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Mostrando entradas con la etiqueta Lienzo de Babel [Daniel Guerrero]. Mostrar todas las entradas
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24 ago. 2020

  • 24.8.20
Todo el mundo predice que en otoño volveremos a estar confinados. Es rara la conversación en la que alguien no afirme estar convencido de que el país necesitará estar enclaustrado, guardando una nueva cuarentena colectiva más o menos duradera. Pero nadie aporta datos objetivos ni referencias de expertos comprobables, sino juicios que se basan en la intuición y las especulaciones que circulan por las redes sociales.



Tales profetas son presas de un exceso de información que les imposibilita discernir entre bulos e información fidedigna. La incertidumbre y los miedos por una coyuntura realmente preocupante, a causa de una epidemia que no se puede combatir más que con el aislamiento individual, favorecen más una respuesta emocional que racional.

Sobre todo, si los brotes de la enfermedad se multiplican por todo el país, incrementando el número de personas afectadas, con o sin síntomas, así como el cómputo de fallecidos. Y, ante la alarma por un problema que no acaba de solucionarse, la reacción pesimista es lo que nos lleva a expresar pronósticos catastrofistas. Se pierde la confianza y la capacidad de criterio más o menos objetivo.

Es cierto que la pandemia, lejos de estar vencida, se halla semicontrolada gracias a las medidas de protección personal (mascarillas, distancia interpersonal, uso de geles hidroalcohólicos...) establecidas para servir de barrera a la transmisión de contagios. Con ellas se dificulta que el virus campe por sus respetos, pero no que siga entre nosotros, contagiando a nuevos huéspedes en cuanto bajamos la guardia y nos creemos libres de la enfermedad.

De ahí la aparición de brotes diseminados por toda la geografía, fruto, en la mayoría de los casos, de reuniones, celebraciones y aglomeraciones de gente (por causa festiva o laboral) que no cumplen las medidas de protección a que están obligadas.

Los expertos médicos y epidemiológicos, desconociendo el número exacto de personas infectadas en la población, esperaban la aparición de estos brotes como una evolución natural de la epidemia, siempre y cuando fueran detectados precozmente y debidamente rastreados para circunscribir su extensión y limitar su expansión.

Por tanto, que existan brotes no significa que la pandemia esté descontrolada, propiciando una nueva oleada como la que obligó confinar a la población y paralizar la actividad económica. Muy torpes e irresponsables hemos de ser para llegar a ese extremo, otra vez.

Pero las autoridades deberán aunar esfuerzos para unificar y fortalecer los mecanismos de actuación posibles contra esta inimaginable amenaza, evitando utilizarla para la confrontación política, y los ciudadanos tenemos que asumir que sin nuestro comportamiento responsable no se podrá doblegar esta situación, sin caer en dramatismos ni pesimismos injustificados. Y confiar en que, más pronto que tarde, se logrará el remedio terapéutico que nos facilitará una protección más eficaz contra el virus.

Tal vez entonces olvidaremos las especulaciones gratuitas y los bulos tendenciosos que tanto contribuyen a desinformarnos y atemorizarnos, haciéndonos perder el juicio y la capacidad crítica. También a no caer en la actitud opuesta que niega la evidencia y hace caso omiso de las recomendaciones de las autoridades e instituciones sanitarias.

DANIEL GUERRERO

17 ago. 2020

  • 17.8.20
Tarde lo que tarde, la república será, inevitablemente, la forma jurídica del Estado español. Y lo será porque el hartazgo con los abusos, rapiña y arbitrariedades cometidos por quien porta la corona y su entorno familiar está provocando que el repudio a ese arcaísmo, que instaura reinos en vez de naciones democráticas, se extienda a gran parte de la población.



Y, además, porque, a pesar de la antigüedad histórica de tal régimen en España, basado en un linaje que atribuye derechos más mitológicos y feudales que racionales y que hunde sus raíces en tradiciones obsoletas, privilegios inaceptables y servidumbres indignas, la monarquía no deja de ser una forma anquilosada de representar al Estado mediante herencia familiar.

Se mire como se mire, ese privilegio genético de un apellido, por muy dinástico que sea, es incomprensible, incoherente e incompatible con una sociedad moderna y democrática, como es en la actualidad la española. Las tensiones que genera un régimen así, dadas las demandas de igualdad de una ciudadanía adulta, plural y democrática frente a un modelo de Estado misógino (ley sálica), impuesto (nunca ha sido elegido directamente) y, por su naturaleza, poco igualitario (derechos de primogenitura), son las que están condenando a la monarquía a su desaparición en nuestro país. Como dice el profesor Pérez Royo, se trata de “una anormalidad en un Estado plenamente democrático”.

Por eso está destinada a desaparecer tarde o temprano. Pero el cuestionamiento de la monarquía no es de ahora, cuando el rey emérito, Juan Carlos I, ha huido al destierro a causa de los escándalos económicos y sentimentales que arrastra su persona.

El desprestigio y rechazo que engendra la corona no es siquiera debido a una campaña emprendida por sus adversarios, sino a causa de los errores, caprichos y desmanes cometidos por quienes encarnan la institución y se cubren de oropeles aristocráticos.

Es por ello que, a pesar de los esfuerzos por camuflar sus iniquidades, ocultar sus vergüenzas y exigir una fidelidad ciega a sus súbditos (a quienes se les niega toda crítica), la imagen de la monarquía española es, mal que nos pese, no solo inquietante, sino abiertamente aborrecible.

Tal desmitificación viene de antiguo (si me apuran, desde que Franco decidió por su cuenta), pero la puntilla se la ha dado el propio monarca emérito, el ciudadano Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias, más conocido como el “campechano” Juan Carlos I, padre del actual rey Felipe VI.

Es indiscutible que la larga trayectoria histórica de la monarquía española es discontinua y abrupta, llena de traiciones, abdicaciones, infertilidades, huidas y destronamientos, de lo que son ejemplos, por acotar un período, desde Carlos V hasta Alfonso XIII. Es lo que caracteriza su “singularidad” dinástica, expuesta a arbitrariedades en el “orden” sucesorio.

Pero, sobre todo, por ser ajena, en todos los casos, a la voluntad directa de la ciudadanía, a la que se le hurta su derecho a legitimarla democráticamente. En eso consiste, precisamente, el “pecado” capital de la monarquía como forma de gobierno: su alergia al refrendo democrático y, en consecuencia, su interés por “justificarse” vía hereditaria. Nada más arcaico en una sociedad moderna.

Pero las herencias vienen, en muchas ocasiones, envenenadas. No es lo mismo heredar un bien (inmueble, por ejemplo) que una hipoteca. Don Juan Carlos pudo haber transmitido un legado extraordinario a su hijo Felipe VI, si no fuera porque se vio obligado a abdicar, en 2014, debido a los múltiples escándalos de los que ha sido protagonista y que han ido erosionando la imagen pública de su persona, como rey, y de la monarquía como institución.

Incapaz de ajustarse a las demandas de transparencia y ejemplaridad que él mismo exigía a una institución que representa la jefatura del Estado, como al principio de su mandato parecía seguir, ha acabado autoexiliándose del país para no perjudicar aún más el reinado de su hijo Felipe con la mancha de la corrupción y la deshonra que desacreditan al rey emérito.

Tanto es así que ese contexto palaciego, generado por el comportamiento indigno del rey prófugo, explica claramente la osadía de un yerno en querer también enriquecerse por vías espurias, aunque finalmente condenado por no estar protegido con la inviolabilidad del rey. Aprendió en esa casa la desvergüenza, la inmoralidad y la avaricia de los todopoderosos caprichosos.

No obstante, es de humanos errar y pecar. Lo que no es racional es mantener instituciones de gobierno ligadas exclusivamente a un linaje insustituible, independientemente del comportamiento de su titular. Ello estaría justificado en épocas pretéritas de construcción nacional y cuando los reyes obedecían a la voluntad divina. Pero en tiempos democráticos, en los que el poder procede de la voluntad popular, es una “anormalidad” tratar de encajar la monarquía a la soberanía del pueblo. Son términos contradictorios.

Por otra parte, es posible que el prestigio de la república en nuestro país, después de dos intentos por instaurarla, no sea todo lo elogiable que se esperaba. Más por los obstáculos que opuso el “caciquismo” económico, religioso, ideológico y social de sus adversarios que por sus propios errores, las intentonas republicanas siempre fueron truncadas, incluso de forma violenta, a pesar de los avances modernizadores que supusieron muchas de sus iniciativas.

Con todo, ningún presidente republicano fue acusado de corrupción y avaricia. Y aunque así lo hubiera sido, podía ser investigado, juzgado y condenado como cualquier ciudadano que delinque, al no gozar de privilegios que blinden su impunidad.

Un jefe de Estado republicano es un ciudadano más, un rey se asimila a un dios intocable e inviolable, y como tal acaba comportándose, pues su cargo es vitalicio y pertenece a su familia, no depende del pueblo. Esa es la gran diferencia entre un régimen y otro. Y es, justamente, el debate que ha propiciado el rey emérito con su espantada por sus probables problemas con la justicia.

Él mismo le ha dado la puntilla a la monarquía, contagiándole su propio desprestigio. De una crisis reputacional a otra de legitimidad solo dista un paso: el que da la opinión pública al mudar de criterio, perder la confianza y dudar de la honorabilidad de los gobernantes.

Si Adolfo Suárez no quiso someter a referéndum la monarquía, confiado como estaba en que perdería la votación y por eso la incluyó como “dos por uno” en el referéndum constitucional, en la actualidad el debate también haría peligrar a la institución monárquica. Por eso huye quien ayudó que la democracia se asentara en nuestro país, aunque acabara dilapidado su prestigio personal e institucional a causa de su avaricia y vida licenciosa.

Juan Carlos I no pudo evitar que, finalmente, se le cayera la máscara de honorabilidad y honradez con la que se parapetaba y dejara al descubierto la desnudez moral de un rey impresentable. Por todo ello, la república será inevitable. Solo es cuestión de pensarlo un poco. Y de tiempo.

DANIEL GUERRERO

10 ago. 2020

  • 10.8.20
El pasado jueves se cumplió el 75.º aniversario de la primera vez que se utilizó un arma nuclear durante una guerra. El 6 de agosto de 1945, el bombardero norteamericano Enola Gay dejaba caer una bomba atómica, que se acababa de inventar semanas antes, sobre la población civil de Hiroshima, matando al instante más de 70.000 personas y otras 100.000, posteriormente, a causa de la radiactividad.



Tres días más tarde, otra ciudad japonesa, Nagasaki, recibiría el mismo castigo, dejando un balance menor de víctimas, pero significativo en comparación con su población: 40.000 muertos por la explosión y otros tantos como consecuencia de la radiación.

Nadie hasta la fecha ha pedido perdón por las víctimas civiles de una atrocidad que no estaba justificada. La devastación sufrida por las dos ciudades determinó la rendición de Japón y el final de la Segunda Guerra Mundial.

¿Fue necesario el sacrificio de tanta gente inocente? La lógica de cualquier guerra se aparta de cualquier razonamiento racional, si se permite la redundancia, en el que imperan valores morales y éticos que no se tienen en cuenta para conseguir la victoria.

Porque si no se arrojaron las bombas sobre complejos militares e instalaciones gubernamentales implicadas en el conflicto, la única finalidad que se deduce de dicha decisión es que se usó la bomba atómica para demostrar la superioridad armamentística norteamericana y ocasionar un shock en el enemigo de tal magnitud que lo abocara a la rendición incondicional, como en efecto sucedió.

Japón, que solo mantenía una fuerte resistencia en el combate por tierra, se rindió el 15 de agosto, después de que la entonces URSS atacara a las tropas niponas estacionadas en Manchuria (China), infligiéndole grandes pérdidas y, lo que fue peor, desbaratando las intenciones de Japón de conseguir una posible mediación soviética, con quienes no estaban en guerra, para una paz negociada con Estados Unidos.

Los hongos nucleares que se elevaron sobre las dos ciudades no permitieron otra paz que la incondicional ni otra vía para alcanzarla más que la militar, aunque los “daños colaterales” provocados entre la población civil fueran inmensos y descomunalmente crueles y despiadados.

Ojalá este capítulo ignominioso de la última Guerra Mundial sirva para extraer lecciones acerca de que no todo está permitido en ninguna guerra, instando a la reflexión en el 75.º aniversario de aquella locura humana, precisamente en un momento, como el actual, en que existen demasiadas tentaciones bélicas por todo el planeta y ciertos mandatarios que presumen de poseer armas aún más destructivas.

DANIEL GUERRERO

3 ago. 2020

  • 3.8.20
En julio nos atrevimos a tomar unas cortas vacaciones con el inevitable temor sobre lo que nos depararía tanto la ida como la vuelta, en medio de esta anormalidad calificada de “nueva”. Aquellos recelos estaban justificados. Porque nada fue como estaba previsto ni en el destino y el en origen, puesto que los cambios acontecidos a causa de la pandemia de la covid-19 han sido de tal naturaleza que han alterado, no solo las rutinas individuales de las personas, que han debido hacer de tripas corazón detrás de las mascarillas, sino también en las colectivas, mediadas estas por la política, la economía o la cultura.



Pero en vez de sumarnos al coro de lamentaciones y exigencias de auxilio público, dadas las penurias que nos han golpeado, como cada día verbalizan los autónomos, los hoteleros, los hosteleros, los empresarios, los trabajadores, los estudiantes, los deportistas, los artistas y cuantos colectivos han visto mermadas sus expectativas lucrativas, ya sea por el parón de la actividad, la disminución de beneficios o el desempleo con o sin ERTE, vamos a destacar lo que ha acontecido durante el pasado mes de julio, que no pudo acabar con peores signos de alarma y desasosiego.

Por un lado, los rebrotes de una pandemia contenida, que no derrotada, se han multiplicado por todos aquellos lugares donde la aglomeración confiada de personas y el hacinamiento que padecen los recolectores agrícolas, tanto en Huelva como en Lérida, favorecieron el contagio y el surgimiento de nuevos brotes de la enfermedad.

La irresponsabilidad de algunos, creyéndose invulnerables para entregarse a celebraciones con cualquier pretexto, supone el peligro más importante para la expansión de una epidemia que sólo puede frenarse, de momento, con medidas de distanciamiento social e higiene (geles) y protección (mascarillas) personal, hasta tanto no se descubra una vacuna o terapia eficaz. Además, el hacinamiento forzoso (temporeros) o voluntario (cualquier tipo de concentración o actos, sean religiosos, lúdicos o familiares) es otra fuente de propagación comunitaria, por parte de portadores asintomáticos, de esta enfermedad.

Una enfermedad de la que también se ha sabido que se trasmite de humanos a animales, y no sólo como creíamos -del murciélago al hombre-. De hecho, en Aragón fueron sacrificados más de 92.000 visones porque el 80 por ciento de los ejemplares estaba infectado por el coronavirus, y otro millón tuvo que eliminarse en Países Bajos por el mismo motivo.

Se demuestra así que, a pesar de todo lo que se va conociendo de este patógeno, todavía resta mucho más para comprender cómo surgió, cómo evoluciona, por qué vía se transmite y cómo combatirlo eficazmente hasta su total erradicación. La prudencia, por tanto, es la única arma posible frente a un virus aun latente entre nosotros, aunque no siempre, ni en casa ni en vacaciones, la hayamos asumido con el rigor que demanda nuestra indefensión y vulnerabilidad. Y julio ha sido exponente de ello con su alarmante proliferación de brotes.

También es verdad que no todos somos iguales en capacidad de protección, ni siquiera de ser prudentes, frente a esta moderna amenaza. Por diversos condicionantes. Uno de ellos ensombreció aún más al mes de Julio cuando se conoció el dato sobre la pobreza severa que existe en España, y que alcanza al 30 por ciento de las personas que tienen trabajo y al 37 por ciento de las que disponen de estudios medios o altos.

La educación, como refleja ese dato, no parece ser suficiente como “elevador social”, ni tampoco para escapar de las garras de la pobreza. No sirve de garantía para librarse de las condiciones de origen o de heredar la pobreza de los padres. A veces, incluso, te condena a vivir en peores condiciones que ellos. Sin embargo, a pesar de su gravedad y magnitud, este drama social está envuelto en un silencio espeso en nuestro país, del que sólo puntualmente emerge algún dato que pasa desapercibido en la realidad.

Y la realidad es que más de la cuarta parte de la población española (26,10 %) vive en riesgo de pobreza y exclusión social. Y que, incluso con formación y trabajo, es la elevada desigualdad de rentas el factor que más predispone a la pobreza a las familias. Porque no basta con estudiar y tener trabajo para huir de ella. Hacen falta políticas de corrijan las desigualdades de todo tipo que aún subsisten en nuestra sociedad, tanto de género como económicas, educativas y culturales.

Ante tal panorama, al que la pandemia añadirá cerca de otro millón más de pobres (trabajadores precarios, mujeres e migrantes, sobre todo), algunos todavía cuestionan iniciativas, como la del Salario Mínimo Vital, que palían, pero no solucionan, la lacra de la pobreza que está adherida a nuestro modo de convivencia, impidiendo a demasiados de nuestros compatriotas adquirir una vivienda, llegar a final de mes o acceder a prestaciones sociales, como denunció en su informe para la ONU el relator de ese organismo, Philip Alston, recientemente.

Julio, por tanto, ha sido un mes nefasto para cualquiera que se haya quedado en casa o se haya ido de vacaciones. Y esa negatividad se ha acentuado, encima, con la noticia de la muerte de Juan Marsé, un referente de la literatura española y un icono del estoicismo en los tiempos asfixiantes del franquismo, cuya miseria moral y social reflejó en sus obras como contrapunto a la búsqueda de libertad que aquel régimen negaba a todos.

Como precisa muy bien Antonio López Hidalgo, Juan Marsé “se vengó con sus novelas de una vida miserable que nadie, entonces, merecía”. Ni entonces, por la dictadura, ni ahora, por la pandemia y una pobreza que sacuden nuestras líquidas certidumbres y confortables rutinas.

Pero no todo lo sucedido en julio ha sido negro. También hubo zonas grises para la esperanza. Europa proporcionó algo positivo en favor de la solidaridad ante los efectos de la pandemia en todo el continente, reforzando con ello el proyecto político que representa la Unón Europea (UE).

Y es que, finalmente, en julio se aprobó el Plan de Ayuda contra la pandemia (750.000 millones de euros) y el Presupuesto de la UE, dotado con 1,074 billones de euros, para el próximo septenio (2021-2027), tras arduas negociaciones y cesiones mutuas entre países “frugales” y “despilfarradores”, es decir, entre ricos y pobres. Todos ellos han cedido para lograr el acuerdo, firmado por los 27 países de la UE, después de cuatro días y sus noches de duros debates y agrios enfrentamientos.

El citado Plan de Ayuda supone un fondo de 750.000 millones de euros, de los que 399.000 millones serán destinados a subsidios a fondo perdido y, el resto, para préstamos. Con ese reparto se logra un equilibrio que satisface a los bandos enfrentados. Contempla, eso sí, una especie de “freno”, pero no de veto, por parte del Consejo Europeo en caso de mal uso del dinero transferido a los estados destinatarios del grueso de tales ayudas, como Italia, España, Portugal y Francia, los más severamente azotados por la pandemia y la crisis económica derivada de ella.

Pero lo más importante de dicho acuerdo es que ese Plan se financiará, por primera vez en la historia de la UE, mediante la emisión de deuda conjunta en los mercados financieros, respaldada por el presupuesto comunitario. Se trata de un paso más, histórico, para llegar a una mutualización de la deuda de los países miembros que evite la disparidad fiscal que beneficia a unos y perjudica a otros dentro de un espacio común. Es decir, un paso para completar una verdadera unión financiera que acompañe a la unión política, económica y comercial que constituye la UE.

Pero hay más. Esta ayuda europea coincide en el tiempo con el Pacto por la Recuperación suscrito por la mayoría de partidos presentes en el Congreso de los Diputados, con la finalidad de potenciar aquellos sectores de nuestro país que deberán robustecerse para poder hacer frente a futuros retos de magnitud como el de la pandemia.

En especial, el de la sanidad, sector tan castigado por las políticas de austeridad implementadas durante la pasada crisis económica de 2008. Pero, con él, también aquellos otros servicios esenciales que han estado a punto de colapsarse durante esta pandemia del coronavirus e igualmente “adelgazados” de recursos materiales y humanos.

A ese Pacto por la Recuperación se añade, además, la decisión del Gobierno de “repartir” recursos económicos suplementarios a las Comunidades Autónomas con los que financiar los sobrecostes que ha supuesto afrontar la crisis sanitario-económica de la covid-19.

Esta cesión de ayudas está todavía en discusión, pero en su conjunto -la europea, la estatal y la autonómica- conforman tres vías de socorro que deberían permitir a nuestro país remontar la actual situación de crisis social (sanitaria) y económica (recesión y desempleo) que nos ha dejado un simple virus pandémico. Pero me asalta una duda: ¿sabremos aprovecharlas?

DANIEL GUERRERO

27 jul. 2020

  • 27.7.20
El humano es un ser pestilente, huele mal de forma natural y cada cavidad de su organismo expele un hedor repugnante. Para evitarlo, hemos asumido la costumbre de asearnos cada día y camuflar todos esos tufos con fragancias y desodorantes. La culpa, claro está, son esas bacterias que transportamos en nuestra piel, mucosas y órganos y que conviven con nosotros de manera simbiótica. Sin ellas no podríamos ni alimentarnos, pues ayudan a descomponer lo que comemos para poder ser metabolizado, pero, a cambio, dejan un vaho sumamente desagradable que expelemos por todo el cuerpo.



Nada más despertarnos por la mañana, el aliento que desprende la boca es como el de un túnel sin ventilación, aire viciado, por la sequedad y los efluvios que ascienden desde las alcantarillas estomacales. De hecho, nos cepillamos los dientes al levantarnos para eliminar, sobre todo, ese sabor y olor indeseados antes que por prevenir la caries o el sarro en nuestra dentadura.

Si fuera sólo por lo segundo, nos limpiaríamos los dientes después de cada comida, como aconsejan los dentistas. Y es que la cavidad bucal, foco séptico donde los haya, es un nido de gérmenes debido a lo restos alimenticios, muelas picadas y toda esa placa bacteriana que germina en ella. Aparte de infecciones bucales, la halitosis es el más soportable de los vapores fétidos que desprende por la boca nuestro cuerpo.

El sudor contribuye en gran medida a que olamos mal, a pesar de que esa humedad de la piel, producto de sus glándulas sudoríparas, es un mecanismo de protección que sirve para refrigerarla cuando hace mucho calor en el ambiente o hemos realizado esfuerzo físico.

Pero el sudor, una mezcla de agua y grasas, favorece que las bacterias de la superficie corporal descompongan restos reblandecidos de la epidermis y de la grasa secretada, liberando sustancias de olor rancio, agrio, penetrante y, en suma, desagradable. Sobre todo, en zonas como las axilas, los pies y los genitales.

Además, los hongos que suelen habitar en tales zonas húmedas pueden aprovechar para multiplicarse y dar lugar a afecciones y lecciones fúngicas diversas, como el pie de atleta. Los “aromas” del pie y los sobacos echan para atrás a cualquier nariz que se acerque.

Incluso el ombligo, ese cráter del que surgía el cordón que nos unía vitalmente a la madre que nos engendró en su vientre, es un pozo fétido si no se extrema la higiene. Por su forma y pliegues, puede acumular agua, células muertas y hongos que, a la mínima, desprenden mal olor y hasta una supuración asquerosa. No hay más que meter el dedo para comprobarlo. Otro rastro pestilente del ser humano.

Pero son otros “agujeros” orgánicos los que nos impregnan con mayor intensidad de “perfumes” fétidos insoportables, al ser, precisamente, por donde evacuamos las sustancias de desecho sólidas y liquidas. Y no sólo en razón a las causas descritas anteriormente (humedad, hongos, bacterias), sino también por la propia composición del material que excretan, por enfermedades de otros órganos e, incluso, por alimentos que se hayan ingerido. Y hasta por la edad.

Lo cierto es que los olores pestilentes que desprenden los genitales y el ano, así como la orina y las heces que expulsan y cuyos restos en la zona se pudren y hieden, son los mayores focos fétidos que distinguen, en vida, al ser humano, detectables a distancia.

Y una vez muerto, la descomposición del cuerpo, gracias a esas bacterias que transportamos por fuera y por dentro, deja el rastro pestilente de una existencia ya extinguida. Y es que, hasta muertos, olemos mal. Porque el humano es un ser pestilente. Menos mal que inventamos el jabón.

DANIEL GUERRERO

20 jul. 2020

  • 20.7.20
Exploramos otros planetas en busca de vida, no solo para descubrir minerales u otros materiales que podrían ser de utilidad en la Tierra, esquilmada ya de sus riquezas naturales. Y uno de los rastros por los que se podría detectar algún vestigio de vida es la existencia de una tenue franja de color verde, visible desde el espacio y principalmente de noche, en las capas altas de la atmósfera de un planeta, como sucede en el que habitamos.



Se trata de un efecto producido por la excitación de los átomos de oxígeno presentes en la atmósfera por acción de los rayos del Sol, un fenómeno parecido al que causa las auroras boreales. Y tal franja verde ha sido descubierta ahora, por primera vez, en la atmósfera de Marte, para interés de la comunidad científica y alborozo para los amantes de las especulaciones marcianas.

El hallazgo, a pesar de ser teóricamente predecible, nunca antes se había realizado por la improbabilidad de conseguir tales mediciones experimentales. Sin embargo, gracias al empecinamiento de investigadores españoles –como Juan José López Moreno, del Instituto de Astrofísica de Andalucía–, que trabajan para la misión ExoMars de las agencias espaciales europea y rusa, se ha logrado detectar por primera vez esa franja verde en la atmósfera de Marte, acometiendo simplemente una modificación en uno de los instrumentos que rastrean gases de la sonda que actualmente, desde 2016, orbita el planeta rojo.

Ese instrumento está diseñado para analizar de manera vertical trozos de columnas de la atmósfera del planeta y detectar en ellas los distintos componentes que las forman, habitualmente nubes, gases y polvo. Pero, siguiendo las indicaciones de estos investigadores, se procedió a reorientar el NOMAD, el instrumento encargado de estas mediciones, para que observase el perfil de la atmósfera mirando hacia el horizonte en vez de hacerlo perpendicularmente, en vertical.

De este modo, se ha podido confirmar la hipótesis sobre la probabilidad de que, también en la atmósfera de Marte, se produzca ese “aliento” que tiñe de verde una de sus capas más externas. Para algunos, tal franja verde podría indicar el rastro de algún tipo de vida capaz de realizar la función de la fotosíntesis con la que las plantan “fabrican” oxígeno.

Lejos de estas ensoñaciones con vida marciana, los propios investigadores del proyecto se han apresurado a racionalizar las expectativas, al asegurar que la raya verde se debe a la disociación de las moléculas de dióxido de carbono, abundantes en aquella atmósfera, lo que posibilitó que los átomos de oxígeno procedentes de la ruptura interactuasen con la luz solar, causando la franja verdosa.

No obstante, ello no resta viabilidad al experimento como rastreador de indicios de vida en los exoplanetas en que se detecten franjas verdes mucho más intensas en su atmósfera, compatibles, en tal caso, con la producción de oxígeno mediante fotosíntesis. Y es que el sueño de la búsqueda de vida en el espacio jamás se rinde ante ninguna evidencia que lo desmienta. Porque, entre otros motivos, cada vez conocemos cosas que antes se ignoraban y vemos fenómenos que no éramos capaces de percibir, como ese aliento verde en el cielo de Marte.

DANIEL GUERRERO

13 jul. 2020

  • 13.7.20
Este año se ha detectado en nuestro país una nueva especie ciudadana, aparte de las conocidas en el ámbito político y religioso, ya descritas exhaustivamente por Xavi Castillo (Los “repeperos”) y Maruja Torres (Los “ayatobispos”), respectivamente. Esta nueva especie crece a expensas del ámbito sanitario, especialmente, el virólogo y, más concretamente, su rama epidemióloga.



Como las otras, esta nueva especie pretende ser depositaria del conocimiento verdadero y convencer al entorno de su nicho social de que hagan caso de su saber autodidacto, aunque un pelín dogmático. En taxonomía social se la denomina como “ultrasanitarios”, especie surgida desde que se decretó el estado de alarma en nuestro país a raíz de una pandemia, provocada por un virus nuevo y sumamente contagioso, que nos alcanzó a principios de año y que obligó adoptar medidas de protección higiénico-sanitarias a toda la población, todavía vigentes. De ahí su supervivencia.

A pesar de ocupar hábitats distintos, estas especies comparten rasgos comunes. Si los “repeperos” (PPPP = del PP, Pero Pobre) son personas de estratos medio-bajos, trabajadores y asalariados con sueldos tan precarios como sus trabajos, pero que votan insistentemente al PP aunque afirmen no entender de política, los “ultrasanitarios”, en cambio, abarcan todo el espectro social –alto, medio, bajo–. Son individuos, por lo general, profanos en la materia, que no disponen de formación médico-sanitaria, pero aparentan ser expertos en virología y especialistas en epidemiología.

Como los “repeperos”, los “ultrasanitarios” dicen no entender de microbiología, aunque se exhiben como doctos sapientísimos que se atreven a impartir lecciones a sus paisanos, bien sean conocidos o desconocidos, que disienten de sus categóricas afirmaciones.

También comparten la fe ciega. Al igual que los “repeperos”, que apoyan ciegamente las medidas económicas y laborales del PP aunque les perjudiquen, incluido el mantra de la bajada de impuestos con la que les recortarán servicios públicos y prestaciones sociales y que luego tendrán que compensar con mayores impuestos indirectos y el copago de servicios privados, los “ultrasanitarios” abrazan inquebrantablemente el uso obligatorio de la mascarilla, incluso en espacios abiertos y a kilómetros de separación de cualquier otra persona.

Tanta es su fe sobrevenida que proclaman la nueva buena de la lejía como uso industrial en el hogar, las virtudes del gel hidroalcohólico, para evitar la tentación de coger o tocar nada sin previo enjuague de manos, como sustituto del arcaico lavado con agua y jabón del que se olvidan cuando salen del urinario, y hasta de portar guantes de látex, preferiblemente de color azul, para conducir, comprar el periódico y coger el móvil o las llaves, sin reparar que también el látex contaminado se convierte en vector de transmisión de una infección, como conocen en cualquier quirófano.

Los más ultras de los “ultrasanitarios” son reacios, incluso, a abandonar el confinamiento, a pesar de que la desescalada nos haya conducido hasta una “nueva” normalidad, avalada por profesionales en salud pública y acreditados epidemiólogos. Es lo que tienen las especies conversas invasoras: se muestran más beligerantes e intransigentes que las naturales del territorio o área (ideológica o científica).

Pero les pierde, como a la especie de los “repeperos”, que son identitarias, profundamente nacionalistas y territoriales, lo que les induce a despreciar a otros grupos semejantes, en otras latitudes, e ignorar sus problemas vitales.

Así, mientras que, para unos, la corrupción política, cuando les afecta, es cosa de todos los partidos, para otros, las medidas implementadas por el Gobierno son tardías, insuficientes y poco eficaces, aun siendo prácticamente las mismas que han adoptado todos los países azotados por la pandemia.

Para los “ultrasanitarios”, ni los gobiernos ni sus asesores de expertos y científicos hicieron lo debido ni actuaron con la antelación necesaria frente a una amenaza que sólo ellos supieron prever, a toro pasado. El Gobierno ha sido culpable de esta crisis y de su corolario económico. Sólo ellos y los suyos son capaces de afrontar estos retos inesperados.

No es extraño, por tanto, que tiendan a sufrir el Síndrome de Estocolmo, que los impulsa a confiar y apoyar a los que, gracias a su voto, no han hecho más que privatizar hospitales, reducir plantillas, rebajar salarios, precarizar empleos y recortar o limitar prestaciones y ayudas públicas que, solo cuando ven, por ejemplo, las orejas de una crisis sanitaria como la actual, vuelven a considerarse como derechos y servicios públicos esenciales e imprescindibles.

Y aunque hayan votado su reducción, ahora los exigen clamorosamente mediante aplausos vespertinos y airados aspavientos. Así es el comportamiento de la especie de los “ultrasanitarios”, que tiene una línea genética común con la de los “repeperos”.

Y también con la de los “ayatobispos”, con la que comparten ese gusto en refocilarse en el tenebrismo y el pesimismo más apocalíptico. Así, los “ultrasanitarios” no cejan de vaticinar que en septiembre se producirá un repunte, mucho más grave, de la pandemia. Ya lo vienen advirtiendo desde el primer día, aquel en que las mujeres se manifestaron por la igualdad.

Sospechan, muy cucos ellos, que las autoridades no cuentan la verdad y mienten sobre la mortandad real de esta pandemia. Que ocultan maliciosamente el número de muertos. Por eso, los “ultrasanitarios” se arrogan la autoridad de separar el grano de la paja y determinar cuándo y qué medidas son precisas para afrontar una infección que, unas veces, se transmite por el aire, otras por contacto, y, si no es por una ni otra, por cualquier medio.

Su “verdad”, como predican los “ayatobispos”, es la única verdadera y solo ellos pueden proclamarla. En sus ojos inquisitoriales tras las mascarillas se aprecia la mirada del iluminado. Y del mismo modo que los “ayatobispos” están obsesionados con los pecados de la carne y exigen sacrificios de cintura para abajo, los “ultrasanitarios” son profetas de la mascarilla y exigen el sacrificio de respirar a través de una tela de manera permanente y en cualquier circunstancia, aunque la normativa indique excepciones, so pena de pecado contra la religión inmunológica.

Solo es posible alcanzar su salvífica bendición si, además, te cubres el rostro con una pantalla, como las de las vespas antiguas, capaz de espantar al maligno patógeno. Solo entonces podrás convivir sin preocupaciones con los “ultrasanitarios”, una especie diferente de homínidos que practican el tutelaje social respecto de las recomendaciones de protección sanitaria durante la presente crisis de la covid-19. Nadie los ha llamado, pero ellos mismos se ofrecen a prestar semejante servicio a la patria. ¡Jesús, qué tropa!

DANIEL GUERRERO

6 jul. 2020

  • 6.7.20
Después de meses encerrados a cal y canto en nuestros domicilios, regresamos a la calle con cierto desasosiego. Las autoridades no dejan de advertir que cualquier relajación de las medidas de protección podría provocar un rebrote de la epidemia. E insisten en que la distancia social y las mascarillas serán imprescindibles hasta tanto no se descubra una vacuna o un remedio eficaz contra el patógeno que amenaza nuestras vidas.



Pero, al mismo tiempo, desde la sociedad emergen voces que reclaman la reapertura de comercios, industrias y actividades económicas que dan vida a las ciudades, riqueza al país y medios de subsistencia a las personas. Se debe, pues, compatibilizar cierto aislamiento individual con la concurrencia colectiva que exige el comercio y la economía.

De ahí que, tras el confinamiento, se haya iniciado la “desescalada” hacia una “nueva” normalidad que despierta sentimientos encontrados. Por un lado, lamentamos que tiendas, hoteles y negocios estén cerrados, y, por otro, nos embarga cierto recelo y hasta miedo que los mismos, una vez abiertos, puedan convertirse en focos de contagio por aglomeración de clientes.

De hecho, los bares han vuelto a llenarse de parroquianos que, con antifaces y enjuague de manos, acuden a desayunar o tomar el aperitivo acostumbrados. Las tiendas de todo tipo recuperan poco a poco el revoloteo de curiosos alrededor de escaparates tras meses con las persianas bajadas y la mercancía guardada en cajones.

El tráfico empieza a inundar las carreteras, provocando los primeros atascos y accidentes, una vez se ha dado vía libre a viajar por todo el país. Los parques y jardines reciben con alborozo el vocerío de paseantes que estaban deseando recuperar el contacto con ese trozo de naturaleza encapsulado en medio de las ciudades para escuchar el piar de pájaros y el griterío de los niños.

Las rutinas, pues, han vuelto poco a poco a conducirnos por donde solíamos, sea por ocio o por razones laborales, pero de modo precavido y desconfiado. Porque no nos fiamos de nadie que se acerque a nosotros ni respete las medidas de protección de las que continuamente nos alertan.

Pero, de tanto recelar, acabamos comportándonos como racistas con nosotros mismos, distinguiendo entre dogmáticos de la seguridad e higiene sanitaria y los relajados que la asumen con cierta flexibilidad. Grupo aparte son los que se saltan a la torera cualquier norma: los irresponsables.

Obviando a los flexibles, estas dos actitudes radicales son, como siempre, extremas e irreconciliables, y caracterizan a las eternas dos Españas en cualquier ámbito colectivo, tanto político como religioso, deportivo, etcétera.

En la presente ocasión, ese enfrentamiento nos obliga tomar partido entre si continuar confinados o recuperar cierta normalidad en la actividad social y productiva. Y se convierte en el nuevo debate que nos impulsa a la porfía, dividiéndonos entre apocalípticos o integrados en el asunto de la pandemia, como un aspecto más de esa cultura popular que se divulga a las masas a través de los medios de comunicación.

Desde tales posicionamientos, no son pocos los ciudadanos que se decantan por intentar proseguir con sus costumbres y rutinas, y no renuncian a disfrutar de sus vacaciones, aun con todas las medidas de protección que siguen imperantes. Han planificado viajes a sus segundas residencias veraniegas o alquilado alojamientos en aquellos destinos turísticos que pretenden continuar con el negocio en medio de tantas dificultades.

Pero constituyen una mayoría quienes temen exponerse a posibles o remotas posibilidades de contagio si salen de su casa o ciudad. Desconfían del aire que cualquier desconocido o conocido expele al respirar en su cercanía, en medio de la calle o en un restaurante. Sufren del síndrome de la cabaña, porque desisten de abandonar la reclusión a la que han sido obligados durante el confinamiento.

Se comportan como apocalípticos que, para acudir a cualquier sitio, abierto o cerrado, hacen uso de mascarillas, pantallas, guantes, hidrogeles y demás medidas de prevención de contagios, tal como reiteradamente aconsejan la prensa, la radio y la televisión. Los más fanáticos del rigor cuestionan a todo el que no actúe como ellos, echándole en cara el peligro que supone para todos que no sigan las recomendaciones como ellos entienden.

Que la norma legal contemple, en su articulado, que en espacios abiertos, siempre que se pueda mantener la separación interpersonal recomendada, no es obligatorio el uso de mascarillas, no les convence ni les exime de arrogarse la autoridad de interpelar a los “flexibles” por una conducta que tachan de “irresponsable”. Y que estos continúen su camino sin responder a la recriminación les parece más grave, si cabe. Tal respuesta les provoca mayor ofensa e indignación que si entablaran una franca discusión.

Y la verdad es que todos tienen parte de razón. La información facilitada ha sido abundante, pero poco clara, escasamente profunda y, en no pocas ocasiones, contradictoria. Durante el largo período de alarma –y todavía hoy–, los responsables gubernamentales y los medios de comunicación estuvieron cambiando de opinión sobre las condiciones de uso de las mascarillas, de la distancia mínima de separación entre las personas y de hasta si el virus podía sobrevivir más o menos horas o días sobre cualquier superficie, dependiendo si era de papel, metal o plástico.

La apertura gradual de comercios e industrias, incluso las consideradas esenciales, tenían una regulación diferente a la que regía a la totalidad de población. Lo que era considerado espacio cerrado con obligación de usar mascarillas, no lo era si se trataba de un establecimiento hostelero, puesto que con esa barrera bucal es imposible consumir ningún producto.

La sensación general es que se han ido improvisando normas conforme se iban adquiriendo conocimientos biológicos y epidemiológicos del patógeno causante de la pandemia. Y esas normas han debido de aplicarse dependiendo de los estratos sociales afectados y de sus respectivos intereses.

El resultado de todo ello es que cada cual ha entendido la información como ha podido, según el medio habitual utilizado para acceder a ella. Si a ello añadimos, además, el aprovechamiento de esta situación excepcional para la confrontación política, que no hace ascos a tergiversar hechos, ocultar datos y ser parcial en los argumentos, no debería extrañar que la gente esté dividida sobre qué es exactamente lo que se le pide y se le dice.

Y que, como ya determinó con su teoría Umberto Eco, hallemos verdaderos integrados y apocalípticos respecto de la información que reciben de los medios de comunicación y la cultura popular que estos fomentan. Una cultura, en este caso “sanitaria”, saturada de información imprecisa, cuando no espectacular, que lo mismo hace creer una cosa y la contraria. Ello explica la dicotomía de nuestro comportamiento: quedarnos encerrados o salir a la calle, usar mascarillas en todo momento o no hacerlo en espacios abiertos y manteniendo la distancia social, etc.

Se trata de una situación única que dará lugar al inevitable estudio sociológico que se elaborará en la era poscovid. En él se explicará cuánto ha habido de espontáneo o de provocado en nuestra actitud colectiva frente a la pandemia. Y qué responsabilidad tienen gobiernos y medios de comunicación en la respuesta dividida de la población. Y volverán a demostrarnos que reaccionamos como integrados a apocalípticos a la información mediática que nutre nuestro conocimiento de la realidad.

DANIEL GUERRERO

29 jun. 2020

  • 29.6.20
Más por suerte que por voluntad soberana de los votantes, los españoles más vulnerables y débiles (entre los que incluyo a los trabajadores, las amas de casa, las personas dependientes y la mayoría de los jóvenes y los niños) pueden albergar motivos para una cierta esperanza en que el Gobierno de España intentará defender y proteger los intereses generales de la ciudadanía.



Por suerte, el país está dirigido por un Gobierno de izquierda, nada radical, que conjugará, si no traiciona sus promesas, el interés social con el económico, lo que significa que no doblegará el primero a las exigencias del segundo, como hace y ha hecho siempre la derecha para satisfacer intereses particulares muy poderosos.

Las clases más desfavorecidas, las primeras que son olvidadas y que tienen que cargar con todos los sacrificios, tienen motivos para una cierta confianza en que, en esta ocasión de emergencia sanitaria y crisis económica, no serán dejadas de la mano de Dios por un Gobierno que, a los pocos meses de su formación, ordenó una subida espectacular del Salario Mínimo Interprofesional, comenzó a compensar el salario de los empleados públicos (profundamente devaluados por la anterior crisis financiera) y ha derogado el despido de cualquier trabajador por causas médicas.

Un Gobierno que, enfrentado a la crisis sanitaria, ha facilitado los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor, que benefician tanto al trabajador (no agotan su derecho al paro) como a las empresas (no asumen la carga empresarial de la cotización), gracias a los cuales el trabajador no rompe su vinculación laboral con la empresa durante el actual parón de la actividad económica causado por la pandemia.

Todas ellas son medidas de fuerte impacto para las cuentas del país que el Ejecutivo adopta priorizando las necesidades sociales a las estrictamente económicas, como se espera de un Gobierno de izquierda, sin por ello renunciar al sistema capitalista ni a la economía de mercado, por mucho que la derecha lo acuse de actuar de manera radical y hasta revolucionaria.

Comparado con la actuación del anterior Gobierno conservador durante la pasada crisis financiera, que practicó recortes drásticos en el gasto social, redujo a su mínima expresión al Estado de Bienestar y solo ayudó con el rescate europeo al sector financiero (los bancos) con préstamos a fondo perdido, el actual Gobierno parece más preocupado por que las clases desfavorecidas no salgan perjudicadas por la emergencia sanitaria-económica.

Ello es motivo de cierta esperanza en que las cargas no golpeen otra vez a los débiles y desafortunados de la sociedad, haciéndolos más pobres aún. Sus medidas han sido oportunas, necesarias y sensibles socialmente, diametralmente opuestas a las que tomaría un Ejecutivo preocupado exclusivamente por el interés económico y mercantil.

Muchos de los que aplaudieron por las tardes a los que se enfrentaban “en primera línea” a la pandemia, exhibiendo así un agradecimiento público a la abnegada actitud profesional de los sanitarios y otros colectivos, más por entretenimiento que por verdadera empatía, fueron los mismos que apoyaron con su voto los recortes en la sanidad y en el resto de prestaciones sociales como si fueran gastos suntuarios.

La ideología que considera elefantiásico al Estado y pugna por “adelgazarlo” es la misma a la que se adscriben los que ahora se indignan de que el Gobierno no disponga de recursos materiales y humanos para afrontar la emergencia sanitaria con mayor diligencia y eficacia.

Los que ahora apoyan de manera cómoda y nada comprometida (con aplausos) a los funcionarios públicos por su entrega en condiciones de carestía son los que anteriormente defendieron la precariedad en sus condiciones y recursos.

Los que privatizaron hospitales se quejan de falta de camas de Cuidados Intensivos y los que externalizaron servicios, porque eran más rentables prestados por la iniciativa privada, se sorprenden de que las residencias de ancianos hayan sido focos de contagio que diezmaron miles de vidas de nuestros mayores, a los que no se les permitió acudir a los hospitales para no colapsar las escasas camas de UCI. Es la actitud cínica de los hipócritas que no son consecuentes con sus decisiones políticas.

Afortunadamente, por suerte más que por voluntad expresa, existen motivos para una cierta esperanza de que las cosas no sean tan insoportables para “los de siempre”, para los que dependen de los servicios públicos, y de que se protejan también las necesidades sociales tanto como las económicas.

Hasta la derecha política, que no social, reclama ahora la potenciación de la sanidad y las redes de auxilio público de la población (sumándose incluso a la aprobación del Ingreso Mínimo Vital), aunque sea por mera estrategia electoral y con la boca pequeña.

Hay actualmente la oportunidad, simplemente coyuntural, de rediseñar y fortalecer la sanidad, la educación, las residencias de la tercera edad y demás servicios y prestaciones públicos en función de las necesidades de la población y no de su rentabilidad o sostenibilidad para las arcas del Estado, dejando de lado ese “darwinismo” social al que aspira el proyecto del neoliberalismo político-económico.

Entre otros motivos, porque se ha demostrado que sólo el Estado social, dotado con poderosas herramientas de justicia y bienestar, es capaz de afrontar con éxito retos como los planteados por una emergencia sanitaria de la magnitud de la que hemos vivido, aunque todavía no la hayamos superado definitivamente.

Por eso queda una tímida esperanza de que, con un poco de suerte, conscientes de la necesidad de una imprescindible solidaridad social, se pueda invertir la tendencia que hace hegemónica la economía y subsidiaria a la sociedad.

Y que las deficiencias de este modelo social, a la hora de “socializar” los costes cuando afronta crisis que son recurrentes, como la emergencia sanitaria o la pasada recesión económica, no afecten con mayor dureza a los estamentos más indefensos de la sociedad.

Ya que, por fortuna, quienes hacen posible que un Gobierno así pueda emprender tamaña transformación son los ciudadanos que, en su mayor parte, van a verse beneficiados de tales políticas: trabajadores, mujeres en general, amas de casa, jubilados y pensionistas, personas dependientes, jóvenes y niños. Y también, naturalmente, sus representantes políticos donde reside la soberanía popular a la hora de pactar y llegar a acuerdos que posibiliten disponer de leyes presupuestarias al efecto y del tiempo y estabilidad requeridos para ejecutarlos.

Si se contempla el futuro desde la perspectiva que ha proporcionado la experiencia sufrida, la conclusión inevitable es la de fortalecer el modelo social del Estado de Bienestar. Y para lograrlo sólo existe un camino: el de apoyar a los partidos que lo defienden y no a los que intentan debilitarlo en nombre de la economía y el mercado. Es decir, contar con un poco de suerte y una cierta esperanza en no malograr tales expectativas.

DANIEL GUERRERO

22 jun. 2020

  • 22.6.20
Reza el proverbio que "quien siembra vientos recoge tempestades". Es lo que le está pasando a Donald Trump en la recta final de su mandato, durante el cual no ha dejado de provocar inestabilidad en cuantos asuntos ha metido mano. Y cuando más necesario le resulta presentar un balance tranquilizador, se desatan las tempestades que él mismo ha causado.



Por ello no es sorprendente, aunque sea hasta cierto punto inesperado, lo que está sucediendo en las últimas fechas en Estados Unidos de América. Son los brotes de las semillas que el propio Trump se encargó de esparcir desde que accedió a la Presidencia del país más poderoso del mundo. Un cargo que le está grande y que pone en evidencia su escasa capacidad para cumplir con aquella promesa de “hacer América grande otra vez”.

Porque, en vez de esa grandeza, lo que Trump está consiguiendo es que Estados Unidos sea azotado por las tempestades de la desigualdad, el racismo, la impotencia de proteger a su población ante emergencias sanitarias, la creciente espiral de desconfianza que genera un país que fue faro del mundo, el desprestigio ante sus socios, el desbarajuste en el derecho internacional, la manipulación política y social, el deterioro de la democracia frente a la demagogia del populismo sectario y la ruptura de los consensos en un mundo multilateral e interdependiente.

En ese ambiente enrarecido que ha caracterizado la era Trump, ha bastado la chispa provocada por la enésima víctima de la violencia racial policial, acaecida el 25 de mayo pasado en Minneapolis, donde un ciudadano afroamericano murió por asfixia cuando estaba siendo detenido, para que una avalancha de manifestaciones y protestas se extendiera por todo el país y prendiera las llamas del descontento en más de 30 ciudades norteamericanas, generando en algunos casos actos vandálicos.

Un conflicto al que un presidente visceral y bocazas quiso combatir, en un principio, mediante la fuerza y el autoritarismo, sintiéndose cuestionado y señalado por los manifestantes. Incapaz de contener sus constantes ofensas a través de las redes sociales, Trump no pudo evitar avivar las iras del descontento al glorificar la violencia mediante un tuit en el que aseguraba que “cuando comienzan los saqueos, comienzan los disparos”, tildando de “delincuentes” a los manifestantes.

No obstante, el mayor error que refleja su catadura moral y estatura política ha sido ordenar un despliegue impresionante de fuerzas de seguridad para contener unas concentraciones que llegaron ante las verjas de la Casa Blanca.

Más de 84.000 efectivos de la Guardia Nacional fueron movilizados por Trump para apoyar a los cuerpos policiales de los Estados. Y hasta unidades de la 82º División Aerotransportada estuvieron acuartelados en Washington por si tenían que intervenir para “salvar” al presidente, atrincherado en un búnker de la mansión presidencial, ante un improbable asalto que la muchedumbre de “delincuentes” manifestantes pudiera emprender.

Tal utilización del Ejército para sofocar protestas y disturbios ha sido cuestionado hasta por el propio Pentágono, que se ha desmarcado de tales iniciativas presidenciales. El jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, el general Mark Milley, y el secretario de Defensa, Mike Esper, así como el anterior exsecretario James Mattis, mostraron su desacuerdo con el despliegue del Ejército para dispersar a la población civil que se manifestaba pacíficamente.

A ellos se unieron las voces de los senadores Ben Sasse (Nebraska), Tim Scott, el único senador negro republicano, Lisa Murkovsky (Alaska), Lindsey Graham (Carolina del Sur) y Benny Thompson (presidente del Comité de Seguridad de la Patria), contra lo que consideran una actuación inconstitucional al reprimir las protestas con medios militares.

El caso es que este incendio antirracista que prendió en la sociedad norteamericana no fue sofocado como debiera por un presidente que se supone representa a todos los ciudadanos. Por el contrario, Donald Trump se ha pasado todo su mandato sembrando la cizaña del odio racial cada vez que tenía ocasión.

Es lo que hizo cuando “comprendió” las agresiones racistas acaecidas en Charlottesville, en las que un simpatizante supremacista de extrema derecha lanzó su coche contra una manifestación de activistas de izquierdas, causando la muerte de una mujer y otras 19 personas heridas de diversa gravedad.

Y es lo que hace ahora, cuando un policía de Minneapolis asfixió a George Floyd a la hora de detenerlo, lo que ha generado la actual avalancha de protestas que se ha extendido por todo el país y el resto del mundo.

O cuando un manifestante de 75 años fue empujado contundentemente por otro policía, en Buffalo, haciéndolo caer al suelo y golpearse violentamente la cabeza, dejando un reguero de sangre sobre la acera, sin que ninguno de los agentes lo socorriera.

 Y vuelve hacerlo cuando otro hombre afroamericano murió por disparos por la espalda de un policía, en Atlanta, tras resistirse a ser detenido por conducir ebrio y arrebatar, en el forcejeo, la pistola de descarga eléctrica del agente y huir corriendo. Ante tales hechos, que son reiterativos en la brutal y desproporcionada actuación policial, Donald Trump siempre interviene para expresar su apoyo y “comprensión” a una violencia que, en la mayoría de los casos, ejercen blancos contra negros.

Estos hechos no hacen más que evidenciar los nubarrones tormentosos que se ciernen sobre el futuro resplandeciente que parecía aguardar a Trump. Y está nervioso. Su brillo languidece cuando más falta hacía que deslumbrase a sus conciudadanos.

Sus mentiras, exageraciones, manipulaciones e insultos no parecen convencer ya a quienes una vez creyeron ver en él al líder que iba a convertir América grande otra vez. Y no hace más que equivocarse al pretender acallar todas estas muestras de descontento recurriendo a arrebatos de autoritarismo absurdo y soflamas incendiarias.

La razón de tanta preocupación es que, a escasos cinco meses de las elecciones, este rechazo popular podría hacerle perder las probabilidades de revalidar su cargo el próximo noviembre. Por ello actúa desnortado y desbordado por las circunstancias, puesto que ya no hay tiempo de maquillar su gestión para volver a engatusar a los votantes.

Porque no es sólo la actual racha de manifestaciones y algaradas por un racismo enquistado en la sociedad estadounidense que él ha contribuido a exacerbar con su exhibición como un presidente supremacista que “comprende” la violencia racista, sino también el rechazo que ocasiona su nefasta actitud frente a la pandemia del coronavirus.

Ni la trivialización con que asumió la emergencia sanitaria ni el triunfalismo que mostró sobre la capacidad de Estados Unidos para afrontarla, gracias a su potencia en recursos técnicos y humanos, han podido sustraer a Estados Unidos de ser el país que mayor número de contagiados y muertos suma en el mundo. Víctimas que en su mayor parte corresponden a la población negra y desfavorecida del país.

Tal deplorable actuación, cuya responsabilidad por las vidas humanas truncadas está pendiente, se ve agravada por el ridículo de un mandatario que no se recata a la hora de exhibir su peligrosa ignorancia mediante declaraciones y bravuconadas, como cuando recomendó ingerir lejía para tratar la infección o el uso de la cloroquina, que él afirmaba tomar regularmente, como medicamento para la prevención de la enfermedad. La Administración del Alimentos y Medicamento de Estados Unidos (FDA) ha desautorizado el uso de ese fármaco por los riesgos que acarrea y por no estar demostrada su eficacia contra la covid-19.

Si a este panorama se añade la crisis económica que ha acompañado a la pandemia y que ha destrozado millones de puestos de trabajo en el país más rico del mundo, el desbarajuste comercial de su particular “guerra” con China y otras naciones, con las que ha roto acuerdos y tratados comerciales arduamente elaborados, la desconfianza en unas relaciones internacionales en las que actúa movido por su intuición empresarial y el interés particular y no por el consenso multilateral que se rige mediante procedimientos diplomáticos, junto a sus balandronadas bélicas (en Siria, Corea del Norte, Golfo Pérsico, Venezuela, Rusia y en cualquier lugar donde amenaza con el botón más poderoso y la bomba más terrorífica) sin apenas efectividad, se comprende que no resulte extraño que los nubarrones empañen la carrera triunfal que Donald Trump pensaba emprender para repetir mandato.

Él mismo se ha encargado no sólo de empañar su gestión con su incapacidad para gobernar con decoro y eficiencia su país, sino por su pertinaz contribución a incendiar América, como en los peores tiempos en los que imperaba el hampa, la segregación racial y la desigualdad social. Esas tempestades se ciernen hoy sobre un presidente que se resiste admitir su ocaso. Y lo que es peor, no acepta su fracaso.

DANIEL GUERRERO

15 jun. 2020

  • 15.6.20
Me revienta la utilización del término “paguita” que emplean algunas personas para referirse, de manera peyorativa y despreciativa, al Ingreso Mínimo Vital (IMV) que ha incorporado el Gobierno de España a las prestaciones sociales que brinda el Estado a quienes carecen de recursos, justo en pleno azote de la actual crisis sanitaria y su derivada económica.



Por el tono con que lo emplean, el diminutivo denota un profundo rechazo (más visceral que racional) a la concesión de una nueva ayuda pública, pero también la mentalidad de quien lo expresa, secundando críticas y argumentarios que, por lo general, no son suyos, sino que pertenecen a una ideología determinada que los difunde propagandísticamente.

Me enerva, como digo, el uso de esa palabra y el tono con que se pronuncia. Pero más me irrita la incapacidad de razonar por sí mismos de los que se limitan a repetir, como meros papagayos, consignas y eslóganes que escuchan de boca ajena.

Máxime si, el que imita las posturas y el vocabulario de los reacios a todo progreso social, pertenece a estamentos de población que con mayor probabilidad van a necesitar de la solidaridad y el apoyo del conjunto de la sociedad, es decir, si quien la expresa son trabajadores y familias vulnerables que sobreviven de trabajos y salarios precarios con los que es imposible garantizar indefinidamente las necesidades básicas, como son la educación, la salud y, en primer lugar, la alimentación y sustento.

Desgraciadamente, muchos de los que cuestionan el nuevo socorro están expuestos a depender en cualquier momento de un mínimo vital que les permita escapar de la miseria y, hasta cierto punto, vivir con dignidad. Los malintencionados dicen que esta prestación solo servirá para criar vagos. ¡Cuánta insensibilidad o ignorancia para insultar tan fácil y gratuitamente a los desfavorecidos!

Sin embargo, detrás de los detractores se esconde una ideología. Los que hoy se oponen a la nueva herramienta del Estado de Bienestar son los que ayer cuestionaron que se promulgara una Ley de Dependencia que aliviara la carga de los condenados a cuidar y mantener a sus mayores. Y los mismos que anteriormente criticaron que la sanidad se extendiera a toda la población e, incluso, que fuera un derecho y no un servicio garantizado a los que estaban cubiertos por mutuas o cartillas sanitarias.

Los que consideraban excesivo las indemnizaciones por despido, la cuantía y duración de las prestaciones por desempleo, las subvenciones al empleo rural y hasta la última subida del salario mínimo interprofesional, pero no las nacionalizaciones de empresas en quiebra, el rescate de los bancos, las inversiones a fondo perdido en sectores industriales o la financiación pública de instituciones que no están sujetas a control democrático. Son los mismos que despotricaron, llevándose las manos a la cabeza, del matrimonio homosexual, el divorcio y el aborto cual afrentas a su concepción moral de la sociedad.

La preocupación que muestran por la capacidad económica del Estado para financiar la nueva prestación es, sin embargo, coherente con la aversión que tienen a una fiscalidad progresiva que les obliga pagar impuestos en función de la renta. Por ello votan a partidos que prometen bajarlos.

Son acérrimos partidarios de “adelgazar” todo gasto social en las cuentas públicas. De ahí el desdén con el que esgrimen que la “paguita” será un despilfarro que alimentará la ociosidad de los desafortunados que están al borde de la pobreza y la exclusión.

Son aquellos que comulgan con una ideología que considera que el mercado se basta para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y que estos han de procurarse, sim importar las condiciones de origen, su propia viabilidad vital, sin ayuda del Estado.

Los que, en definitiva, propugnan que la cohesión y la libertad de la sociedad descansan fundamentalmente en la existencia de un mercado que atienda las necesidades de la población y no de un Estado social que combata las desigualdades gracias a la solidaridad de todos sus miembros.

Esta renta mínima estatal, que garantiza un ingreso mínimo de 461,50 euros a los hogares atrapados en la pobreza, no es ninguna novedad en los países de nuestro entorno, aunque sea un derecho nuevo que se incorpora al Estado de Bienestar en España.

En un país, como el nuestro, en el que la tasa de desempleo es estructuralmente irreductible por mucho que la economía sea boyante (lo que imposibilita el lema conservador de que el trabajo es la única forma de combatir la pobreza), era una necesidad prestar a las capas de población más vulnerables un recurso que les permita escapar de la pobreza extrema y la exclusión social.

No se trata de repartir caridad, sino de mostrar justicia y solidaridad para que el beneficio que la sociedad genera también alcance a quienes, por infinidad de causas, no han tenido la oportunidad ni los medios para desarrollar sus proyectos de vida. Y son muchos. De hecho, España es el segundo país con mayor pobreza entre los 28 de la UE. Una de cada cinco personas está en riesgo de ser pobre e incapaz de sufragar sus necesidades básicas.

Se trata, por tanto, de combatir esta situación y construir una sociedad cohesionada y justa que no deja en la orilla a ninguno de sus componentes. Para ello, nuestro Estado de Bienestar se dota de un nuevo derecho con el que poder reducir la pobreza severa.

Solo los que consideran que el Estado no debe atender el interés mayoritario de la comunidad están en contra de cada nuevo derecho que se conquista por la ciudadanía. Y lo rechazan y desprecian, apelando incluso al miedo y el insulto.

Los pertenecientes a esa mentalidad retrógrada, contraria a todo progreso, no pudieron impedir que ayer, miércoles, se aprobara en el Parlamento español la tramitación como proyecto de ley de esta iniciativa que viene a fortalecer nuestro Estado de Bienestar y, por tanto, al conjunto de la sociedad. Solo los que descalifican como “paguita” el nuevo derecho social votaron en contra o se abstuvieron, como han hecho siempre que este país ha avanzado en libertades y progreso. Y se debería tomar nota de ello.

DANIEL GUERRERO

8 jun. 2020

  • 8.6.20
Pedro Sánchez Pérez-Castejón, madrileño, doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales, concejal del Ayuntamiento de Madrid y luego diputado, con experiencia en asesoría económica en Bruselas y Estados Unidos, es el primer presidente de Gobierno español que se relaciona sin intérpretes con sus colegas europeos. Y el presidente del primer Gobierno que cuenta con mayoría de mujeres entre sus 22 miembros.



Durante su primer Gobierno (tras la moción de censura), los socialistas adoptan decisiones de fuerte impacto social, como autorizar el atraque en el puerto de Valencia del buque Aquarius, para acoger a los 630 migrantes salvados en aguas del Mediterráneo central que Italia no permitió desembarcar.

También aprobaron una modificación de la Ley de Memoria Histórica que permitió exhumar los restos del dictador Francisco Franco de la Basílica del Valle de los Caídos para trasladarlos a una sepultura privada donde no fueran enaltecidos. Esta iniciativa motivó un enconado enfrentamiento jurídico con la familia del dictador.

Al mismo tiempo, se intentó desbloquear el concurso público para la elección del presidente del ente público de RTVE. Al no lograrlo, los socialistas designaron a la periodista Rosa María Mateo como administradora única hasta la resolución del citado concurso.

También se aprobó la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros al mes, un incremento del 22,3 por ciento, que beneficiaría a cerca de 2,5 millones de trabajadores. En total, pues, el primer Gobierno de Pedro Sánchez impulsaría 13 proyectos de ley que no pudieron tramitarse por la brevedad de la Legislatura, pues tuvieron que convocarse nuevas elecciones cuando el Parlamento rechazó la ley de Presupuestos presentada por el Gobierno.

Pero hasta su celebración, el Ejecutivo hizo uso de reales decretos-leyes, lo que se conoció como “viernes sociales” para, entre otras medidas, aprobar con carácter de urgencia la revalorización de las pensiones, mejorar las retribuciones del sector público, aumentar los permisos por paternidad, liberalizar el sector de la estiba, autorizar a las autonomías y ayuntamientos a reinvertir sus superávits o adoptar planes de contingencia ante un Brexit sin acuerdo, entre otras muchas.

No todo fueron luces en ese Ejecutivo. También hubo sombras, como las protagonizadas por el ministro de Cultura, Máxim Huerta, que tuvo que dimitir por sus problemas con Hacienda antes de hacerse cargo del Ministerio. Y la de Carmen Montón, ministra de Sanidad, por sospechas de plagio en su tesis doctoral.

También se produjo el cese de la directora general de Trabajo, Concepción Pascual, por avalar la legalización del sindicato de prostitutas. Además de otras diatribas y reconsideraciones de promesas efectuadas, como la derogación inmediata de la Reforma Laboral.

Apenas cumplidos los primeros cien días del segundo Gobierno de Pedro Sánchez, el de coalición con Unidas Podemos, los socialistas se cruzan con otra crisis imprevista en su camino, esta vez sanitaria, provocada por un nuevo virus –desconocido, sumamente contagioso y contra el que aún no existe vacuna– el SARS-COV2, que produce la enfermedad Covid-19, y que desata una pandemia global, declarada como tal por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020.

Esta pandemia, que paraliza países enteros, entre ellos España, confinando a la población en sus domicilios y deteniendo en seco la actividad económica, se traducirá en una inevitable crisis económica sin precedentes. Como en la mayoría de países por donde se extiende, el Gobierno español declara el estado de alarma para combatirla, situación excepcional en la que nos hallamos a la hora de elaborar este artículo.

Lo que haga el Ejecutivo de Pedro Sánchez frente a este y otros asuntos será objeto de un futuro capítulo de este repaso de los Gobiernos de España, con el que se ha pretendido comparar la ejecutoria de siete presidentes de nuestra todavía joven democracia. Adolfo Suárez (1976-1981), Leopoldo Calvo Sotelo (1981-1982), Felipe González (1982-1996), José María Aznar (1996-2004), José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), Mariano Rajoy (2011-2018) y Pedro Sánchez (2018- ).

La intención no ha sido otra que la de valorar la diferencia ideológica entre gobiernos de derechas y progresistas. Las conclusiones que se puedan extraer de la comparativa depende de cada lector, cuyo juicio hemos buscado, modestamente, ilustrar con datos y hechos.

DANIEL GUERRERO

1 jun. 2020

  • 1.6.20
A partir de 2015 vendrían años en los que se inicia la época de mayor inestabilidad política en España y los del fin del bipartidismo clásico que ha caracterizado a la democracia desde 1978. Comienzan cuando el presidente Rajoy convoca elecciones, al agotar su mandato, en 2015, en las que el PP obtiene un magro resultado de 125 diputados, 63 menos que en 2011, lo que hará imposible, por tanto, gobernar si no logra reunir apoyos suficientes.



Pero su mayor oponente, el PSOE, tampoco consigue la confianza de los electores, obteniendo un resultado aún peor, de solo 90 escaños, bajo la dirección de un nuevo líder, Pedro Sánchez. El PSOE pugnaba en dos frentes distintos: contra el PP y contra Podemos, la formación emergente a su izquierda, que concurría por primera vez a unas elecciones generales y que se había marcado el objetivo de dar “sorpasso” al PSOE. Casi lo conseguiría, pues se estrenó en el Congreso de los Diputados con 42 diputados.

Vistos los pocos apoyos, Rajoy renuncia finalmente a proponerse al rey Felipe como candidato a la investidura de presidente de Gobierno. Y Sánchez lo intenta mediante un acuerdo establecido con Ciudadanos, la nueva formación de derecha liberal, confiando en la abstención de Podemos.

Pero fracasa en una sesión histórica: por ser la primera en que un candidato que no ha ganado las elecciones concurre a la investidura, que pierde con los votos en contra de PP y Podemos, y por dar lugar a la primera Legislatura fallida de la democracia española. El bipartidismo, tal como lo habíamos conocido, saltaba por los aires.

En 2016 se repiten elecciones, en las que el PP logra mejorar sus resultados (137 escaños), que dan la oportunidad a Rajoy de continuar al frente del Gobierno, gracias a los apoyos de Ciudadanos (actuando ya como partido bisagra) y Coalición Canaria, formación nacionalista.

Pero, para ello, sería necesario que esta vez el PSOE se abstuviera, facilitando que la investidura reuniera más síes que noes (mayoría simple) en la votación parlamentaria. Y el nuevo líder del PSOE se negaba a ello en redondo, enrocándose en su lema “no es no”, a pesar de que bajo su liderazgo el PSOE había cosechado el peor resultado de su historia: sólo 85 diputados.

Tales resultados y su obstinación pasan factura a Pedro Sánchez y lo obligan a abandonar la Secretaría General del partido, que había ganado en las primeras primarias celebradas en el PSOE, en 2014. También renuncia a su acta de diputado.

El “aparato” del partido optaba por la abstención para acabar con la parálisis de un Gobierno en funciones que duraba ya tres meses. Y forzó su dimisión. Pero no se dio por vencido: volvió a presentarse a las siguientes Primarias, enfrentándose a la candidatura de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en las que consigue nuevamente ser elegido secretario general del PSOE.

La derecha permanecía aferrada al poder con Mariano Rajoy, gracias a los apoyos parlamentarios que facilitaron su investidura, hasta que, en 2018, la Audiencia Nacional dicta sentencia de una pieza del caso Gürtel, en la que halla culpable al PP de mantener una estructura de contabilidad y financiación ilegal. El PP se convertía, así, en el primer partido condenado por corrupción en España. Y dejaba a su líder totalmente desautorizado moral y políticamente.

Era la oportunidad ansiada por el líder del PSOE para retomar la iniciativa de expulsar a Rajoy del Gobierno. Con tal propósito, presenta una moción de censura que obtiene 180 votos a favor y 169 en contra. Sánchez, por fin, accede a la Presidencia del Gobierno, gracias a la primera moción de censura que triunfa en la moderna democracia.

Pero aquellos apoyos no le permitirían completar la Legislatura, como pretendía. El rechazo parlamentario al proyecto de ley de Presupuestos que presentó en 2019, cuando apenas llevaba diez meses en el puesto, lo obliga a convocar nuevas elecciones, que se celebran en abril, en las que remonta resultados y convierten al PSOE en primera fuerza, con 123 escaños, del Parlamento, tras el batacazo del PP, que cae hasta los 66 escaños, conducido ahora, tras la dimisión de Rajoy, por un nuevo líder, Pablo Casado.

A pesar de ser el partido más votado, el PSOE no logra cerrar un pacto de coalición con Podemos, dadas las desconfianzas mutuas, y después de dos votaciones infructuosas para conseguir la confianza de la Cámara, se convocan las cuartas elecciones generales en los últimos cuatro años.

En noviembre de 2019, los socialistas vuelven a ganar las elecciones, pero con sólo 120 diputados. Y lo que antes era imposible, ahora es imprescindible: el PSOE consigue formar el primer Gobierno de coalición de España, junto a Podemos, aunque por la mínima, por sólo 167 síes frente a 165 noes y 18 abstenciones.

Pedro Sánchez, al tercer intento, logra, definitivamente, ser presidente electo del Gobierno de España. La izquierda retorna al poder por tercera vez, tras los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Pero eso será objeto de un nuevo capítulo

DANIEL GUERRERO

25 may. 2020

  • 25.5.20
Aparte de la corrupción y de la crisis económica, el otro gran problema al que Mariano Rajoy debió enfrentarse como presidente del Gobierno fue el “conflicto” catalán. El desafío soberanista de Cataluña no fue abordado con la habilidad y la mano izquierda requeridas por parte del líder del Partido Popular. Enrocado en la legalidad, no supo o no quiso explorar vías políticas para acercar posturas y evitar lo que de hecho sucedió: el choque de posiciones maximalistas monolíticas.



El recurso que había promovido su partido ante el Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, aprobado con modificaciones por el Congreso de los Diputados y sancionado en referéndum por los catalanes con el 73,9 por ciento de los votantes, con una participación del 49,4 por ciento, es decir, casi la mitad de la población con derecho a voto, fue la mecha que encendió el rechazo y las protestas en aquella comunidad contra España, dando alas a los partidarios de la independencia.

En 2010, se celebró en Barcelona una manifestación con el lema Som una nació, nosaltres decidim, que sirvió de ensayo para la celebración multitudinaria, en 2012, de la Diada de Cataluña, bajo el lema Catalunya,nou estat d´Europa.

La deriva de todo aquello es de sobra conocida: referéndum ilegal; leyes del parlamento catalán para “desconectar” la Constitución y aprobar la independencia de Cataluña; la aplicación del artículo 155 para suspender la Autonomía; la huida al extranjero de parte de los miembros de la Generalitat, incluido su presidente, Carles Puigdemont, aun prófugo en Bruselas; las condenas judiciales a los políticos responsables de aquellas decisiones que se quedaron en España; y, como colofón, el actual presidente vicario de la Generalitat, Quim Torra, dedicado a incordiar todo lo que puede.

En buena medida, el agravamiento de este conflicto se debe a la incapacidad de Rajoy, y de la derecha ideológica en su conjunto, de hallar y transitar vías políticas de diálogo y negociación para encauzar y moderar el problema, como supuso en su día la reforma el Estatuto catalán.

El peligroso y desleal comportamiento de esa derecha, en la oposición o desde el Gobierno, no solo para ayudar a contrarrestar la extensión del independentismo, sino incluso para utilizarlo en la confrontación y como munición política que le deparaba réditos electorales en toda España, menos en Cataluña, ha sido bochornoso. Es una de las herencias del concepto de servicio al país que deja la derecha de Rajoy.

La otra es su deplorable actuación contra la corrupción que ha afectado gravemente a su partido, y que, tras seis años detentando el poder, causó su expulsión como presidente del Gobierno por culpa de una sentencia judicial que condenaba al Partido Popular por financiación ilegal y trama delictiva.

La condescendencia de Rajoy con los chanchullos del tesorero de su formación ("Ánimo Luis, sé fuerte", le decía), la trama corrupta de la Gürtel, los sobres que recibía el propio Rajoy con sobresueldos en negro del partido, más las múltiples ramificaciones que no dejaron de aflorar en su formación sin que él moviera un dedo, condujeron a Mariano Rajoy a ser el primer presidente de la democracia en comparecer como testigo en un juicio contra su partido y el primero en ser expulsado del Gobierno por una moción de censura del Congreso de los Diputados, presentada por un PSOE, precisamente, en sus horas más bajas. Una vez más, la manipulación y los abusos condujeron la derecha a la oposición. Pero no fue una caída rápida, sino que requirió de varias elecciones generales y una moción de censura para derribarla del poder.

DANIEL GUERRERO

18 may. 2020

  • 18.5.20
El período socialista de los gobiernos de Rodríguez Zapatero se agotó al cabo de su segunda Legislatura como consecuencia de la crisis económica de 2008. Las medidas de preciso escarpelo para combatirla, reduciendo partidas de gasto del Presupuesto para equilibrar el déficit público, pesaron más que los avances en derechos y libertades conquistados bajo su mandato.



Los electores prefirieron que la derecha administrase la austeridad a la que abocaba una crisis económica que la derecha supo utilizar como ariete del Gobierno. Así, en las elecciones de noviembre de 2011, el Partido Popular obtendría mayoría absoluta y sentaba a Mariano Rajoy en el sillón del Gobierno de España, el sexto presidente de la democracia desde 1978 (contando a Leopoldo Calvo Sotelo, elegido presidente tras la dimisión de Adolfo Suárez, en 1981, hasta el triunfo socialista de 1982. Fue un presidente de transición). Se producía, así, un nuevo vaivén del bipartidismo español que posibilitaba que la derecha recuperase, una vez más, el poder.

Mariano Rajoy Brey, un político gallego de amplio recorrido desde los tiempos de la Alianza Popular (AP) de Fraga, además de abogado y notario, había sido un ministro “todoterreno” (Administraciones Públicas, Educación, Interior, Portavoz y vicepresidente) en los ocho años de gobiernos de José María Aznar, hasta que este lo designó para sucederle como candidato del Partido Popular a las elecciones de 2004, en las que el PP perdió el poder.

Es en los comicios anticipados del año 2011 cuando Rajoy consigue al fin, después de perder también la cita con las urnas de 2008, acceder a la Presidencia del Gobierno, rodeándose de figuras destacadas de la derecha española y de colaboradores suyos en el partido. Su mandato, a lo largo de tres legislaturas (una de ellas non nata), se interrumpe abruptamente con la moción de censura que le presenta el nuevo líder del PSOE, Pedro Sánchez, tras una sentencia del caso Gürtel.

Tal como había prometido, una vez formado su Ejecutivo, Mariano Rajoy comienza a aplicar su plan neoliberal para sanear la economía española de la recesión en la que había entrado desde finales de 2009. Tarda sólo dos semanas, desde su nombramiento, en anunciar el primer “hachazo” presupuestario, de casi 10.000 millones de euros, y la subida del IRPF.

Empezaba, así, a cumplir e incumplir sus promesas electorales de ahorrar gasto, reducir las administraciones públicas, volver a las privatizaciones y bajar impuestos. Excepto esto último –que los subió–, cumplió con todo lo demás.

Era evidente que el Gobierno de Rajoy tenía, como más importante reto, afrontar la grave crisis económica del país, y en ello se empeñó con todas sus fuerzas, mediante las clásicas recetas del neoliberalismo. Frente al bisturí de Zapatero, Rajoy propinó tijeretazos al gasto público y al Estado de Bienestar.

Y para reducir el desempleo, hizo una reforma laboral que flexibilizó el despido y precarizó el mercado del trabajo, desvinculando los acuerdos de empresa de los convenios colectivos sectoriales, todo ello bajo una fuerte contestación por parte de los colectivos afectados.

En lo económico, por tanto, las primeras iniciativas del Gobierno conservador fueron inmediatas y drásticas a la hora de reducir el gasto público y el tamaño de las administraciones. Continuaba, así, pero con mayor dureza aun, la senda de restricciones que había emprendido el anterior mandatario socialista, presionado por la UE y los mercados hasta el extremo de tener que acometer una enmienda a la Constitución que contemplaba priorizar el pago de la deuda frente a cualquier otro gasto público.

Sin embargo, estas medidas iniciales de Rajoy no lograron frenar el peligro de rescate y la escalada de la prima de riesgo, que se disparó a cifras históricas insostenibles, de más de 600 puntos porcentuales. Ese escenario lo obligó a aplicar nuevas medidas impopulares, como la subida del IVA, la reducción de las prestaciones por desempleo, la supresión de la paga extra de Navidad de los funcionarios, la reducción de las plantillas en las administraciones públicas (la tasa de reposición por jubilación en Sanidad fue del diez por ciento), la práctica congelación de las pensiones (incremento anual de solo el 0,25 por ciento), la subida de impuestos medioambientales y un nuevo recorte al Estado de Bienestar, como el copago farmacéutico, además de dejar sin dotación la partida presupuestaria de la Dependencia y la exigua financiación a la investigación científica, la innovación y el desarrollo, entre otros recortes.

De la contundencia de sus duras medidas económicas es relevante que, durante el primer año de su Gobierno, Mariano Rajoy hiciera uso de 29 decretos-ley, una fórmula legal que se justifica por motivos de urgencia, aunque no fuera necesario al disponer de mayoría absoluta en el Congreso para aprobar cualquier iniciativa gubernamental.

A pesar de todo, Rajoy no pudo evitar la tutela de la Unión Europea en las cuentas públicas ante el riesgo creciente de recaída en la recesión. Bajo el eufemismo de “préstamo”, España solicitó formalmente un rescate por más de 80.000 millones de euros a Europa para ayudar a las entidades financieras y al FROB, el “banco malo” creado para asumir la deuda privada de las entidades nacionalizadas, como Bankia.

Tan grave era la situación que, durante buena parte de su primera Legislatura, las políticas de austeridad del Gobierno contribuyeron a profundizar y prolongar la crisis económica, aumentando las cifras de desempleo, que a finales de 2012 había alcanzado la cota más alta de la historia, un 26 por ciento de la población activa, y los índices de pobreza y exclusión social, que pasaron del 23 por ciento de la población a cerca del 28 por ciento, de lo que daba muestra el número de familias que fueron desalojadas de sus viviendas al no poder pagarlas.

En lo social, como no podía ser de otra manera, las restricciones y el “austericidio” provocaron estragos en los servicios esenciales que provee el Estado a los ciudadanos, poniendo en cuestionamiento la viabilidad del Estado de Bienestar.

La Educación, por ejemplo, sufrió recortes que mermaron su plantilla y aumentaron la ratio de alumnos por aula. También supusieron la reducción de la dotación para becas e investigación, el incremento del número de horas docentes del profesorado y la “racionalización” de las titulaciones, etc.

En Sanidad, aparte de la reducción y congelación de los salarios, los recortes significaron la disminución de la plantilla de sanitarios de todas las categorías, la imposibilidad de seguir activo más allá de los 65 años, el copago sanitario y farmacéutico (recetas, traslados de enfermos, medicamentos, etc.) y la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes en situación irregular.

En Dependencia, como se ha señalado, no se proveyeron recursos para mantener su aplicación y atender a los nuevos demandantes de ese derecho. Y las pensiones, en contra de lo insistido por el Gobierno, estuvieron técnicamente congeladas, cuyo raquítico incremento fue siempre inferior al coste de la vida, la inflación, durante todos los años del mandato de la derecha.

Además, el desajuste de la Seguridad Social fue tan desorbitado que prácticamente vació la “hucha” de las pensiones, el remanente acumulado durante la época socialista de Rodríguez Zapatero para garantizar su financiación.

En resumen, hay que señalar que las medidas implementadas para sanear la economía golpearon con especial dureza, dadas la austeridad y las restricciones que suponían, a los colectivos más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad, al reducir o eliminar prestaciones sociales y servicios de los que dependían para su subsistencia.

Y es que esos estratos débiles, sin apenas ingresos, tuvieron que enfrentarse a la subida del impuesto del IVA, del 18 al 21 por ciento en el tramo general y del 8 al 10 por ciento el del tipo reducido; ver reducida su prestación por desempleo; ser castigados por la supresión de la deducción por vivienda en el IRPF; pagar por hacer uso de la Justicia (reforma de tasas judiciales); etc., y ser víctimas del resto de recortes descritos más arriba.

Sin apenas acceso a los servicios esenciales de un Estado de Bienestar mermado, aquellas reformas económicas, que despreciaron a los más vulnerables, hicieron que los pobres fueran más pobres todavía. Y los ricos, más ricos.

Las grandes cifras macroeconómicas, gracias a las recetas y políticas neoliberales implementadas para su exclusivo beneficio, es decir, para sanear sus cuentas y nacionalizar las pérdidas, junto a unas condiciones externas favorables (viento de cola) por el descenso del precio de los productos energéticos, un euro devaluado respecto al dólar y, sobre todo, las facilidades del Banco Central Europeo para abaratar el precio del dinero y dar liquidez al mercado financiero, posibilitaron la vuelta al crecimiento y la recuperación económica, fundamentalmente durante los últimos años de la segunda Legislatura de Rajoy, pero a costa de crear una crisis social sin precedentes, en la que la desigualdad y la precariedad ensancharon enormemente las brechas sociales.

Y no solo eso: en cuanto a derechos y libertades, la derecha con Rajoy volvió a sus fueros de regresión y autoritarismo. Bastan tres ejemplos para demostrarlo. En primer lugar, la reforma de la Ley del Aborto, que Rajoy encargó a su ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y no al de Sanidad, y que endurecía los requisitos y eliminaba, incluso, la malformación del feto como supuesto para llevar a cabo la intervención, con la pretensión de satisfacer a su electorado más conservador, a los colectivos antiabortistas y a la Iglesia, se saldó con la dimisión del ministro y la no aprobación del proyecto de reforma. La contestación social, incluida la del sector conservador moderado, hicieron recular a Rajoy y retirar –de momento– aquella reforma.

En segundo lugar, la nefasta “ley Wert”, como se llamaba a la LOMCE, la séptima Ley de Educación de la democracia, impulsada en solitario y sin consenso por el ministro que da nombre al texto legal, el que aplicó los mayores recortes de la historia en educación.

Aparte de reducir “gastos”, la ley suprimió la asignatura de Educación para la Ciudadanía por la de Religión, con peso curricular en la nota del alumno. Además, el Ministerio recentralizaba el diseño curricular, reduciendo el margen de las autonomías para configurar sus contenidos.

Y, por último, la “Ley Mordaza”, Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que deja en manos de la Administración el ejercicio de derechos y libertades fundamentales, en aras de garantizar el orden público y la seguridad ciudadana, y que prohíbe, por ejemplo, tomar imágenes de la actuación y presuntos abusos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su cometido.

Una norma que faculta a la Policía a ser juez y parte en sus conflictos con los ciudadanos a la hora de valorar la “desobediencia o resistencia a la autoridad” o la “falta de respeto o consideración a las fuerzas del orden” público. Todavía sigue vigente.

En política exterior, el mandato de Rajoy no se distinguió por su quehacer diplomático, salvo las debidas relaciones habituales con Europa y su aparente cordialidad con la canciller alemán, Angela Merkel, de quien dependían, en buena medida, las condiciones impuestas por Bruselas a la economía española.

España seguía sin recuperar el peso perdido en Europa, como se demostró con el fracaso de la candidatura de Luis de Guindos para presidir el Eurogrupo. Con EE UU mantuvo buenas relaciones, consiguiendo un nuevo acuerdo sobre las bases militares de utilización conjunta, pero sin llegar a los niveles de servilismo pronorteamericano de la época de Aznar. Lo mismo puede decirse de las relaciones con Latinoamérica y los países árabes, donde la preocupación se centraba en la región del Sahel y la amenaza del terrorismo del Daesh o Estado islámico.

Sin embargo, era en política interna en lo que los gobiernos de derecha de Mariano Rajoy fueron claramente deficientes, y con respecto de la corrupción, deplorables. Pero eso será objeto de un nuevo capítulo.

DANIEL GUERRERO

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