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4 jun. 2019

  • 4.6.19
El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 1) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas busca poner fin a la pobreza en todas sus manifestaciones. También tiene como objetivo garantizar la protección social de las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad social como, por ejemplo, las personas de avanzada edad, aumentar el acceso a los servicios básicos y ayudar a las personas afectadas por fenómenos climáticos extremos y hacer frente a los problemas económicos, sociales y ambientales.



La erradicación de la pobreza extrema –definida actualmente a través de la línea de 1,25 dólares de ingreso diario–, central en los ODS, está superada en España. Sin embargo, en nuestro país persisten problemas graves de pobreza, que golpean especialmente a la infancia, cuya atención es imperativa.

Por otro lado, el ODS 1 es uno de los principales fundamentos del compromiso de España con la cooperación para el desarrollo. Las últimas estimaciones globales sugieren que el 10,9 por ciento de la población mundial (783 millones de personas) sufren pobreza extrema en el mundo (más de la mitad de ellas, en el África subsahariana).

Este compromiso de España con la erradicación de la pobreza extrema, y en todas sus dimensiones y países, se plasma en la política de cooperación para el desarrollo –recogida en el Plan de Acción como una de las políticas palanca para acelerar el alcance de los ODS– y Andalucía también está comprometida con su política de cooperación al desarrollo en este sentido.

En España, este objetivo se alinea con los recogidos en el Programa Nacional de Reformas (PNR) del Gobierno central a fin de alcanzar el Objetivo 5 de la Estrategia Europea 2020, que establecía disminuir el número de personas en riesgo de exclusión –en el caso de España, situado en 1.400.000 personas, tomando como año base 2008–.

En nuestro país, la crisis económica provocó un aumento de las situaciones de exclusión y desigualdad social y modificó los perfiles de las personas en esas situaciones. Un aumento que se debió a la rápida subida del desempleo durante la crisis.

No obstante, el inicio de la recuperación económica y la creación de empleo no están suponiendo una disminución de las cifras de pobreza y desigualdad. En cualquier caso, esta vuelta a la situación precrisis es una tarea larga, compleja y en la que todos deben aunar esfuerzos: Administración central, autonómica y local y, cómo no, el tercer sector.

Así, el indicador 1.2.1 refleja la población que vive por debajo del umbral nacional de pobreza. En el mismo aparece que un 21,6 por ciento de la población española en 2017 (con datos de ingresos de 2016) vive por debajo del umbral nacional de pobreza (60 por ciento de ingresos medios), y que la crisis lo que ha supuesto es un aumento del porcentaje de personas en todos los grupos de edad que viven por debajo del umbral nacional: 31 por ciento en menores de 16 años; 21,9 por ciento en el tramo de edad de 16 a 64; y 14,8 por ciento para mayores de 65 años. Cabe destacar el aumento de esta tasa para los mayores de 65 años (de 1,8 puntos).

Por su parte, la tasa de riesgo de pobreza para los menores de 16 años se situó en el 28,1 por ciento, siendo 6,5 puntos superior a la del conjunto de la población. El punto álgido para las mujeres fue el año 2017 (22,2%) y para los menores de 18, el 2014, año en el que un 30,5 por ciento de los menores de 18 años se encontraba por debajo del umbral de la pobreza.

Si se considera el nivel de educación, y considerando la población mayor de 16 años, los porcentajes más altos de la tasa de riesgo de pobreza en la serie de encuestas (2008-2017, sobre la base de 2013) correspondieron a los niveles más bajos de Educación Primaria o inferior (26,5%) y Secundaria de primera etapa (27,1%). En la encuesta del año 2017, para el nivel de Educación Secundaria de segunda etapa era del 19,9 por ciento y para el nivel de Educación Superior, desciende a 9,7 por ciento.

Por sexo, la tasa de riesgo es ligeramente menor en las mujeres que en los hombres, menos en la carencia material severa. La edad constituye un factor determinante en cuanto al riesgo de pobreza y exclusión: las personas adultas jóvenes (entre los 16 y los 19 años) son los que presentan la tasa más elevada (37,60%), seguidos por la población infantil (31,70%), ya que cerca de uno de cada tres niños y niñas está en riesgo de pobreza y o exclusión social. Tasa que pese a su elevada magnitud está disminuyendo desde 2015. Además, el 9,9 por ciento de la población menor de 18 años está en pobreza severa.

“No dejar a nadie atrás” es uno de los principios fundamentales de la Agenda 2030. En España, con el objetivo de cumplir con los retos plasmados en la Estrategia Europa 2020, se han adoptado diversas medidas de calado social y económico dirigidas a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

La Agenda 2030 propone varios indicadores para medir el logro de la meta 1.2. El primero de ellos es el umbral de riesgo de pobreza o tasa de pobreza (fijado en el 60 por ciento de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de todos los hogares a nivel nacional.).

El Instituto Nacional de Estadística (INE) estimó el umbral de riesgo de pobreza de los hogares de una persona en 8.522 euros, un 3,8 por ciento más que el estimado en el año anterior. En hogares compuestos por dos adultos y dos menores de 14 años, dicho umbral fue de 17.896 euros en 2017.

Según los estudios de la Fundación Foessa, el riesgo de quedarse atrás también se encuentra relacionado con características sociales y demográficas de las personas:
  • Personas pertenecientes a la etnia gitana, que cuentan con un altísimo riesgo de exclusión social, que asciende al 72 por ciento. Este colectivo tiene importantes déficits de integración social, unidos a persistentes problemas de discriminación.
  • Los desempleados sufren un alto riesgo de exclusión, un 50 por ciento, en el caso de los desempleados de larga duración el porcentaje asciende al 55 por ciento, y en los ocupados con empleos irregulares el riesgo aumenta hasta el 57 por ciento. Es importante incidir en “la cronificación del desempleo” asociada a la numerosa cuota de desempleados de larga o muy larga duración, en la alta tasa de paro juvenil y en la insuficiente protección frente al desempleo.
  • Los inmigrantes de origen no comunitario tienen un 53 por ciento de riesgo de exclusión social, fruto de las dificultades de integración, de las vulneraciones de derechos y de las deficientes redes sociales de apoyo tanto formales como informales.
  • En el caso de los menores de 18 años, el riesgo de exclusión llega al 35 por ciento. Al hablar de menores, además de la problemática de menores no acompañados nos estamos refiriendo a los problemas de las familias con menores y a las insuficientes medidas de protección y de ayuda a la crianza. Es importante enfatizar que las redes sociales de apoyo de familias y amigos constituyen un importante componente básico en la protección de los hogares, y este recurso se encuentra en un 26,1 por ciento de los hogares debilitado tras la crisis. 
  • Es importante destacar que el riesgo de sufrir problemas económicos en las familias con menores es especialmente significativo cuando alguno de ellos tiene discapacidad y es notablemente mayor al de cualquier otra configuración familiar. 
  • La tasa de exclusión social de los hogares en España se multiplica por 1,5 cuando en las familias convive algún menor de 18 años, y por 2,5 cuando estamos ante una familia numerosa. Un problema especialmente grave desde la perspectiva de romper el círculo vicioso de la pobreza. Como manifiesta el informe Transmisión Intergeneracional de la Pobreza, elaborado por Foessa en 2016, ocho de cada 10 personas que vivieron graves dificultades económicas en su infancia-adolescencia, las están reviviendo en la actualidad como adultos.
Como vemos por los datos antes descritos, España precisa todavía trabajar esta temática y existen situaciones de vulnerabilidad que necesitan de políticas públicas a nivel nacional, regional y local para poder paliar esta situación.

SANTIAGO MARTÍN GALLO

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