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30 may 2017

  • 30.5.17
El Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de la Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento (LAFE), que articula el Sistema Andaluz para Emprender, el cual coordinará las políticas de la Junta para garantizar el derecho de las personas a poner en marcha una iniciativa empresarial en igualdad de oportunidades, recogiendo una cartera de 15 servicios específicos para ello.



Con esta nueva legislación, que se remitirá al Parlamento de Andalucía para su aprobación, Andalucía será la primera comunidad autónoma con un sistema público integral para emprender. Entre sus principales novedades destacan los servicios dirigidos a conectar emprendedores e investigación, los destinados a impulsar aquellas iniciativas nacidas en el seno de las universidades y que cuenten con un gran potencial innovador, el apoyo al acceso a financiación así como el asesoramiento para jóvenes y mujeres.

Además, el proyecto de ley aprobado establece acciones específicas para potenciar el emprendimiento en el ámbito rural y de la economía colaborativa, consideradas áreas esenciales por su capacidad para vertebrar el territorio y generar empleo de calidad.

La ley persigue tres objetivos estratégicos: aumentar los niveles de competitividad de las nuevas empresas, potenciar la incorporación de la innovación a los proyectos uniendo conocimiento y emprendimiento, incrementar los índices de supervivencia de las iniciativas empresariales, y fomentar las vocaciones emprendedoras.

La norma define el emprendimiento como el conjunto de actuaciones dirigidas a transformar una propuesta viable en una actividad profesional o empresarial, que puede concluir con la constitución jurídica de una nueva empresa. Este marco legal fija el compromiso de la Junta con las personas emprendedoras, las medidas que garantizan su derecho y las normas que facilitan el apoyo a las nuevas actividades empresariales, la diversificación del tejido productivo y la concienciación social sobre la importancia de emprender.

Así, el proyecto de Ley se organiza en un título preliminar de disposiciones generales y cuatro títulos –estructura de apoyo al emprendimiento, sectores específicos, fomento de la cultura emprendedora y plan general– desgranados en 25 artículos, así como dos disposiciones adicionales, una derogatoria y dos finales.

La Consejería de Economía y Conocimiento será la encargada de impulsar la ejecución de esta ley, que coordina las líneas, estructuras, servicios y medidas orientados al emprendimiento. Todo ello conformará el Sistema Andaluz para Emprender, y en el que se pretende contar además con la colaboración de las universidades, de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, las cámaras de comercio y las entidades económicas y sociales más representativas de la comunidad autónoma.

El Sistema Andaluz para Emprender garantiza una atención personalizada a la persona emprendedora y cubrirá sus necesidades de apoyo y orientación desde que concibe su proyecto hasta que éste se consolida, a lo largo de un periodo de hasta cuatro años.

Segunda oportunidad

En cuanto a la cartera de servicios, entre los 15 existentes destacan por su novedad los dirigidos al denominado "emprendimiento de nuevas oportunidades" también llamado de segunda oportunidad, para personas que han tenido experiencias fallidas anteriores; el asesoramiento a mujeres; el enfocado a jóvenes menores de 35 años; así como aquellas iniciativas innovadoras de alto valor social y potencial de crecimiento que surjan en las universidades andaluzas (tanto por parte de estudiantes como de investigadores o profesores).

Otra novedad es el servicio de acceso a la innovación tecnológica, que tiene como objetivo conectar a los emprendedores con la investigación que se desarrolla en el Sistema de I+D+i de la comunidad autónoma (del que forman parte universidades, o centros especializados); el de apoyo al acceso a la financiación, fomentando el acceso al crédito y a fórmulas de microcrédito; y el de intraemprendimiento, enfocado a promover el nacimiento de iniciativas en el seno de administraciones, organizaciones o empresas.

En cuanto al resto de servicios, que apoyan los distintos pasos que debe dar una empresa en su gestación, nacimiento y consolidación son los de consultas, evaluación de propuestas, plan de empresa, consultoría-formación, tutorización de proyectos, incubadoras, de iniciativas de emprendimiento colectivo; de iniciativas de emprendimiento en economía social.

La nueva legislación hace hincapié en dos modelos de emprendimiento a los que les dedica un apartado específico: el mundo rural y la economía social. En el primero, con el que se persigue eliminar desigualdades territoriales, se contempla la realización de un estudio para la clarificación de zonas rurales para la detección de necesidades específicas en cada área y que serán la base para crear microprogramas rurales para emprender. Asimismo, se creará el Estatuto de la Persona Emprendedora Rural.

El segundo modelo es el emprendimiento en el ámbito de la economía social, con especial mención al cooperativismo, donde se pretende potenciar la innovación, diversificar actividades, elevar los niveles de formación y atraer al sector iniciativas con altos niveles de cualificación, así como impulsar la creación de redes.

Organización

El instrumento organizativo para poner esta ley en marcha será el Plan General de Emprendimiento, que deberá estar listo en el plazo de un año y será la herramienta básica de planificación, coordinación y ejecución de acciones. El documento tendrá carácter cuatrienal, estará consensuado con los agentes económicos y sociales y en él se definirán las prioridades de acción, los programas específicos sectoriales así como los objetivos a alcanzar e indicadores de seguimiento que permitirán su evaluación.

La fundación Andalucía Emprende, dependiente de la Consejería de Economía y Conocimiento, será la encargada de atender y canalizar las necesidades de las personas que quieran poner en marcha sus proyectos. En la actualidad dispone de 267 Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE), que dan cobertura a toda la región y el nivel de supervivencia de las empresas que se incuban en su seno asciende al 77 por ciento.

En este sentido, se potenciará una red de incubadoras de empresas públicas y privadas, que estarán conectadas entre sí mediante una plataforma telemática a través de la cual recibirán apoyo y que permitirá generar sinergias entre las nuevas iniciativas.

La ley prevé asimismo crear el Portal Andaluz del Emprendimiento como instrumento esencial de apoyo que ejercerá de 'ventanilla única' ya que desde ella se podrán realizar los trámites vinculados a la creación de empresas y al inicio de la actividad económica. Además, unificará la información y entre otros recursos contará con un Mapa de Servicios y Procedimientos para Emprender.

Programa de formación

Otra de las iniciativas destacadas de la LAFE es la creación del Programa Andaluz de Formación para Emprender, un plan que será diseñado con la colaboración de las consejerías competentes en formación profesional reglada y formación profesional para el empleo así como con las universidades andaluzas.

Dicho programa creará un sistema integral formativo que tendrá como fin desarrollar las capacidades, habilidades y conocimientos necesarios para llevar a cabo iniciativas empresariales, innovadoras y creativas. Junto con ello, el nuevo marco regulador asegurará la continuidad de los programas de fomento y difusión de la cultura emprendedora que actualmente se llevan a cabo en todos los niveles del sistema educativo, desde la enseñanza primaria a la universitaria.

Asimismo, se impulsará la simplificación administrativa para lograr la reducción y eliminación de aquellos procedimientos que impliquen un mayor coste para la puesta en marcha y consolidación de la actividad emprendedora.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITA

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