa es responsable del accidente del avión Yak-42, en el que murieron 62 militares del Ejército español que regresaban de Afganistán, todo el mundo se presta a exigir la inmediata destitución como embajador en Londres del entonces titular de aquel Departamento, Federico Trillo. Eso es quedarse corto.



Es ignorar la trayectoria de este político como un distinguido peón de Gobierno y del Partido Popular, encargado de los trapicheos judiciales fabricados para buscar beneficios o absoluciones en aquellas causas en que pudiera estar implicada su formación política.

Al negar toda responsabilidad en aquella tragedia perfectamente evitable hizo lo que siempre le habían mandado: defender al Gobierno, y por ende a los miembros de su partido implicados en ello –empezando por él mismo–, de cualquier vinculación que pudiera derivarse de las muertes por negligencia de unos miembros del Ejército cuando regresaban de una misión de mantenimiento de la paz en Afganistán y Kirguistán, integrada en la Fuerza Internacional ISAF.

Una vez estrellado el avión alquilado que volaba en condiciones deplorables, había que enterrar a los muertos rápidamente, incluso sin identificar, y celebrar un pomposo funeral de Estado que irradiara la imagen de un Gobierno consternado que rinde tributo a las víctimas de la desfachatez y la desvergüenza institucionales. Y eso hizo el buen vasallo Trillo, con su cara de circunstancias: una chapuza más.

Por su culpa, tres mandos militares fueron condenados por el falseamiento de identidades de 30 de los 62 fallecidos. El ministro de Justicia de otro Gobierno conservador, Alberto Ruiz-Gallardón, indultó a los dos oficiales médicos que podían ir a prisión, puesto que el tercer condenado, un general, había enfermado y fallecido sin llegar a cumplir condena.

Ante el dictamen del Consejo de Estado, el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha declarado que no cabe destituir al “embajador” Trillo de su destino en Londres porque su función actual no guarda relación con aquellos hechos, los cuales, insiste como si fuera un atenuante, sucedieron hace mucho tiempo. ¿Qué podía decir? ¿Culparse a sí mismo y culpar a su propio partido?

Hay que recordar que el accidente se produjo cuando Trillo era miembro, como titular de Defensa, del segundo Gobierno formado por José María Aznar, en el que Rajoy ocupaba la vicepresidencia primera y la cartera de portavoz.

Para valorar la catadura moral de aquel Ejecutivo basta con señalar que en él también estaban Rodrigo Rato, como vicepresidente segundo y ministro de Economía; Jaume Matas, titular de Medio Ambiente; y Miguel Arias Cañete, en Agricultura, Pesca y Alimentación, además de otras insignes figuras del Partido Popular que con el tiempo han revelado su verdadera condición.

Precisamente, Alberto Ruiz-Gallardón, miembro de un Gobierno de Rajoy, “premió” a Federico Trillo con la Embajada de Londres, haciendo caso omiso a las normas de Exteriores para la designación de los miembros de la carrera diplomática. Con tales antecedentes y esa complicidad “colegiada” a la que se deben los miembros del Consejo de Ministros, ¿podría Rajoy decir otra cosa más que exculpar a su antiguo compañero?

No todas las responsabilidades de un político, de cualquier partido y de cualquier nivel, están circunscritas al ámbito judicial. También han de asumir responsabilidades políticas por sus decisiones, acciones y omisiones.

En el caso del accidente del avión contratado para repatriar a los militares españoles, existen responsabilidades políticas debidas a la cadena de negligencias e irregularidades cometidas que determinaron el fatal desenlace, sin que nadie de aquel Gobierno, obligado a ello, hiciera nada por supervisar y evitar los riesgos que ocasionaron una tragedia que ya había sido advertida por informes del propio Ejército.

Trillo se comportó, simplemente, como lo que era: un fiel peón que se afanó por desviar toda culpa que pudiera inculpar a su partido, al Gobierno del que formaba parte y a él mismo. Está adiestrado y acostumbrado a eludir la verdad y levantar obstáculos frente a cualquier investigación que sea contraria a los intereses que debe defender. Y por ello fue premiado y apartado del “foco” político nacional.

Sus tejemanejes jurídicos, dialécticos y procedimentales son muy antiguos y conocidos. Era el encargado de Justicia del PP que presionó al jefe del sastre que demostró que los trajes de Camps, el entonces presidente de la Comunidad Valenciana, fueron regalados por una empresa de la trama Gürtel.

Trillo ha demostrado, con esta y otras actuaciones, que es capaz de desacreditar jueces, buscar subterfugios y artimañas legales para anular pruebas, presionar a testigos y, en definitiva, eludir la acción de la Justicia en todos y cada uno de los casos que pudieran afectar a su partido, en el que milita desde los tiempos de Alianza Popular hasta hoy. Es imposible, por tanto, que Mariano Rajoy, prácticamente un subordinado de sus criterios, pueda reconocerle alguna responsabilidad por la muerte de militares cuando estaba al frente del ministerio de Defensa.

Federico Trillo no es el único responsable de un comportamiento gubernamental como el exhibido con aquellos sucesos, mintiendo al Parlamento, falseando identidades de cadáveres y manipulando los hechos.

Hay que exigirle responsabilidad no sólo a Trillo, sino también a Rajoy y al Partido Popular por confabularse en ocultar la verdad, obstaculizar las investigaciones y participar en la exoneración de los responsables políticos por la muerte de 62 militares españoles, fallecidos a causa de las negligencias de un Gobierno sectario y mediocre, del que han brotado muchos de los personajes que en la actualidad protagonizan algunos de los escándalos de corrupción del Partido Popular.

Trillo tiene conocimiento de primera mano de todos ellos y no es sensato abandonarle. Será todo un espectáculo ver la comparecencia de María Dolores de Cospedal, actual ministra de Defensa y secretaria general del PP, cuando acuda a informar en el Parlamento sobre este asunto a instancia de toda la oposición.

DANIEL GUERRERO

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