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7 ago. 2017

  • 7.8.17
Julio solía ser un mes en el que medio país salía en tromba a disfrutar de sus merecidas o deseadas vacaciones, mientras la otra mitad se instalaba en el amodorramiento, aguardando el relevo para tomar por asalto playas, cámpines o serranías en busca de esa ansiada brisa que refresque el ambiente y calme el ánimo.



Políticamente, era también un tiempo amortizado en asuntos de trámite, con las Administraciones a medio gas y las maletas preparadas en los despachos a la espera de la última reunión. Salvo imprevistos, julio transcurría entre el sopor y la abulia en los círculos del poder y el bochorno y las siestas en los hogares. Excepto este año, en que julio ha sido propicio para que España y el resto del mundo se vean impelidos a una inusitada actividad, más propia del frenesí político de un mes no vacacional.

Podría decirse, así, que España ha padecido de una “canícula” política, durante el mes de julio, que le ha impedido relajarse y descansar. Entre otros motivos, porque el Govern catalán ha aprovechado el período estival para ofrecer una función teatral, en la que participa todo el elenco de “actores” soberanistas, con la ley elaborada ex profeso para “legitimizar” el referéndum que pretende convocar el próximo 1 de octubre.

La representación tenía por objeto “seducir” al público sobre el supuesto derecho a decidir una utópica independencia de Cataluña, aún a costa de quebrantar la ley y la historia. Para ello, invocando una “pureza” democrática que no respetan en los demás, los actores se disfrazan para la ocasión cual víctimas de una España que los explota y aplasta sus singularidades y hasta su identidad, a pesar de que Cataluña es una de las regiones más prósperas del país y tiene reconocido constitucionalmente el catalán como lengua oficial en la Comunidad, junto al castellano.

Este pulso catalán al Estado español constituye, en la actualidad, el problema más grave que soporta el país. Y todas las soluciones posibles resultan inquietantes, menos la del diálogo, que ninguna de las partes desea emprender. Así empezaba julio.

Por las mismas fechas, el G-8, el grupo de países más desarrollados del mundo, se reunía en Alemania, donde esperaba al presidente norteamericano, Donald Trump, para convencerle de que no rompiera los consensos internacionales sobre el combate contra el cambio climático ni sucumbiera a la tendencia hacia el proteccionismo y el aislacionismo comercial a los que recurren los populismos –de izquierdas y derechas- de ciertos países para aparentar proteger sus mercados de la globalización económica.

Trump, fiel a su estilo, no cede ni a una cosa ni a la otra: va por libre en su caótica carrera hacia la cacharrería cual elefante desbocado. Su sueño es levantar muros que protejan a EE UU del mundo, no sólo de México, al tiempo que intenta alejarse de la trama rusa que cada vez se cobra más víctimas en su entorno. Es lo que tiene mezclarse con malas compañías: al final te pillan.

Ahora resulta que su hijo mayor, Donald junior, acudió en plena campaña electoral de su padre a una cita, en junio de 2016, con una abogada rusa, Natalia Veselnitskaya, con la intención de obtener presunta información sensible contra Hillary Clinton, que le sería ofrecida como apoyo de Rusia, siempre tan generosa, a la candidatura de Trump.

El lío es cada vez más gordo. Esa más que probable injerencia rusa, ya confirmada por los servicios de inteligencia norteamericanos, no hace más que enredarse y cercar al presidente, quien no sabe ya a quién nombrar ni destituir para zafarse de los indicios que apuntan su implicación. De confirmarse, tal connivencia podría ser considerada como traición. Mal asunto para quien presume de amistades peligrosas.

Volviendo a nuestro país, Íñigo Errejón, el político con cara de chaval de Podemos, declara en El País, en plena canícula estival y política, que “deberíamos sentirnos orgullosos” de España, y nos insta a sentir un “patriotismo desacomplejado” porque nuestro país es puntero en “avances sociales y democráticos, como el matrimonio igualitario”.

Reclama también una mayor “autoestima propia”, ya que los hijos humildes pueden estudiar, cualquier enfermo tiene un hospital al que acudir y otras cosas por el estilo. Hasta habla de Cataluña para reconocerle el “derecho” a decidir su encaje en España. Sus declaraciones daban la sensación de constituir un ataque de sensatez provocado por la insolación, pero…

La respuesta se la ha dado Alfredo Pérez Rubalcaba, ex secretario general del PSOE y ex muchos otros cargos más, al recordarle en una carta al mismo periódico que todos esos logros por los que dice deberíamos sentirnos orgullosos son fruto de políticas desarrolladas por gobiernos casi siempre socialistas, por lo que es interesado o maniqueo atribuir todo el mérito exclusivamente a la sociedad en general, sin concretar.

Podría haber añadido el exministro otros logros, tales como la prohibición de fumar en lugares cerrados o públicos, la creación de la Unidad Militar de Emergencia (UME), que tan providencial está resultando este verano, la Ley de Dependencia, la del divorcio, del aborto... por citar algunos ejemplos.

Es tan escasa nuestra memoria que somos presas fáciles para la manipulación y la reinterpretación histórica. De ahí que las izquierdas diriman así sus rencillas, peleándose por el mismo nicho electoral, aunque tal división perjudique a todas ellas. La derecha, mientras tanto, bien, gracias: gobernando gracias a nuestro olvido.

En Venezuela, ese dolor latinoamericano, se celebró un referéndum promovido por la oposición al Gobierno de Nicolás Maduro, en el que de forma masiva se rechazó el proyecto de Asamblea Nacional Constituyente con el que Maduro pretende modificar la Constitución y perpetuarse en el poder. Fue algo simbólico, pero sirvió para visibilizar una demostración de fuerza contra la deriva totalitaria del Gobierno, enrocado en impedir toda crítica, toda oposición y toda libertad que limite su poder omnímodo.

La respuesta del Gobierno no se hizo esperar: siguió adelante con sus planes y ha desalojado al Parlamento elegido en 2015 con mayoría opositora, ha metido en cárcel a sus miembros más destacados y ha continuado enfrentándose en la calle –donde ha dejado más de 120 muertos y más de 5.000 detenidos–, y en las instituciones a su propio pueblo y contra la opinión pública mundial. ¿Cómo acabará aquello? Mal, me temo.

En cambio, el “procés” catalán, un fastidio interminable, ha estado todo el mes manifestándose a través de representaciones teatrales para hurtar al Parlament su imprescindible labor de control y legislativa, mientras desde el “govern” se procedía a destituir “consellers” poco fiables en su fervor independentista si éste afectaba a la “pela”.

Para controlar ese “procés”, el presidente Puigdemont ha designado a un empedernido por la causa al frente de los Mossos d´Esquadra con la nada oculta intención de asegurarse la “fuerza” contra quien no cumpla (funcionarios, voluntarios y ciudadanos) con la nueva “legalidad” rupturista con la que se pretende sustituir a la Constitución, el Estatuto y todo el Estado de Derecho en aquella Comunidad. Lo dicho: el problema catalán es un fastidio sin fin.

Pero el acontecimiento del mes, sorprendente por inesperado, ha sido sin duda la muerte de Miguel Blesa, el exdirector de Caja Madrid y Bankia, quien se había suicidado el 19 de julio en su finca de Córdoba, sin que nadie previera sus intenciones. Estaba inmerso en varias causas judiciales por diversos delitos económicos, pero ninguna de ellas hacía adivinar tan trágico desenlace.

El exbanquero, auspiciado por el PP a la presidencia de la Caja de Ahorros madrileña y del banco que resultaría de ella, figuraba como imputado en el caso de las tarjetas black opacas al fisco, el escándalo de las preferentes, los sobresueldos que se repartieron en su consejo de administración y otros delitos fiscales. Poca cosa para un tiburón de las finanzas, pero que ya le había hecho ingresar un breve período en la cárcel.

Sin embargo, al parecer no soportaba esa caída en desgracia que lo alejaba y aislaba de sus otrora poderosas amistades (era migo personal del expresidente Aznar) y, junto a los frentes abiertos con la Justicia, todo ello ha acabado haciendo mella en su estado de ánimo.

Sin llegar a tan drástica medida, no es la primera personalidad que no resiste ser tratado como un vulgar delincuente a quien arrebatan sus privilegios y la impunidad con que se comporta, y se derrumba. Como si los ricos envueltos en escándalos y corrupción tuvieran una piel superdelicada y fina, alérgica a los barrotes. Pobrecitos.

Con todo, el hecho más importante y trascendental, acaecido bajo los efluvios veraniegos de julio, fue la comparecencia del presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, en un juzgado, en calidad de testigo, para ser interrogado sobre la financiación ilegal de su partido y los sobres con sobresueldos que se repartían entre los dirigentes de la formación.

Era la primera vez en democracia que un presidente en ejercicio es obligado a prestar declaración, a título personal, en una causa penal por la corrupción en los últimos veinte años en su partido. Y como cabía esperar, Rajoy manifestó un desconocimiento absoluto de los asuntos económicos de su formación, aun cuando a lo largo de ese tiempo había desempeñado la dirección de cuatro campañas electorales y había asumido diferentes cargos que le han mantenido como miembro de la comisión ejecutiva que dirige el día a día de la organización.

Incluso, él era la persona que había nombrado personalmente a Luis Bárcenas como tesorero-gerente del Partido Popular, cuyos “papeles” contables son el motivo de la pieza separada del caso Gürtel por la que se le hace comparecer como testigo, con la obligación de decir la verdad.

Y “su” verdad es que no sabía nada, no conocía nada sobre la trama de corrupción que corroe a su partido, a pesar de que su nombre aparecía más de 25 veces en la contabilidad paralela que elaboraba “su” tesorero, oculta al fisco, y con la que se pagaban sobresueldos a dirigentes políticos, se abonaban gastos electorales y se sufragaban obras de reforma en la sede nacional de la formación, donde Rajoy ocupaba una oficina.

No vio, ni escuchó, ni conoció. Y todos le creyeron, incluso cuando afirmó que esos “papeles” eran falsos, aunque su autenticidad y veracidad fueran acreditadas por cinco magistrados de la Audiencia Nacional, tres fiscales Anticorrupción y la propia Abogacía del Estado.

Es posible que la testifical del presidente del Gobierno, aun estando concienzudamente preparada, se viera afectada en su consistencia por el resblandecimiento de meninges que provoca el calor de la canícula estival, porque de lo contrario no se explica que el único argumento del testigo sea su absoluto desconocimiento de lo que se cocía a su alrededor.

Y es que sus responsabilidades eran políticas, no económicas, no dejaba de repetir una y otra vez. Por eso nombraba tesoreros, ordenaba no contratar más con Correa (cabecilla de la trama) cuando la corrupción saltó a la luz pública y mandaba mensajitos de aliento a un Bárcenas encarcelado. Se lo juro, señoría, no sabía nada. Palabrita del Niño Jesús, le faltó por decir. Lo dicho: julio ha sido toda una canícula política que no merece la pena seguir relatando, por nuestra salud psíquica.

DANIEL GUERRERO

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