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Mostrando entradas con la etiqueta Lienzo de Babel [Daniel Guerrero]. Mostrar todas las entradas
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9 mar. 2020

  • 9.3.20
Una epidemia que amenaza con convertirse en pandemia, provocada por un virus nuevo y desconocido hasta la fecha, que hizo su aparición en un remoto rincón de China, causando una especie de gripe sumamente contagiosa y de relativa letalidad, ha desatado cierta histeria conforme, gracias a la facilidad de desplazamientos del mundo moderno, se extiende por Asia y Europa, principalmente, como un fantasma que recorre el mundo, poniendo en jaque no solo las capacidades sanitarias por atajarla, sino también la economía de los países a los que alcanza la infección. Y es que el virus se ha vuelto viral.



Dicho germen, denominado coronavirus COVID-19, pertenece a una familia amplia de virus, entre los que hay que causan enfermedad en los humanos, y otros en los animales. Al parecer, el patógeno que está propagándose por el mundo se originó en los murciélagos, sin que se sepa todavía cómo saltó a las personas, si bien directamente o a través de otro animal intermedio que hizo de huésped.

Sea como fuese, lo cierto es que desde que surgió el primer brote en Wuhan, China, país donde ha contagiado cerca de 80.000 personas y provocado la muerte de más de 2.700 de ellas, en su mayoría personas de edad avanzada y con otras patologías previas, el virus se ha extendido con inusitada rapidez a más de 78 países, como Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, EE UU, Argelia, México y España, por citar algunos de ellos. El número de fallecidos en todo el mundo supera ya las 3.200 personas. No se trata, por tanto, de una infección benigna ni localizada, sino de una enfermedad importante y, por ahora, descontrolada.

Que sea importante no quiere decir que sea grave, aunque la mortandad que puede provocar depende más del estado de salud previo de las personas que de la letalidad del virus. Los síntomas respiratorios que genera pueden complicar patologías existentes en las personas a las que infecta.

No obstante, la alarma que desata la infección está justificada por su enorme capacidad para propagarse entre la población, sin detenerse en fronteras o mares, una capacidad de contagio que hace que cada infectado se convierta en un foco que irradia, a su vez, la enfermedad a su entorno cercano, multiplicando exponencialmente los contagios. Esto es lo importante de este virus, no tan letal pero sumamente infeccioso.

Combatir su propagación es complicado, pero imprescindible. Ello implica el control de movimientos de las personas desde las zonas afectadas a las que están libres de contagio. Y de hacer guardar cuarentena a los pacientes diagnosticados con la infección y portadores del virus.

Por sentido común, es recomendable evitar las concentraciones multitudinarias en estadios, festivales, congresos y otros eventos de esta naturaleza. Pero, sobre todo, lleva a todo el mundo a retomar los hábitos de higiene básicos que pudieran haberse relajado con la rutina y la confianza, como es lavarse siempre las manos, no compartir utensilios de comida ni vasos, no toser al aire ni taparse la boca con las manos, sino sobre un pañuelo o el antebrazo y evitar estar expuestos a ambientes cerrados sin ventilación.

Y al menor síntoma, no correr a los hospitales o las urgencias, sino avisar a los servicios de emergencia para que indiquen el procedimiento a seguir. El simple confinamiento en el propio domicilio es, en la mayoría de los casos, suficiente para guardar cuarentena y atajar la propagación de la enfermedad. Con estas y otras medidas similares, se combate lo más preocupante de este virus, cual es su facilidad de contagio.

Su patogenicidad, en cambio, como advierte un viejo adagio médico, depende más del enfermo que de la enfermedad. Y como muchos otros virus, es probable que no tenga cura, es decir, que no se pueda vencer con algún fármaco que lo elimine. Pero si se podrá atenuar su virulencia mediante una vacuna que obligue al sistema inmune del organismo a crear anticuerpos que lo combatan.

Se dedican enormes esfuerzos en hallar una vacuna pronto. Además, para afrontar la sintomatología con que suelen presentarse estas enfermedades víricas respiratorias, se dispone de una amplia farmacopea que proporciona antitérmicos, analgésicos, antiinflamatorios, antitusígenos... de comprobada eficacia.

Sin embargo, no hay que banalizar la enfermedad ni tampoco percibirla como la peste del Siglo XXI. Cada pocos años se detectan nuevos gérmenes patógenos que nos obligan a buscar remedios para contenerlos, cuando no vencerlos. El COVID-19 puede que acabe como otro virus más que nos acecha durante el invierno, causándonos una especie de gripe distinta.

En esta ocasión, aparte del daño a la salud, su rápida propagación está originando un importante deterioro de la actividad económica y del comercio, debido al cierre de industrias, el aislamiento de personas y el control de movimientos.

Ya existen problemas de abastecimientos en piezas de automóviles, teléfonos, aviones y demás artículos que se fabrican por separado en todo el mundo. Y una caída de la actividad económica en determinados sectores productivos, como el turismo, la hostelería, la restauración, etc., lo que, de continuar, podría abocar a una recesión económica de inimaginables consecuencias para el empleo y la riqueza en muchos países.

No cabe duda, pues, que esta crisis sanitaria mundial, provocada por un virus novedoso, más que grave es importante. Preocupa más su capacidad de contagio que su letalidad, y preocupa su efecto adverso sobre una economía globalizada e interdependiente, que no puede permitirse el lujo de ser ajena al aleteo de una mariposa en las antípodas.

De ahí que se hagan ímprobos esfuerzos, en todos los países en que ha aparecido, para combatirla, estabilizarla y, si no se solventa, integrarla en el cuadro de afecciones periódicas con las que convivimos, y mantenerla controlada. Sin alarmismos ni banalizaciones, hay que interrumpir la viralidad de este virus que golpea la salud de las personas y la economía de las naciones.

DANIEL GUERRERO

2 mar. 2020

  • 2.3.20
Las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos de América (EE UU) parecen moverse entre el bandazo ideológico y el continuismo, extremos que protagonizan un Bernie Sanders que va imponiéndose en las primarias del Partido Demócrata celebradas hasta la fecha, y el populismo ultranacionalista que supone la reelección de Donald Trump, el presidente más radical y heterodoxo que ha habitado la Casa Blanca desde hace décadas.



Ambos extremos lo ocupan el miedo y el fracaso, representados por unos candidatos a las elecciones del próximo noviembre que, en sus prolegómenos, ya ofrecen un espectáculo de abrupta confrontación, como si defendieran dos EE UU diferentes y opuestos que buscan mutuamente anularse.

Evidencian, así, una polarización que no es más que el resultado de la enorme fractura social que Trump se ha encargado de profundizar, desde el primer minuto en que ocupó el Despacho Oval, con sus exageraciones, sus extravagancias, sus mentiras y sus obsesiones.

De la maraña de candidatos demócratas sobresale, hasta ahora, el senador Sanders, que atrae el voto de los descontentos con las políticas de Trump, que son legión, como los hispanos, prácticamente el segundo segmento de población de EE UU, que se sienten víctimas de las restrictivas políticas sociales y migratorias de la actual Administración, y los jóvenes, quienes no comulgan con un mandatario que se orgullece de despreciar la diversidad, criticar la igualdad femenina, mofarse de la sostenibilidad medioambiental y de percibir la solidaridad como una debilidad, tanto en política como en los negocios y la convivencia, y no como un valor en sí misma o una virtud siempre recomendables.

Su soberbia, rufianismo, falsedad y aprovechamiento del cargo para su interés particular y sus negocios son rasgos del inquilino de la Casa Blanca que no concuerdan con los valores de una generación que está acostumbrada al internacionalismo y las relaciones multiculturales, ámbitos en los que la confianza, el respeto, la sinceridad y la ecuanimidad son condiciones imprescindibles que evitan malinterpretaciones, roces y abusos.

Sin embargo, y a pesar de que encabeza los apoyos en las primarias demócratas, Sanders no las tiene todas consigo ni acaba de aglutinar en torno a su candidatura a todo el aparato del partido. El núcleo duro de este y, por descontado, sus contrincantes republicanos, lo consideran “rojo”, es decir, sumamente peligroso. Hasta Hillary Clinton desconfía de él y espera que surja otro candidato que consiga ganarse todo el apoyo del Partido Demócrata.

Ese establishment recela de Sanders y no aprecia que sea el “ticket” con más posibilidades para enfrentarse a un Donald Trump crecido, envalentonado después de superar un impeachment que ni lo ha arañado, aunque ha sacado a la luz sus “malas artes”, y de apropiarse los éxitos de una economía que evoluciona según el ciclo. Tales son los elementos de una campaña presidencial norteamericana que oscila, aun en sus fases iniciales, entre el miedo y la estafa: el que provoca uno y el que caracteriza a otro.

Un miedo al senador que emerge de su propio partido y que se une al propalado por los republicanos, que lo atacan por ese punto débil que él mismo ofrece al considerarse “socialista”, un término que en EE UU equivale a comunista. De ahí que lo tachen de “rojo”.

Pero Sanders no es, ni por asomo, lo que se entiende por socialista en Europa, sino simplemente un defensor de aquellas capas ciudadanas desfavorecidas que son orilladas por un sistema económico que deja en manos del mercado y la iniciativa privada la satisfacción de sus necesidades básicas, como la salud o la educación.

Sanders, como mucho, es socialdemócrata, la corriente ideológica en la que se encuadran los que persiguen, sin “tocar” el sistema capitalista, construir una red de seguridad pública que proteja a los más débiles mediante ayudas sociales. Y para financiar esa red (Estado de Bienestar), promueven una fiscalidad progresiva, que obliga pagar más a los que más tienen, con objeto de que cada ciudadano contribuya en función de su capacidad económica.

Sanders también apuesta por una educación pública gratuita, un salario mínimo más alto y más inversión pública en infraestructuras “verdes” o sostenibles, entre otras propuestas de su programa. Y, por lo que se ve, ello en EE UU es mentar a la bicha porque tales propuestas van en contra de la actual corriente neoliberal del capitalismo más descarnado, que excluye toda intervención y regulación por parte del Estado.

Ni que decir tiene que las compañías de seguros médicos y otras por el estilo, de titularidad privada, afectadas por el programa del candidato demócrata, se oponen frontalmente a cualquier “socialización” que regule la actividad económica, aunque sirva para mejorar el bienestar de la mayoría.

Y quien más critica la propuesta es, precisamente, Donald Trump, que ya se encargó de derogar una medida similar de su predecesor, el “ObamaCare”. La propuesta de Sanders de extender el medicare sirve de pretexto para inocular el miedo entre los ingenuos que se asustan con la palabra “socialismo”.

En una sociedad que nació preconizando el liberalismo individual y renegando de cualquier intervencionismo estatal, al considerarlo una injerencia o limitación en la libertad, los mensajes de Bernie Sanders son percibidos como una extravagancia o una insensatez.

Y Trump explota, con sus habituales tuits despreciativos, esas “ocurrencias” de un adversario al que considera débil. Contra Sanders, como anteriormente contra Hillary o en la actualidad contra Biden, no precisa de la “ayuda” de potencias extranjeras que espíen a su favor cualquier asunto pudiera perjudicar a sus adversarios. Contra Sanders le bastan sus exabruptos.

El mayor peligro para Trump era el impeachment, no porque pudiera acabar destituyéndolo (lo que era imposible por la mayoría republicana del Senado), sino porque pudiera sacar a relucir sus trapicheos, sus abusos de poder, su obstrucción a la Justicia, su sectarismo o su nepotismo tan poco ilustrado como sus gustos áureos en la decoración de sus residencias.

De un individuo acostumbrado a considerarse por encima de la ley, por encima de la democracia, por encima de la diplomacia y por encima del mundo, lo único que podría esperarse es la estafa, la promesa de buscar el “America first” como señuelo para su beneficio personal y el de los de su clase.

Ni sus guerras comerciales, ni sus muros, ni sus aventuras militares persiguen otra cosa que el enriquecimiento de los ricos, como él, que, hartos de ganar dinero, ya sólo les distrae gobernar su país del mismo modo que dirigen sus empresas: con amenazas, despidos, explotación, abusos, chantajes y fraudes.

No miran al futuro, ni a las gentes, ni al planeta. Están obsesionados con la rentabilidad inmediata y el resultado de beneficios a cualquier precio. Y el precio, en política, es el inmovilismo, el aislacionismo, el oportunismo y el desbarajuste, todo ello sazonado con mentiras, abusos y arbitrariedad.

Por eso Trump representa la estafa. Una estafa con enormes posibilidades de imponerse y ganar en las próximas elecciones presidenciales de EE UU. Habrá que seguir atentos a lo que allí se cuece, porque afecta a todas las “colonias” del imperialismo yanqui, como bien saben los olivareros y los productores de aceite de España.

DANIEL GUERRERO

24 feb. 2020

  • 24.2.20
Que Palestina está condenada a su eliminación como nación y Estado, mediante una serie encadenada de hechos consumados que progresivamente la aíslan, la asfixian y la absorben cada vez más, no constituye ninguna novedad. Lo relevante, en la actualidad, es el descaro con que ello se produce y la desfachatez con la que los agresores (EE UU e Israel) lo realizan, sin ningún disimulo, ante los ojos del mundo y con total impunidad.



Los que persiguen la eliminación de Palestina ni siquiera camuflan sus intenciones en la hipocresía. Se trata de la historia de una desaparición anunciada desde la propia creación de Palestina, en el año 1947, como un Estado no independiente, dividido, ocupado y constantemente reducido por la entidad que no acepta ni reconoce su presencia, Israel, y que debería compartir un territorio que ambiciona y se anexiona con claro desprecio a la legalidad internacional.

Los hechos consumados significan la desobediencia a las resoluciones de la ONU, la ignorancia de las fronteras acordadas, la ocupación de territorios, la colonización de enclaves palestinos con poblados israelíes, el aislamiento de la población con muros y vallas, la incautación y control de sus finanzas y economía por parte de Israel, el continuo hostigamiento y represión militar de su población para impedirle la libertad de movimientos y de manifestación, la prohibición al retorno del exilio de los refugiados palestinos y la permanente opresión social, política, cultural, económica y hasta racial que soporta el pueblo de Palestina, como constante de una relación desigual e injusta que solo busca “barrer” a los palestinos de una tierra que Israel desea poseer de forma exclusiva.

Pero, por si fuera poco, a todo ello se añade una última bofetada que el imperialismo de la opresión ha propinado a las esperanzas de paz del conflicto judío-palestino. Una bofetada materializada en el plan supuestamente de “paz” de Donald Trump. Todo un insulto a la inteligencia, la historia y la dignidad del pueblo palestino.

Ese “acuerdo del siglo” para Oriente Próximo, como fue calificado por el propio Donald Trump, tras casi tres años de elaboración por parte del Jared Kushner, yerno del mandatario norteamericano y amigo personal del primer ministro israelí Binyamin Netanyahu, nace sin que nadie, salvo Israel, lo apoye.

Y es lógico que solo Israel lo acepte puesto que el plan contempla todas sus demandas territoriales y de control, incluyendo el codiciado valle del río Jordán y la consagración como capital judía de Jerusalén, mientras que a los palestinos se los confina en “guetos” diseminados y sin continuidad territorial, lo que imposibilita el viejo acuerdo de “dos Estados”, a cambio de una inconcreta promesa de millones de dólares, durante diez años, para inversiones en Gaza y Cisjordania.

Un “caramelo” monetario que a nadie engaña. Como el propio presidente norteamericano señaló en su presentación, seguramente sin darse cuenta de revelar sus verdaderas intenciones, el plan está concebido únicamente para resolver “el riesgo del Estado palestino para la seguridad de Israel”.

Todo acuerdo que una de las partes rechaza de manera rotunda es un acuerdo fallido. Para el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbás, el plan resulta tan insultante que, nada más conocerlo, dio por rotas las relaciones con Israel y EE UU. Además, solicitó ante el Consejo de Seguridad de la ONU que sea rechazado por ser un plan que plantea un Estado palestino inviable, con un territorio fragmentado como un queso suizo.

Y para el primer ministro palestino, Mohammed Stayéh, la propuesta de Trump solo “forma parte de las campañas electorales de estos dos líderes (Netanyahu y Trump), por lo que pronto será enterrado por la historia”. También la Unión Europea lo rechaza por no encajar con lo acordado internacionalmente para poner fin al conflicto.

Según Josep Borrell, Alto Representante para la Política Exterior y Seguridad Común de la UE, Europa rechaza el plan por alejarse de las condiciones acordadas en la solución de “dos Estados” que toman las fronteras de 1967 como referencia, la parte oriental de Jerusalén como capital de Palestina y los intercambios equivalentes de territorio que sean necesarios para lograr la convivencia de dos Estados independientes, democráticos y que se reconozcan mutuamente.

Incluso el antiguo negociador de EE UU para Oriente Próximo, Dennis Ross, advierte de que el plan de Trump “no tiene nada que ver con la paz”. Coincide con la apreciación de un predecesor en el cargo, Aaron David Miller, quien afirma que “esta es la primera iniciativa de paz cuyo objetivo no tiene nada que ver con los israelíes y los palestinos”.

Y como cabía esperar, la Liga Árabe también se posiciona en contra del citado plan por “no cumplir con las aspiraciones de los palestinos, no tener en cuenta las referencias legales en relación con Jerusalén, los Altos del Golán, la ocupación israelí y la cuestión de los refugiados”.

En realidad, el plan Trump, descaradamente sesgado a favor de Israel, solo ha sido aceptado por este último país y por los aliados de EE UU en la zona: Arabia Saudí y Egipto. Aún así, la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), que cuenta con 57 miembros, entre ellos Arabia Saudita, Irán y Turquía, y que representa a más de 1.500 millones de musulmanes en el mundo, también rechaza el plan supuestamente de paz de Trump por no responder a las aspiraciones mínimas ni a los derechos legítimos del pueblo palestino”.

Y es que la propuesta de la Casa Blanca solo favorece los intereses de Israel en detrimento de los de Palestina, pues el reparto territorial contemplado permitiría la anexión de los asentamientos ilegales judíos de Cisjordania, donde ha construido 140 colonias y 127 puestos avanzados, en los que viven más de 600.000 judíos, y el valle del Jordán como frontera oriental judía a lo largo del río Jordán.

Ello supondría, no solo la fragmentación de Cisjordania en trozos rodeados por asentamientos sometidos a la soberanía israelí, lo que imposibilitaría la constitución de un Estado plenamente soberano, sino que además reduciría a la mitad un territorio que ya era un 22 por ciento de su espacio histórico, dejándolo solo en el 11 por ciento.

Tal propuesta va en contra de las aspiraciones palestinas de tener un Estado independiente propio, que incluya Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este como capital del mismo, conforme a las fronteras basadas en las resoluciones de la ONU y los acuerdos del alto el fuego en 1947 y 1967.

Otra de las controvertidas medidas es que no resuelve el problema de los refugiados palestinos esparcidos por Oriente Medio, por donde se diseminaron más de cinco millones de personas que huyeron o fueron expulsados por las fuerzas judías de sus tierras, en 1948, para crear el Estado de Israel.

Los palestinos reclaman su derecho a regresar, pero los israelíes lo niegan porque tal aumento de la población les perjudicaría demográficamente y conduciría a su fin como Estado judío. De ahí, precisamente, la política de asentamientos judíos en territorios ocupados para contrarrestar el peso de la población árabe y mantenerla siempre en minoría.

Y el estatus de Jerusalén como guinda del enfrentamiento. El plan de Trump contempla que Jerusalén sea la capital indivisible de Israel. Los palestinos también aspiran que Jerusalén Este, donde viven más de 350.000 de ellos, sea la capital de su futuro Estado independiente. Pero por la fuerza de los hechos, Israel ya ha convertido unilateralmente, en 2017, Jerusalén en la capital judía, con el apoyo incondicional de EE UU, que trasladó allí inmediatamente su embajada.

Ya antes, tras la Guerra de los Seis Días de 1967, Israel se había anexionado la parte Este de la ciudad, incluida la Ciudad Vieja hasta entonces bajo administración jordana, lo que llevó a la ONU a reiterar, en 2016, su Resolución 2334, que considera que Jerusalén Este es un “territorio ocupado”. El plan de Trump, por tanto, consolida las pretensiones de Israel para que siga “salvaguardando los lugares sagrados de Jerusalén”, sin especificar dónde se ubicaría una posible capital palestina. La respuesta de Abbás ha sido contundente: “Jerusalén no está a la venta”.

Lo cierto es que el estatus internacional de Jerusalén hace tiempo que no se respeta ni este plan lo rescata. Una ciudad que, según la Resolución 181 de Naciones Unidas, tendría que haber sido desmilitarizada y controlada por la ONU hasta la celebración de un referéndum, cosa que jamás ha ocurrido, ha dejado de ser símbolo para la convivencia pacífica de las creencias religiosas y un enclave para la tolerancia.

Pero ahora, con el plan de 181 páginas elaborado por Donald Trump y en el que no han participado los palestinos, será simplemente la capital del Estado judío, por obra y gracia de su exclusiva voluntad. No es de extrañar, pues, que el “acuerdo el siglo” para el conflicto palestino-israelí sea rechazado por todos, ya que solo ratifica la imposición de los intereses de una parte sobre los de la otra. Se trata de la enésima humillación a Palestina.

DANIEL GUERRERO

17 feb. 2020

  • 17.2.20
Acostumbrados a lo “normal”, esa regla que estandariza y homogeniza lo diverso en casi todos los órdenes de la existencia (moda, costumbres, ideas, cultura, economía, política, comercio, deportes, ocio...), llama la atención el éxito que están obteniendo en los últimos tiempos las “excepciones”.



En una sociedad como la Occidental, que se amolda a lo establecido y sirve de “modelo” al resto del mundo (desde su gorrita de béisbol, a su música, su sistema de valores y hasta sus manías), están de un tiempo a esta parte emergiendo los que antes eran “invisibles”, los ignorados o excluidos que no se ajustaban a lo “normal”, entendiendo “normal” como sinónimo de “mayoría”, lo que es mayoritario o común.

Un concepto estadístico que solo refleja porcentajes, aunque sean mayoritarios, de hábitos, costumbres y formas de ser en cada lugar y tiempo, y no como categoría ética o natural de lo correcto, bueno o sano. Es por eso que hubo una época en que fue considerado “normal” fumar, pero ni entonces ni hoy era bueno ni conveniente, desde el punto de vista de la salud, por mucho que esa aparente mayoría –y la industria que la incentiva– se empeñase en imponer un vicio nocivo para el fumador y para el no fumador.

Hoy día, las excepciones a la norma están teniendo éxito y reconocimiento. Van siendo valoradas como una opción tan legítima como la ortodoxa y, si acaso, mucho más efectiva para triunfar en algunos aspectos en que era considerada una extravagancia o un hándicap para alcanzar cualquier objetivo en la vida.

En una sociedad que presume de “normalidad”, los discapacitados, los que sufren determinadas enfermedades y trastornos psíquicos, los dependientes de sustancias adictivas o los que se comportan contra las normas sociales, todos ellos están dejando de ser “raros” y llegan a convertirse en ejemplos dignos de admiración y seguimiento. Son modelos “heterodoxos” de lograr cualquier ambición o éxito que se desee.

Es el caso de la artista norteamericana Billie Eilish, una cantante y compositora adolescente a la que el síndrome de Tourette, un trastorno neuropsiquiátrico, la hace parecer indolente, inexpresiva o aburrida, lo que en otros tiempos la hubiera condenado a encerrarse en su casa y ocultarse de los demás.

Hoy, sin embargo, ni sus tics ni su apariencia le impiden, no solo ser todo un fenómeno musical que consigue los más codiciados galardones, como los premios Grammy, sino demostrar, ante los ojos cuadriculados de los demás, su inteligencia y capacidad para triunfar donde artistas “normales” les cuesta o fracasan. Aparte de sus dotes musicales, ha sabido utilizar su “excentricidad” para distinguirse con enorme acierto. Un éxito de la excepción.

Algo similar le ha sucedido a Jeremy Meeks, un exdelincuente que tiene todo el cuerpo lleno de tatuajes y que, en el pasado, si te hubieras tropezado con él en medio de la noche, habrías cambiado de acera. La verdad es que estuvo arrestado y preso en Los Ángeles por robar a mano armada, pero un rostro bien parecido y una excelente forma física le valieron para convertirse en un “top model” cotizado y un sex symbol masculino de las pasarelas.

En su caso, no era una discapacidad lo que le apartaba de la “normalidad”, sino una tendencia antisocial hacia los bienes ajenos. Cazadores de “belleza” para diseñadores y algo de suerte le permitieron ingresar en el sofisticado mundo de la moda y olvidar aquella época en que era parte de los “otros”, de los rechazados o esquivados por la sociedad. Otro éxito de la excepción.

Pero el caso más significativo es el representado por Greta Thunberg, el icono del activismo juvenil contra el cambio climático y la lucha por el medio ambiente. Esta estudiante sueca de 17 años, que padece el síndrome de Asperger, un trastorno mental del espectro del autismo, ha conseguido ser referente mundial en la lucha contra el cambio climático e invitada imprescindible en los encuentros políticos o ecológicos del máximo nivel, como la Cumbre del Clima, la ONU y el foro de Davos, por ejemplo.

Su aspecto delicado, la actitud convulsiva y sus discursos entre el enfado y la riña, exigiendo actuar más y mejor a los gobiernos para combatir la contaminación, reducir la huella de carbono de la actividad humana y potenciar más decididamente la sostenibilidad, es todo un símbolo mundial.

Su incapacidad psíquica, con sus depresiones y su mutismo selectivo, le han servido para emprender una lucha que nadie, al principio, tomaba en serio. Pero desde que comenzó a faltar a clase para protestar todos los viernes, con un cartel elaborado a mano por ella misma invitando a una huelga escolar por el clima, otros jóvenes en diversos países la imitaron hasta constituir todo un movimiento ecológico global que ya es imposible ignorar. Un éxito indudable de la excepción en el activismo ecológico.

No son los únicos, pero los citados tal vez sean los ejemplos excepcionales más conocidos en todo el mundo. Sin embargo, historias similares se producen cada día en nuestras ciudades y en el anonimato de nuestros barrios, donde personas con el síndrome de Down consiguen trabajar y llevar una vida tan “normal” como la de cualquiera. O exdelincuentes y drogadictos que logran superar sus “baches” para incorporarse a la “normalidad” familiar y laboral que ambiciona cualquier ciudadano. Y muchos más.

Todos y cada uno de ellos son ejemplos de que de la invisibilidad se puede salir, que ser “raro” no es un estigma que impida el desarrollo de la persona en su integridad y dignidad, y que la excepción también es una posibilidad de éxito. El triunfo de la excepción.

DANIEL GUERRERO

10 feb. 2020

  • 10.2.20
En el momento de escribir estas líneas, transcurrida apenas una semana del segundo mes del año, ya han sido asesinadas ocho mujeres en nuestro país a manos de una violencia machista que algunas personas se niegan a reconocer, ocultando la realidad con el relato ficticio sobre una supuesta violencia “intrafamiliar” o “doméstica”. Sin embargo, el cómputo de hombres muertos por sus esposas o exparejas es tan insignificante que compararlo con el de mujeres muertas por un machismo asesino resulta insultante y ofensivo.



Los que niegan esta evidencia insisten tanto en la mentira –como aconsejó Goebbels– que, incluso, algunas mujeres dan su confianza y su voto a partidos que desprecian la realidad y no admiten que la mujer sea víctima de la peor de las desigualdades, la que no reconoce su dignidad como persona y la considera un ser inferior.

Una cultura patriarcal y machista ha consentido durante siglos que la mujer sea tratada como simple objeto a disposición y disfrute del hombre. Y que, por lo tanto, pueda desprenderse y ser eliminarlo, incluso con el asesinato, cuando no sirve o se revela. Es la actitud –asesina– que adopta el engreído de su superioridad machista.

Para estos obtusos a la razón, el feminismo –la lucha por la igualdad en derechos de la mujer– es una peligrosa ideología porque combate la discriminación que la mujer sufre por el mero hecho de ser mujer, algo que los conservadores de las tradiciones –como el machismo en nuestra sociedad– no son capaces de soportar ni tolerar, negando la realidad.

Por tal razón, los reaccionarios que intentan desacreditar o suprimir las políticas feministas que persiguen la igualdad efectiva de la mujer (listas paritarias, colegios mixtos, igual salario a igual trabajo, acceso a trabajos acordes con su formación...) y las de protección contra la violencia machista (amparo judicial y policial, teléfonos de ayuda, casas de acogida...) se ven en la necesidad de recurrir a la falsedad, al bulo y a la abierta mentira para justificar sus prejuicios y “vender” sus mensajes a la ciudadanía.

No quieren aceptar que la mujer sigue siendo víctima de una violencia machista reacia a desaparecer. Y que se expresa, no como violencia intrafamiliar, sino como lo que es: machismo asesino. Si no fueran tan obtusos, les bastaría lo que llevamos de año para comprender que la realidad ha vuelto a ponerse tristemente de manifiesto, contradiciendo sus falsedades negacionistas sobre la discriminación criminal que soporta la mujer, por razón de sexo.

Del mismo modo, es también falso y tergiversado que los inmigrantes sean los culpables de todos los males que padecemos como colectividad. Ni la delincuencia ni el desempleo ni el deterioro de los servicios públicos son debidos a ellos, como proclaman los que exigen vallas, muros y ejércitos en las fronteras para “impermeabilizar” nuestro país de quienes huyen del hambre, la miseria o las guerras.

Mientras los que se dedican extender bulos que criminalizan hasta a los menores sin familia confinados en centros de acogida, propalando el odio al migrante, el jefe del Estado, a la sazón Rey de España, durante los actos celebrados en Jerusalén por el 75.º aniversario de la liberación del campo nazi de Auschwitz (Polonia), donde fueron exterminadas 1.300.000 personas, pedía al mundo entero, lo que incluye a nuestros “puristas” raciales, que había que “poner coto al odio, la xenofobia y el racismo”.

Entre lo expresado por el rey Felipe VI y lo sostenido por esos negacionistas de la diversidad, existe la misma distancia que entre la realidad y la mentira. Sin embargo, se empeñan los xenófobos en manipular los hechos para intentar convencer a los ingenuos de que limitando libertades y recortando derechos ganamos seguridad, necesaria para “resolver” un problema que en realidad no existe: el de la migración.

Al contrario, los inmigrantes representan una oportunidad. Es lo que declara el flamante ministro de Seguridad Social y Migraciones al asegurar que, sin una media de 270.000 migrantes anuales, de aquí al 2050, no se podrá garantizar el sistema público de pensiones, debido al envejecimiento de la población.

La realidad vuelve a desmentir a los populistas xenófobos, quienes, no obstante, no dejan de irradiar el miedo y el odio para ganar adeptos a sus mentiras, bulos y falsedades. Y conseguir votos, a costa de pisotear los Derechos Humanos. ¡Ni la mujer ni el inmigrante merecen respeto como personas!

La última falacia demagógica que circula con profusión es la censura escolar, denominada eufemísticamente “pin parental”, que promueven los mismos que despotrican del feminismo y practican el racismo. No quieren que en las escuelas se eduque a sus hijos en el respeto a la igualdad de las personas, la diversidad de la identidad sexual y la pluralidad social en cuanto a ideas, creencias y costumbres, derechos todos ellos reconocidos y protegidos por la Constitución.

Esgrimen los censores la defensa de la “libertad” de los padres a elegir la educación de sus hijos, pero se guardan en señalar que a lo que aspiran es someter la escuela al sectarismo de una ideología que es contraria a los valores constitucionales de igualdad, tolerancia, respeto y libertad.

Denuncian alarmados un supuesto adoctrinamiento quienes, precisamente, persiguen adoctrinar en las escuelas con ideas religiosas (respetables a título individual) y valores sectarios (válidos como opción política) que hacen prevalecer la desigualdad de la mujer, la tutela moral de la sociedad, la discriminación racial y la injusticia económica que condena los pobres a la pobreza eterna, por condiciones de nacimiento.

Se trata, pues, de otro enfrentamiento que los propagandistas de bulos, falsedades y mentiras mantienen contra las conquistas logradas en democracia y que posibilitan que la educación sirva de “ascensor” social y ayude a emancipar a las futuras generaciones de las ligaduras que nos mantienen atados a convencionalismos trasnochados y a formas de pensar reaccionarias, excluyentes o discriminatorias.

La verdadera intención del “pin parental” no es dar “libertad” a los padres para escoger una educación “a la carta” (podrían pagársela en colegios de élite), sino atacar a la enseñanza pública. Pretenden que el Estado financie centros privados de educación que –¡oh, casualidad!– imparten esas asignaturas que “eligen” los padres para adoctrinar a sus hijos, sin respetar el derecho de los niños a recibir una educación acorde con los derechos y valores que consagra la Constitución. O que los colegios públicos se conviertan en centros religiosos.

La realidad, no obstante, vuelve otra vez a contradecir estas mendacidades, porque el verdadero adoctrinamiento es presentar una creencia como si fuera una verdad científica, impedir que los profesores ejerzan su cometido y arrebatar al Estado su obligación de garantizar modelos educativos basados en valores constitucionales que buscan conformar sociedades más libes, plurales, diversas, abiertas, tolerantes, pacíficas y respetuosas. Solo los sectarios que están en contra de estos objetivos son partidarios del “pin parental”.

Rechazan la pluralidad y la diversidad existente en la sociedad como reniegan del cambio climático. Va en contra de sus intereses y del capitalismo mal entendido. Que no se pueda explotar todo un bosque y ganar dinero por respetar los árboles que contribuyen a fijar el dióxido de carbono de la atmósfera, evitando ese calentamiento atmosférico que hace cambiar el clima, no entra en sus molleras. No creen en la ecología, la sostenibilidad y la salvaguarda del medioambiente. Chorradas.

Para ellos, la contaminación es progreso, las calles atascadas de coches es signo de vitalidad económica, el agotamiento de recursos es capacidad productiva, el destrozo de formas y medios de vidas (para animales y humanos) es libre comercio y poder empresarial, el empobrecimiento de muchos es inevitable para la riqueza de pocos.

Arrasar el planeta es incondicional al emprendimiento… lucrativo de unos cuantos. Y esos cuantos, siempre los mismos, son los que reniegan del ecologismo, la solidaridad, el feminismo, la educación en igualdad y tolerancia, y del bienestar de todos, porque les perjudica.

Todos son explotadores que están en contra de cuantos movimientos de liberación emerjan en el mundo para la emancipación de los oprimidos y la defensa de este barco en el que navegamos por el Universo. Y para engañar a todos, recurren a los bulos, las falsedades y las mentiras.

Se llamen como se llamen (aquí, en Italia, Brasil o Estados Unidos, por citar algunos sitios donde logran convencer), ya los vamos conociendo, aunque crean que con sus populismos ultranacionalistas puedan seguir manipulando nuestra percepción de la realidad. Esta acaba imponiéndose, no solo por terca, sino por responder a la verdad.

DANIEL GUERRERO

3 feb. 2020

  • 3.2.20
En la medianoche del 31 de enero se fueron los ingleses. Nos abandonaron porque quisieron y no nos aguantaban. Llenábamos su país con nuestros maternos acentos románicos y un inglés chapurreado con el que buscábamos alguna posibilidad de vida mejor.



Por su parte, más de un millón de súbditos de Su Graciosa Majestad deambulaban por la Unión Europea e invadían las costas soleadas de las riberas mediterráneas. Podían en nuestro país aprovecharse de una sanidad menos pendiente del coste y más atenta a la salud y sus quebrantos, algo inaudito en sus neblinosas tierras.

A pesar de todo, se quejaban de que pagaban mucho a Europa y que Bruselas se metía demasiado en sus cosas y regulaba en exceso sus recursos. No querían las normas de todos. Se alistaron al club europeo hace 47 años, abonando una cuota más económica que la del resto de los socios. Eran pudientes, distantes y soberbios que solo se mezclaban con los de su élite germánica.

Más que cooperar en un proyecto común, pretendían hacer negocio. Y achacaban sus problemas internos a las obligaciones europeas. El siempre fácil recurso de echar las culpas a otro les dio resultado: los descontentos, los desconfiados y los castigados por todas las crisis eligieron salirse del club.

Un 37 por ciento de la población supuso mayoría suficiente para tomarles la palabra y abandonar el lazo político que les unía a la vieja Europa continental, históricamente más lejana de la Gran Bretaña que de América, aunque un túnel bajo el Canal de la Mancha estableciera un enlace ferroviario permanente. Así que ya dieron el portazo, dejándonos compuestos y sin novio.

Con su marcha, creen que los vamos a buscar porque no podemos vivir sin ellos. Hoy ondean en Londres las banderas de la separación, en medio del regocijo de los alérgicos a Europa. Todavía no saben qué harán mañana cuando no se les permita el acceso a las instalaciones y servicios del club europeo.

Tampoco nosotros sabemos qué haremos sin ellos, tan acostumbrados como estábamos a su flemático proceder estirado y al fish & chips, regado con un buen y frío escocés. Seguro que unos y otros nos arrepentiremos, pero ya todo no será igual. Además de tarde, sucederá como cuando nos peleamos con algún familiar: la confianza se quebrará y el resquemor no habrá forma de eliminarlo. Pero es lo que han querido. Bye, England.

DANIEL GUERRERO

27 ene. 2020

  • 27.1.20
Durante el invierno suelen producirse temporales que azotan al país con bajadas de las temperaturas, copiosas nevadas, fuertes vientos y lluvias más o menos intensas que desbordan los ríos y causan inundaciones. Esas borrascas invernales no son infrecuentes en una estación y unas latitudes en las que discurren desde el Atlántico hacia Europa los frentes y perturbaciones atmosféricas que las generan.



Pero cada vez que se ciernen sobre España, raro es el temporal que no causa cortes de carretera por nieve acumulada, campos anegados y zonas urbanas cubiertas por el agua, olas que golpean la costa, destrozan paseos marítimos y engullen la arena de las playas y hasta desprendimientos de árboles o cornisas que, aparte del peligro que conllevan, pueden interrumpir el suministro de energía o las comunicaciones.

Cada año, pues, los temporales, dependiendo de su intensidad, dejan un reguero de daños y damnificados que, en cuanto vuelve a relucir el buen tiempo, dejamos caer en el olvido… hasta la próxima vez. Entonces nos comportamos como si no supiésemos que, en invierno, los temporales no constituyen ninguna extravagancia y no hubiéramos tenido ocasión de preverlos y enfrentarlos.

Seguimos construyendo carreteras no acondicionadas para paliar nevadas intensas que inmovilizan a miles de conductores, incluso en autovías y autopistas de primer nivel; obstaculizamos y edificamos en los cauces y riberas de los ríos, limitando su capacidad de drenar las grandes avenidas de agua.

También instalamos sumideros que debieran evacuar la lluvia caída pero que no cumplen su cometido con eficacia no sólo en sótanos, sino también en las cunetas de las calles. Y levantamos muros, tendemos cables y plantamos árboles sin los suficientes cimientos y firmeza como para soportar las fuertes rachas de viento que acompañan estos recurrentes temporales.

Y, así, todos los años volvemos a contabilizar daños, destrozos, pérdidas y víctimas mortales de unos fenómenos que parecen que siempre nos cogen desprevenidos y desprotegidos, como a un caribeño perdido en Siberia. Son catástrofes tan reiterativas como las noticias que puntualmente nos informan sobre ellas los medios de comunicación todos los inviernos. Parece que el único interés que despiertan los temporales es mediático, ya que no sirven para que sepamos cómo combatirlos sin caer en el alarmismo o…en  el espectáculo. Y, así, año tras año.

DANIEL GUERRERO

20 ene. 2020

  • 20.1.20
Ha sido noticia (¡todo un acontecimiento!) que una empresa de Jaén haya implantado la jornada laboral a sus trabajadores de cuatro días a la semana, respetándoseles íntegramente el sueldo. Acostumbrados como estamos a una “lógica” (neoliberal, por supuesto) que dicta lo contrario, que haya que dedicar más horas al trabajo para “producir” más, sin aumento de salario o, incluso, rebajándolo, lo decidido por la jienense Software Delsol parece una “ocurrencia” de algún empresario que ha perdido el juicio.



Sin embargo, no resulta descabellada, aunque sí “revolucionaria”, una medida que viene a ajustar la jornada de trabajo a unas circunstancias dramáticas de carencia de empleo y desigualdad social. Otras veces en la historia del trabajo se han adoptado restricciones y regulaciones legales sobre la jornada laboral de los trabajadores para adecuarla a las exigencias de cada época.

Desde el trueque a la moderna economía de la oferta y la demanda, los obreros han transitado desde la esclavitud hacia el estatuto de los trabajadores para conseguir una mejora progresiva de sus condiciones laborales, en función de las necesidades o circunstancias sociales. El paso dado por la empresa de Jaén es solo uno más en esa dirección.

Software Delsol únicamente se ha adelantado a una necesidad que acabará afectando al sistema del trabajo. Desde el presente mes de enero, sus 181 trabajadores disfrutan de una jornada laboral de 36 horas en invierno y 28 horas en verano, en vez de las habituales 40 horas semanales.

La mayoría de ellos acude al trabajo de lunes a jueves, y los que tienen que atender a los clientes lo hacen rotando en períodos de cuatro días de forma que, cada cuatro semanas, acumulan cuatro días extras de descanso. La empresa, que se dedica a prestar soporte de software a pymes de España y Sudamérica, ha debido aumentar su plantilla en 25 trabajadores más. Y todo ello, sin que la productividad acuse merma alguna.

Al contrario, gracias a la mayor implicación de los empleados ha mejorado la productividad, ha descendido el absentismo laboral (menos bajas) y se ha valorado la reducción del tiempo de trabajo como una forma de repartir beneficios entre la plantilla. Además, el buen clima laboral ha propiciado la fidelización de la plantilla, su corresponsabilidad con los objetivos empresariales y la atracción de talento.

Solo una mentalidad inmovilista, anclada en el pasado, mantendría el concepto de productividad por trabajador unido sólo al número de horas que dedica a su trabajo cada día. Con la revolución industrial, las máquinas y la electricidad potenciaron tanto la productividad que rebajaron la jornada laboral desde las 14 horas diarias, sin descanso, a las 8 horas diarias, con un día de descanso a la semana, lo que arroja un cómputo de 48 horas semanales.

Entonces, también, esa restricción de la jornada supuso toda una “revolución” que muchos empresarios rechazaron, al considerar que perjudicaba la “rentabilidad” de sus negocios y beneficiaba exclusivamente a los trabajadores.

Pero no solo fueron factores técnicos los que propiciaron aquella reducción de la jornada dedicada al trabajo, sino también económicos y mercantiles. Lo que producían las empresas debía ser vendido para que proporcionara beneficios, y para comprar (consumir) había que tener dinero (mejora salarial) y tiempo libre para gastar (ocio). Con la emergencia de la sociedad de consumo nació la exigencia de ocho horas de trabajo, ocho de ocio y ocho de sueño, que el mercado transformó en una nueva fuente de negocio y oportunidad de ganancias.

En la actualidad, con las nuevas tecnologías la productividad no ha dejado de crecer. La nueva “revolución tecnológica”, que la robótica y la inteligencia artificial impulsan, ha permitido que se produzca más con menos trabajadores.

El desempleo resultante es causa de una de las más dramáticas facetas de una desigualdad que aflora en las sociedades modernas. Un paro por escasez de empleo que condena a mucha gente a la exclusión social, a la marginación y al resentimiento, todo lo cual alimenta la conflictividad y los enfrentamientos en la sociedad.

Trabajar menos para que haya trabajo para todos no es una medida tan descabellada como pudiera pensarse. Es anticiparse a una necesidad que más tarde o temprano tendrá que adoptarse en el mundo laboral para combatir ese paro estructural que genera la revolución tecnológica y que socava la cohesión social y el bienestar de la población en su conjunto.

En vez de dedicar recursos a subsidios por desempleo y otras políticas contra la exclusión del mundo del trabajo, parece más sensato y razonable repartir el tiempo de trabajo, reduciendo la jornada laboral, para que más gente tenga posibilidades de acceder al trabajo.

Dado que la productividad no está ligada exclusivamente al número de horas dedicadas al cometido laboral, la reducción de la jornada y el reparto del trabajo beneficiaría la inserción social de los desempleados, el consumo en general y la conciliación familiar de todos los trabajadores.

Sería adecuar el mercado del trabajo a las exigencias de una sociedad inmersa en la revolución tecnológica y que afronta las consecuencias que esa revolución ocasiona, como son la desigualdad y la marginación por la escasez de trabajo. Visto así, la iniciativa de Software Delsol es una inteligente apuesta por el futuro y la preservación del trabajo en un mundo que revoluciona los viejos paradigmas empresariales, laborales y sociales. ¡Chapeau!

DANIEL GUERRERO

13 ene. 2020

  • 13.1.20
Tras más de cuatro años de gobiernos inestables en España, parece que, con la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, llegará por fin la normalidad a la política española y recuperaremos los usos convencionales de cualquier democracia: el de un Ejecutivo que se dedique a gobernar y el de una oposición que controle desde el Parlamento la labor del Gobierno.



Es decir, podremos dejar de cuestionar la legitimidad de un presidente investido por la mayoría establecida en el Congreso de los Diputados, y no consideraremos deslealtad institucional la función crítica y discrepante de la oposición. Y ambas funciones –gobernar y vigilar la acción de gobierno– se amoldarán a los procedimientos civilizados y respetuosos que se han echado de menos durante todo este tiempo perdido de inestabilidad. Eso, al menos, sería lo deseable.

Pero después del bochornoso espectáculo presenciado durante el debate de investidura y en la previa campaña electoral, caracterizados por las exageraciones, las descalificaciones y la demagogia, todo optimismo queda lastrado por la desconfianza que generan los actores de la política española, empeñados en demonizar al adversario, procurar una respuesta emocional en la gente y mantener la tensión, la sospecha y el juicio de intenciones, sin siquiera esperar a los errores y aciertos que cometa el Gobierno socialista, el primero de coalición en nuestra democracia.

Nada augura, pues, que la normalidad vaya a ser la tónica del nuevo período político que se avecina, lo que, sin duda, iría en perjuicio de nuestro país, de los ciudadanos y de sus expectativas colectivas o individuales. Para los pesimistas –esos optimistas informados–, la normalidad será más un deseo que una realidad.

Y es que veníamos mal y continuamos mal, a pesar de que, en teoría, se abre una Legislatura que debería ayudarnos a olvidar cualquier eventualidad electoral hasta dentro de cuatro años, para aprovechar ese tiempo en abordar y atender los graves problemas y retos a los que se enfrenta España. Toda una Legislatura para pensar en el bien común y el interés general antes que en los intereses particulares y partidistas de nuestros agentes políticos.

Pero el termómetro de lo que será el futuro inmediato, en cuanto a actitudes y compromisos de quienes nos representan, parece que registra una fiebre elevada debida a la confrontación, la polarización y la radicalización con las que se desenvuelve la diatriba política. Como si todos ellos asumieran aquella estrategia de “cuanto peor, mejor”.

No importa que el programa suscrito por este Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos sea tan razonable como cabía esperar de un Ejecutivo socialdemócrata, que pone el énfasis en medidas sociales y en la recuperación de derechos y prestaciones a los que más perdieron con la pasada crisis económica.

Un programa que no incluye nada de socializaciones ni ruptura de la economía de mercado, sino correcciones de aquellos abusos y privilegios a que es dada la concentración empresarial y el capital. Para ello, el futuro Ejecutivo prepara una Ley de Presupuestos que amplíe el gasto, pero también los ingresos.

Hay margen para ambas cosas, tanto para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y los salarios de los empleados públicos, como para aumentar la recaudación a través de nuevos impuestos (ambientales, de sociedad a entidades financieras...) y con la subida de dos puntos en el IRPF a los contribuyentes con ingresos superiores a 130.000 euros.

También promete abordar la derogación, parcial al menos, de la Reforma Laboral aprobada en 2012 por el Gobierno del PP, que devuelva a los trabajadores su capacidad de negociación y defensa ante las abusivas imposiciones empresariales. Así, está previsto prohibir por ley despedir a un trabajador a causa de su absentismo por bajas de enfermedad o embarazo. Y priorizar los convenios sectoriales a los de empresa.

El marasmo educativo será corregido por una nueva Ley de Educación, menos ideológica que la LOMCE y más útil para preparar a nuestros jóvenes a las exigencias de un mundo competitivo que demanda formación de calidad. Se potenciará la educación pública, se prohibirá la subvención a centros que segreguen en razón del sexo y se eliminará la asignatura de Religión, que será de carácter voluntario, como materia computable del currículo.

Dicho programa también contempla suprimir la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada “Ley Mordaza”, además de restringir los aforamientos políticos para luchar contra la impunidad de la corrupción, en el marco de la honestidad y transparencia en la dedicación pública.

Y, naturalmente, se afrontará el “conflicto catalán” desde el diálogo y la negociación para hallar soluciones respetuosas con el ordenamiento jurídico-legal a los problemas políticos y de convivencia entre catalanes y entre aquella región y el resto de España.

Por otra parte, los temores que parece infundir la ideología “comunista” de Podemos en el Gabinete de Sánchez pertenecen más bien a la propalación malintencionada del “miedo” que a la realidad. Bastaría con leer las declaraciones del líder de la formación, Pablo Iglesias, al medio digital eldiario.es para percatarse de que el “terror bolchevique” ha sido erradicado del ideario comunista desde mucho antes que naciera Podemos, cuando el eurocomunismo renegó de la “dictadura del proletariado” y aceptó el sistema democrático liberal para acceder al poder y efectuar reformas en el capitalismo, sin pretender eliminarlo.

Ni esas declaraciones de Iglesias, que será vicepresidente de Derechos Sociales del futuro Gobierno, en las que admite que “somos conscientes de nuestros límites”, pues la política, la nuestra como la de cualquier Estado europeo, está definida en el marco de la responsabilidad fiscal europea. Ni sus acciones, allí donde gobierna (ayuntamientos, Comunidades Autónomas), ofrecen motivos para temer “revoluciones” políticas o económicas.

Como tampoco sus “pares” en otros países (Portugal, por ejemplo), donde no se han dedicado a socavar el capitalismo y la economía de mercado, sino lo contrario: a enmendar sus defectos y abusos, cumpliendo con los objetivos de déficit, aclarando el marco regulatorio de la actividad económica y socorriendo a los más necesitados. ¿Es ello temible?

Sin embargo, la derecha, en sus tres versiones, sí intenta propagar ese miedo en la población, poniendo en duda, incluso, la legitimidad de nuestro sistema democrático, que establece la investidura de un presidente de Gobierno mediante una mayoría de votos favorables en el Congreso de Diputados. Y deslegitimando votos según la ideología del parlamentario, como si no todos fueran iguales en su condición de representantes de la ciudadanía.

Esa derecha no solo se niega a conceder los cien días de “gracia” al futuro Ejecutivo para cuestionar su labor, sino que incluso ya acusa al Gobierno todavía no nacido de ser un “peligro para el país”, ir “contra España”, ser mayordomo de una democracia “opuesta a la legalidad” y otras lindezas por el estilo, en feroz competición entre las tres derechas, del PP, Ciudadanos y Vox, por ver quién resultaba más duro y convincente en su oposición al futuro Gobierno.

No ha esperado a enjuiciar la legitimidad de ejercicio, la que deriva de su gestión, sino que ha comenzado por cuestionar su legitimidad de origen, la de su alianza con “comunistas, independentistas y terroristas”, como si ser de izquierdas, soberanista o proceder de la izquierda abertzale fuera delito.

Por todo ello, la “normalidad” que se espera que este Gobierno traiga consigo será bastante complicado de lograr. Porque, por un lado, mantener los acuerdos de gobernabilidad con las fuerzas dispares que lo han apoyado requerirá de denodados esfuerzos por satisfacer las exigencias de cada una de ellas, tanto económicas como políticas.

Y por otro, por el acoso implacable que ya aplica la derecha radical (política, mediática, económica), dispuesta a negar hasta el aire y la oportunidad a un Gobierno al que repudia y combate desde antes, incluso, de que sea haya constituido como tal. Ojalá estemos equivocados, pero recuperar la normalidad se antoja una tarea prácticamente imposible si de la confrontación se calculan réditos partidistas.

DANIEL GUERRERO

6 ene. 2020

  • 6.1.20
Si no se produce ninguna zancadilla en el último minuto (¡y mira que ha habido muchas!), los Reyes Magos traerán mañana un Gobierno “estable” a España. Era lo que pedía la inmensa mayoría de los españoles en la carta a Sus Majestades de la Ilusión. Después de ocho meses de interinidad y dos elecciones generales, el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, podrá al fin reunir una mayoría de votos favorables en el Parlamento que le permitirá ocupar el despacho presidencial del Palacio de la Moncloa, sin estar en funciones ni de manera provisional, como lo ha venido siendo desde que ganó una moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy, en mayo de 2018.



Si lo consigue, será el primer Gobierno de coalición que se formalizará en nuestro país desde la Segunda República, gracias al pacto alcanzado entre los socialistas y Unidas Podemos, más el apoyo parlamentario de otras fuerzas regionalistas, nacionalistas e independentistas. Pero contará con la frontal y beligerante oposición de la derecha (de todas ellas: la derecha, la ultraderecha y la ultra ultraderecha, como las calificó Pablo Iglesias), que ha hecho todo lo posible por bloquear e impedir la consecución de ese probable Gobierno de izquierdas. Es decir, si no se malogra a última hora, los Reyes Magos posibilitarán un Gobierno que acabe con la inestabilidad en la que se ha instalado desde hace un lustro la política en nuestro país. Ya era hora.

Las negociaciones para cerrar ese acuerdo han sido numerosas (por el número de partidos con los que acordar), complejas (por los diferentes y hasta opuestos intereses de cada uno de ellos) y, más que discretas, opacas y ambiguas. Todo ello daba pábulo a la desconfianza y el malestar, incluso en el propio PSOE.

Durante las mismas, algunos barones territoriales socialistas expresaron sus recelos por los compromisos que tuviera que aceptar su partido para ganarse el apoyo de otras fuerzas parlamentarias. Temían que se tuvieran que cruzar determinadas “líneas rojas” que todos ubican en las concesiones soberanistas que exigiera ERC, el partido independentista del líder catalán Oriol Junqueras, actualmente en prisión.

Existía temor también en otras autonomías, temerosas de la posibilidad de un trato privilegiado a Cataluña que, por mucho “conflicto político” que mantenga con el Estado, iría en detrimento de la igualdad de derechos y prestaciones que todas las comunidades merecen.

Todos, barones, autonomías y oposición, desconfiaban de unos apoyos, por otra parte imprescindibles, procedentes de partidos independentistas debido a las contrapartidas que pudieran exigir, aunque sea el mero reconocimiento político de su “singularidad” y el derecho democrático a perseguir sus objetivos, en el marco del “ordenamiento jurídico” existente; es decir, constitucional.

A pesar de todo, tales objeciones eran las tomadas por “amistosas”, planteadas por los que, en cualquier caso, preferirían la formación de un Gobierno de izquierdas a la repetición de unas terceras elecciones generales, de cuyo resultado nadie excluye un bandazo, por hastío, hacia la diestra.

La oposición de derechas, que recupera poco a poco terreno, apostaba por nuevas elecciones, bloqueando con una negativa férrea la investidura con sus votos o abstención de un presidente socialista. Y para denostar, a renglón seguido, los apoyos logrados en la bancada de la izquierda, única opción posible. En este sentido, la derecha ha actuado, dicho coloquialmente, como el perro del hortelano, que “ni come ni deja comer”.

Pero si el “fuego amigo” era el provocado por la desconfianza de lo convenido en ese pacto de investidura, el fuego enemigo, procedente de la derecha reaccionaria, lo fue –es y será– por su total y absoluta cerrazón a un acuerdo entre las izquierdas que haga posible la formación de un Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, como si un gobierno de izquierda fuera la primera vez que sucede en España.

Mientras estuvo en fase de negociación, la derecha política y mediática no se cansó de denunciar que se estaba pactando con los que quieren “romper” España, con “comunistas, separatistas y golpistas”, todos ellos enemigos declarados de este país, aunque reúnan toda la legitimidad democrática para sentarse en el Congreso de los Diputados y ser tan dignos representantes de los españoles, como los demás diputados.

La voluntad de apostar por el diálogo para encauzar el conflicto territorial de Cataluña, supuso nada menos que la catalogación del PSOE como partido “no constitucionalista”, cuando entre los autodeclarados constitucionalistas se alineaban formaciones cuyos presidentes no habían votado la Constitución, otras que no existían cuando se aprobó y alguna que se posiciona en contra del diseño constitucional del Estado de las Autonomías y de algunas libertades y derechos constitucionales. Ese fuego enemigo se atrevió a tildar al candidato de “traidor” y “felón” por tratar de armar una mayoría parlamentaria que permita su investidura.

Cuando escribo este comentario aún no se conoce el resultado definitivo del pleno de investidura. Pero la munición empleada por la derecha, antes y durante la primera sesión, ha sido contundente y de grueso calibre.

A estas alturas de la democracia en España, tales actitudes viscerales de confrontación parecían haber sido superadas en el proceder democrático de la alternancia del poder y en los usos de cortesía, basados en el respeto y la educación, en las relaciones personales y la diatriba entre los políticos, cual adversarios y no como enemigos irreconciliables.

Sin embargo, las descalificaciones, los insultos, las amenazas, las mentiras y las insidias han acaparado el contenido de los reproches dirigidos desde determinados sectores sociales de la derecha –político, mediático, económico, etcétera– a los partidos empeñados en consensuar un Gobierno de izquierdas y a los partidarios que apoyaban tal iniciativa, por otra parte, perfectamente legítima y democrática, dada la mayoría representada en el Parlamento, derivada de la voluntad, expresada en las urnas, de los ciudadanos.

Incluso ha habido llamamientos, desde el catastrofismo más irracional, a una defensa de la patria ante una supuesta amenaza a “la seguridad nacional”, representada por el candidato socialista o por un Gobierno por él presidido en coalición con Podemos. Era lo que demandaba un exmilitar integrado en Vox a través de un artículo publicado en la edición de El Mundo de Baleares, en el que hace un llamamiento a “los poderes del Estado” para evitar la investidura de Sánchez e, incluso, examinar si había incurrido en crimen de traición. El mensaje es implícito.

Más explícito era el de un filósofo, columnista de ABC, que afirmaba que “la situación es gravísima” porque el Gobierno en funciones se apoya “en quienes quieren destruir la Nación y destruir la Constitución”. Asegura el alarmista que “otra guerra civil es posible”. Habla de odio para referirse a la memoria histórica, de la chabacanería instalada en el Parlamento, por la fragmentación partidista, y del imperio de la mediocridad, política y social. Por todo ello, concluye que “España casi agoniza” y  “que puede morir”.

Uniéndose al coro del catastrofismo apocalíptico, algunos “ministros” de la Santa Madre Iglesia Católica, la que aloja en sus templos tumbas de dictadores y de asesinos (Queipo de Llano sigue en la Basílica de la Macarena de Sevilla) que provocaron una guerra civil, la que paseó bajo palio, mientras vivieron, a los que firmaron sentencias de muerte, fusilamiento y garrote vil a inocentes que mantenían ideales contrarios al fascismo, no han dudado solicitar a sus fieles que "elevaran oraciones especiales por España" en todas las iglesias, misas y conventos.

España, a juicio de estos preclaros monseñores de la Conferencia Episcopal, está en una “situación crítica”. No piden rezar por los inmigrantes ahogados, ni por la miseria a la que están condenadas muchas familias a causa de un modelo económico injusto y egoísta, ni siquiera por las asesinadas por la violencia machista, que ha causado más muertes que el terrorismo de ETA, sino que piden orar para que el Altísimo, que se sienta a la derecha, naturalmente, impida un nuevo Gobierno progresista en España que pueda poner en riesgo el chiringuito de la concertada, la financiación pública de su tinglado eclesiástico y demás privilegios que disfruta “su” Iglesia en un Estado constitucionalmente no confesional.

Si todo lo anterior no es catastrofismo, al estilo de la portavoz parlamentaria del Partido Popular cuando dice que la situación actual es peor que cuando ETA mataba, ¿qué será entonces catastrofismo? Esos velados llamamientos a una intervención del Ejército (“los poderes del Estado”) o avisos de que “otra guerra civil” parece justificada, no constituyen simples ejemplos de una diatriba política polarizada, sino amenazas nada sutiles de una derecha radical que está dispuesta a utilizar todos los medios a su alcance para retener un poder, un gobierno, un país, una sociedad, una economía y una cultura bajo las directrices de su ideología.

Y ello es grave y peligroso. Porque si las derechas consideran que la democracia y la libertad solo son válidas si les sirven para retener el poder, tachando de ilegítimas las alternancias en el gobierno por decisión soberana de los españoles, entonces corremos el riesgo de que se produzcan todos los males apocalípticos que nos vaticinan si ellas no gobiernan. No hay que olvidar que fueron las derechas las que iniciaron la última guerra civil en España para “defenderla” del Gobierno legítimo de la República.

Tal vez por ello, sería “saludable”, aunque solo sea para “exorcizar” todos esos designios de maldad de los que se le acusa, que el primer Gobierno de coalición pudiera materializarse en la democracia española. Para demostrar que un Gobierno de izquierdas, en el que participe Podemos, no es ningún riesgo para el país, ni supondrá una hecatombe para la economía, la integridad territorial, la unidad nacional o la identidad de la población, tan plural y diversa como la de cualquier país moderno.

Más allá de un programa que incluye derogar los efectos más lesivos de la Reforma Laboral, aumentar el tipo impositivo a las rentas superiores a 130.000 euros, actuar contra la precarización del trabajo, adecuar nuestra sociedad a la cuestión ecológica y climática, atender la revolución feminista, regular la proliferación de las casas de apuestas, limitar los abusos en el alquiler de viviendas o ampliar las libertades básicas y los derechos sociales, más allá de todo eso, sería conveniente un Gobierno de izquierdas para fortalecer nuestra democracia en la normalidad de la alternancia en el poder, sin apelar al catastrofismo ni al fundamentalismo ideológico. Nadie está en posesión de la verdad, menos aún en política.

Por eso, puede que esta vez que los Reyes Magos acierten con el regalo que se merece el país: un nuevo gobierno estable y progresista que afronte los problemas que nos agobian. Y si se equivoca, dentro de cuatro años pedimos otro. ¿Dónde radica el peligro? ¿O acaso la gente no sabe votar?

DANIEL GUERRERO

30 dic. 2019

  • 30.12.19
Vamos a despedir 2019 con una sensación de tiempo perdido, un tiempo malgastado en complicar los problemas en vez de resolverlos y de vivir en permanente estado de ansiedad, como si cabalgásemos un tigre imposible de domar. Estamos a punto de concluir estos 365 días y parece que volvemos a la casilla de salida para encontrar los mismos asuntos que ya nos habían malogrado el curso anterior. Ejemplo de este déjà vu es que seguimos sin Gobierno estable que pueda agotar la Legislatura, igual que en diciembre de 2018.



Y en esas estamos. Este año, para colmo, se han tenido celebrar dos elecciones generales (abril y noviembre) por la incapacidad de los elegidos de investir a un presidente de Gobierno. Por esa falta de acuerdo en los partidos sentados en el Congreso, llevamos instalados en la inestabilidad desde hace cerca de un lustro.

Sería, pues, una vergüenza que se tuvieran que convocar unas terceras elecciones para lograr por cansancio lo que no se consigue con diálogo y entendimiento: votar al candidato propuesto por el Rey y posibilitar que la minoría mayoritaria, puesto que nadie dispone de mayoría absoluta, pueda formar un Gobierno duradero.

Salvo esos parlamentarios, todo el país, desde la patronal a los sindicatos, la judicatura y las finanzas, las comunidades autónomas y la enseñanza, por citar algunos sectores, pide que se constituya sin tardanza un Gobierno que haga frente a los retos que tenemos pendientes en espera de decisiones.

Llevamos dos años con un presupuesto prorrogado, que es una irresponsabilidad que lastra el progreso y la economía de España. Y los únicos culpables de esta situación son los que no se avienen al entendimiento para conformar el Poder Ejecutivo.

Nuestros representantes no consiguen comportarse con ese espíritu de Estado que permite atender los intereses generales del país antes que los intereses partidistas. Son ellos, nuestros elegidos, los que nos han hecho desperdiciar todo este año, que a punto está de finalizar, con gobiernos en funciones desde que triunfara la moción de censura socialista contra el segundo Gobierno conservador de Mariano Rajoy, en mayo de 2018.

Ojalá 2020 nos permita disponer, al fin, de un Gobierno en España que no sea provisional y que se dedique durante cuatro años a administrar nuestros asuntos con entrega, responsabilidad y acierto. Espero que no sea mucho pedir.

La desconfianza no es infundada. Persiste todavía el “problema catalán” y serán diputados de un partido independentista los que tendrán que favorecer, con su abstención, la constitución de un Ejecutivo con ambición de agotar la Legislatura. Un problema que sigue enroscado en la demanda de una parte importante de la sociedad catalana de un supuesto “derecho a decidir” y de una legalidad constitucional que saltaría por los aires si aceptase la posibilidad de unas actuaciones que afectan a la unidad del Estado (independencia de una región) y la soberanía popular (decidiría sólo una parte del pueblo español).

La aplicación de las leyes ha llevado a juicio y ha condenado a los cabecillas de esas formaciones independentistas que convocaron un referéndum ilegal y declararon una independencia fugaz en Cataluña, cometiendo delitos de sedición y malversación de fondos públicos, entre otros.

Algunos de esos líderes, cuando permanecían en prisión provisional y gozaban de sus derechos cívicos, resultaron elegidos diputados del Parlamento Europeo, pero no pudieron recoger su acta ni tomar posesión de sus escaños por estar recluidos.

Un recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea les ha reconocido su condición como tales y, por consiguiente, la inmunidad que, como cargos electos, les libraría de permanecer en prisión, en contra de la sentencia en firme del Tribunal Supremo.

Y la exigencia de una valoración al respecto por parte de la Abogacía del Estado es lo que impide, hasta ahora, que los independentistas apoyen la investidura del candidato y la constitución de un nuevo Gobierno. De ahí que sigamos instalados en la incertidumbre y la inestabilidad.

En cambio, en Andalucía continúa al frente de la Junta el Gobierno formado por el Partido Popular y Ciudadanos, las dos formaciones conservadoras que podrían desbloquear la ingobernabilidad de la Nación. Llevan casi un año en el poder con más errores que aciertos, pero con una enorme habilidad propagandística para rentabilizar sus acciones.

Hacen alarde de medidas sociales y progresistas mientras, al mismo tiempo, recortan gastos en servicios públicos y limitan derechos (protección a las víctimas de la violencia machista). Así, publicitan grandes “planes de choque” contra las listas de espera médica y, paralelamente, cierran centros de Salud en plenas vacaciones (verano y Navidad) y dejan de sustituir las bajas de los profesionales. Las concentraciones y manifestaciones de los trabajadores sanitarios son continuas.

Poco a poco, el Gobierno andaluz va implementando políticas neoliberales que benefician a los que más tienen y perjudican a los más necesitados, al deteriorar los servicios públicos (sanidad, educación, dependencia...) e incentivar la iniciativa privada.

La labor de zapa de lo público es lenta pero imparable. Y tiene su coste: el goteo de altos cargos dimitidos o cesados este año (más de una treintena) ha sido constante, bien por diferencias en la gestión, bien por la remuneración del cargo, bien por incompatibilidades con la actividad privada. El balance es un Gobierno en permanente remoción de su personal de alta dirección.

Precisamente, ese Gobierno conservador de Andalucía, al poco de tomar posesión (enero 2019) tuvo que enfrentarse al mayor problema infeccioso de los últimos años en España: el contagio con listeriosis de más de un centenar de personas por consumir carne mechada contaminada y no haber sido detectada por los controles de Sanidad.

A causa de la infección, tres personas fallecieron y se produjeron varios abortos, además de tener que ingresar en los hospitales a decenas de víctimas del brote de listeriosis para ser sometidas a tratamiento antibiótico preventivo.

Una empresa sevillana, Magrudis, comercializaba la carne contaminada a pesar de tener constancia de ello y sin que los controles sanitarios, tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía (que se cruzaron reproches mutuamente) lo detectara ni lo previniera. Sea como fuese, el daño a la salud de las personas, con víctimas mortales, y a la industria cárnica (con una caída de las ventas del 60 por ciento) fue considerable. Y nadie ha dimitido ni ha sido cesado por ello.

Y ha sido en Andalucía, también, donde la corrupción política ha sido duramente castigada por los tribunales. Dos expresidentes de la Junta de Andalucía (Manuel Chaves y José Antonio Griñán) y otros ex altos cargos de la etapa de gobiernos socialistas han sido condenados por la Audiencia de Sevilla a penas de prisión e inhabilitación, según los casos, por el llamado caso ERE.

Se trata de la trama que desvió fondos destinados a ayudar a empresas en crisis y trabajadores despedidos. Para ello se utilizaron mecanismos irregulares que carecían de control por parte de la Intervención de la Junta y que facilitaron la concesión de esas ayudas sociolaborales de manera arbitraria. Según la sentencia, existe responsabilidad penal en los políticos condenados, aunque no tuvieran ánimo de lucro personal.

Las tramas de corrupción política e institucional en España han salpicado a todos los partidos que han detentado la capacidad de gobernar desde que se instauró la democracia. Tanto PSOE como PP, así como la extinta CiU y PNV, por enumerar algunos partidos implicados, cuentan en su historial con escándalos de esta naturaleza. Y esta sentencia a líderes históricos del PSOE andaluz ha venido a poner freno a una lacra que ha contribuido a desprestigiar la política y a instalar en los ciudadanos la desconfianza y la indignación.

Pero este año, también, ha traído acontecimientos que nos han situado a la altura de las democracias con menos hipotecas con su pasado. En este 2019 se ha corregido la “anormalidad” democrática de tener enterrado a un dictador en un santuario religioso que se financia con dinero público donde era exaltado por los incondicionales del fascismo.

Tras un laborioso proceso judicial, promovido por los familiares para entorpecer la iniciativa, el Gobierno pudo exhumar los restos de Francisco Franco y trasladarlos a un panteón familiar. Las criticas por una higiénica cuestión de decencia democrática no faltaron para una acción que contaba con el acuerdo parlamentario y gubernamental pertinente, sin que hasta entonces llegara a materializarse. Por fin, España recobra la normalidad democrática de situar en su sitio –como hizo Alemania con Hitler o Italia con Mussolini– a los personajes que protagonizaron las páginas más negras de su historia.

Como colofón a este resumen podría citarse la vigésimo quinta Cumbre del Clima (COP25) celebrada en Madrid, organizada por la ONU, y que debía celebrarse en Chile, país que la presidió. Se trata de una Conferencia, en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en la que líderes mundiales de los países comprometidos se reúnen para adoptar medidas tendentes a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y combatir el calentamiento de la atmósfera.

En una cumbre anterior, la de 2015, se adoptó el Acuerdo de París (del que se salió Estados Unidos), ratificado por casi 200 países, con el objetivo de mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2 grados y hacer más esfuerzos para que no supere los 1,5 respecto a las temperaturas preindustriales. Ello solo es posible reduciendo el volumen de las emisiones de CO2 a la atmósfera.

Pero el acuerdo adoptado en Madrid, denominado “Chile-Madrid, Tiempo de Actuar”, no fue ambicioso por las discrepancias entre países. Los principales emisores de gases (China, India, Estados Unidos y Rusia) se negaron a aumentar sus restricciones contaminantes, por lo que, de seguir las emisiones a los ritmos actuales, 2019 marcará nuevos récords en incremento de temperatura y de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

Como señaló la presidenta de la COP25, Carolina Schmidt, “los acuerdos alcanzados no son suficientes para afrontar con sentido de urgencia la crisis del cambio climático” que ya estamos sufriendo. Una desgracia para el mundo y los que vivimos en él, aunque la organización española del evento fuera todo un éxito.

DANIEL GUERRERO

23 dic. 2019

  • 23.12.19
Boris Johnson consiguió una victoria rotunda en las elecciones generales del Reino Unido del pasado 12 de diciembre y dispondrá de una holgada mayoría absoluta en el Parlamento británico para acometer definitivamente la salida del país de la Unión Europea.



El partido conservador, con el locuaz líder que ha revalidado el cargo, ha arrasado, incluso, en aquellas circunscripciones que tradicionalmente votaban socialista, no gracias a la charlatanería del político “tory”, sino por el rechazo que provocaba el líder izquierdista, Jeremy Corbyn, incapaz de mantener un criterio claro sobre el dichoso Brexit e intentar disimularlo con propuestas extemporáneas que acabaron infringiendo la mayor derrota al Partido Laborista desde 1935.

Es así como el primer ministro de pelo alborotado sólo precisó de no meter mucho la pata para atraer en torno a su candidatura a los descontentos de uno y otro lado, tanto de los partidarios de abandonar ya la UE como de los que confiaban permanecer en ella, en la esperanza común de dar carpetazo a un embrollo que mantiene dividida a la sociedad inglesa y que se alimenta de falsas promesas, cuando no de burdas mentiras.

Tantas son las leyendas, exageraciones y desinformación que, cual capas de cebolla, han estado engordando la propuesta del Brexit, desde mucho antes del referéndum de 2016, que, lo que no consiguieron políticos serios de anteriores gobiernos en agotadoras negociaciones y votaciones, lo ha logrado un populista simpático, charlatán y embustero con la promesa de abandonar las instituciones comunitarias el próximo 31 de enero y aumentar significativamente las inversiones públicas, sobre todo en sanidad y gasto social, para compensar la “desconexión” económica y la polarización de los ciudadanos.

Ha sido una campaña intensa de demagogia que ha tenido la ayuda, sin que sea tachada de injerencia, del “siamés” norteamericano, Donald Trump, con sus reiteradas invitaciones a establecer el mayor tratado de libre comercio jamás firmado entre ambos países, una vez que el Reino Unido haya soltado amarras con la UE, naturalmente.

Sin disimular su entrometimiento, el aliado americano proponía que se desentendiera de Europa para que se atara a EE UU y priorizar, así, unas relaciones bilaterales que sustituyeran el multilateralismo que predica Europa. Solos y desunidos en vez de compartir el proyecto común europeo.

Y, si no se produce un milagro, el Reino Unido de Boris Johnson va a seguir el consejo y abandonará la Unión Europea, gracias a la labor de los euroescépticos y los populistas, cuyas promesas saben ganarse a los descontentos e insatisfechos en nuestras “líquidas” sociedades modernas.

Pertenecer a un club, como es la Unión Europa, sin disfrutar de privilegios no les parece ventajoso a los renegados ingleses que se disponen a dar el portazo. Y para justificarse, aseguran que todos los problemas de Gran Bretaña son por causa de su adhesión a la UE. O de los otros, los demás, los de fuera, focalizados en el inmigrante, la globalización, las decisiones de Bruselas, una diversidad que nos hace temer por la propia identidad...

Es el argumentario de todos los populismos ultranacionalistas, de izquierdas o derechas, con sus promesas de soluciones simples para los complejos problemas que afectan a sus naciones, y que, sin tener que demostrar su viabilidad, consiguen atraerse a los indecisos, a los castigados por todas las crisis (política, económica, social, religiosa, cultural), a los parados, a los xenófobos y hasta a los que predican la “esencia” racial y cultural de la que se erigen valedores.

El premier inglés ha sabido manejar el oportunismo populista y la manipulación descarada para ganarse el éxito en esas elecciones. Y no ha dudado en hacer uso de la mentira para conseguir sus propósitos, como ya venía haciendo desde que era un simple periodista contrario a la Unión Europea.

Va a hacer ahora como primer ministro lo que hacía como periodista, cuando era corresponsal en la capital europea: no dejar que los hechos le estropearan su relato. El cúmulo de invenciones y mentiras de su historial periodístico haría avergonzar a cualquier estudiante de Comunicación. A él le ha servido para transitar desde el euroescepticismo a Downing Street, sin cambiar de estilo y sin despeinarse, si esto último no fuera un sinsentido.

De ahí que, entre sus objetivos, figure también, junto al Brexit, “tener a raya” a la BBC, el ente público audiovisual inglés de sobrada reputación por su neutralidad informativa y calidad técnica. Y es por ello, por esas cualidades profesionales, que Johnson ha ordenado que ninguno de sus ministros acuda a un programa informativo de Radio 4, una de las emisoras de la corporación.

No perdona que la BBC no expresara un apoyo menos neutral a su candidatura y al Brexit. Vamos: que no se aviniera a manipular como él solía en sus tiempos de reportero. Y que fuera públicamente puesto en evidencia cuando un prestigioso entrevistador de la cadena le reprochó en directo, señalando todas las preguntas que pensaba formularle, que no hubiera querido participar en el programa, como hicieron los demás candidatos. Boris no fue porque sin demagogia y bulos no sabe responder a quien no se deja engañar con artificios verbales.

Pero es lo que han votado los ingleses, atrapados en el barrizal de las mentiras del Brexit y seducidos por la capacidad manipuladora de un oportunista populista. Por muchas promesas patriótico-populistas que haga, ahora tendrá que bregar con la realidad que entraña una nueva relación del Reino Unido con la UE, un futuro acuerdo comercial, otros tratados de defensa y seguridad, reelaborar intercambios educativos, financieros y empresariales, coordinar la protección de datos...

Ahora queda lo difícil y que difiere de aquellas exageraciones sobre la rapiña de Europa, los burócratas de Bruselas, las cesiones de soberanía, los mercados encorsetados y tantas otras patrañas aireadas para camuflar motivaciones ideológicas de los que están decididamente en contra del proyecto común europeo, aunque beneficie a sus países.

Con el Brexit, la elección de Boris Johnson y la desinformación de la que se valen, percibimos con claridad las intenciones de estos populismos oportunistas y a lo que debemos enfrentamos en nuestras confiadas democracias. Vemos cómo nos manipulan y cómo nos mienten.

DANIEL GUERRERO

16 dic. 2019

  • 16.12.19
Tras un año instalado en el Gobierno de Andalucía, el Partido Popular (PP) ha encontrado tres cajas fuertes que supuestamente estaban “ocultas” en la sede de la Agencia pública IDEA, dentro de las cuales fueron hallados documentos en sobres lacrados relativos a los ERE que podrían suponer nuevas pruebas sobre aquel escándalo que afecta a los gobiernos anteriores del PSOE y por el que han sido condenados dos expresidentes y otros ex altos cargos socialistas.



Al parecer, en algunos de esos papeles, entre escrituras, copias y otros documentos, figuran dos convenios suscritos en 1998 por la Junta de Andalucía, “sin membrete y sin pasar por la Intervención”, pero firmados por el entonces consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, y el vicepresidente de la empresa Campofrío, cuya filial en Jaén, Campocarne, los utilizaría para crear 300 puestos de trabajo, en los que consta que el Gobierno andaluz se comprometía a no reclamar la devolución de unas ayudas que la UE consideró finalmente como ilegales y competencia desleal.

La noticia, dada a conocer en rueda de prensa por el consejero andaluz de Presidencia y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, resulta sorprendente, no por inverosímil, sino por su sospechosa “oportunidad”, que incluye el teatral tono de gravedad y alarma mostrado por el político conservador.

Se suma a otras denuncias similares que, desde que el PP desalojó al PSOE del poder, han sido hechas públicas de una manera tan escalonada que parecen responder más al deseo por mantener la sospecha permanente sobre gobiernos anteriores que por dilucidar responsabilidades y subsanar errores.

Todas ellas tienen en común el desvelamiento de supuestas irregularidades, despilfarros y falta de control cometidos durante la extensa época (33 años) de gobiernos socialistas en Andalucía. Después de la sentencia de los ERE, las listas de espera en Sanidad y las vacunas no utilizadas, ahora se añaden los papeles ocultos, que han sido enviados a la Fiscalía.

Y llama la atención, primero, porque el actual Gobierno andaluz, formado por PP y Ciudadanos (Cs), ha tardado un año en tropezar con unos archivadores no empotrados (al contrario que las cajas fuertes), tan grandes como armarios y dotados de cerradura en sus puertas, y leer la documentación que se guardaba en su interior. Todo un alarde de diligencia escrutadora en un ente al que el PP tenía, desde sus tiempos de oposición, como objeto de sus pesquisas sobre la corrupción y el clientelismo de los gobernantes socialistas.

Precisamente, la macrocausa sobre el llamado caso Avales, impulsada por ellos y que implicaba a directivos de la agencia, fue archivada por la jueza instructora el mismo día en que el Consejo de Gobierno conservador procedía a “descabezar” toda la cúpula directiva de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), un instrumento para dinamizar la economía regional mediante ayudas, préstamos y avales a pequeñas y medianas empresas, y la captación de inversiones en el extranjero. Tras ese carpetazo del caso y el nombramiento de nuevos directivos, aparecen de pronto, ahora, desconocidos archivadores y “papeles” que vuelven a comprometer a pasados gobiernos socialistas.

Es asimismo llamativo, en segundo lugar, que documentos de hace veinte años, que encubren fondos dispuestos arbitrariamente y sin sujeción a controles bajo la apariencia de préstamos que benefician a una empresa en concreto, lo que evidenciaría sendos delitos de prevaricación y malversación, se dejen sin más en un archivador de un organismo que pasa a ser dirigido por otro Gobierno de distinto color, sin que consten membretes, registros de entrada y salida y demás burocracia administrativa, salvo la rúbrica de las partes firmantes. Hay que ser muy torpes para no percatarse de “cajas fuertes” como roperos, pero más torpe aún para dejar pruebas documentales de arbitrariedades delictivas en los mismos.

Si no fuera, además, porque el sorprendente hallazgo en la Junta de Andalucía coincide curiosamente con otro hallazgo en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, del PP y Cs, de cerca de 200 adjudicaciones de contratos, realizadas entre 2009 y 2013 por diversas consejerías madrileñas en los tiempos de Esperanza Aguirre, que incluyen una cláusula que nutría la caja B del Partido Popular (financiación ilegal), similar a la que investiga un juez de la Audiencia Nacional de otras 50 adjudicaciones de la misma época en una pieza del caso Púnica, diríamos que sería demasiada casualidad tanta torpeza en abandonar y encontrar papeles en Andalucía. La “oportunidad” de un hallazgo, aunque se refiera a hechos diferentes, parece guardar cierta relación con otro hallazgo que afecta a la formación descubridora.

Y esa es una tercera paradoja: la credibilidad y la probidad del Partido Popular dejan mucho de desear, con sus mochilas bien cargadas de corrupción e irregularidades, para que en Andalucía quiera presentarse como ejemplo de Gobierno honrado y transparente, que denuncia y persigue el abuso, el despilfarro, el fraude y los delitos… siempre y tanto sean cometidos por otros.

Por ello, son tantas las cuestiones que llaman la atención en el “descubrimiento” de los papeles “olvidados” por los socialistas en Andalucía, y todas ellas apuntan a ejercicios de distracción, que nos sorprendería mucho que del mismo deriven repercusiones penales. La propagandística y mediática se da por descontada, lo que, tal vez, fuera su verdadero objetivo. No sería extraño, pues, que los “papeles” quedasen en simple papel mojado.

DANIEL GUERRERO

9 dic. 2019

  • 9.12.19
Cuando las desigualdades sociales y la inequidad en la distribución de la riqueza surgen como consecuencia de la actividad económica es que el modelo se ha agotado y es imprescindible modificarlo. Ya no se trata de valorar que otra economía sea posible, como proclaman los soñadores, sino que hay que acometerla de manera inexorable, como reclaman los realistas, antes que el colapso de la economía condene a todos a la miseria.



En un mundo globalizado, en el que rige el sistema capitalista de forma hegemónica pero que aboca a graves problemas de concentración de la riqueza y peligrosas brechas o fracturas en la sociedad, se hace obligatorio reorientar el desarrollo económico y regular con mayor equidad la actividad productiva, de tal manera que el fruto de la economía, sin renunciar al capitalismo, reporte beneficios no solo económicos o financieros, sino también sociales y ambientales.

Es decir, una economía que haga posible una mejor y más eficiente distribución de la riqueza que sirva para amortiguar o disminuir las desigualdades que afloran entre países o en el seno de cada sociedad. Es por ello que es inevitable otra economía. Es perentoria.

Y, también, es factible, en tanto en cuanto la economía no es una ciencia exacta, sino una ciencia social que ha de adaptarse a las circunstancias de cada época y a las necesidades de la población, a la que procura ofrecer un modelo válido para la producción, distribución, comercio y consumo de bienes y servicios.

Si un modelo de economía falla, hay que cambiarlo, como se pide en la actualidad. De hecho, existen sesudos estudios que abordan la emergencia de las desigualdades a causa de procesos de acumulación del patrimonio y una distribución de los ingresos y la riqueza profundamente desequilibrados, por no decir injustos para el interés general.

No seré yo, profano en la materia, pero preocupado por lo que me afecta, quien determine la veracidad o lo errado de unos análisis que, como los de Thomas Piketty, economista e investigador de la Escuela de Economía de París, vienen a incidir en esta denuncia.

Y es que es evidente para cualquiera que las brechas sociales se multiplican y ahondan, favorecidas por un modelo económico que, en vez de repartir bienestar, genera desigualdad y conflictos sociales. La España despoblada –"vaciada", se dice ahora– y los falsos autónomos son síntomas indiscutibles de esas desigualdades que provocan una economía que tiende no solo a la concentración de la riqueza sino a la concentración urbana y a la explotación laboral.

Dejado a su arbitrio, un sistema económico que se basa en la propiedad privada de los medios de producción y en el mercado como mecanismo de asignación de recursos, por definición, no dejará de perseguir la obtención del máximo beneficio o rentabilidad al menor coste, estableciendo el lucro como única divisa.

Sin embargo, el interés general y la democracia deben controlar y regular su funcionamiento para que las contradicciones lógicas del sistema capitalista no socaven su propia viabilidad para la creación de riqueza, procurando nuevas normas de gobernanza de la economía que permitan una distribución de la riqueza con mayor equidad.

Los detentadores del capital y las empresas, como propietarios de los medios de producción, además de atender a los requerimientos del lucro, deberán responder a obligaciones sociales y ambientales, de manera que el crecimiento sea equilibrado y sostenible.

Toda inversión, en esa otra economía inevitable, ha de buscar no solo el beneficio financiero sino también social y ambiental. Entre otros motivos, porque con el aumento de las desigualdades, la extensión de la pobreza, la deforestación y la contaminación del medio ambiente y la persistencia de las brechas sociales, el actual sistema económico se vuelve ineficaz e insostenible para el futuro inmediato de cualquier sociedad y del mundo.

Como dice Piketty, “el asunto de la distribución de la riqueza es demasiado importante como para dejarlo solo en manos de los economistas”. Y la verdad es que a todos nos atañe… aunque sea en el bolsillo. Ya que, por nuestro desinterés e ignorancia, pasan estas cosas que nos venden por economía financiera: un vídeo colgado por Ramón Lobo en InfoLibre. Más que risa, causa indignación.

DANIEL GUERRERO

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