La consejera de Salud, Marina Álvarez, ha anunciado este miércoles en el Parlamento de Andalucía que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha decidido personarse como acusación particular en la causa que investiga la muerte de Rocío Cortés en un ascensor del Hospital de Valme de Sevilla el pasado 20 de agosto, al asegurar que la administración sanitaria es la primera interesada en esclarecer lo ocurrido.
En un comunicado de la Consejería de Salud, se indica que además de asegurar que la administración sanitaria sea la primera en querer esclarecer lo que ocurrió, también desea depurar las responsabilidades que puedan existir, colaborando con la justicia para que se lleve a cabo una investigación “rigurosa”.
La titular de Salud, que ha iniciado su intervención reiterando públicamente el apoyo y las condolencias a la familia de la joven nazarena Rocío Cortés, ha evitado entrar en detalles que “puedan herir la sensibilidad de familiares, enturbiar la investigación o afectar al transcurso del proceso judicial abierto”.
Tras aportar los datos relativos al trágico accidente, la consejera ha tenido palabras de agradecimiento y de reconocimiento a los profesionales del Hospital de Valme, así como a su equipo directivo y al equipo de guardia del 20 de agosto, por su respuesta “ejemplar” en unos momentos “muy duros”, algo que pudo constatar desde el primer momento en que acudió al centro y que han seguido demostrando hasta hoy.
Por el contrario, ha lamentado que algunos grupos políticos, como el PP, estén cuestionando esta profesionalidad, por lo que les ha reprochado que en política “no todo vale”. “Lamentablemente, hemos tenido que ver cómo algunos han aprovechado sin escrúpulos el accidente como una oportunidad de ataque a la sanidad pública, estableciendo rápidamente y sin necesidad de investigación las causas del mismo y realizando un juicio paralelo”.
En esta línea, ha pedido “una actitud responsable ante la familia y ante la sociedad, así como respeto ante la investigación abierta para evitar juicios paralelos”, negando que este accidente pueda estar relacionado con recortes o medidas economicistas, como se ha intentado trasladar a la opinión pública. “Se está colaborando con la investigación con las máximas garantías de objetividad, neutralidad y transparencia”, ha enfatizado Marina Álvarez.
Atención a la familia y colaboración con la Policía Judicial
Desde el primer momento, tal cual ha recordado la consejera, se estableció un dispositivo permanente de ayuda a la familia por parte de la dirección asistencial, con los profesionales para apoyo psicológico, que actuaron a demanda de la familia durante toda la tarde del domingo. Asimismo, a lo largo de todo el proceso se asegura que la familia ha tenido a su disposición a la dirección del hospital de forma abierta y permanente, en unas ocasiones de forma activa -a iniciativa del centro- y otras a demanda de los requerimientos que la familia les ha hecho hasta el momento.
También la consejera estuvo con la familia personalmente el mismo día del accidente, para trasladar el pésame de manera personal y ponerse a disposición de la familia, con quien ha mantenido contacto telefónico posteriormente. En relación con la atención a la recién nacida que se encuentra en el Hospital Virgen del Rocío, la Consejería asegura que la familia cuenta con el teléfono de la gerente del centro desde el primer momento.
Por otro lado, en dicho comunicado se indica que el equipo de dirección se puso a disposición de la Policía Judicial para facilitar el esclarecimiento de las causas que pueden haber ocasionado el accidente. En la noche del accidente, la dirección del Hospital de Valme asegura que pidió una revisión extraordinaria de los otros ascensores en funcionamiento, que realizó una empresa externa y cuya actuación se comunicó a los profesionales y a la gestoría de usuarios.
Al día siguiente del accidente, la dirección del hospital mantuvo reuniones desde primera hora de la mañana con celadores, cargos intermedios, Junta de Personal y profesionales. Y en los días posteriores añade que se mantuvo activa la comunicación directa con la Junta de Personal y cargos intermedios al objeto de ir transmitiendo de forma inmediata y clara todas y cada una de las actuaciones que se iban desarrollando.
Cumplimiento de la normativa
A día de hoy, el ascensor se encuentra clausurado al ser objeto de la investigación judicial abierta. Álvarez ha recordado que, tal y como se informó en su momento, este ascensor había pasado todos los controles y las revisiones reglamentarias establecidas en la normativa vigente, incluidas las revisiones preventivas que mensualmente realiza la empresa mantenedora ORONA, como las inspecciones que debe hacer un Organismo de Control Autorizado (OCA), que en el caso de los hospitales es cada dos años.
La última revisión preventiva de ORONA tuvo lugar el 12 de agosto, con resultado ‘favorable’, y la inspección de la OCA, que se hace cada dos años, el pasado 15 de mayo, con resultado ‘favorable y sin defectos’.
La consejera de Salud ha incidido en que la responsabilidad del SAS respecto a los ascensores de sus edificios es asegurar que se cumple la normativa vigente y controlar que las revisiones están al día. Así, ha asegurado que actualmente todos los ascensores ubicados en centros sanitarios del Sistema Sanitario Público Andaluz han pasado su inspección oficial correspondiente en los plazos establecidos, contando el SAS con toda la documentación correspondiente que lo acredita.
La normativa nacional que regula el control y mantenimiento para ascensores de edificios públicos y que ha cumplido el Hospital de Valme y el Servicio Andaluz de Salud en todo momento, establece los requisitos -según se recoge en el comunicado- que debe seguir un ascensor para salvaguardar la seguridad de personas y bienes, así como las condiciones y plazos de revisión e inspección para mantener dichas pautas. En el caso de los ascensores de edificios públicos y, por ende, también en hospitales públicos, obliga al titular del ascensor a suscribir un contrato de mantenimiento con una empresa conservadora de ascensores acreditada.
Asimismo -según se añade-, obliga a las empresas conservadoras a realizar el mantenimiento preventivo de los ascensores al menos una vez al mes en el caso de hospitales. Igualmente, obliga a que, adicionalmente al mantenimiento, el ascensor debe someterse a una inspección periódica por un Organismo de Control Autorizado (OCA) e imparcial, por tanto, ajeno al titular, que certifique que sus condiciones de funcionamiento y seguridad se mantienen. En el caso de los hospitales es cada dos años.
La consejera ha aclarado que a fin de garantizar el cumplimiento de la empresa en sus obligaciones y valorar el servicio prestado, desde la Plataforma Logística de Sevilla se realiza un seguimiento a la empresa cada cuatro meses. Hasta la fecha se han celebrado 13 reuniones para ello.
Protocolo ante denuncias e incidencias
También ante las dudas que se han transmitido públicamente sobre denuncias e incidencias previas en el ascensor, la consejera ha explicado que el hospital tiene un protocolo ante denuncias e incidencias con respecto al funcionamiento de los ascensores, asegurando siempre su notificación a la empresa mantenedora y asegurando la realización de las medidas pertinentes.
Además, según establece el protocolo, la empresa mantenedora tiene la obligación de comunicar al hospital cualquier avería que afecte al normal funcionamiento del ascensor a fin de coordinar conjuntamente la actuación. En este sentido, no existen denuncias sobre el ascensor accidentado desde su última revisión.
Asimismo, el SAS tiene regulado, a nivel interno, el procedimiento de notificación de riesgo laboral y son los delegados de prevención y los comités de seguridad y salud, las instancias de referencia para trabajadores y organizaciones sindicales ante cualquier situación que afecte a la salud laboral o la seguridad de los trabajadores.
Todas y cada una de las denuncias realizadas por el sindicato USO, según ha detallado, fueron atendidas según el protocolo del centro, comunicándolas a la empresa mantenedora, asegurando que se llevaban a cabo las actuaciones pertinentes e informando al sindicato de ello. “De todo tenemos trazabilidad y podemos demostrar las actuaciones realizadas en cada una de ellas”, ha esgrimido.
Como muestra de la disposición del hospital a atender las demandas y expectativas de los trabajadores, ha comentado que el hospital ha llevado a cabo más de 20 reuniones con el sindicato USO entre los años 2016 y 2017, y que se estableció un grupo de trabajo con profesionales para mejorar la funcionalidad de los ascensores y responder a sus expectativas, fruto de las cuales en verano de 2016 se llevaron a cabo actuaciones importantes en los ascensores de la pastilla central, con una inversión cercana a los 60.000 euros.
La consejera ha criticado que se hayan utilizado casos archivados por la justicia o denuncias a la inspección de trabajo que habían sido archivadas por no encontrar motivo de la misma o porque la inspección realizada demostró que todo estaba en regla. Así, ha reiterado que no existen denuncias de sindicatos en el año 2017 y que en el ascensor en el que ocurrió el accidente no existen denuncias ni incidencias tras su última revisión.
Para la consejera, todo ello “supone una falta de respeto a la familia y a los profesionales que están trabajando para llevar a cabo una investigación rigurosa, y por supuesto supone una falta de respeto al proceso judicial abierto y una falta de responsabilidad creando alarma en la población”.
En un comunicado de la Consejería de Salud, se indica que además de asegurar que la administración sanitaria sea la primera en querer esclarecer lo que ocurrió, también desea depurar las responsabilidades que puedan existir, colaborando con la justicia para que se lleve a cabo una investigación “rigurosa”.
La titular de Salud, que ha iniciado su intervención reiterando públicamente el apoyo y las condolencias a la familia de la joven nazarena Rocío Cortés, ha evitado entrar en detalles que “puedan herir la sensibilidad de familiares, enturbiar la investigación o afectar al transcurso del proceso judicial abierto”.
Tras aportar los datos relativos al trágico accidente, la consejera ha tenido palabras de agradecimiento y de reconocimiento a los profesionales del Hospital de Valme, así como a su equipo directivo y al equipo de guardia del 20 de agosto, por su respuesta “ejemplar” en unos momentos “muy duros”, algo que pudo constatar desde el primer momento en que acudió al centro y que han seguido demostrando hasta hoy.
Por el contrario, ha lamentado que algunos grupos políticos, como el PP, estén cuestionando esta profesionalidad, por lo que les ha reprochado que en política “no todo vale”. “Lamentablemente, hemos tenido que ver cómo algunos han aprovechado sin escrúpulos el accidente como una oportunidad de ataque a la sanidad pública, estableciendo rápidamente y sin necesidad de investigación las causas del mismo y realizando un juicio paralelo”.
En esta línea, ha pedido “una actitud responsable ante la familia y ante la sociedad, así como respeto ante la investigación abierta para evitar juicios paralelos”, negando que este accidente pueda estar relacionado con recortes o medidas economicistas, como se ha intentado trasladar a la opinión pública. “Se está colaborando con la investigación con las máximas garantías de objetividad, neutralidad y transparencia”, ha enfatizado Marina Álvarez.
Atención a la familia y colaboración con la Policía Judicial
Desde el primer momento, tal cual ha recordado la consejera, se estableció un dispositivo permanente de ayuda a la familia por parte de la dirección asistencial, con los profesionales para apoyo psicológico, que actuaron a demanda de la familia durante toda la tarde del domingo. Asimismo, a lo largo de todo el proceso se asegura que la familia ha tenido a su disposición a la dirección del hospital de forma abierta y permanente, en unas ocasiones de forma activa -a iniciativa del centro- y otras a demanda de los requerimientos que la familia les ha hecho hasta el momento.
También la consejera estuvo con la familia personalmente el mismo día del accidente, para trasladar el pésame de manera personal y ponerse a disposición de la familia, con quien ha mantenido contacto telefónico posteriormente. En relación con la atención a la recién nacida que se encuentra en el Hospital Virgen del Rocío, la Consejería asegura que la familia cuenta con el teléfono de la gerente del centro desde el primer momento.
Por otro lado, en dicho comunicado se indica que el equipo de dirección se puso a disposición de la Policía Judicial para facilitar el esclarecimiento de las causas que pueden haber ocasionado el accidente. En la noche del accidente, la dirección del Hospital de Valme asegura que pidió una revisión extraordinaria de los otros ascensores en funcionamiento, que realizó una empresa externa y cuya actuación se comunicó a los profesionales y a la gestoría de usuarios.
Al día siguiente del accidente, la dirección del hospital mantuvo reuniones desde primera hora de la mañana con celadores, cargos intermedios, Junta de Personal y profesionales. Y en los días posteriores añade que se mantuvo activa la comunicación directa con la Junta de Personal y cargos intermedios al objeto de ir transmitiendo de forma inmediata y clara todas y cada una de las actuaciones que se iban desarrollando.
Cumplimiento de la normativa
A día de hoy, el ascensor se encuentra clausurado al ser objeto de la investigación judicial abierta. Álvarez ha recordado que, tal y como se informó en su momento, este ascensor había pasado todos los controles y las revisiones reglamentarias establecidas en la normativa vigente, incluidas las revisiones preventivas que mensualmente realiza la empresa mantenedora ORONA, como las inspecciones que debe hacer un Organismo de Control Autorizado (OCA), que en el caso de los hospitales es cada dos años.
La última revisión preventiva de ORONA tuvo lugar el 12 de agosto, con resultado ‘favorable’, y la inspección de la OCA, que se hace cada dos años, el pasado 15 de mayo, con resultado ‘favorable y sin defectos’.
La consejera de Salud ha incidido en que la responsabilidad del SAS respecto a los ascensores de sus edificios es asegurar que se cumple la normativa vigente y controlar que las revisiones están al día. Así, ha asegurado que actualmente todos los ascensores ubicados en centros sanitarios del Sistema Sanitario Público Andaluz han pasado su inspección oficial correspondiente en los plazos establecidos, contando el SAS con toda la documentación correspondiente que lo acredita.
La normativa nacional que regula el control y mantenimiento para ascensores de edificios públicos y que ha cumplido el Hospital de Valme y el Servicio Andaluz de Salud en todo momento, establece los requisitos -según se recoge en el comunicado- que debe seguir un ascensor para salvaguardar la seguridad de personas y bienes, así como las condiciones y plazos de revisión e inspección para mantener dichas pautas. En el caso de los ascensores de edificios públicos y, por ende, también en hospitales públicos, obliga al titular del ascensor a suscribir un contrato de mantenimiento con una empresa conservadora de ascensores acreditada.
Asimismo -según se añade-, obliga a las empresas conservadoras a realizar el mantenimiento preventivo de los ascensores al menos una vez al mes en el caso de hospitales. Igualmente, obliga a que, adicionalmente al mantenimiento, el ascensor debe someterse a una inspección periódica por un Organismo de Control Autorizado (OCA) e imparcial, por tanto, ajeno al titular, que certifique que sus condiciones de funcionamiento y seguridad se mantienen. En el caso de los hospitales es cada dos años.
La consejera ha aclarado que a fin de garantizar el cumplimiento de la empresa en sus obligaciones y valorar el servicio prestado, desde la Plataforma Logística de Sevilla se realiza un seguimiento a la empresa cada cuatro meses. Hasta la fecha se han celebrado 13 reuniones para ello.
Protocolo ante denuncias e incidencias
También ante las dudas que se han transmitido públicamente sobre denuncias e incidencias previas en el ascensor, la consejera ha explicado que el hospital tiene un protocolo ante denuncias e incidencias con respecto al funcionamiento de los ascensores, asegurando siempre su notificación a la empresa mantenedora y asegurando la realización de las medidas pertinentes.
Además, según establece el protocolo, la empresa mantenedora tiene la obligación de comunicar al hospital cualquier avería que afecte al normal funcionamiento del ascensor a fin de coordinar conjuntamente la actuación. En este sentido, no existen denuncias sobre el ascensor accidentado desde su última revisión.
Asimismo, el SAS tiene regulado, a nivel interno, el procedimiento de notificación de riesgo laboral y son los delegados de prevención y los comités de seguridad y salud, las instancias de referencia para trabajadores y organizaciones sindicales ante cualquier situación que afecte a la salud laboral o la seguridad de los trabajadores.
Todas y cada una de las denuncias realizadas por el sindicato USO, según ha detallado, fueron atendidas según el protocolo del centro, comunicándolas a la empresa mantenedora, asegurando que se llevaban a cabo las actuaciones pertinentes e informando al sindicato de ello. “De todo tenemos trazabilidad y podemos demostrar las actuaciones realizadas en cada una de ellas”, ha esgrimido.
Como muestra de la disposición del hospital a atender las demandas y expectativas de los trabajadores, ha comentado que el hospital ha llevado a cabo más de 20 reuniones con el sindicato USO entre los años 2016 y 2017, y que se estableció un grupo de trabajo con profesionales para mejorar la funcionalidad de los ascensores y responder a sus expectativas, fruto de las cuales en verano de 2016 se llevaron a cabo actuaciones importantes en los ascensores de la pastilla central, con una inversión cercana a los 60.000 euros.
La consejera ha criticado que se hayan utilizado casos archivados por la justicia o denuncias a la inspección de trabajo que habían sido archivadas por no encontrar motivo de la misma o porque la inspección realizada demostró que todo estaba en regla. Así, ha reiterado que no existen denuncias de sindicatos en el año 2017 y que en el ascensor en el que ocurrió el accidente no existen denuncias ni incidencias tras su última revisión.
Para la consejera, todo ello “supone una falta de respeto a la familia y a los profesionales que están trabajando para llevar a cabo una investigación rigurosa, y por supuesto supone una falta de respeto al proceso judicial abierto y una falta de responsabilidad creando alarma en la población”.
DH DIARIO DIGITAL / REDACCIÓN
