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2 feb. 2017

  • 2.2.17
El Pleno del Ayuntamiento de Dos Hermanas aprobó este viernes, día 27 de enero, una moción, a iniciativa de IULV-CA, para que el Gobierno central cambie el marco legislativo de forma que la electricidad, su producción, distribución y comercialización estén al servicio de la ciudadanía y que cuenten con un carácter social con el fin de prevenir la pobreza energética.



En definitiva, lo que se pide al Gobierno es que las familias con bajos ingresos económicos puedan contar con precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorables.

En la moción de IULV-CA, defendida por su portavoz, Fran García Parejo, definió la 'pobreza energética' como aquella situación "que sufre un hogar incapaz de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda", añadiendo que la pobreza energética depende fundamentalmente de tres componentes: "Los ingresos familiares, los costes de la energía y la calidad de la vivienda en cuanto a su eficiencia energética".

Según el último estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales -ACA- sobre pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética, recogido por IULV-CA en su moción, el 11% de los hogares españoles (es decir, 5,1 millones de personas) se declaran incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses de invierno, habiéndose producido un incremento del 22% en solo dos años -desde 2012 a 2014-.

Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia son, además, las comunidades con mayor incidencia de pobreza energética, especialmente en las zonas rurales o escasamente pobladas, así como en aquellos en los que hay personas enfermas, muchas de cuyas familias se declaran incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada.

Ante esta situación, la UE ha fijado que la pobreza energética es una nueva prioridad social que necesita apoyo a todos los niveles, proponiendo que se tenga en cuenta a la hora de elaborar cualquier política energética. Pero, ante ello, Estado español es el país de la UE con los precios de la electricidad más caros, después de Malta y Chipre, según aporta IULV-CA, añadiendo que el gas, la luz, el agua y la bombona han sufrido subidas muy importantes en los últimos años.

Todo ello ha conllevado la dificultad por parte de muchos españoles de afrontar la factura energética, haciendo crecer con fuerza la pobreza energética y los cortes de suministro, a lo que se añade que "la subida de los precios de la energía en plena ola de frío es un ejemplo más de la barbaridad del sistema energético español", dijo Fran García Parejo.

Según IULV-CA, el Estado carece de una política específica dirigida a prevenir el fenómeno de la pobreza energética en nuestro país, "que sufren cada vez más familias y hogares", de ahí que propone que se debería mejorar el actual bono social, para tener en cuenta también las condiciones de la vivienda y el nivel de ingresos familiares, y no solo la potencia contratada o la situación familiar/laboral".

"Desde Izquierda Unida", añadió, "tenemos claro que la estrategia clave para acabar con la pobreza energética pasa por la nacionalización de las eléctricas y gasísticas, desde la consideración de servicio público de este sector, frente a su actual status de suculento negocio para las grandes compañías eléctricas y gasísticas".

Puntos aprobados

Por este motivo, propuso una serie de puntos para que fueran aprobadas por el Pleno, pero sobre los que se introdujeron finalmente algunas puntualizaciones a propuesta del Grupo Socialista, que son las siguientes:

1- Exigir el cambio del marco legislativo para que la electricidad, su producción, distribución y comercialización estén al servicio de la ciudadanía y posean un carácter social y, en concreto, para prevenir la pobreza energética, regulando el sistema de suministros básicos del hogar e incluyendo mecanismos que primen el ahorro y penalicen el consumo ineficiente, garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado, estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorables para las familias con bajos ingresos económicos.

2- Exigir la titularidad y gestión públicas de las infraestructuras de distribución eléctrica, con ampliación del bono social a nuevas modalidades y una nueva tarifa para las instituciones públicas.

3- Promover la modificación en relación con la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para la aplicación del tipo reducido del gas, electricidad y agua como bienes de primera necesidad para los ciudadanos.

4- Compromiso de elaborar por parte de este municipio un plan contra la pobreza energética, con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a los suministros básicos del hogar que permita identificar, prevenir y corregir las situaciones detectadas y que esté en funcionamiento antes del diciembre de 2017.

5- Dar traslado de los acuerdos anteriores al Gobierno de España y a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.

DH DIARIO DIGITAL / REDACCIÓN

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