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Mostrando entradas con la etiqueta Utopos [Rafael Soto]. Mostrar todas las entradas
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4 jul 2014

  • 4.7.14
La situación política de Venezuela ha dado un importante vuelco en pocas semanas. Ya se sabía que Nicolás Maduro, líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y presidente de la Nación, estaba perdiendo apoyos en algunos sectores del chavismo. Sin embargo, se está llegando a un momento límite a pocas semanas del III Congreso del PSUV.

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La primera llamada de atención realmente importante se dio hace unas pocas semanas, cuando algunos colectivos empezaron a criticar tanto la distribución del poder dentro del partido como la actuación del Gobierno.

No obstante, las críticas al Gobierno desde dentro del movimiento bolivariano se han vuelto aún más duras desde que Jorge Giordano, compañero y uno de los mentores del Comandante, tras ser destituido como ministro del Poder Popular para la Planificación en junio de este año, publicara una carta titulada Testimonio y responsabilidad ante la historia.

Significativamente, la carta fue publicada en Aporrea, un sitio Web que lejos de ser opositor, afirma sentirse “identificado con el proceso de transformación revolucionaria y democrática de nuestro país, Venezuela, con una visión que se extrapola al resto de la humanidad, en la perspectiva de la liquidación del sometimiento capitalista-imperialista y la construcción de sociedades libres”.

En este medio que, se insiste, no puede ser considerado como opositor, Giordani afirma que ya advirtió a Chávez, en un momento en el que Venezuela aumentó su Producto Interior Bruto en un 5,63 por ciento (según el Fondo Monetario Internacional), que había problemas estructurales que debían resolverse para evitar una situación como la actual. Tras la muerte del líder bolivariano, volvería a mandar informes similares, que fueron automáticamente rechazados por Maduro.

Después de recibir críticas de parte de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, y del propio Nicolás Maduro, otro exministro apoyaría a Giordani. Se trataría de Héctor Navarro, que ostentó el cargo de ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y que fue destituido en 2013. En otra carta, titulada Contra la manipulación informativa en torno a la carta de Jorge Giordani, da fe del contenido de las cartas de Giordani, y recrimina a Maduro su actitud.

Rafael Isea, bolivariano que actualmente es gobernador de Aragua (al norte, cerca de Caracas), ha afirmado que: “Etiquetar al profesor [Jorge Giordani] de traidor por hacer una crítica argumentada, constituye un gravísimo error no solo porque es falso, habría que comparar su trayectoria a la de algunos arribistas de los que hoy abundan en el gobierno, sino porque además se constituye en un precedente que puede tener como resultado la persecución y supresión de la crítica a lo interno del gobierno y del PSUV”. Aprovechando la situación, el colectivo 23 de Enero, ubicado en Caracas, también apoyó públicamente a Giordani, a pesar de apostillar que fue escrita a “destiempo”.

Críticas desde dentro del chavismo que no han acabado ahí. Florencio Porras, exgobernador de Mérida (zona occidental de Venezuela) y excompañero de Chávez, no contento con calificar como “fascista” al régimen de Maduro, ha afirmado: "en mi opinión, como revolucionario que soy, como bolivariano y como militar, estamos viviendo la antirrevolución. Esto es la negación de todo lo previsto en los ideales de la revolución". Estas palabras fueron proferidas por Porras tras conocerse el reciente dictamen del Tribunal Supremo, que permite a los integrantes de las Fuerzas Armadas participar en actos políticos.

Parte de las Fuerzas Armadas se distancia progresivamente del Gobierno. De forma anónima, un militar declaró a un periodista de El Nuevo Herald de Venezuela, que “lo que anda buscando Nicolás [Maduro] es que nosotros quedemos como los copartícipes del desastre con él, desde el punto de vista de propaganda, y ninguno de nosotros está dispuesto a asumir ese costo, ni lo vamos a asumir”.

Los bolivarianos cada vez comparan con más agresividad a Maduro con Hugo Chávez, constatando que no está a su altura, y estos elementos desestabilizadores pueden ser determinantes a la hora de decidir el final del largo conflicto que mantienen los opositores contra el Gobierno. Sin embargo, tampoco hay que engañarse: sigue siendo improbable una unión seria y estable entre ambas posturas en el corto plazo.

RAFAEL SOTO

23 may 2014

  • 23.5.14
La palabra "descomposición" es, probablemente, la que mejor define lo que está ocurriendo en Venezuela desde hace años pero, especialmente, desde febrero. Venezuela se ahoga en su propia sangre mientras que los políticos venezolanos comprometidos se dedican a pleitear al margen de la ciudadanía. Unos ciudadanos comprometidos que –no se puede olvidar- se juegan su integridad física en las calles, ya sea en manifestaciones pacíficas o violentas.

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En lo político, la ideología bolivariana no sólo ha dividido al país entre patriotas y enemigos (superemos la clásica división izquierda-derecha), sino que también ha dividido inevitablemente a la oposición.

A principios del mes de febrero podía hablarse sin matices de un bloque opositor, con muchos cabecillas pero un solo líder: Henrique Capriles. Este caraqueño era la esperanza de una clase media que veía con miedo la radicalización del movimiento bolivariano y unas clases altas que deseaban recuperar su status, cada vez más desplazado por el de los nuevos señores bolivarianos.

La reaparición de Leopoldo López en febrero, esta vez como cabeza visible de los ciudadanos que estaban dispuestos a luchar en la calle contra el gobierno madurista, no sólo desplazó temporalmente la figura de Capriles, sino que obligó a una elección, urgida por la creciente represión gubernamental: ¿actuar dentro o fuera de la legalidad? Capriles lo tuvo claro, decidió distanciarse de los radicales y defender los intereses de una minoría, por muy influyente que esta sea.

Esta elección ha dividido aún más a la sociedad venezolana, donde no faltan ciudadanos que acusan a Capriles de traidor, celoso e, incluso, colaboracionista. Una opinión que ganó adeptos cuando la Mesa de Unidad Democrática (MUD), una coalición de partidos no chavistas que lidera el propio Capriles, comenzó el proceso fallido de diálogo con el Gobierno.

Y no es tanto por una cuestión de liderazgo. Al fin y al cabo, durante los últimos meses ha aumentado la desafección de la población por los que deberían estar representándolos. Todos los líderes llaman a la unidad, cada uno desde su esquina, y mientras discuten y se pasean por foros internacionales, los estudiantes y unos pocos ciudadanos comprometidos siguen sacrificando su integridad física –a veces más- ante un gobierno represivo y sin escrúpulos.

Cada vez están más solos, a pesar de su número, y a su causa no contribuyen algunos radicales exaltados que pervierten la causa democrática atentando indiscriminadamente contra cualquier objetivo.

Pero no sólo la oposición da muestras de descomposición. Frente a la figura mesiánica de Hugo Chávez, Nicolás Maduro ha demostrado necesitar de un anillo de hierro tanto de cara a su propia seguridad personal como a la política para poder gobernar.

Y la cabeza pensante de este anillo de hierro ha demostrado ser eficiente. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, y los suyos han logrado pervertir la mayor parte de las instituciones políticas y judiciales –más de lo que ya lo estaban-, y ya es un hecho la ausencia de separación de poderes en el país.

Lo más preocupante de cara al chavismo puede ser la falta de control efectivo sobre su ala más radical, entre los que destacan los temidos colectivos. Personas comparables con los exaltados de la oposición, siembran el pánico por las calles con total impunidad.

¿Cuál es la principal causa de esta situación? Algunos responden que la política chavista-madurista y la crisis institucional por la que pasa el país; otros afirman que es la manipulación del viejo orden, que desea parar la consolidación de la revolución; otros acusan a las difíciles circunstancias económicas por las que atraviesa el país. Tal vez haya un poco de todo.

No son pocos los sabios que afirman que cuando la gente tiene dinero en los bolsillos, la mayoría de la población pasa de la política. Hay algo de verdad en esa afirmación. Pero lo cierto es que los problemas de abastecimiento, el reparto desigual de materias primas, la inflación y los bajos salarios son un problema que ha profundizado en su crisis económica particular.

Hasta tal punto ha llegado la mala gestión, que el mismísimo Rafael Correa, presidente de Ecuador y aliado estratégico del chavismo, ha afirmado recientemente que "se han cometido, con mucho respeto, desde mi punto de vista, errores económicos, por ello hay problemas económicos y eso exacerba las contradicciones". Palabra de bolivariano.

En abril, Nicolás Maduró ordenó una subida del 30 por ciento del salario mínimo y de las pensiones con la finalidad de que las familias pudieran afrontar una inflación que se encuentra entre las más altas del mundo.

De acuerdo con los datos oficiales del Banco Central de Venezuela, la inflación se situó en marzo en el 59,4 por ciento anual. Hay voces que afirman que superará el 60 por ciento a finales de este año.

Para que el lector pueda hacerse una idea de la gravedad de la situación le damos el siguiente dato. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística del país, el precio del carro de la compra ronda los 3.730 bolívares al mes. Con la subida del 30 por ciento, el salario mínimo ascendería a los 4.251,78 bolívares al mes (alrededor de 488,73 euros), por lo que se puede apreciar que sólo quedarían 521,78 bolívares al mes para afrontar gastos como el agua, la luz, y los demás gastos que debe afrontar un hogar medio.

Las protestas también han ayudado a achuchar una economía ya maltrecha de por sí por la mala gestión económica. Frente a una previsión de crecimiento del PIB del 1,7 por ciento, actualmente el Fondo Monetario Internacional prevé una reducción del Producto Interior Bruto (PIB) del 0,5 por ciento. Muy lejos del crecimiento de 5,63 por ciento que llegó a alcanzar el país bolivariano en 2012.

Mientras que la descomposición campa a sus anchas por Venezuela, no hay expectativas de cambio. El ritmo caribeño con el que se desarrolla el conflicto gobierno-guarimbas –en la práctica, el diálogo está prácticamente descartado-, no invita a pensar en una rápida solución del conflicto; la oposición sigue descomponiéndose y la ofensiva económica propuesta por Maduro no parece ser solución para un país en el que no queda nada que robar. De ello ya se han encargado los cubanos mandados por los hermanos Castro y un cuerpo de funcionarios tan corrupto como ineficiente.

Venezuela es un caos, y lo peor está por venir. No hay razones para el optimismo.

RAFAEL SOTO

9 may 2014

  • 9.5.14
Desde los tiempos de la Unión Soviética, el argumento del intervencionismo imperialista es un punto de encuentro de numerosos gobiernos que no cuentan con el beneplácito de EEUU. Venezuela no ha sido una excepción. Hugo Chávez usó este argumento en vida para justificar buena parte de sus políticas, y su sucesor no ha sido menos. Sin embargo, el argumento ha pasado a transformarse en una auténtica teoría conspiratoria en los últimos días.

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El ministro de Relaciones de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó el pasado 2 de mayo de una conspiración de carácter internacional para acabar con el régimen bolivariano, que se remontaría a octubre de 2010.

Por aquellas fechas, se habría celebrado en tierras mexicanas una serie de reuniones auspiciadas por la diplomacia estadounidense, que tendría como principal objetivo elaborar un plan conspiratorio a largo plazo contra el Gobierno Bolivariano.

De acuerdo con el ministro, esta información proviene de un informe elaborado por la diputada Delsa Solórzano, y coincide en el tiempo con la detención de El Aviador, uno de los líderes de las guarimbas, que estaría implicado en este "golpe de estado suave".

De acuerdo con el informe, el cerebro de la Fiesta Mexicana sería el abogado y activista Gustavo Tovar Arroyo, con el beneplácito y consejo del Departamento de Estado de EEUU. Este habría decidido, junto al resto de asistentes, colocar al opositor Leopoldo López, actualmente en prisión, como líder unificador del "golpe suave".

El objetivo principal de la trama sería el fin del Estado Bolivariano en Venezuela para alcanzar el control de los recursos petrolíferos y evitar la expansión del "socialismo del siglo XXI" en Latinoamérica. Para alcanzar estos objetivos, se desarrollarían dos vías de acción.

La primera se basaría en acusar al Gobierno de la República de violar sistemáticamente los Derechos Humanos, lo que legitimaría movilizaciones en el interior e injerencias extranjeras. Los principales promotores deberían ser los denominados procónsules del Imperio estadounidense, entre los que se encontrarían, entre otros, María Corina Machado, que recientemente fue despojada de su cargo de diputada por el Estado de Miranda; Antonio Ledezma, actual alcalde metropolitano de Caracas; o Diego Arria, político veterano que ha desempeñado importantes cargos tanto para la República como para diversas instituciones internacionales.

La segunda vía de acción implicaría vincular a altos funcionarios del Estado con narcotraficantes y terroristas. De este modo, se fomentaría un ambiente de desconfianza de la clase política venezolana, a los que se les acusaría de promover y financiar a estos criminales. Todo ello en un país que se encuentra entre más inseguros del mundo.

El Gobierno vincula varias acciones del pasado con este plan, como es el caso del Plan País, que promovió en marzo de 2012 una serie de huelgas de hambre, protestas y acciones violentas en distintos centros penitenciarios. Este plan habría sido encabezado por Humberto Prado, director de la oenegé Observatorio de Prisiones.

También se vincula con la conspiración un encuentro en 2012 entre distintas organizaciones consideradas como subversivas por el Gobierno y numerosos opositores. En principio, esta reunión entre los grupos "radicales" Juventud Activa Venezuela Unida (JAVU) y Movimiento 13 habría tenido como objetivo dar un nuevo golpe de estado.

El ministro de Relaciones de Interior, Justicia y Paz también dio detalles sobre la financiación de la conspiración. Los principales benefactores habrían sido la fundación National Endowment for Democracy (NED), la asociación Freedom House, la organización Centre for Applied Non Violent Actions and Strategies (CANVAS), el American Enterprise Institute (AEI) o el Office of Terrorism Preparedness and Emergency Response (OTPER). Aparte, particulares como el político Henrique Salas Römer o Eligio Cedeño, político y empresario condenado por corrupción, han sido acusados de financiar la conspiración.

Si toda esta información ha resultado morbosa para los medios de comunicación, más lo ha sido el listado de asistentes a la Fiesta. El ministro sacó a la palestra a un gran número de viejos enemigos de la causa bolivariana. Muchos de ellos son o fueron dirigentes e, incluso, fundadores del partido opositor Voluntad Popular.

Es el caso de Lester Toledo, que en aquellos años era un influyente líder estudiantil; David Smolansky, actual alcalde de El Hutillo (municipio cercano a Caracas) y que, en aquel momento, era un importante activista estudiantil; Freddy Guevara que, en aquel momento, era concejal del Cabildo Metropolitano de Caracas y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos de la capital; o Daniel Ceballos, actualmente preso, y que en aquel momento era diputado.

Tampoco habrían faltado viejos enemigos externos del chavismo, como los expresidentes Vicente Fox (México) o Álvaro Uribe (Colombia). También se ve implicado un buen número de militares vinculados con el Golpe de Estado de 2002.

Por supuesto, las protestas que actualmente mantienen al país en el caos son parte de esta conspiración. De hecho, el ministro afirma que las guarimbas están subvencionadas por EEUU y que, por lo pronto, hay 58 extranjeros detenidos por participar en las guarimbas como mercenarios.

Toda esta información sería el resumen de una larga rueda de prensa en la que se dieron aún más datos reveladores. Ahora bien, leído esto, ¿qué se puede pensar de tal conspiración? Para la oposición, es la última payasada de mal gusto del Gobierno, mientras que esta versión de los hechos está en vías de convertirse en un clavo ardiente para un chavismo necesitado de argumentos.

¿Es real la conspiración? Evidentemente, eso es algo que sólo pueden saber a ciencia cierta los implicados. Pero como ya se sabe, no hay verdades irrebatibles, pero tampoco hay mentiras absolutas...

RAFAEL SOTO

25 abr 2014

  • 25.4.14
A principios del mes de abril, la periodista del canal de informativos venezolano Globovisión, Vanessa Ugueto, fue despedida tras solidarizarse con otros compañeros que presentaron su dimisión tras denunciar casos de autocensura en el canal. La jefa de Corresponsalías de la misma cadena, Nairobi Pinto, fue liberada el pasado día 14 tras pasar ocho días secuestrada. Nada se sabe de sus captores.

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Dos días después, el periodista Marcos Morín Aguirre fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SBIN). Tras quitarle su teléfono móvil, fue llevado a golpes al Helicoide (sede del SBIN en Caracas), de donde fue liberado al poco tiempo. Se le imputan cuatro delitos cibernéticos.

Todos estos son casos particulares y notorios de una situación que ya existía antes de las protestas, pero que se ha agudizado en los últimos dos meses. El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) denunció el pasado 12 de abril que ha registrado 187 agresiones a 137 comunicadores desde que empezaran las protestas. Unos datos que reflejan la tragedia del periodismo en Venezuela.

No hay buenos, no hay malos. De acuerdo al SNTP, el 60 por ciento de las agresiones fue llevado a cabo por funcionarios del Estado, lo que quiere decir que el cuarenta por ciento restante se reparte entre manifestantes chavistas y opositores.

Sin embargo, el SNTP no es más que una de las muchas organizaciones que han denunciado la situación de los comunicadores en Venezuela. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en su informe de Medio Año de 2014, afirma: “105 periodistas fueron detenidos o amenazados, golpeados o heridos. A algunos se les decomisaron sus equipos o les borraron sus fotos, sobre todo por parte de funcionarios policiales, militares o por los llamados “colectivos populares” (grupos civiles armados) al servicio del gobierno”.

Por otro lado, la SIP denuncia: “En Venezuela, el Gobierno de Nicolás Maduro aumentó las restricciones a los medios y las redes sociales con censura directa mientras sigue aplicando censura indirecta a los periódicos, con restricciones administrativas, no permitiéndoles importar papel y otros insumos”.

Efectivamente, el problema de la censura es grave, especialmente en el ámbito escrito. Bajo el hashtag #sinpapelnohayperiodico se denuncia en Twitter una de sus manifestaciones más graves: el control sobre el papel de periódico.

La falta de este material, las dificultades para importarla y su distribución interesada han hecho que multitud de diarios hayan modificado sus publicaciones para ahorrar papel. Frente a esta situación, los medios impresos fieles al Gobierno cuentan con instituciones gubernamentales que se encargan de la compra masiva de papel y de todo lo necesario para su funcionamiento.

La situación llega hasta tal punto que la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos (Andarios) distribuyó recientemente 52 toneladas de papel entre algunos de los principales diarios venezolanos. De ellos, 18 rollos fueron a parar a El Impulso, diario difundido en el Estado de Lara al noroeste del país y que es considerado el más antiguo de Venezuela; por su parte, 39 rollos fueron enviados a El Nacional y 18 a El Nuevo País, ubicados ambos en Caracas.

Estos tres diarios no son los únicos con problemas. Decenas de diarios se ven afectados, como es el caso de El Universal, que ha reducido su número de páginas drásticamente a pesar de ser uno de los principales del país. Algunos de los grandes diarios han anunciado que sólo les queda papel para dos semanas. Otros diarios han cerrado temporal o definitivamente, como es el caso de Versión Final, La Hora o Caribe.

Los medios audiovisuales tienen cada vez más restricciones a la hora de informar sobre los disturbios. El Estado busca la hegemonía comunicativa tanto en radio como en televisión, expulsando o controlando tanto a medios nacionales como extranjeros. La oposición cada vez recibe menos atención mediática y la autocensura es un hecho.

Con respecto a los foráneos, hay ejemplos tan sonados como el de CNN y NTN24. Al principio de las protestas, la corresponsal de CNN en el país, Patricia Janiot, salió del país tras afirmar que fue víctima de "hostigamiento" por parte de militares venezolanos. En su despedida, declaró: “Yo no sé cómo interpretar el hecho de que no podemos seguir trabajando como periodistas en Venezuela cuando fuimos a eso. No sé cómo entender ese mensaje”.

Recientemente, la colombiana NTN24 ha acusado al presidente Nicolás Maduro de censurar la cadena. Esta acusación se produce después de que la cadena fuera sacada del listado de canales que ofrece DirectTV en el país el pasado 13 de febrero, tras las primeras manifestaciones violentas. Su directora, Claudia Gurisatti, afirmó que se trataba de una "censura a la prensa libre, un atropello al derecho que tienen los ciudadanos de informarse y un atentado a la libertad de expresión".

En cuanto a los medios nacionales, un buen ejemplo de la situación es Globovisión. A pesar de ser un medio relativamente crítico con el régimen, en los últimos tiempos se ha moderado considerablemente. Desde que empezaron las protestas, ha sido acusado en varias ocasiones por sus propios trabajadores de ejercer una importante autocensura.

Ejemplos de una página negra de la historia de la prensa venezolana. William Castillo, presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel), ha negado en rotundo la existencia de una censura, y asegura que "nadie" puede obligar a un medio a autocensurarse. A su juicio, "aquí hay absoluta libertad de expresión y de información y se ha informado con absoluta libertad, a mi criterio incluso con libertinaje".

Por otro lado, destacó que en Venezuela no puede hablarse de censura o autocensura, ya que el 70 por ciento de las radios del país son privadas y promueven las guarimbas (barricadas). En este sentido, Castillo ha denunciado de forma reiterada una estrategia de manipulación mediática para desestabilizar el país.

Toda esta situación hace complicada la labor periodística en una región donde el ejercicio del periodismo ya es habitualmente complicado. Las redes sociales son importantes herramientas sustitutivas, pero también ha habido iniciativas contra ellas.

En marzo, la coordinadora general de Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys), Luisa Torrealba, afirmaba que “las redes sociales se prestan para publicar informaciones que son inciertas, pero ese es el argumento para establecer medidas que buscan censurar y criminalizar el uso de las redes, entonces se estaría impidiendo que se difunda información”.

Para evitar la censura, hace unos días se ha creado en Internet Venezuela Decoded, que está disponible tanto en inglés como en español, y que se apoya notablemente en Twitter. En la pestaña de "Quiénes somos" se puede leer lo siguiente:

“Somos un grupo de periodistas, diseñadores y programadores asociados al programa de periodismo del John S. Knight Fellowship de la Universidad de Stanford. Tres venezolanos, dos bolivianos y un estadounidense. Creemos en la tecnología como una herramienta fundamental para la búsqueda de la verdad”.

Desafortunadamente, es pronto para medir su impacto por lo reciente de su creación y por la poca información propia que contiene, pero su sola existencia demuestra la dificultad que algunos venezolanos encuentran a la hora de acceder a información crítica.

Actualmente, el proceso de diálogo abierto entre chavistas y opositores, principalmente de la vertiente moderada, está centrado en cuestiones políticas, pero más allá de las consignas, la libertad de expresión y la libertad de prensa son temas que están en la agenda.

RAFAEL SOTO

11 abr 2014

  • 11.4.14
La oposición venezolana no sólo está dividida, sino que está siendo duramente reprimida por el régimen de Nicolás Maduro. Los principales dirigentes opositores están en la cárcel, están en vías de estarlo o se mantienen en la clandestinidad. Tal y como está la situación, resulta difícil recordar las elecciones presidenciales de 2013, hace justo un año.

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En estos comicios, Henrique Capriles, gobernador del Estado de Miranda (aledaño a Caracas), logró unir a la mayoría de los votantes contrarios al chavismo, alcanzando un 49,12 por ciento de los votos. Después de la derrota ante Maduro, que alcanzó el 50,61 por ciento, la figura política de Capriles se ha ido difuminando a favor de otros cabecillas.

Este debilitamiento de su influencia se acrecentó tras el comienzo de las protestas violentas en febrero del presente año. Su posición dialogante y moderada ha mantenido y consolidado su liderazgo en algunos sectores minoritarios de la sociedad venezolana, pero lo cierto es que lo han distanciado de la mayoría de los protestantes.

Hasta tal punto ha llegado este desencuentro, que durante las últimas dos semanas Capriles ha cargado contra los más violentos y radicales. En una entrevista concedida a El País, afirma que “las guarimbas (barricadas) hacen el juego al gobierno” e invita a la población a unirse a manifestaciones pacíficas.

La principal alternativa a Capriles es, en estos momentos, Leopoldo López. Excoordinador del partido Voluntad Popular y participante en el golpe de Estado de 2002, es ahora uno de los grandes líderes de la derecha venezolana.

Sin embargo, su estancia en prisión por los cargos de daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador, asociación delictiva e instigación pública lo han convertido más en un mártir que en un guía político.

López no es el único que está sufriendo la represión venezolana. La diputada electa por el Estado de Miranda, Corina Machado, fue recientemente depuesta de su cargo de una forma poco ortodoxa, y se le ha negado la entrada por la fuerza en la Asamblea Nacional.

Otros personajes importantes en prisión son Daniel Ceballos y Enzo Scarano. Ceballos era el alcalde de San Cristóbal (capital del Estado de Táchira, en la frontera con Colombia) y uno de los líderes de Voluntad Popular cuando empezaron las protestas. Actualmente está apresado bajo la acusación de fomentar las protestas violentas. Por otro lado, Enzo Scarano, alcalde de San Diego (municipio del Estado de Carabobo, al norte del país), también se encuentra en prisión por desacato a la autoridad.

No faltan opositores escondidos de las autoridades, como es el caso de Carlos Vecchio. Actualmente es el coordinador político de Voluntad Popular en la clandestinidad, y tiene una orden de busca y captura por fomentar incendios de forma intencionada, instigación pública y asociación delictiva.

La semana pasada concedió una entrevista en exclusiva al diario El Universal, donde invitaba a los chavistas moderados a deponer a Maduro y favorecer una transición que facilite la convivencia pacífica entre las distintas ideologías y facciones del espectro político venezolano.

Como se puede comprobar, la situación de la oposición es complicada. Sus divisiones entre radicales y moderados –ojo, entre otras más sutiles-, parecen aún más graves si se da el dato de que la mayor parte de estos protestantes pertenecen a la reducida clase media venezolana. Tal y como reconoció recientemente Henrique Capriles, las clases pobres no terminan de conectar con el mensaje de la oposición, lo que debilita notablemente su posición.

Se trata de una situación que no va a resolverse en el corto plazo, y que la oposición deberá atajar si quiere derrotar al chavismo.

RAFAEL SOTO

1 abr 2014

  • 1.4.14
Desde que estallaran las primeras manifestaciones serias el pasado 12 de febrero, Venezuela sufre un conflicto interno lento y con pocas probabilidades de ser resuelto por vías pacíficas. Empieza a eternizarse, con importantes pérdidas en ambos bandos, sin que nadie esté tampoco dispuesto o preparado para dar un golpe definitivo.

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Hasta ahora, el presidente Nicolás Maduro ha hecho uso de su autoridad institucional y de unos medios de comunicación leales para mantener el apoyo de los suyos. Sin embargo, esos argumentos han demostrado ser insuficientes ante las noticias cada vez más frecuentes de muertes por acciones represoras y de actos de tortura.

Tanto es así que, ante las acusaciones de haber provocado la muerte de alrededor de una treintena de personas y la tortura de otros muchos, la posición oficialista ha empezado a esgrimir el argumento del ‘tú más’. Un argumento muy endeble para un buen número de indecisos y para el sector chavista no radical, que lleva tiempo preguntándose si Maduro merece residir en el Palacio de Miraflores, residencia del presidente de la República.

Una situación que no puede cambiar de la noche a la mañana a favor del Gobierno. Maduro sabe que no puede golpear con demasiada contundencia, so pena de provocar un conflicto civil y el rechazo de sus aliados internacionales. Por ahora, ha creado una comisión controlada por los chavistas, denominada ‘Comisión de la Verdad’, que tiene como finalidad esclarecer los hechos.

Por su parte, la oposición tampoco parece ser capaz de dar un golpe definitivo. El Gobierno actualmente está descabezando a algunos de sus principales líderes, como Leopoldo López, que en 2002 apoyó el golpe de estado contra Hugo Chávez y que actualmente está en prisión; Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal, una de las capitales de estado más activas en las protestas; o Corina Machado, parlamentaria a la que acaban de destituir de su cargo, acabando así con su inmunidad.

Sin embargo, mientras esto ocurre, la oposición sigue dividida entre moderados y extremistas, y son incapaces de ponerse de acuerdo en una estrategia común, manteniendo por ahora, principalmente, la táctica de las guarimbas.

Las guarimbas son lugares de refugio que son utilizados durante las manifestaciones. La idea es colocar barricadas justo enfrente de la propia casa o refugio, en las calles, incendiando objetos o interponiendo algún elemento que logre obstaculizar el libre tránsito de vehículos y, por ende, cualquier actividad.

En cuanto se detectan señales de peligro para los manifestantes, sólo tienen que entrar en sus viviendas o refugios, que serían en este caso las guarimbas, para salir luego a reforzar las barricadas. Evidentemente, no es la única táctica de los opositores, pero sí es la más eficiente y usada en el territorio venezolano. Una estrategia de desgaste que favorece más a la oposición que al Gobierno en el medio y largo plazo, pero que corre el peligro de desanimar a los ciudadanos más moderados en el corto plazo.

Por tanto, el Gobierno está perdiendo credibilidad y el control sobre algunos territorios nacionales (ciudades como San Cristóbal, Valencia, Mérida...) en este conflicto, mientras que la oposición pierde poder político en las instituciones, soporta numerosas pérdidas y se divide cada vez con más claridad.

También el colectivo periodístico venezolano no leal al Gobierno está sufriendo las consecuencias de este lento conflicto. Varios medios ya se han hecho eco de las presiones institucionales, del allanamiento de viviendas de periodistas o de las dificultades impuestas por las Fuerzas de Seguridad del Estado para llevar a cabo sus labores, como es el caso de El Universal o Últimas Noticias.

De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP), han sido agredidos 108 profesionales desde que empezaron las protestas, si bien aclara que en las agresiones han participado ambos bandos.

Mientras, la comunidad internacional mantiene una posición más o menos moderada. Prácticamente, los principales actores son los más vinculados con Latinoamérica, ante la preocupación del resto del mundo por la anexión de Crimea a Rusia y otras circunstancias relevantes.

Cuba ha sido acusada de convertir el Gobierno de Maduro en un gobierno títere, mientras que Argentina, país clave desde una perspectiva geoestratégica, ha logrado evitar o suavizar posibles sanciones o debates en distintas organizaciones suramericanas, junto a los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Venezuela sigue esperando el cambio, sea el prometido por los bolivarianos o por los opositores. Pero todo parece apuntar a que el conflicto se prolongará en el tiempo.

RAFAEL SOTO

14 mar 2014

  • 14.3.14
Rusia no está haciendo la guerra a nadie. Las unidades terrestres y aéreas que está enviando a Crimea no ganarán ninguna guerra, ni se espera que se haga algún uso serio de ellas. De hecho, a nivel técnico, ni siquiera se podría hablar de una ocupación al uso. O no de una ocupación reciente, desde luego. Ucrania tiene al enemigo dentro de sus fronteras.

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Como la mayor parte de los antiguos países soviéticos, Ucrania es un país multiétnico. Más aún en la República Autónoma de Crimea (según Rusia, República Independiente de Crimea), donde tres minorías predominan sobre el resto: rusos (58,5 %), ucranianos (24,4%) y tártaros (12,1%).

Ucrania ha sido incapaz de llevar a cabo una política de integración multiétnica, y ahí está el origen del conflicto. Ahora, los rusos de Crimea desean imponer un gobierno proruso, si no directamente la anexión a Rusia, con el apoyo de un número relevante de altos mandos del ejército, veteranos del viejo ejército soviético y herederos del proceso de rusificación impuesto durante la era comunista (o incluso antes).

Putin pretende conquistar Crimea sin disparar un solo tiro, a través de un referéndum que le dé legitimidad. Putin busca que la población rusa haga la guerra por él, aunque eso suponga contravenir el Derecho Internacional. La Unión Europea se ha opuesto aunque, en realidad, no se puede contar demasiado con ella en la práctica.

El problema es que Putin conoce a la UE mejor de lo que ella se conoce a sí misma. Putin sabe que, a día de hoy, Europa es un moribundo necesitado de una larga estancia en un sanatorio suizo. No puede meterse en demasiados problemas. No puede entrar en un conflicto. Para eso hay que tener unas fuerzas y unos recursos que, en este caso, no se tienen. No se puede arreglar nada en la calle si no tienes en orden tu propia casa.

Europa tiene mucho miedo. Miedo a una subida de precios, a un corte del suministro de gas como el de 2005; miedo a alimentar de esperanzas y argumentos a las intentonas independentistas escocesa y catalana; miedo a un empeoramiento de la economía, a la inestabilidad… Miedo, en fin, al futuro.

Con respecto a EEUU, Obama tiene fecha de caducidad. No cuenta, salvo que quiera que se le recuerde por su gestión en Ucrania. Habrá que ver el resultado de las próximas elecciones estadounidenses para poder hablar realmente de un enfriamiento del orden mundial, tan propio del pasado. Pero para eso queda.

A día de hoy, que es de lo que se puede hablar, Putin está en posición de hacer lo que él y los rusos de Crimea deseen, y ya llama al levantamiento de otras regiones de mayoría prorusa. No es probable que haya más situaciones como la de Crimea, pero no es descartable. ¿Qué puede hacer Ucrania, sino esperar a que la diplomacia internacional lo salve?

RAFAEL SOTO

12 feb 2014

  • 12.2.14
Mientras que la sociedad española está pendiente del caso Nóos, las empresas españolas –e incluso las europeas- se juegan su reputación en Panamá. La concesión de las obras del canal –el proyecto de ingeniería civil más importante del siglo XXI- fue un logro discutido y su paralización parece dar la razón a quienes dudaban de la capacidad del conglomerado liderado por Sacyr para llevar el proyecto a buen término.

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El Grupo Unidos por el Canal (GUPC) logró hacerse con las obras del canal tras un proceso de concesión lleno de polémicas y acciones diplomáticas no siempre correctas. Este grupo estaba liderado por la empresa española Sacyr Vallehermoso, seguida por la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana.

Empresas que fueron avaladas económicamente por la aseguradora Zürich que, a su vez, se apoyó en varias instituciones crediticias de carácter público, como la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) y sus homólogas italiana y belga.

La composición del grupo resulta clave, puesto que en su fuerza se hallaban también sus debilidades. Hasta los cables de Wikileaks reflejan cómo la diplomacia estadounidense explotó estas debilidades, deseosa de ver en las obras al conglomerado liderado por la estadounidense Bechtel International Incorporation, apoyado por las japonesas Taisei Corporation y Mitsubishi Corporation, así como por el grupo chino Wuchang Shipyard.

Uno de los principales argumentos de la embajada estadounidense era la incapacidad del GUPC de hacer una obra de esas características; aparte, también estaba la problemática de la participación pública en un momento delicado para la economía europea.

De hecho, fue en 2009 cuando se aprobó oficialmente el apoyo de CESCE a las obras. Una aprobación que estuvo llena de irregularidades, tal y como reflejó en junio de 2013 el Tribunal de Cuentas en el Informe de fiscalización de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S. A. (CESCE), en relación con la gestión de riesgos asegurados por cuentas del Estado, ejercicio 2009 (nº 1991).

La amenaza de Sacyr de parar las obras si las autoridades del Canal no se comprometían a abonar el sobrecoste con respecto el presupuesto inicial, casi del 50 por ciento, le dio un nuevo impulso a la ya de por sí agresiva diplomacia estadounidense, que ya ha logrado que el conglomerado de Bechtel se convierta en el plan B para seguir con la obras.

Amenaza que coincidió con el anuncio de Nicaragua de que su canal, alternativo y, por tanto, rival de Panamá, estará listo para finales de 2014 o principios de 2015, aumentando así la urgencia de que se concluyan las obras en 2014, tal y como estaba planeado.

Por ahora, empieza a atisbarse un principio de acuerdo. Sin embargo, en el caso de que Sacyr y su conglomerado no puedan continuar con las obras, no solo se producirá un importante daño a las arcas públicas españolas, sino que el caso de Panamá se convertirá en un fantasma que perseguirá a todas aquellas empresas españolas que deseen competir por un gran proyecto internacional.

RAFAEL SOTO

31 ene 2014

  • 31.1.14
La pobreza y el miedo a ella han provocado una ola de intolerancia en casi todo el continente europeo. Desde 2007 se ha podido constatar tanto el fracaso de las políticas de integración de inmigrantes o minorías étnicas como el quebranto de distintos modelos de convivencia que nunca llegaron a asentarse en los tiempos de bonanza. El último ejemplo relevante: Roma.

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Las pruebas de esa crisis de convivencia son evidentes: el ascenso de partidos xenófobos de extrema derecha; altercados como los de Suecia (2013) o Reino Unido (2011); actos terroristas (Noruega, 2011); extradiciones masivas preventivas (Francia 2011) y, por supuesto, los rifirrafes del día a día, que no siempre transcienden pero que, sin embargo, son los más cercanos y los que se deben tener en cuenta para los ciudadanos de a pie.

Las causas de esta situación son muchas, aunque podemos destacar el paro; lo inhumano de los recortes sociales; el endurecimiento de las políticas migratorias; un discurso populista y xenófobo por parte de varios líderes políticos; la falta de seriedad que en ocasiones se encuentra en las escuelas a la hora de abordar este problema; la búsqueda de chivos expiatorios; el tratamiento de los inmigrantes como ganado, como pudo comprobarse en la reunión informal de ministros de Justicia y Asuntos Internos de la Unión Europea durante la semana pasada; la falta de control sobre la emigración irregular y un largo etcétera.

Y no hay que olvidarlo: esos desmadres del día a día tienen como causantes, alternativamente, tanto a los de un lado del conflicto y como a los del otro. Hay inocentes, por supuesto, pero no se puede compartir tampoco una visión maniquea. Tan peligroso es el extremo de un lado como el del otro.

Las víctimas del último caso relevante han sido los judíos en Roma, un colectivo que se encuentra plenamente integrado a día de hoy en la sociedad italiana y que empieza a sufrir ataques más propios del pasado.

Hace unos días, en vísperas del Día de Conmemoración del Holocausto, un grupo envió hasta tres paquetes llenos de cabezas de cerdo a la sinagoga de Roma, a la Embajada de Israel y a una exposición sobre la cultura judía. Antes habían aparecido sobre los muros de un barrio del norte de la ciudad una esvástica y escritos antisemitas como "Holocausto, mentira" o uno dirigido a Ana Frank, escrito con una hache de más "Hana Frank, mentirosa".

Grandes y pequeños actos que están acabando con la convivencia pacífica en Europa, volviéndose a situaciones más propias del pasado.

RAFAEL SOTO

16 ene 2014

  • 16.1.14
Nicolás Maduro ha radicalizado el movimiento chavista ante la necesidad de afianzarse en su doble papel: presidente de la República de Venezuela y líder del chavismo. Hugo Chávez aunó estos dos papeles hasta el punto de alcanzar tintes totalitarios, pero con la legitimidad de una amplia mayoría ganada en las urnas. Una legitimidad que Maduro no ha podido heredar. El presidente venezolano sigue la estela del Comandante, pero es de esperar que, poco a poco, Maduro tome decisiones arriesgadas, alejadas del chavismo más ortodoxo.

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No fue complicado para Maduro hacerse con el rol de líder del movimiento chavista, bastando para eso la orden del Comandante. O al menos en un principio. El primer examen de Maduro fue la adopción del segundo papel: la presidencia de la República. En principio, tras la muerte de Chávez, el presidente de la Asamblea Nacional debería de haberse hecho con la presidencia hasta que se celebraran elecciones, ya que el difunto no logró jurar su cargo en vida, tal y como establece la Constitución de Venezuela en su artículo 233.

La presión chavista logró que Maduro ocupara temporalmente la presidencia, pero la Sala Constitucional del Tribunal Supremo dejó claro que era necesario convocar elecciones. Una prueba que Maduro superaría con estrechez. Representando al Partido Socialista Unido de Venezuela, y apoyado por el Gran Polo Patriótico, ganó con un parco 50,61 por ciento de los votos, frente al 49,12 conseguido por Henrique Capriles.

Aunque los resultados le dieron legitimidad jurídica –no sin acusaciones de manipulación electoral-, lo cierto es que no fueron pocos los analistas que comprendieron la falta de apoyos del nuevo presidente electo tanto dentro como fuera del chavismo.

Desde aquellas elecciones, Maduro ha llevado a cabo una política continuista que intentó reforzar su principal argumento legitimador: su nombramiento por Chávez. Y no le han faltado razones para intentar radicalizar el chavismo. El nuevo presidente no solo ha tenido que soportar los embistes de una debilitada oposición, sino que también ha tenido que sobrellevar todo tipo de acusaciones. Una de las más graves fue, sin duda, la de haber nacido en Colombia, y no en Venezuela, lo que lo habría deslegitimado para ocupar la presidencia de acuerdo con la Constitución.

Hasta ahora, pocos han sido los discursos en los que Maduro no ha hecho referencia al Comandante, del mismo modo que tampoco han sido pocos los líderes mundiales que no han recibido de sus propias manos una imagen del Padre de la patria.

También ha intentado reforzar su control del Ejército a través de la renovación de varios altos cargos. Ha llegado hasta tal extremo el enaltecimiento de Chávez que, incluso, el presidente venezolano ha llegado a afirmar la visualización milagrosa de su rostro en unas obras del metro de Caracas.

Sin embargo, la situación ha cambiado en las últimas semanas o, más bien, los acontecimientos van a obligar a un cambio. De acuerdo a la tradición chavista de renovar las carteras ministeriales anualmente –salvo en 2013 por la defunción de Chávez-, han aparecido nombres nuevos en el chavismo. A la vez, se han afianzado otros, o bien han alcanzado puestos de mayor responsabilidad.

También se han renovado otros puestos no ejecutivos, como el de la presidencia de la Asamblea Nacional, en manos de Diosdado Cabello, reforzándose su papel como número dos del chavismo. Este hecho supone un incipiente paso adelante por parte de Maduro, que poco a poco está creando su propio círculo de confianza.

Otro hecho fundamental ha sido el brutal asesinato de Mónica Spear, Miss Venezuela 2004. Después de este luctuoso acontecimiento, se ha producido todo un movimiento en contra de la violencia en el país bolivariano, que empieza a concienciarse aún más, si cabe, de la gravedad de este problema.

Frente a las circunstancias de Chávez, más preocupado por la intervención foránea en los asuntos venezolanos y por mejorar la maltrecha economía del país, Maduro asume el reto de tener que afrontar de forma urgente tanto la violencia como la pobreza como algunas de las principales preocupaciones del ciudadano medio. Por lo pronto, se encuentra en negociaciones con el opositor Henrique Capriles para consensuar un nuevo plan de seguridad nacional, cosa que probablemente Chávez nunca hubiera hecho.

En los próximos meses –incluso años- es de esperar que, ante la necesidad de legitimarse tanto moral como jurídicamente, Maduro siga radicalizando el chavismo, pero también es de esperar que surjan poco a poco fracturas internas dentro del movimiento más ortodoxo. Chávez es ya un mito y, por tanto, sus ideas han sido idealizadas más que nunca. Una idealización que no casa bien con el pragmatismo que imponen los asuntos de Estado.

RAFAEL SOTO

14 jun 2013

  • 14.6.13
La polémica desatada por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), más conocida como "Ley Wert", ha vuelto a enfrentar a la sociedad española en un debate antiguo pero polémico: las relaciones Iglesia-Estado. Unas relaciones no carentes de mitos, confusiones y malentendidos, que llevan a plantear el modelo confesional del estado español.

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Una de las críticas clásicas a las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica es que se pone a la confesión católica por encima del resto. Aunque cierta, esta afirmación es algo inexacta. Ciertamente, la religión católica tiene unos privilegios que las demás religiones difícilmente pueden llegar a tener. Pero no es la confesión católica la que cuenta con esos privilegios –ya que sería inconstitucional- sino el Estado de la Ciudad del Vaticano.

Por tanto, para entender las relaciones entre la Iglesia y el Estado es esencial comprender que no es la relación entre una religión y un Estado, sino entre dos estados soberanos reconocidos a nivel internacional. La Nunciatura Apostólica vendría a ser la "embajada" de este Estado. La Conferencia Episcopal es el máximo órgano de gobierno del clero en España y, por tanto, un importante grupo de presión, pero no es la encargada de mediar en las relaciones entre España y la Santa Sede.

La pregunta es la causa por la que existe una relación especial con el Estado de la Ciudad del Vaticano. La respuesta que dieron las autoridades en su momento se encuentra en el primero de los acuerdos con la Santa Sede: “Dado que el Estado español recogió en sus leyes la libertad religiosa, fundado en la dignidad de la persona humana (Ley de 1 de julio de 1967), y reconoció en su mismo ordenamiento que debe haber normas adecuadas al hecho de que la mayoría del pueblo español profesa la Religión Católica, juzga necesario regular mediante Acuerdos específicos las materias de interés común que en las nuevas circunstancias surgidas después de la firma del Concordato de 27 de agosto de 1953 requieren una nueva reglamentación”. Una justificación que en la época pareció suficiente al gobierno preconstitucional de Adolfo Suárez.

Dicho lo anterior, conviene comprender el contexto en el que se tomaron dichos acuerdos. La ruptura no era ni buscada ni deseada en un momento en el que España bailaba entre una democracia o un complejo retorno desde la "dictablanda" a la dictadura más reaccionaria. Una situación difícilmente salvable sin un mínimo apoyo de la Iglesia Católica. Todo ello en un país definido por Menéndez Pelayo como “Luz de Trento, martillo de herejes, espada de Roma”. Una definición ya no aplicable a 1976, pero que sí lo había sido poco tiempo atrás.

Durante el régimen nacionalcatólico de Francisco Franco prevaleció en España el mencionado Concordato de 1953, que regulaba las relaciones entre ambas instituciones, partiendo de la base de que la religión católica era la confesión oficial del Estado.

Tras el fallecimiento del dictador, se hizo necesario el replanteamiento de estas relaciones “a la vista del profundo proceso de transformación que la sociedad española ha experimentado en estos últimos años aun en lo que concierne a las relaciones entre la comunidad política y las confesiones religiosas y entre la Iglesia Católica y el Estado”.

La regulación de estas relaciones no podía esperar a la aprobación de la Carta Magna de 1978, por lo que Marcelino Oreja Aguirre, ministro de Asuntos Exteriores, empezó las negociaciones con el cardenal Jean-Marie Villot en 1976. Así, en julio de este año se llega al primero de los cinco acuerdos que regulan las relaciones Iglesia-Estado en la actualidad.

El primer acuerdo sienta las bases de las futuras relaciones y las justifica. En cuanto a su contenido, que se dispone en dos artículos, se centra en la no intervención del Estado en los asuntos de la Iglesia española, reservándose para sí el derecho a nombrar cargos eclesiásticos, si bien acepta que el Estado tenga conocimiento previo de estas designaciones. Más poder se le deja al Estado para escoger al vicario general castrense, que ha de salir de una terna de nombres elaborada en conjunto por el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Santa Sede, si bien la última palabra es de la Iglesia.

El resto de acuerdos se toman en 1979, aunque cuentan con los mismos protagonistas. El segundo es un acuerdo sobre asuntos jurídicos y trata de toda una serie de concesiones que el Estado realiza en favor de la Iglesia Católica, entre las cuales destacan el reconocimiento de la Conferencia Episcopal; la inviolabilidad por parte del Estado de los archivos y documentos eclesiásticos; el reconocimiento de los días festivos; la cooperación para actos de beneficencia o asistencia; la facultad para que las bodas religiosas puedan constar en el registro civil y otras disposiciones básicas.

El tercer acuerdo viene a tratar del papel de la Iglesia en el sector educativo y cultural. Así, la asignatura de religión se mantiene en las escuelas a través del artículo II de este pacto:”Por respeto a la libertad de conciencia, dicha enseñanza no tendrá carácter obligatorio para los alumnos. Se garantiza, sin embargo, el derecho a recibirla”.

En cambio, a diferencia de otros países, donde el Estado impone los contenidos: “A la Jerarquía eclesiástica corresponde señalar los contenidos de la enseñanza y formación religiosa católica, así como proponer los libros de texto y material didáctico relativos a dicha enseñanza y formación”. Ahora bien, el Ministerio de Educación se reserva el derecho a adecuar estos privilegios a un marco normativo.

El cuarto acuerdo viene a referirse a la relación de la Iglesia con las Fuerzas Armadas. En este caso, en un momento en el que el Servicio Militar era obligatorio, se hace una excepción, manteniéndose ese antiguo privilegio: “A fin de asegurar la debida atención pastoral del pueblo, se exceptúan del cumplimiento de las obligaciones militares, en toda circunstancia, los obispos y asimilados en derecho”.

Finalmente, el quinto acuerdo viene a referirse a una de las cuestiones más espinosas: el tema económico. Así, el Estado deja claro que no puede darle las cuantías que daba en el pasado, pero reconoce la necesidad de llegar a un acuerdo: “Por una parte, el Estado no puede ni desconocer ni prolongar indefinidamente obligaciones jurídicas contraídas en el pasado. Por otra parte, dado el espíritu que informa las relaciones entre Iglesia y Estado, en España resulta necesario dar nuevo sentido tanto a los títulos de la aportación económica como al sistema según el cual dicha aportación se lleve a cabo”.

Así, en su artículo II, apartado 1, la Iglesia consigue el apoyo económico que reclamaba: “El Estado se compromete a colaborar con la Iglesia católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio de libertad religiosa”.

Estos son algunos de los principales puntos de los cinco acuerdos que derogaron en la práctica al Concordato de 1953. Unos acuerdos manifiestamente favorables para la Iglesia, pero bastante restrictivas si se tiene en cuenta los antecedentes de este país.

Su posible modificación o derogación ha sido objeto de debate desde entonces, aunque hay que comprender que no sería, por tanto, la modificación de unas concesiones, sino de un acuerdo internacional, con sus lógicas implicaciones en la política exterior de nuestro país.

RAFAEL SOTO
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31 may 2013

  • 31.5.13
Los actos vandálicos que han sacudido a Suecia durante la última semana crea la necesidad de preguntarse si, tal vez, hay que replantearse las políticas migratorias y, sobre todo, de integración tanto a nivel estatal como a nivel europeo. Tradicionalmente se aceptan tres modelos de integración: el modelo multicultural, el modelo universalista y, finalmente, el modelo de separación. Rara vez se da uno en estado puro, principalmente por la dinámica inherente al hecho migratorio. Sin embargo, sí suele apreciarse en las sociedades y en las políticas el predominio de uno u otro.

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Suecia y Holanda son países donde, hasta hace poco, predominaba un modelo multicultural o plural, que supone el respeto y la garantía de la diversidad cultural. Los inmigrantes cuentan con casi los mismos derechos y deberes que los nacionales, pero se les pide a cambio su plena participación en el Estado de Derecho.

Francia es el ejemplo paradigmático del modelo de asimilación, republicano o universalista. El individuo ha de renunciar a su identidad étnica y cultural a cambio de adoptar los valores mayoritarios, los valores del “ciudadano”.

Finalmente, está el modelo de separación o exclusión. Alemania, Austria y Bélgica (el más claro ejemplo es la zona de Flandes) se han caracterizado durante mucho tiempo por un marco jurídico rígido y restrictivo de inmigración, que busca ante todo salvaguardar la cultura de la sociedad de destino y la cohesión social. En este último caso, se aprecia la inmigración como un hecho temporal y motivado principalmente por motivos económicos.

Todos los modelos cuentan con sus pros y sus contras. Sin embargo, todos ellos fueron barajados por los distintos países de origen entre los años noventa y 2007. Con el inicio de los problemas económicos se ha podido apreciar variaciones en la aplicación de los modelos y, sobre todo, una tendencia al modelo excluyente en mayor o menos medida.

Sin embargo, ¿cuál ha sido el origen de los recientes altercados de Suecia? ¿Y los de Londres en 2011? Más allá, ¿qué fue lo que provocó los disturbios en Francia en 2005? Evidentemente, dos son las principales causas: los conflictos de los inmigrantes con un sector de la sociedad de origen, xenófoba y abusiva, y sobre todo, las malas condiciones de vida que tienen que soportar.

Una buena política de integración puede conseguir que el inmigrante asuma unos valores, pero si no van acompañados de unas condiciones económicas, es muy complicado conseguir la integración plena. Este hecho se suma a actos xenófobos que llevan a las comunidades, cuando no a guetos, sí a rebelarse contra sus opresores. Esta xenofobia se manifiesta en muchas ocasiones a través de las actuaciones policiales, que no siempre son ejemplares, como se puede comprobar a continuación.

El desencadenante de los disturbios en Suecia fue la muerte de un señor de 69 años a manos de la policía. De acuerdo con la policía sueca, era un inmigrante con problemas psicológicos. Pero lo cierto es que la dureza de la actuación de los agentes ha llevado a un buen número de inmigrantes concentrados en los suburbios a manifestarse.

El caso londinense fue similar. La policía abatió en Tottenham a un hombre de 29 años y de raza negra. Los disturbios contra la Policía acabaron convirtiéndose en una reivindicación de los sectores más deprimidos de la sociedad y dieron lugar a un giro en la política migratoria británica.

Más lejos quedan ya los altercados de 2005 en Francia, provocados por la muerte de dos adolescentes musulmanes de origen africano que murieron mientras huían de la policía, electrocutados tras caer en una subestación eléctrica. De nuevo, las manifestaciones fueron una reivindicación contra las malas condiciones de vida de estos colectivos y de la represión policial.

Sin embargo, la represión policial no es el único ejemplo de la xenofobia en los países de destino. Otro caso paradigmático es el de Anders Behring Breivik, el “monstruo noruego”, que asesinó en julio de 2011 a 77 personas para denunciar la “islamización” de Europa y la necesidad de recuperar la esencia de la nación noruega.

Posiblemente, Breivik es la manifestación más visible de un sector de la sociedad que, sin llegar a su extremismo, sí considera necesario salvaguardar su propia cultura e intereses. Francia expulsó en 2011 a más de treinta mil personas de sus fronteras, un número con pocos antecedentes en la Europa contemporánea.

Muchos ejemplos que demuestran que la sociedad europea ha fracasado en sus políticas de integración. La integración exige igualdad frente a los nacionales, y esa igualdad no sólo puede manifestarse en valores, sino que también ha de manifestarse a nivel económico. Problema: los gobiernos hoy en día no pueden garantizar ni la igualdad económica (si es que alguna vez se ha podido) entre sus ciudadanos, ¿cómo hacerlo con los inmigrantes?

Conviene concluir con una última reflexión: ¿Las políticas de integración qué deben buscar? ¿Que el inmigrante se adapte al lugar de destino? ¿Que la sociedad receptora sea capaz de aceptar al otro? ¿O las dos, en mayor o menor medida? Muchas variables, pero siempre el mismo resultado.

RAFAEL SOTO
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25 ene 2013

  • 25.1.13
Hoy se celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en la República Checa. Es la primera vez que los checos escogen presidente por sufragio directo (antes lo elegía el Parlamento). Sin embargo, también es un examen al pasado checo y a sus relaciones con el nazismo.

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Los principales candidatos a las elecciones son Milos Zeman, ex primer ministro que está siendo apoyado por el actual Jefe del Estado, el euroescéptico Vaclav Klaus, y Karel Schwarzenberg, un aristócrata que actualmente ocupa el puesto de ministro de Asuntos Exteriores. En la primera vuelta, Zeman obtuvo un 24,4 por ciento de los votos, frente al 22,8 del liberal-conservador Schwarzenberg.

En total se presentaron nueve candidatos, entre los que destacaron Jan Fisher, otro ex primer ministro de la República, Jiri Dienstbier, senador socialdemócrata y Vladimir Franz, un profesor universitario, pintor y compositor que tiene un noventa por ciento de su cuerpo tatuado.

El presidente de la República Checa no tiene reconocida en su Constitución funciones ejecutivas importantes, pero a nadie escapa su vital relevancia a la hora de influir en las relaciones exteriores como Jefe de Estado. Aparte, ejerce el papel simbólico de padre de la Nación, lo que incrementa la importancia del debate sobre lo que se expone a continuación.

Ahora, la ajustada pelea entre Zeman y Schwarzenberg en la segunda vuelta está llevando a un endurecimiento del discurso político, que está sacando a la luz temas tabú en la política checa. Este es el caso de los “Decretos de Benes”.

Los “Decretos de Benes” fueron adoptados tras la Segunda Guerra Mundial, con el fin de expulsar y confiscar sus propiedades a la población checoslovaca de habla alemana que hubiera colaborado con el Tercer Reich, especialmente en el área de los Sudetes. Se trató de un castigo colectivo que afectó tanto a colaboracionistas como a inocentes.

Actualmente, son muchos los juristas que dudan de la legalidad de estos decretos, hasta el punto de que fue una de las cuestiones más polémicas a la hora de ratificar el Tratado de Lisboa. Tanto es así que, junto a Polonia y Reino Unido, fue uno de los países que quedaron exentos de firmar la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

Karel Schwarzenberg y su familia fueron víctimas de estos decretos, a pesar de insistir en su inocencia. Cuando ascendió el comunismo en Checoslovaquia, la familia tuvo que huir del país. A esto se le suma que Therese Schwarzenberg, la esposa del candidato, es una austríaca que no habla checo y cuyo padre fue simpatizante del nazismo, como muchos alemanes y austríacos durante el régimen.

Estos hechos han sido utilizados por Zeman y Klaus para desprestigiar al candidato liberal-conservador, a través de una campaña nacionalista que ha llevado incluso a que miles de checos se hayan adherido a una carta de disculpa al matrimonio Schwarzenberg: "Consideramos totalmente inaceptable los ataques nacionales chovinistas contra la familia de Karel Schwarzenberg y contra su persona", reza la misiva, firmada por personalidades del mundo de la cultura y la sociedad checa.

Europa también está en el punto de mira. El aún presidente de la República fue un reconocido euroescéptico y Zeman sigue su misma línea. En cambio, el actual ministro de Asuntos Exteriores es europeísta y favorable a tender puentes a América. Como se puede apreciar, toda una lucha por el poder que no se sabe cómo acabará, pero que parece estar dejando huella en la República Checa.

RAFAEL SOTO

15 ene 2013

  • 15.1.13
Mientras que el chavismo se recrea en las manifestaciones de apoyo a Hugo Chávez, presidente reelecto de Venezuela, el opositor Henrique Capriles presencia una fuerte caída de su popularidad. Este abogado de 40 años, abogado y militante del Partido Primero Justicia, puede presumir de haber sido una de las pocas personas a las que ha llegado a temer Chávez desde que está en la Presidencia de la República.

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En las presidenciales de 2012, Capriles logró disputarle los votos al mandatario bolivariano, hasta tal punto que consultoras como Predicmática o Consultores21 llegaron a dar como ganador al líder de la oposición, si bien de forma más o menos ajustada.

En los resultados finales de esas presidenciales, Chávez consiguió la victoria con alrededor de once puntos de ventaja, lo que es un dato ajustado si se tiene en cuenta que hubo una participación del 80,48 por ciento de la población.

A pesar de los resultados, parece que la popularidad de Henrique Capriles está cayendo en beneficio de Chávez en muy poco tiempo. La polémica de la toma de posesión ha sido una de las que más lo han deteriorado.

Se trata de un complejo problema jurídico que se resume en que el Ejecutivo de Chávez perdería su legitimidad si este no juraba su cargo, a pesar de que fuese por enfermedad. La posición de Capriles fue pedir que la Asamblea Nacional tomara el control del Gobierno, frente a la posición oficialista, que minimizaron la importancia del acto.

Finalmente, el Tribunal Supremo usó una laguna jurídica en la Constitución para permitir que el presidente pudiera jurar su cargo ante el alto tribunal sin fecha concreta, dándole mientras el poder al anterior Ejecutivo.

Aunque Capriles se apoyó en la Constitución y la jurisprudencia, el chavismo está usando sus argumentos contrarios al continuismo chavista para desacreditarlo y dar la sensación a la población de que está “atacando a un enfermo”.

El líder opositor siempre fue visto por la propaganda chavista como un representante de la burguesía explotadora y contraria a los derechos de los indígenas contra la que el “Comandante” venezolano tanto ha luchado. Sin embargo, para la oposición a Chávez era la gran esperanza para devolver el orden, la seguridad de la propiedad y el raciocinio al Estado.

A pesar de la derrota electoral, la oposición esperaba que el ejercicio del poder erosionara a Chávez y diera una victoria a su principal candidato, cuya imagen iba mejorando de cara a los indecisos.

Sin embargo, la enfermedad de Chávez ha mejorado su popularidad, mientras que Capriles va perdiendo apoyos entre los indecisos. Según la consultora IVAD, si se repitieran las elecciones venezolanas, Chávez conseguiría un 55,5 por ciento de los votos, mientras que el líder de la oposición conseguiría alrededor de un 31,8 por ciento.

Más allá de los números, lo cierto es que la popularidad de Capriles se está viendo afectada por la enfermedad de Chávez. Será muy complicado que el opositor remonte, y más si Hugo Chávez muere. Es difícil combatir la popularidad de un mito.

RAFAEL SOTO

21 dic 2012

  • 21.12.12
El nuevo presidente de la República Federal de México, Enrique Peña Nieto, anunció en la reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública del pasado 17 de diciembre una nueva política de seguridad para el país. Según el dirigente mexicano, estas nuevas líneas de actuación tienen como fin reducir la violencia y rebajar las tasas de homicidio, secuestro y extorsión.

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México es uno de los países más violentos de Latinoamérica. El narcotráfico es la principal causa de la violencia, concentrándose en los estados fronterizos con EEUU, como el septentrional Estado de Chihuahua.

Los datos oficiales ofrecidos por el secretario de Gobernación en la reunión del Consejo de Seguridad, Miguel Ángel Osorio Chong, no sólo fueron ofrecidos para criticar la política de seguridad del anterior Gobierno de Felipe Calderón, sino que también trataron de demostrar la necesidad de una política de seguridad contundente.

De acuerdo con esos datos oficiales, entre 2006 y 2011 se cometieron 10,6 millones de delitos. De ellos, sólo se castigaron uno de cada cien. Los secuestros aumentaron en este período un 83 por ciento, el robo con violencia un 65 por ciento y la extorsión un 40. La mayoría de las víctimas no denuncian.

Ante este panorama, el presidente Peña Nieto propone un plan de seguridad basados en seis ejes fundamentales. En primer lugar, propone la clave de la planificación, que se fundamenta en la necesidad de repartir responsabilidades y establecer fechas precisas para el cumplimiento de las distintas líneas de actuación.

El segundo eje es el de la prevención. Es uno de los puntos más criticados. De acuerdo con Peña Nieto, se basa en la necesidad de combatir el origen de los delitos, y no sólo sus efectos. Para ello, pretende realizar políticas para combatir las adicciones, rescatar espacios públicos, ampliar las escuelas de tiempo completo y promover proyectos productivos. El Gobierno de México destinará a este plan de prevención alrededor de 115.000 millones de pesos en 2013. Sin embargo, ¿cuáles son las causas de la violencia? Más allá de eso, ¿cuál es el origen del narcotráfico? ¿Se puede combatir las causas del narcotráfico con estas medidas?

El tercer eje de actuación sería el respeto a los Derechos Humanos. Se basa en la unificación de los protocolos de actuación para las Fuerzas de Seguridad y el impulso de una legislación en materia de atención a víctimas y reparación de daños.

Se creará un Plan de Derechos Humanos y se retirarán las reservas a los tratados internacionales en este ámbito. También se depurará el Instituto Nacional de Migración, acusado en varias ocasiones de corrupción.

En cuarto lugar, Peña Nieto llama a la coordinación entre las instituciones federales, estatales y municipales. Divide al país en cinco espacios de actuación y afirma que “los Gobiernos deben cumplir, no competir”.

A pesar de las buenas intenciones, existe una tensión entre los tres grados de actuación en México (local, estatal y federal), que es difícil de salvar por los fuertes intereses políticos y económicos de las instituciones (otro problema de México es la corrupción política). Los gobernadores estatales han apoyado en bloque a Peña Nieto, aunque habrá que comprobar en la práctica si esta situación se mantiene.

La transformación institucional también es una de las claves para Peña Nieto. Para ello, el mandatario subrayó que se debe lograr la transformación institucional en dos ámbitos: el policial y el de procuración de justicia.

Puede que una de las medidas más llamativas sea la creación de la Gendarmería Nacional, que contará en una primera fase con diez mil unidades que se concentrarán en los municipios más vulnerables.

Las Fuerzas Armadas seguirán en labores de seguridad. Se reorganizará la Policía Federal asegurando su control interno y se crearán 15 unidades dentro esta institución para combatir el secuestro y la extorsión.

Por otro lado, a nivel jurídico, entre otras reformas se pretende acabar con la figura jurídica del "arraigo", que permite la detención de un sospechoso sin que se le presenten cargos durante 40 días renovables. Finalmente, Peña Nieto habla de la evaluación de las líneas de actuación. Se refiere a la medición de la eficiencia de las medidas para retroalimentar y, en su caso, ajustarlas.

Las medidas han suscitado muchas críticas y cuestionamientos. No queda clara la delimitación de competencias entre instituciones e, incluso, aumenta la descentralización en un ámbito ya de por sí bastante descentralizado. No hay un aumento de la cooperación internacional, especialmente con EEUU. Tampoco se promueven medidas para acabar con la corrupción política y empresarial, que es la auténtica lacra que perpetúa y da poder a estas mafias.

Por otro lado, un sector crítico de la sociedad mexicana no sólo denuncia la violencia proveniente del narcotráfico, sino que también la gubernamental. Han sido varias las ocasiones en las que una protesta contra el Gobierno ha dado lugar a una tragedia traducida en víctimas mortales.

Las medidas de Peña Nieto han logrado dar una imagen de lucha contra la violencia, pero está por ver su eficacia y su eficiencia en el futuro.

RAFAEL SOTO

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