Según ha podido informar el Ayuntamiento de Dos Hermanas, mediante un comunicado de prensa, el consistorio nazareno discrepa sobre algunas de las conclusiones emitidas por la Cámara de Cuentas en su informe de fiscalización de determinadas áreas correspondientes al ejercicio 2014, y así se lo ha hecho saber con la presentación de un total de 60 alegaciones redactadas por los técnicos de las distintas áreas de la administración municipal.
Aclara que “pese a la escasez de personal administrativo derivada de las limitaciones a las que estamos sometidas las Administraciones Públicas para contratar personal de plantilla, la colaboración con los técnicos de la Cámara de Cuentas durante más de un año ha sido máxima y diligente gracias a la dedicación de numerosos funcionarios de las distintas áreas analizadas”.
Algunas de las recomendaciones realizadas por la Cámara de Cuentas, y pese a nuestros técnicos discrepan con los argumentos dados, han sido aceptadas dado que no suponen cambios de criterio de especial relevancia, no obstante en un número importante de ellas se han presentado alegaciones en las que se documenta y justifican los criterios, ya sean contables o de interpretación de los preceptos normativos, que este Ayuntamiento viene aplicando con total transparencia y claridad.
En cuanto a la no ejecución de 659.267,29 euros de las inversiones financieramente sostenibles financiadas con el superávit del año 2012, señalar que esta circunstancia se produce por la importante baja que se produce en el proceso de licitación (de conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público) de las obras de urbanización de viario en el sector AO33, lo que permitió al Ayuntamiento, gracias a su solvencia y liquidez y al elevado nivel de competencia que se dio en el proceso, ejecutar dichas obras con un ahorro de más del 50%. Ahorro que no se pudo reinvertir por falta de tiempo para cumplir los requisitos que marca la Disposición Adicional Sexta de la LOESYSF en estos casos.
En lo relativo a la adaptación de la estructura organizativa del Ayuntamiento al régimen de los municipios de Gran Población, hay que resaltar que la misma supone un aumento de las estructuras administrativas y su consiguiente incremento de costes, en un momento en el que los Ayuntamientos tenemos que cumplir rigurosamente la regla del gasto y la estabilidad presupuestaria, lo que limita enormemente el crecimiento de los gastos y la viabilidad de la prestación de servicios esenciales para los ciudadanos en un municipio que crece año tras año a pesar de la crisis. Es por ello que dicha adaptación se está llevando a cabo progresivamente, pese a lo cual ya se han aprobado los Reglamentos reguladores de las Juntas municipales de Distrito, del Tribunal Económico Administrativo, así como distintos acuerdos encaminados al cumplimiento de la normativa en dicha materia.
Tampoco comparten los funcionarios del Ayuntamiento las conclusiones de la Cámara de Cuentas en relación a dos de las veintitrés modificaciones presupuestarias realizadas en el ejercicio analizado. En concreto, la Cámara de Cuentas no considera suficientemente acreditado en el expediente los motivos por los que no se lleva a cabo la incorporación total de los remanentes de crédito derivados de proyectos subvencionados, sin embargo, en los expedientes correspondientes constan las solicitudes de las áreas encargadas de gestionar dichos proyectos en los que solicitan la incorporación parcial de los créditos por haber concluido los programas o el plazo para su ejecución material; por lo que carecería de sentido la incorporación de unos créditos que no podrían destinarse a la finalidad para la que se dotaron.
Por otra parte, y en relación al segundo expediente de modificaciones presupuestarias en el que la Cámara de Cuentas dice encontrar irregularidades, fuentes municipales afirman que resulta paradójico que el informe considere que hubo de incorporarse los remanentes de crédito vinculados al destino del patrimonio municipal del suelo, cuando las aplicaciones de fondos en este patrimonio han sido superiores a los orígenes.
Tal y como se deduce del punto 20.4 de la memoria de las cuentas anuales de 2013, y del cuadro de excel que se puso a disposición de la Cámara de Cuentas, las desviaciones acumuladas del citado proyecto a 31 de diciembre de 2013 son negativas por importe de 5.844.033,35 euros, de tal forma que aunque existiesen remanentes de crédito en las aplicaciones presupuestarias vinculadas al citado proyecto, no es posible su incorporación ya que las desviaciones de financiación son negativas y no existían gastos comprometidos pendientes de ejecutar que hiciesen necesaria la incorporación de los citados remanentes.
Respecto a las contrataciones temporales, las alegaciones que presenta el Ayuntamiento muestran de forma contundente las discrepancias con las conclusiones del órgano fiscalizador. De los aproximadamente 6,2 millones de euros que el Ayuntamiento desembolsara en salarios de personal temporal en 2014, un 60% se correspondió con el desarrollo del denominado “Plan Municipal de Empleo”, de exclusiva financiación municipal, y el 40% restante tuvo por origen de fondos subvenciones finalistas procedentes en un 90% de la Junta de Andalucía, y el 10% restante de la Diputación Provincial de Sevilla.
En las bases y órdenes regulatorias de los programas de empleo citados de carácter provincial y/o autonómico, se establecen pormenorizadamente los requisitos procedimentales que han de observar los entes beneficiarios para ejecutar las actividades aprobadas, así como para contratar a aquellas personas, requisitos que este Ayuntamiento ha cumplido escrupulosamente.
En cuanto al Plan Municipal de Empleo, un programa con marcado carácter social, en el que se prima el trabajo de personas en riesgo de exclusión social o con dificultades transitorias antes que las ayudas económicas sin ninguna contraprestación en beneficio de la comunidad, y a semejanza de las iniciativas autonómica y provincial, tiene establecido unas condiciones de acceso que se regulan de forma clara y transparente en las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal, al igual que se regulan las condiciones de acceso del resto de personal temporal, todas ellas consensuadas con la representación sindical.
El problema del personal temporal, común en la gran mayoría de Administraciones Públicas, es el resultado de 10 años de restricciones por parte del Gobierno Central a la reposición de efectivos, cuyos efectos resultan más graves en Dos Hermanas ya que es el municipio con mayor crecimiento de la provincia de Sevilla.
Sobre la necesidad de controles internos que alerten sobre supuestos de concatenación de contratos, se ha trasladado a la Cámara de Cuentas que dichos controles ya existen y funcionan, lo que acredita el hecho de la inexistencia de reclamaciones, impugnaciones o demandas de trabajadores municipales sobre este tema.
Respecto a las conclusiones relacionadas con el registro contable de facturas, se ha informado a los técnicos de la Cámara que dicho registro no solo se encuentra interrelacionado con el sistema de información contable y el registro contable a través del programa de contabilidad SICAP, sino que además el reconocimiento de obligaciones de facturas se lleva a cabo de forma automática por dicho aplicativo informático.
Resulta por tanto incorrecto que la fecha de reconocimiento de la obligación figure en blanco en los casos señalados en el informe, así como que el registro contable de facturas no recoja la fecha de inicio del cómputo del plazo de pago de cada factura, siendo correctos los periodos medios de pago que trimestralmente vienen siendo comunicados al Ministerio de Hacienda, que por otra parte se calculan automáticamente por el programa informático de gestión.
Finalmente resaltar que todas las recomendaciones de la Cámara de Cuentas derivan de diferencias de interpretación de las normas contables o jurídicas, que están encaminadas a mejorar la cada vez más complicada gestión de los Ayuntamientos, y sin incidencias de relevancia que deban preocupar a este equipo de gobierno.
Aclara que “pese a la escasez de personal administrativo derivada de las limitaciones a las que estamos sometidas las Administraciones Públicas para contratar personal de plantilla, la colaboración con los técnicos de la Cámara de Cuentas durante más de un año ha sido máxima y diligente gracias a la dedicación de numerosos funcionarios de las distintas áreas analizadas”.
Algunas de las recomendaciones realizadas por la Cámara de Cuentas, y pese a nuestros técnicos discrepan con los argumentos dados, han sido aceptadas dado que no suponen cambios de criterio de especial relevancia, no obstante en un número importante de ellas se han presentado alegaciones en las que se documenta y justifican los criterios, ya sean contables o de interpretación de los preceptos normativos, que este Ayuntamiento viene aplicando con total transparencia y claridad.
En cuanto a la no ejecución de 659.267,29 euros de las inversiones financieramente sostenibles financiadas con el superávit del año 2012, señalar que esta circunstancia se produce por la importante baja que se produce en el proceso de licitación (de conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público) de las obras de urbanización de viario en el sector AO33, lo que permitió al Ayuntamiento, gracias a su solvencia y liquidez y al elevado nivel de competencia que se dio en el proceso, ejecutar dichas obras con un ahorro de más del 50%. Ahorro que no se pudo reinvertir por falta de tiempo para cumplir los requisitos que marca la Disposición Adicional Sexta de la LOESYSF en estos casos.
En lo relativo a la adaptación de la estructura organizativa del Ayuntamiento al régimen de los municipios de Gran Población, hay que resaltar que la misma supone un aumento de las estructuras administrativas y su consiguiente incremento de costes, en un momento en el que los Ayuntamientos tenemos que cumplir rigurosamente la regla del gasto y la estabilidad presupuestaria, lo que limita enormemente el crecimiento de los gastos y la viabilidad de la prestación de servicios esenciales para los ciudadanos en un municipio que crece año tras año a pesar de la crisis. Es por ello que dicha adaptación se está llevando a cabo progresivamente, pese a lo cual ya se han aprobado los Reglamentos reguladores de las Juntas municipales de Distrito, del Tribunal Económico Administrativo, así como distintos acuerdos encaminados al cumplimiento de la normativa en dicha materia.
Tampoco comparten los funcionarios del Ayuntamiento las conclusiones de la Cámara de Cuentas en relación a dos de las veintitrés modificaciones presupuestarias realizadas en el ejercicio analizado. En concreto, la Cámara de Cuentas no considera suficientemente acreditado en el expediente los motivos por los que no se lleva a cabo la incorporación total de los remanentes de crédito derivados de proyectos subvencionados, sin embargo, en los expedientes correspondientes constan las solicitudes de las áreas encargadas de gestionar dichos proyectos en los que solicitan la incorporación parcial de los créditos por haber concluido los programas o el plazo para su ejecución material; por lo que carecería de sentido la incorporación de unos créditos que no podrían destinarse a la finalidad para la que se dotaron.
Por otra parte, y en relación al segundo expediente de modificaciones presupuestarias en el que la Cámara de Cuentas dice encontrar irregularidades, fuentes municipales afirman que resulta paradójico que el informe considere que hubo de incorporarse los remanentes de crédito vinculados al destino del patrimonio municipal del suelo, cuando las aplicaciones de fondos en este patrimonio han sido superiores a los orígenes.
Tal y como se deduce del punto 20.4 de la memoria de las cuentas anuales de 2013, y del cuadro de excel que se puso a disposición de la Cámara de Cuentas, las desviaciones acumuladas del citado proyecto a 31 de diciembre de 2013 son negativas por importe de 5.844.033,35 euros, de tal forma que aunque existiesen remanentes de crédito en las aplicaciones presupuestarias vinculadas al citado proyecto, no es posible su incorporación ya que las desviaciones de financiación son negativas y no existían gastos comprometidos pendientes de ejecutar que hiciesen necesaria la incorporación de los citados remanentes.
Respecto a las contrataciones temporales, las alegaciones que presenta el Ayuntamiento muestran de forma contundente las discrepancias con las conclusiones del órgano fiscalizador. De los aproximadamente 6,2 millones de euros que el Ayuntamiento desembolsara en salarios de personal temporal en 2014, un 60% se correspondió con el desarrollo del denominado “Plan Municipal de Empleo”, de exclusiva financiación municipal, y el 40% restante tuvo por origen de fondos subvenciones finalistas procedentes en un 90% de la Junta de Andalucía, y el 10% restante de la Diputación Provincial de Sevilla.
En las bases y órdenes regulatorias de los programas de empleo citados de carácter provincial y/o autonómico, se establecen pormenorizadamente los requisitos procedimentales que han de observar los entes beneficiarios para ejecutar las actividades aprobadas, así como para contratar a aquellas personas, requisitos que este Ayuntamiento ha cumplido escrupulosamente.
En cuanto al Plan Municipal de Empleo, un programa con marcado carácter social, en el que se prima el trabajo de personas en riesgo de exclusión social o con dificultades transitorias antes que las ayudas económicas sin ninguna contraprestación en beneficio de la comunidad, y a semejanza de las iniciativas autonómica y provincial, tiene establecido unas condiciones de acceso que se regulan de forma clara y transparente en las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal, al igual que se regulan las condiciones de acceso del resto de personal temporal, todas ellas consensuadas con la representación sindical.
El problema del personal temporal, común en la gran mayoría de Administraciones Públicas, es el resultado de 10 años de restricciones por parte del Gobierno Central a la reposición de efectivos, cuyos efectos resultan más graves en Dos Hermanas ya que es el municipio con mayor crecimiento de la provincia de Sevilla.
Sobre la necesidad de controles internos que alerten sobre supuestos de concatenación de contratos, se ha trasladado a la Cámara de Cuentas que dichos controles ya existen y funcionan, lo que acredita el hecho de la inexistencia de reclamaciones, impugnaciones o demandas de trabajadores municipales sobre este tema.
Respecto a las conclusiones relacionadas con el registro contable de facturas, se ha informado a los técnicos de la Cámara que dicho registro no solo se encuentra interrelacionado con el sistema de información contable y el registro contable a través del programa de contabilidad SICAP, sino que además el reconocimiento de obligaciones de facturas se lleva a cabo de forma automática por dicho aplicativo informático.
Resulta por tanto incorrecto que la fecha de reconocimiento de la obligación figure en blanco en los casos señalados en el informe, así como que el registro contable de facturas no recoja la fecha de inicio del cómputo del plazo de pago de cada factura, siendo correctos los periodos medios de pago que trimestralmente vienen siendo comunicados al Ministerio de Hacienda, que por otra parte se calculan automáticamente por el programa informático de gestión.
Finalmente resaltar que todas las recomendaciones de la Cámara de Cuentas derivan de diferencias de interpretación de las normas contables o jurídicas, que están encaminadas a mejorar la cada vez más complicada gestión de los Ayuntamientos, y sin incidencias de relevancia que deban preocupar a este equipo de gobierno.
REDACCIÓN / DHD DIGITAL
