Hace unos días supimos por los medios de comunicación que en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid se manipulaban las listas de espera quirúrgicas sin criterios médicos, pero sí con criterios de beneficio personal de quien las modificaba porque, al parecer, dicho cambio les permitía cobrar un plus por productividad. Esas prácticas se vienen haciendo desde hace muchos años en muchos hospitales de muchas comunidades autónomas —no diré de todas para que no me llamen "embustero"—.
El manejo de las listas de espera ha sido poco claro y, en muchas ocasiones, perverso. Por mi dedicación profesional, he convivido con eso, principalmente en la especialidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología, en el entorno de Andalucía.
Una forma de resolver listas de espera es subcontratar con la privada, y se daba la paradoja de que el mismo cirujano —que por la mañana, de 08:00 a 15:00, que es el horario por el que recibe su salario público y asegurado todos los meses, realizaba dos cirugías de prótesis de rodilla, por ejemplo—, esa misma tarde, en la privada, el mismo cirujano y cobrando por acto médico, realizaba tres cirugías idénticas, en muchas ocasiones con el mismo material, pero en un horario que iba desde las 16:00 hasta las 21:00.
Resultaba curioso que el mismo cirujano que generaba listas de espera por falta de productividad en la pública por las mañanas ganara dinero rebajando esas mismas listas de espera por la tarde. No sé ustedes, pero yo no conozco a ningún trabajador al que su empresa, en este caso el Servicio Andaluz de Salud (SAS), le permita trabajar para la competencia.
Otra forma era que se hacían equipos quirúrgicos de cirujanos, enfermeras y anestesistas que, para evitar aquello de que cobraran por eliminar las listas que ellos aumentaban, los fines de semana se desplazaban a otros hospitales públicos para realizar las cirugías, cobrando también por acto médico.
Esto se dejó de hacer porque los propios cirujanos de los distintos hospitales se quejaban de que ellos tenían que hacerse cargo de los postoperatorios de otros. En definitiva, una profesión de la que muchos de ellos presumen de vocacional acaba siendo pervertida por el dinero.
Otra trampa, por no decir estafa, es modificar los criterios a partir de los cuales empiezan a contar los días. Cualquier ciudadano con sentido común piensa que entra en la lista de espera en el mismo momento en que el especialista anota en su historia clínica la necesidad de una cirugía programada para resolver su problema de salud.
Pues bien, así era, y los mismos políticos, en los parlamentos autonómicos, decidieron apuntarse el tanto de fijar compromisos determinando por ley los plazos para distintas actuaciones, de 90 o 180 días. Cuando llegó la crisis financiera de 2008 y todo se complicó por falta de recursos, mientras se daba a los bancos más de 60.000 millones de euros, y los gestores de la Sanidad Pública no eran capaces de cumplir sus propios plazos, en vez de contratar más personal y ampliar determinados servicios en horario de tarde o salir y decir la verdad a los ciudadanos —de que les faltaban recursos—, decidieron hacerse trampas al solitario y modificar los criterios de inclusión en las listas de espera.
Por ejemplo, en la espera quirúrgica, en vez de empezar a contar los días desde el momento en que se decide que esa es la solución, se empiezan a contar desde que el anestesista hace su estudio previo. ¡Problema resuelto! Pues, incluso así, siguen haciendo trampas.
Hay otra cosa que los usuarios de la Sanidad pública supongo que les gustará saber: yo he visto cómo el mismo cirujano que por la mañana, en la pública, hablaba de pacientes, por la tarde, en la privada, hablaba de clientes. He visto cómo se reducían costes en la privada prescindiendo del cirujano ayudante y, en ocasiones, incluso de la enfermera instrumentista; y el cirujano que cobraba se hacía ayudar por personas que no tenían documentación que acreditara su cualificación, lo que aumentaba su propio beneficio.
He visto Unidades de Cuidados Intensivos, en algunos hospitales privados, cuya dotación de tecnología no cubría los mínimos imprescindibles, y el personal que atendía el servicio no tenía la especialidad de intensivistas. Supongo que todos conocemos algún caso del que sabemos que, al empeorar el paciente, se producía un traslado al hospital público de referencia.
Cualquiera que haya observado en los últimos 15 años habrá podido constatar el crecimiento de los centros de consulta, diagnóstico y cirugía de la sanidad privada, desde pequeñas —pero muy bien decoradas— consultas hasta grandes hospitales. Eso habría sido imposible sin la complicidad de los gestores públicos que han permitido su parasitación: los privados se hacen grandes con el dinero de los impuestos de todos los ciudadanos.
Toda mi experiencia, desde que empecé peleándome con las monjas —que entonces eran las jefas de enfermería en los hospitales— para que hicieran el cambio al material estéril y, por supuesto, de un solo uso, hasta ver cómo, a principios del presente siglo, España y Andalucía tenían un modelo de sanidad de alta calidad basándose en el Sistema Público de Salud; a partir de la crisis económica del 2008 he visto cómo se deterioraba, cómo los gestores, de cualquier signo político, comenzaban a aplicar criterios economicistas propios de las empresas privadas, sin darse cuenta de que ese Sistema Público no tiene que proporcionar beneficios económicos medibles en dinero, sino algo infinitamente superior: Salud Pública y también la salud individual de cada uno de los ciudadanos.
¿Alguien ha calculado cuánto dinero nos cuesta la lista de espera quirúrgica en el tiempo que un trabajador está de baja esperando una cirugía y, por tanto, recibiendo su legítima prestación por incapacidad temporal? Estoy seguro de que cualquiera de ustedes que leen este artículo es capaz de poner otros muchos ejemplos de pérdidas económicas derivadas de las listas de espera en Atención Primaria y en especialidades diagnósticas, médicas y quirúrgicas.
Por todo ello, soy cada día más radical en la defensa de los Servicios Públicos, hasta el extremo de prohibir o limitar lo máximo posible el ejercicio privado de los servicios públicos. El derecho a la salud debería ser igual para todos los ciudadanos, y el ejercicio privado de la sanidad rompe esa igualdad.
El manejo de las listas de espera ha sido poco claro y, en muchas ocasiones, perverso. Por mi dedicación profesional, he convivido con eso, principalmente en la especialidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología, en el entorno de Andalucía.
Una forma de resolver listas de espera es subcontratar con la privada, y se daba la paradoja de que el mismo cirujano —que por la mañana, de 08:00 a 15:00, que es el horario por el que recibe su salario público y asegurado todos los meses, realizaba dos cirugías de prótesis de rodilla, por ejemplo—, esa misma tarde, en la privada, el mismo cirujano y cobrando por acto médico, realizaba tres cirugías idénticas, en muchas ocasiones con el mismo material, pero en un horario que iba desde las 16:00 hasta las 21:00.
Resultaba curioso que el mismo cirujano que generaba listas de espera por falta de productividad en la pública por las mañanas ganara dinero rebajando esas mismas listas de espera por la tarde. No sé ustedes, pero yo no conozco a ningún trabajador al que su empresa, en este caso el Servicio Andaluz de Salud (SAS), le permita trabajar para la competencia.
Otra forma era que se hacían equipos quirúrgicos de cirujanos, enfermeras y anestesistas que, para evitar aquello de que cobraran por eliminar las listas que ellos aumentaban, los fines de semana se desplazaban a otros hospitales públicos para realizar las cirugías, cobrando también por acto médico.
Esto se dejó de hacer porque los propios cirujanos de los distintos hospitales se quejaban de que ellos tenían que hacerse cargo de los postoperatorios de otros. En definitiva, una profesión de la que muchos de ellos presumen de vocacional acaba siendo pervertida por el dinero.
Otra trampa, por no decir estafa, es modificar los criterios a partir de los cuales empiezan a contar los días. Cualquier ciudadano con sentido común piensa que entra en la lista de espera en el mismo momento en que el especialista anota en su historia clínica la necesidad de una cirugía programada para resolver su problema de salud.
Pues bien, así era, y los mismos políticos, en los parlamentos autonómicos, decidieron apuntarse el tanto de fijar compromisos determinando por ley los plazos para distintas actuaciones, de 90 o 180 días. Cuando llegó la crisis financiera de 2008 y todo se complicó por falta de recursos, mientras se daba a los bancos más de 60.000 millones de euros, y los gestores de la Sanidad Pública no eran capaces de cumplir sus propios plazos, en vez de contratar más personal y ampliar determinados servicios en horario de tarde o salir y decir la verdad a los ciudadanos —de que les faltaban recursos—, decidieron hacerse trampas al solitario y modificar los criterios de inclusión en las listas de espera.
Por ejemplo, en la espera quirúrgica, en vez de empezar a contar los días desde el momento en que se decide que esa es la solución, se empiezan a contar desde que el anestesista hace su estudio previo. ¡Problema resuelto! Pues, incluso así, siguen haciendo trampas.
Hay otra cosa que los usuarios de la Sanidad pública supongo que les gustará saber: yo he visto cómo el mismo cirujano que por la mañana, en la pública, hablaba de pacientes, por la tarde, en la privada, hablaba de clientes. He visto cómo se reducían costes en la privada prescindiendo del cirujano ayudante y, en ocasiones, incluso de la enfermera instrumentista; y el cirujano que cobraba se hacía ayudar por personas que no tenían documentación que acreditara su cualificación, lo que aumentaba su propio beneficio.
He visto Unidades de Cuidados Intensivos, en algunos hospitales privados, cuya dotación de tecnología no cubría los mínimos imprescindibles, y el personal que atendía el servicio no tenía la especialidad de intensivistas. Supongo que todos conocemos algún caso del que sabemos que, al empeorar el paciente, se producía un traslado al hospital público de referencia.
Cualquiera que haya observado en los últimos 15 años habrá podido constatar el crecimiento de los centros de consulta, diagnóstico y cirugía de la sanidad privada, desde pequeñas —pero muy bien decoradas— consultas hasta grandes hospitales. Eso habría sido imposible sin la complicidad de los gestores públicos que han permitido su parasitación: los privados se hacen grandes con el dinero de los impuestos de todos los ciudadanos.
Toda mi experiencia, desde que empecé peleándome con las monjas —que entonces eran las jefas de enfermería en los hospitales— para que hicieran el cambio al material estéril y, por supuesto, de un solo uso, hasta ver cómo, a principios del presente siglo, España y Andalucía tenían un modelo de sanidad de alta calidad basándose en el Sistema Público de Salud; a partir de la crisis económica del 2008 he visto cómo se deterioraba, cómo los gestores, de cualquier signo político, comenzaban a aplicar criterios economicistas propios de las empresas privadas, sin darse cuenta de que ese Sistema Público no tiene que proporcionar beneficios económicos medibles en dinero, sino algo infinitamente superior: Salud Pública y también la salud individual de cada uno de los ciudadanos.
¿Alguien ha calculado cuánto dinero nos cuesta la lista de espera quirúrgica en el tiempo que un trabajador está de baja esperando una cirugía y, por tanto, recibiendo su legítima prestación por incapacidad temporal? Estoy seguro de que cualquiera de ustedes que leen este artículo es capaz de poner otros muchos ejemplos de pérdidas económicas derivadas de las listas de espera en Atención Primaria y en especialidades diagnósticas, médicas y quirúrgicas.
Por todo ello, soy cada día más radical en la defensa de los Servicios Públicos, hasta el extremo de prohibir o limitar lo máximo posible el ejercicio privado de los servicios públicos. El derecho a la salud debería ser igual para todos los ciudadanos, y el ejercicio privado de la sanidad rompe esa igualdad.
ÁNGEL DÍEZ DE MIGUEL
ILUSTRACIÓN: ANDALUCÍA DIGITAL
ILUSTRACIÓN: ANDALUCÍA DIGITAL
