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10 dic. 2017

  • 10.12.17
Hay quien todavía piensa que la economía es neutra, como una especie de ciencia exacta independiente de los intereses de la sociedad y autónoma de la política. Incluso existen los que estiman que, puestos a tenerla en cuenta, es preferible dejar la administración de la cosa económica a la derecha, a la que pertenecen los ricos y los que saben sacar máximo provecho del dinero, que dejarla en manos de una izquierda que, no acostumbrada a manejar caudales, o bien despilfarra o bien es inepta en esta materia, cuando no defraudadora.



Que la economía deba estar al servicio de la sociedad es un planteamiento que pocos asimilan, cuando es su función, No es viable ningún sistema económico ajeno al modelo de sociedad que se pretende construir con su concurso y mediación.

No existe la aplicación pura y aséptica de la economía, ya que esta no tiene sentido sin un objetivo social, por mucho que así intenten camuflarlo quienes persiguen, a través del neoliberalismo económico, transformar la sociedad por una de corte liberal, en la que el Estado se abstiene de regular la actividad económica y de contrarrestar las desigualdades sociales para socorrer a los imposibilitados de costearse sus necesidades básicas.

Para ello se arguye la sacrosanta libertad de cada cual para “apechugar” con su vida (una falacia que obvia las desigualdades de origen). Siempre existe intención política e ideológica en cualquier tipo de economía. Como decía Marx, la infraestructura económica define o diseña la superestructura social, ya que la economía es la base inmaterial de la que dependen los elementos de la vida social, desde su organización y elaboración de reglas a las que se atiene la colectividad hasta el modo de producción de sus bienes. Pero muchos ciegos voluntarios se niegan ver esta íntima relación entre economía e ideología.

Y para convencerlos, hay que recurrir a la historia, antigua y reciente. Por ejemplo, en tiempos feudales la propiedad productiva pertenecía a la nobleza y el clero, relegando a los campesinos a trabajar y servir para ellos a cambio de la mera subsistencia. El burgo o núcleo poblacional medieval era una organización de los burgueses en el que solo ellos tenían derecho de ciudadanía. Los nobles heredaban la riqueza, y los plebeyos la pobreza y la imposibilidad de escapar de su destino social.

Esa economía feudal conformaba una sociedad en la que las leyes (que institucionalizaban la diferencia entre siervos y señores), la religión (un Dios que amparaba la monarquía absolutista y el origen divino del Poder), la cultura (contribuyendo a evitar tensiones y revueltas mediante la propagación de la ideología medieval) y la forma de gobierno (un rey y su plebe de súbditos) justificaban ese orden social establecido.

La economía al servicio del feudalismo en beneficio de unos pocos (propietarios y dirigentes) y oprimiendo a la mayoría (trabajadores, campesinos, pueblo). Había, pues, una intención política o ideológica en mantener esa economía feudal.

Se podrá argumentar que, desde entonces, la economía ha evolucionado, pero siempre a favor de los detentadores del capital y en razón a sus beneficios y privilegios (economía de mercado), no en busca de mejora o justicia social. Es verdad que esa lógica liberal mercantil ha venido acompañada de períodos de estabilidad, progreso, distribución limitada de la riqueza y paz, pero por conveniencia de la nueva organización económica, no de la sociedad. La paz y el comercio, posteriormente también la democracia, eran –y son– interdependientes por exigencias y garantía del comercio, no de la paz y el bienestar social.

Así, la Revolución Industrial, con la presencia del carbón y el hiero y la invención de las máquinas, transformó aquella economía feudal en la moderna economía de mercado y cambió la motivación de la subsistencia por la de la ganancia.

Esa economía de mercado ha generado la sociedad de mercado, donde todo tiene un precio (bienes y servicios, incluida la mano de obra), lo que implica nuevas instituciones y nuevas reglas sociales (sindicatos, etc.), ya que el trabajo humano se ha convertido también en mercancía.

El mercado y el trabajo se regulan, desde entonces, para obtener el máximo beneficio, limitando la jornada laboral para preservar esa mano de obra, el factor más importante de la producción, remunerando el trabajo para estimular el consumo por parte de los propios empleados y elaborando leyes laborales en interés del mercado y la economía, no del trabajador. En definitiva, la economía de mercado (infraestructura) condiciona todas las instituciones sociales (superestructura) y las subordina a sus exigencias, de acuerdo a los intereses de las clases dominantes.

Por eso, en la actualidad, Donald Trump (fiel valedor del neoliberalismo económico y de los mercados autorregulados) impulsa una reforma fiscal en Estados Unidos que beneficia, fundamentalmente, a las empresas y los acaudalados como él, aunque perjudique a millones de estadounidenses menos pudientes a causa del déficit y el recorte de gastos subsiguiente que será necesario realizar para cuadrar las cuentas.

Los ricos pagarán menos impuestos y las empresas soportarán menos cargas fiscales porque la lógica mercantil liberal lo demanda en función de una economía capitalista, en la que el beneficio es la ley suprema, por encima de la satisfacción de las necesidades humanas.

Se subordina, por tanto, el orden social al interés del sistema económico que preconizan los republicanos y, especialmente, su líder en el Poder, el empresario Trump. Aunque se trata de una victoria pírrica del magnate travestido político, al ser el único éxito del que puede presumir tras cerca de un año instalado en la Casa Blanca (el Obamacare y el muro con México no le han salido bien), no deja de ser un ejemplo paradigmático de la prevalencia de la economía sobre la política y otros intereses sociales en la actualidad, en función de la ideología gobernante.

Ello es tan sintomático como la decisión de Rajoy de rescatar a los bancos y al sistema financiero español en vez de a los ciudadanos y de fortalecer los instrumentos públicos que posibilitan el sostén de los más desfavorecidos (sanidad, educación, prestaciones a parados y a dependientes, pensiones, becas...), a los que la crisis económica afectó directamente de manera grave e injusta. Una crisis que ha hecho estragos, debilitando esos recursos de socorro (reduciendo el Estado de bienestar) y empobreciendo a la mayor parte de la población (trabajadores y clases medias).

Pero para la economía, desde el punto de vista neoliberal, era prioritario reinstaurar la actividad financiera, a pesar de que su avaricia fuera la causa de la crisis, en vez de volcarse en atender a los perjudicados, a la sociedad víctima de tales abusos.

Y, hoy, continuamos con la misma tónica, elaborando leyes que satisfagan la “confianza” de los mercados (reforma laboral, reducción de gastos sociales, etc.), instalando la precariedad en trabajos, salarios y condiciones laborales, y, como dice Karl Polanyi, entronizando la economía mercantil en perjuicio de las transformaciones sociales.

Es decir, seguimos subordinando la organización social al sistema económico imperante, en vez de hacer justamente lo contrario. Y así nos va, condenando toda una generación a vivir peor que la de sus padres, eliminando las garantías laborales y las protecciones de los trabajadores frente al capital, y oscureciendo, cuando no negando, el futuro a los marginados de una economía que dicta sus normas y establece condiciones a la sociedad. Todo ello, no obstante, en consonancia con el modelo liberal de sociedad que se persigue imponer con tantos sacrificios humanos.

Y todavía hay quien lo niega y vota a los mismos que están engañándole sin disimulo, con el pretexto de que estas medidas económicas que nos empobrecen son neutrales y necesarias para crear empleo, como exige el mercado. ¡Valiente patraña!

DANIEL GUERRERO

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