La uralita se utilizó durante varias décadas de manera masiva en varias estructuras, edificaciones y sistema de tuberías en nuestro país. Hoy en día, sigue estando presente en algunas construcciones antiguas, pese a su prohibición en el año 2002. No obstante, en este momento, se ha establecido la obligatoriedad de su retirada en las instalaciones y edificios públicos en España por el riesgo que supone para la salud.
La Unión Europea (UE) lo prohibió terminantemente en el 2005 por su enorme toxicidad y peligrosidad para la salud humana. Los estudios demostraron que este material compuesto por fibras de cemento y amianto provoca lesiones pulmonares y cáncer en las personas expuestas al mismo. En nuestro país, desde la aparición del Real Decreto de 1989 hasta la Ley de Residuos y Suelos Contaminados de 2022, se han buscado normativas aplicables para tener un mayor control sobre la retirada de uralita de manera progresiva.
En la Ley 7/2022, de 8 de abril, se establecen los plazos para la retirada del amianto para su eliminación progresiva y definitiva. De acuerdo con esta normativa, todos los ayuntamientos españoles deberían haber presentado el censo antes de abril de 2023. Incluso, algunos han concedido subvenciones y ayudas para cambiar estos elementos con ayuda de una compañía certificada.
A partir del 2028, las autoridades sanitarias, medioambientales y competentes deberán inspeccionar y verificar qué edificios, instalaciones, recintos, infraestructuras públicas se encuentran libres de amianto. El artículo 30 de esta ley señala que en este proceso de demolición deberán retirarse, tanto las sustancias peligrosas y las que no lo son, teniendo en cuenta este material.
No obstante, el proceso de retirar uralita no puede realizarlo cualquier persona ni actuar por voluntad propia. Tendrá que hacerlo una empresa autorizada y que figure en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto de la comunidad autónoma correspondiente. Tal como hemos anunciado, el peligro principal está en el deterioro y desmontaje. Además, es fundamental saber cuándo se instaló este material, porque si fue después del 2002, su eliminación es obligatoria, ya que su uso estaba prohibido en esta fecha.
En conclusión, la peligrosidad de la uralita ha dado lugar a que muchas personas contacten con profesionales para su retirada. En este sentido, Desatascos Henares es una empresa que presta servicios de pocería en Madrid cuyo objetivo es velar por el buen funcionamiento de los tubos y desagües. Asimismo, su cometido también es salvaguardar a los clientes de la exposición a este material. Para un correcto asesoramiento y la retirada del amianto, lo más conveniente es ponerse en manos de estos expertos para obtener una mayor información.
La Unión Europea (UE) lo prohibió terminantemente en el 2005 por su enorme toxicidad y peligrosidad para la salud humana. Los estudios demostraron que este material compuesto por fibras de cemento y amianto provoca lesiones pulmonares y cáncer en las personas expuestas al mismo. En nuestro país, desde la aparición del Real Decreto de 1989 hasta la Ley de Residuos y Suelos Contaminados de 2022, se han buscado normativas aplicables para tener un mayor control sobre la retirada de uralita de manera progresiva.
La obligatoriedad de retirar la uralita según la normativa vigente
A pesar de esta prohibición y la normativa vigente, todavía existen estructuras que contienen uralita. El problema se presenta cuando las construcciones o edificaciones se manipulan o deterioran, porque existe el riesgo de inhalación. Por eso, cuando se procede a una reforma o rehabilitación, las empresas especializadas son las únicas responsables de retirar este material de la estructura.En la Ley 7/2022, de 8 de abril, se establecen los plazos para la retirada del amianto para su eliminación progresiva y definitiva. De acuerdo con esta normativa, todos los ayuntamientos españoles deberían haber presentado el censo antes de abril de 2023. Incluso, algunos han concedido subvenciones y ayudas para cambiar estos elementos con ayuda de una compañía certificada.
A partir del 2028, las autoridades sanitarias, medioambientales y competentes deberán inspeccionar y verificar qué edificios, instalaciones, recintos, infraestructuras públicas se encuentran libres de amianto. El artículo 30 de esta ley señala que en este proceso de demolición deberán retirarse, tanto las sustancias peligrosas y las que no lo son, teniendo en cuenta este material.
No obstante, el proceso de retirar uralita no puede realizarlo cualquier persona ni actuar por voluntad propia. Tendrá que hacerlo una empresa autorizada y que figure en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto de la comunidad autónoma correspondiente. Tal como hemos anunciado, el peligro principal está en el deterioro y desmontaje. Además, es fundamental saber cuándo se instaló este material, porque si fue después del 2002, su eliminación es obligatoria, ya que su uso estaba prohibido en esta fecha.
En conclusión, la peligrosidad de la uralita ha dado lugar a que muchas personas contacten con profesionales para su retirada. En este sentido, Desatascos Henares es una empresa que presta servicios de pocería en Madrid cuyo objetivo es velar por el buen funcionamiento de los tubos y desagües. Asimismo, su cometido también es salvaguardar a los clientes de la exposición a este material. Para un correcto asesoramiento y la retirada del amianto, lo más conveniente es ponerse en manos de estos expertos para obtener una mayor información.
