Según informa la agencia de noticias Europa Press, el Comité Central del Partido Comunista de Andalucía (PCA) ha sancionado al que fuera portavoz de Izquierda Unida (IU) en Dos Hermanas y actual Coordinador Provincial en Sevilla, Manuel Lay, con un año de suspensión de militancia después de que éste presentara una lista alternativa a la acordada por el comité provincial para dirigir Izquierda Unida.
Tras vencer en la asamblea provincial de IU, Manuel Lay, que cosechó el 70% del apoyo, y otros nueve militantes fueron expedientados por el Comité Provincial del PCA. Como consecuencia, se acordó sancionar al exportavoz de IU en Dos Hermanas con dos años de suspensión de militancia, algo que fue recurrido y ha sido reducido a un año suspensión por el comité andaluz.
Desde el entorno de apoyo a Lay hablan de “purga de militantes” y de “malestar” de la militancia debido a las decisiones tomadas tras el último proceso congresual. Todas estas declaraciones apuntan directamente al nuevo secretario político del PCA sevillano, Miguel Ángel Bustamante, y al secretario de Organización provincial, Ismael Sánchez, al intentar “imponer” los dos años de suspensión.
Fuentes de este entorno achacan ese “malestar por dicha sanción” a un contexto en el que el PCA “ha acordado recuperar Izquierda Unida como movimiento político y social frente al modelo clásico de partido político y apostar decididamente por la confluencia de IU con Podemos y otras fuerzas políticas”.
Ismael Sánchez, secretario de Organización provincial del Partido Comunista de Andalucía, frente a estas declaraciones, ha recordado que los estatutos del partido son de obligado cumplimiento para la militancia, donde “se exige unidad de acción y cohesión una vez finalizado el debate y cuando ya se ha tomado un acuerdo en los órganos de dirección”. Incide en que la lista acordada era "heterogénea", pero Lay decidió presentar la suya más allá del acuerdo del partido, por lo que se le abrió un expediente sancionador.
De esta manera, Sánchez niega cualquier tipo de “purga” e incide en el cumplimiento estricto por parte de la militancia de los estatutos y acuerdos que fueron aprobados en diciembre de 2017. Explica que la expulsión se entiende dentro de la actuación "en contra de esos acuerdos" y considera que se han salvaguardado los derechos de Lay en el proceso, teniendo en cuenta que el expediente fue abordado por un instructor "de manera independiente", que fue el encargado de imponer la sanción, y que ha tenido la oportunidad de exponer sus razones y recurrir su decisión.
Tras vencer en la asamblea provincial de IU, Manuel Lay, que cosechó el 70% del apoyo, y otros nueve militantes fueron expedientados por el Comité Provincial del PCA. Como consecuencia, se acordó sancionar al exportavoz de IU en Dos Hermanas con dos años de suspensión de militancia, algo que fue recurrido y ha sido reducido a un año suspensión por el comité andaluz.
Desde el entorno de apoyo a Lay hablan de “purga de militantes” y de “malestar” de la militancia debido a las decisiones tomadas tras el último proceso congresual. Todas estas declaraciones apuntan directamente al nuevo secretario político del PCA sevillano, Miguel Ángel Bustamante, y al secretario de Organización provincial, Ismael Sánchez, al intentar “imponer” los dos años de suspensión.
Fuentes de este entorno achacan ese “malestar por dicha sanción” a un contexto en el que el PCA “ha acordado recuperar Izquierda Unida como movimiento político y social frente al modelo clásico de partido político y apostar decididamente por la confluencia de IU con Podemos y otras fuerzas políticas”.
Ismael Sánchez, secretario de Organización provincial del Partido Comunista de Andalucía, frente a estas declaraciones, ha recordado que los estatutos del partido son de obligado cumplimiento para la militancia, donde “se exige unidad de acción y cohesión una vez finalizado el debate y cuando ya se ha tomado un acuerdo en los órganos de dirección”. Incide en que la lista acordada era "heterogénea", pero Lay decidió presentar la suya más allá del acuerdo del partido, por lo que se le abrió un expediente sancionador.
De esta manera, Sánchez niega cualquier tipo de “purga” e incide en el cumplimiento estricto por parte de la militancia de los estatutos y acuerdos que fueron aprobados en diciembre de 2017. Explica que la expulsión se entiende dentro de la actuación "en contra de esos acuerdos" y considera que se han salvaguardado los derechos de Lay en el proceso, teniendo en cuenta que el expediente fue abordado por un instructor "de manera independiente", que fue el encargado de imponer la sanción, y que ha tenido la oportunidad de exponer sus razones y recurrir su decisión.
DH DIARIO DIGITAL / REDACCIÓN
