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Mostrando entradas con la etiqueta Nadie atrás [Santiago Martín Gallo]. Mostrar todas las entradas
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4 sept. 2019

  • 4.9.19
Los últimos días de final de las vacaciones en Europa han sido preocupantes en Andalucía y en España y, curiosamente, guardan una estrecha relación con dos importantes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): la salud y la producción y el consumo responsable. Me refiero a la crisis de la listeria, una de las más graves que se han registrado en España en términos de vigilancia y de control sanitario.



Una empresa ha desatendido presuntamente los mínimos patrones de control que fijan las autoridades –en este caso, Ayuntamiento de Sevilla y Junta de Andalucía– y ha causado una tragedia humana entre dos centenares de ciudadanos que consumieron carne mechada contaminada por listeria. La cuestión no es baladí: el brote de Andalucía es el segundo mayor de todo el mundo, después del que se registró en Sudáfrica entre 2017 y 2018, con 1.060 casos confirmados y 216 fallecimientos.

La empresa, sus propietarios y gestores, es la primera en la cadena de producción y, por tanto, puede ser  responsable penal y civilmente. Para tener una idea de lo grave del asunto, hay muchas informaciones que apuntan a que si siquiera tenía los papeles en regla. De hecho, hay informaciones periodísticas que aseguran que no tenía ni licencia de actividad y que, durante casi cinco años, ha fabricado y vendido alimentos procesados sin cumplir con los requisitos administrativos necesarios.

La actuación de la empresa podría costar cara a sus responsables. Hasta cuatro años de cárcel contempla el artículo 363 del Código Penal para los delitos contra la salud pública cometidos por "productores, distribuidores o comerciantes que pongan en peligro la salud de los consumidores" o por fabricar o vender "productos nocivos para la salud".

Los agentes públicos, los técnicos veterinarios, los inspectores... son los segundos responsables en la cadena, obviamente con la responsabilidad política que corresponde a los agentes políticos que cuidan de las diversas áreas correspondientes, sanidad y consumo, que tienen una función fundamental en el control por parte del poder público del cumplimiento de las medidas sanitarias exigidas por ley y velar así por la salud humana.

En todo el mundo se conoce la calidad y el prestigio de los productos alimentarios de España, tradicional exportador a todos los continentes del mundo, además de ser la base del sistema alimentario de este país. Precisamente por ello se hace necesario reflexionar sobre lo que ha sucedido y cómo hacer para evitar nuevas tragedias humanas que pongan en riesgo el prestigio y el trabajo de miles de empresas que cumplen con lo establecido por las normas españolas –que, dicho sea de paso, se sitúan entre las más exigentes de Europa–.

Con todo, el problema no son las normas, ni el marco normativo: es la aplicación de la ley en el día a día, en los establecimientos industriales, muchos de ellos en pequeños pueblos o ciudades medias que representan un motor económico y de empleo y que colaboran con el desarrollo local.

Es importante que el compromiso de España en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se localice en los territorios de forma eficiente y eficaz. Para ello es fundamental que el sector productivo español, toda la cadena, independientemente del tamaño de la empresa, se apropien de los ODS y de las metas establecidas en la Agenda 2030, que buscan el bienestar para las personas (los consumidores) y para el conjunto del planeta, sin dejar a nadie atrás.

¿Y cómo pueden ayudar las empresas en este propósito? Pues encontrando nuevas soluciones que ofrezcan modalidades de consumo y producción sostenibles, ya que ello redundará en interés de la sociedad pero, también, de su propia cuenta de resultados.

Es preciso comprender mejor los efectos ambientales y sociales de los productos y servicios, tanto de los ciclos de vida de los productos como de la forma en que estos se ven afectados por su utilización en los estilos de vida. La identificación en la cadena de valor de los “puntos críticos”– donde las intervenciones tienen mayor potencial para mejorar los efectos ambientales y sociales del sistema en su conjunto– es un primer paso fundamental.

SANTIAGO MARTÍN GALLO

28 ago. 2019

  • 28.8.19
Vivimos en un mundo cada vez más complejo, inestable y muy cambiante. Nuevos desafíos y retos se añaden a los ya conocidos diariamente. La pobreza en nuestro país y en el mundo; el crecimiento de las desigualdades en todos los países; el cambio climático –no olviden lo que está pasando en la Amazonia, por ejemplo– o las nuevas y viejas formas de violencia e inseguridad.



Retos que, a menudo, generan incertidumbre; rechazo a las diferencias y a los diferentes; discursos populistas de “nosotros primero”; nuevas formas de discriminación, violencia, totalitarismos, inclusive en regímenes llamados democráticos; además de una sistemática violación de los derechos humanos, migraciones forzadas, cierre de fronteras y nuevos proteccionismos.

Más que nunca, debemos actuar diariamente con firmeza y convencimiento, ya que existe una alternativa: una respuesta diferente y mejor es posible. El modo en que afrontamos los grandes retos que se nos presentan como país y como sociedad en España y como humanidad no puede estar guiado por el miedo. Las respuestas deben estar basadas en los valores universales los Derechos Humanos, que son la base de la Agenda 2030.

Debemos y queremos, como sociedad civil, dar una respuesta que ponga a las personas primero, cualquiera que sea su origen y condición; que respete nuestro planeta y los derechos de las generaciones futuras; que genere un progreso compartido, seguro y sostenible; que construya la paz y la justicia; que sea la de todos y de todas, en alianza.

La Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) –que el Gobierno de España, desde la llegada a la Presidencia de Pedro Sánchez y la creación del Alto Comisionado, ha asumido con entusiasmo, responsabilidad, pragmatismo, seriedad y convencimiento– sintetizan esta respuesta.

En efecto, los ODS son un referente ético, a la vez que operativo, para todos los Gobiernos autonómicos y locales, que serán los grandes beneficiarios por la Localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un nuevo contrato social global, el cimiento más sólido para construir el mundo y la Europa más social que queremos.

Se trata además, de una gran oportunidad para España. La lectura de la crisis económica y sus persistentes efectos nos deja importantes lecciones. Es necesario cambiar nuestro modelo productivo; hacer una profunda transición ecológica de nuestra economía; asegurar que los beneficios del crecimiento económico redunden en una menor pobreza y en una mayor igualdad; asegurar los derechos humanos y nuestro Estado social de derecho.

España tiene ventajas competitivas y capacidades de su capital social, tanto en el sector público como en el privado, para articular políticas públicas y acción colectiva alrededor de la nueva agenda global de desarrollo sostenible. Este es un tema que une a todos los partidos políticos independientemente de su ideología, salvo los extremos.

Una España que haya alcanzado los ODS en 2030 será un país con el que todos y todas las personas sueñen. Por eso, la Agenda 2030 está ya en el centro de la visión de Estado y de la acción de gobierno actual. Porque representa una forma de actuar en el mundo. En definitiva, un proyecto de sociedad, ni más ni menos, para no dejar a nadie atrás. Y para recordar, esta es nuestra hoja de ruta:
  • Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
  • Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible.
  • Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos los ciudadanos, sea cual sea su edad.
  • Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente.
  • Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
  • Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento.
  • Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna.
  • Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
  • Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
  • Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.
  • Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
  • Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
  • Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
  • Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
  • Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertización, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.
  • Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible.
  • Facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
  • Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
Septiembre nos espera. España precisa y merece tener un Gobierno que posibilite avanzar interna y externamente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y no hay tiempo a perder.

SANTIAGO MARTÍN GALLO

21 ago. 2019

  • 21.8.19
Argentina vive en este momento una importante crisis de incertidumbre, como consecuencia de los resultados que han dejado las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del pasado 11 de agosto, que han manifestado un categórico triunfo de la oposición, Frente de Todos. Dicho frente responde a la formación impulsada por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a la unión, casi inesperada, de todo el arco político vinculado o caracterizado por el Peronismo.



Han sido solamente Primarias, que han definido las candidaturas de cara a las elecciones del 27 de octubre, pero de tal magnitud la diferencia a favor del candidato de Frente de Todos, Alberto Fernández, que generó una crisis institucional y económica de las más importantes de los últimos 20 años.

Esta realidad de inestabilidad se trasladó también a los gobiernos municipales, que comienzan a sufrir los embates de la economía en su último año, de una gestión de cuatro, y debiendo afrontar una próxima elección en el medio de una crisis que los afecta y que poco pueden hacer para resolverla. Solo les queda la única opción de sufrirla y dejar pasar el tiempo hasta que culmine el proceso electoral y sea el ciudadano quien se exprese.

Esta situación se da precisamente en la provincia de Buenos Aires, la más grande y poblada de la Argentina, donde la gobernación y los municipios han tomado la misma fecha de elección que las autoridades nacionales. Por ende, ha incidido notablemente la influencia de los candidatos nacionales en los gobiernos locales, beneficiando notablemente a los aliados a Alberto Fernández-Cristina Fernández y perjudicando a los aliados al actual Gobierno nacional de Mauricio Macri.

El escenario es, pues, totalmente contrario a los resultados alcanzados en las presidenciales del 2015 y legislativas del 2017, cuando la alianza oficialista Cambiemos había alcanzado resultados muy satisfactorios. En la mayoría de los Estados Provinciales, las elecciones fueron desdobladas de las Nacionales para evitar ese “arrastre” de las fórmulas presidenciables. Por lo tanto, en los municipios del país se han podido fortalecer los gobiernos locales y se ha comprometido a los ciudadanos a sufragar de acuerdo a las propuestas emitidas estrictamente desde el ámbito territorial.

Se espera ahora el resultado de las elecciones del 27 de octubre, en las que está en juego la Presidencia de la Nación, la Gobernación de la provincia de Buenos Aires y de los municipios de esta provincia tan influenciable en los resultados electorales y de algunas otras provincias para culminar con el proceso electoral.

Mientras tanto, el país está sufriendo una crisis económica de gran magnitud, con índices inflacionarios parecidos a los de la hiperinflación de 1989, desocupación, cierres de pequeñas y medianas empresas y una recesión que se siente con mucha preocupación en los sectores más vulnerables.

Mientras tanto, los municipios, que han adherido a sus acciones tareas que no son inherentes a su potestad, como la educación, la salud, la seguridad o la generación de trabajo, están volcando gran parte de sus presupuestos a la planta de empleados y a asistencia social. Referido a este último punto, se han reforzado las prestaciones en comedores alimentarios, subsidios, planes sociales, entrega de indumentarias y artículos de construcción.

Tres meses, pues, de incertidumbre, atados a resultados electorales que van a definir, ciertamente, el rumbo de la Argentina.

SANTIAGO MARTÍN GALLO & LUIS PABLO ALONSO
www.municipiosdeargentina.com

14 ago. 2019

  • 14.8.19
Es recomendable que los autónomos y las pequeñas y medianas empresas (pymes) muestren su compromiso con la Agenda 2030 y con el impulso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Y pueden hacerlo a través de sus páginas web, de sus redes sociales, en la misma memoria de sostenibilidad o de cualquier otra forma que visibilice este importante paso.



Una vez que el autónomo o la pyme se ha comprometido con la Agenda 2030, es momento de pasar a la acción. Y el primer paso debe ser identificar en cuál o cuáles de los 17 ODS puede contribuir como autónomo o pyme y, también, tratar de identificar aquellas oportunidades de negocio que pueden existir.

Esto dependerá, principalmente, del sector al que pertenezcan. Así, una empresa del sector de la construcción podrá contribuir en mayor grado al Objetivo 9 de Industria, Innovación o Infraestructuras, mientras que un autónomo o una empresa del sector agroalimentario estarán más relacionados con el Objetivo 12 de Producción y consumo responsable. Sin embargo, hay ODS –como el 5, en materia de Igualdad de género, o el 8, sobre Trabajo decente y crecimiento económico– sobre los que todas los autónomos y las pymes tienen capacidad de acción.

Es importante que todos los empleados conozcan también la Agenda 2030 y de qué manera pueden contribuir con su trabajo. Para ello es recomendable realizar acciones de formación sobre los ODS. Además, para expandir el mensaje, también es importante sensibilizar a otros grupos de interés, como clientes o proveedores. Algunas medidas que se pueden llevar a cabo son:

1) Píldoras y vídeos sobre la Agenda 2030 en general y concretos sobre algunas temáticas: Reciclaje (Objetivo 12), Ahorro energético (Objetivo 7), Igualdad de género (Objetivo 5), Salud y Bienestar en la empresa (Objetivo 3) Cambio Climático (Objetivo 13) o Personas con discapacidad (Objetivo 10).

2) Talleres prácticos sobre la Agenda 2030 para que cada empleado de la empresa entienda las implicaciones de su trabajo en los ODS.

3) Acciones clave para desarrollar los denominados "días D". Los "días D" son los días internacionales que conmemora Naciones Unidas y que pueden consultarse aquí. Por ejemplo, el 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente o el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. En estos días se pueden realizar campañas de comunicación y/o acciones de voluntariado sobre la temática que se conmemore.

4) Sensibilización a clientes a través de los productos y servicios  que preste el autónomo o la pyme. Por ejemplo, si se dedica al ámbito de la alimentación, se puede incorporar información sobre la Agenda 2030 en productos o, en el caso de establecimientos comerciales, colgando carteles o posters sobre los ODS.

También cabe la posibilidad de adherirse a una iniciativa que ayude a avanzar y acredite el compromiso del autónomo o de la empresa con la salud, el bienestar y la conciliación de su activo más importante: las personas.

El último paso consiste en comunicar el trabajo que el autónomo o la pyme realizan. El medio más utilizado por las empresas es la Memoria de Sostenibilidad, donde ha de reflejarse el compromiso general y la estrategia que se lleva a cabo en la empresa para contribuir a los ODS. En el caso de no contar con una memoria, se pueden utilizar otros medios, como la página web corporativa o declaraciones en redes sociales o en medios de comunicación.

Un ejemplo de la importancia de los autónomos y de las pymes en el proceso de cambio de modelo económico y de adaptación a los ODS es España, que es un referente de buenas prácticas en el ámbito de la cooperación internacional y que puede servir como estímulo para otros países. Y es que no hay que olvidar que, en la mayoría de los países, la base de la economía son los pequeños emprendedores que favorecen la generación de empleo y renta.

En Madrid, Cristina Gallach Figueres, Alta Comisionada de España encargada de coordinar la implementación de los ODS, recibió a la secretaria general de la Unión de Autónomos y Emprendedores de España (UATAE), María José Landaburu, junto con el secretario general de UATAE Andalucía, Pepe Galván, para dialogar y establecer las pautas para la estrategia de la localización de los ODS por parte de los autónomos en todo el territorio.

Este colectivo representa en España la más sólida base del tejido social y productivo, que precisa de apoyo de las autoridades centrales y de las Comunidades y municipios, para poder mantener las actuales actividades productivas y generar las condiciones para aumentar las actividades económicas en el medio rural, principalmente entre jóvenes y mujeres.

La implementación de los programas europeos en los municipios de Andalucía, de los fondos Feder, a través del Programa Edusi, posibilitará a ciudades como Mairena del Alcor, Carmona, Montilla o Sanlúcar de Barrameda, por citar solo algunos ejemplos, llevar a cabo intervenciones para fortalecer el tejido productivo, mediante la creación de emprendimientos, startups, atracción de inversiones y otras acciones de visibilidad y de relación en pequeñas y medianas ciudades.

SANTIAGO MARTÍN GALLO

31 jul. 2019

  • 31.7.19
Cuando en septiembre de 2015 los jefes de Estado miembros de las Naciones Unidas firmaron la Agenda 2030, se inició un proceso de nuevos protagonismos en el escenario internacional con el surgimiento de las ciudades y de los asentamientos como parte activa de las políticas multilaterales.



La Agenda establece el cambio de paradigmas en relación a la forma de vida actual de los ciudadanos. Los poderes públicos son los inductores de estos cambios reconociendo en la gobernanza local la responsabilidad por el establecimiento de las actuaciones en los territorios para el cumplimiento de las metas establecidas.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una oportunidad para el establecimiento de un nuevo pacto social o, como escribe Federico Buyolo, una nueva oportunidad para reestablecer las relaciones con el medio y entre las personas, en función de una nueva realidad, diferente de la que era cuando Jean Jaques Rousseau escribió El Contrato Social, que fue la base de una parte de la civilización en la construcción de las democracias modernas.

El establecimiento del Objetivo 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles es una excelente hoja de ruta establecida en el marco de Naciones Unidas para los gobiernos locales (no obligatoria, pero con consecuencias económicas) y un triunfo de la actuación de diversas entidades nacionales e internacionales, entre las que destacamos a la organización de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y sus respectivas asociaciones regionales y nacionales de los cinco continentes.

El Objetivo 11 propone lograr, hasta 2030 –fecha difícil de cumplir por el exiguo tiempo que resta– que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, resilientes y sostenibles. Estos tres principios representan la necesidad de cambios de hábitos de vida por parte del poder público en todas sus esferas administrativas y de los ciudadanos.

Se entiende por "inclusivo" el reconocimiento de que todas las personas tienen el mismo valor; por su parte, "resiliente" es la capacidad del ser humano de adaptarse a situaciones adversas y la "sostenibilidad" alude a la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer a las generaciones futuras. Así de simple. Ahora, para ello, se establecieron metas que son de extrema relevancia para las ciudades pequeñas, medias, rurales o para los asentamientos más pequeños.

Las ciudades, sean del tamaño que sean, son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, desarrollos social, conocimiento y mucho más, y han permitido a las personas progresar social y económicamente. Se necesita mejorar la planificación y la gestión urbana para que los espacios urbanos locales sean más inclusivos y seguros.

La meta 11.1 establece que, de aquí a 2030, se asegure el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. Los poderes locales tienen herramientas para, junto con los Gobiernos regionales, trabajar para alcanzar esta meta.

La vivienda y los servicios básicos, como derechos humanos fundamentales, son reconocidos y se convierten en una meta para ser alcanzada en ámbitos prácticos y con la necesaria participación de la gobernanza territorial. Tanto la vivienda como los servicios básicos se prestan en los barrios, y forman parte del día a día de las personas.

Por otro lado, la mención a los barrios marginales es importante porque permite identificar claramente la necesidad de políticas públicas eficaces y eficientes para mejorar la calidad de vida de estos barrios que hoy están presentes en muchas ciudades medias de todas las regiones del país.

La meta 11.2 nos invita, antes de 2030, a proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres y niños, las personas con discapacidad y las personas de más edad.

Uno de los mayores desafíos de los próximos diez años está representado por esta ambiciosa y necesaria meta. Quizás el transporte público sea hoy en las ciudades grandes e intermedias uno de los mayores problemas para el día a día de los ciudadanos, por su coste e ineficiencia.

Pero es muy importante destacar que es una de las pocas veces en las 169 metas que, de forma tan clara, se establece el público como objetivo que precisa este tipo de políticas, sean locales, regionales, nacionales o multilaterales. Aquí destacamos el término "personas en situación de vulnerabilidad", que debe ser contextualizado pero que, en el caso de España, son más de diez los colectivos que podemos identificar en esta situación.

Por otro lado, las mujeres, las niñas y las personas con discapacidad también son objeto de mención específica como un grupo que precisa de mayor protección del Estado y el establecimiento de recursos financieros para solucionar las problemáticas ya identificadas. Y es muy valioso destacar que, en esta meta, relacionada con las ciudades –que pueden ser rurales o no– se hace una de las pocas menciones a las personas de edad en el marco de los ODS y de sus metas.

Nadie puede tener dudas de la importancia social, cultural y económica que representan las personas mayores para una sociedad, para un pueblo, para una ciudad, para una región, para un país. El tratamiento que estas personas reciben de la sociedad –sea del sector público o del sector privado– nos proporciona una muestra de sus principios y de sus valores.

España y otros países en Europa y de América Latina contarán hacia 2030 con una población de más del 25 por ciento formada por personas de edad. Por eso se requieren nuevas políticas regionales y locales, nuevos productos y servicios, nuevas relaciones con la tecnología y su usos para mejorar la calidad de vida y para poder incorporar en la realidad económica social de estos territorios a una cuarta parte de su población.

Por otro lado, la meta 11.4 nos desafía a redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo, lo que para España representa no solo una necesidad ambiental y social sino económica, por lo que representa el turismo internacional y nacional en todo su territorio.

También se establece como meta hasta 2030 el establecimiento de acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y personas con discapacidad. Todo esto se lleva a la práctica en los barrios, en las ciudades, de ahí la importancia del poder local en el establecimiento de la localización de los ODS.

Aquí nos encontramos ante otra de las pocas referencias en el marco de los ODS a los diferentes grupos o colectivos sociales, pero es muy importante porque trata de un asunto que los ciudadanos precisan en su día a día, en especial los colectivos con mayores necesidades. Las personas con discapacidad, por primera vez, aparecen como parte de un colectivo que debe ser protegido y estimulado para tener una mejor calidad de vida.

De este modo, nos encontramos ante una forma de contemplar a todos y todas y de no dejar a nadie atrás, lo que es sumamente difícil por falta de capacidad política o técnica de las autoridades locales  y de técnicos especializados, cuando no de falta de recursos financieros.

La meta 11.a representa la base de la hoja de ruta de las zonas rurales (y otras) en Europa, España y Andalucía. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales, fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional, es el gran desafío de la mayoría de las regiones rurales de España.

Lo básico, en este momento, es finalizar el proceso de sensibilización de los gobiernos locales y regionales que, posteriormente, tendrán que tener en cuenta los ODS en su trabajo cotidiano. Y también se hace precisa una labor didáctica dirigida a la población en general.

El problema radica en que para que los ODS y estas metas puedan ser cumplidas precisan una serie de convergencias que les posibiliten esta situación, a saber: establecimiento de un marco político administrativo y de una visión estratégica y de gestores públicos comprometidos con la vida de las personas, así como una mejora de la calidad de vida del sistema democrático. Pero ello requiere, claro está, voluntad política.

Por eso, es necesario que las autoridades locales comprendan y se apropien de la Agenda 2030, del desarrollo sostenible, de los ODS y de su relación con las políticas nacionales y regionales, en el caso de España. Esto es una condición sine qua non para que la ciudad pueda aspirar a ser sostenible.

Después es necesario que sus colaboradores, políticos y técnicos en el caso del poder local y regional, tengan los conocimientos técnicos para poder vincular los ODS, así como las metas y sus indicadores a las políticas públicas locales, regionales y nacionales en el marco de sus planes de desarrollo. Esta es quizás la mayor dificultad para su implementación, ya que desafía un trabajo multidimensional y en equipo en las Administraciones regionales y locales y demanda una preparación técnica que debe ser suplida, en caso de no existir, con formación permanente.

También es necesario que se establezca una gobernanza, un mecanismo de relaciones, transparente y participativo a nivel local, con conexiones regionales y nacionales para la implementación de la Localizacion de los ODS en los territorios locales, a través de una comisión u órgano de carácter consultivo que tenga atribuciones reales.

Por experiencia, creo que también es fundamental la creación de algún grado de institucionalidad para el fortalecimiento de la implementación de la política de desarrollo sostenible en el territorio, pues varía en función de las posibilidades de las Administraciones municipales, de su capacidad técnica, política e institucional en el marco del territorio. En la práctica supone  el establecimiento de una comisión o grupo de trabajo, de un sistema de gobernanza, de un planeamiento estratégico y de un plan de trabajo: nada complejo, pero debe ser sistemático, organizado y planeado.

En el caso de España, algunas Administraciones, muy pocas, ya están trabajando de forma activa. Muchas no saben cómo trabajar esta temática y otras no tienen técnicos con conocimientos suficientes para poder implementar políticas públicas que incorporen la Agenda 2030 en sus programas y planes territoriales. Todavía existen Gobiernos locales y regionales que no están suficientemente familiarizados con este conjunto universal e integrado de metas.

Todos los ODS tienen objetivos y metas directamente relacionadas con las responsabilidades de los gobiernos regionales o locales. El desafío de las comunidades autónomas, de las provincias y de los municipios es poder trabajar en la localización de la Agenda 2030, establecida en términos nacionales por el Alto Comisionado y que representa la política del Estado español en relación con el desarrollo sostenible –por cierto, considerada un ejemplo en todo el mundo–.

Por ultimo, cabe destacar que los fondos europeos, recursos muy utilizados para el desarrollo de zonas desfavorecidas también en España, tendrán cada vez mayores exigencias para la obtención de subvenciones, ayudas o créditos, lo que obliga a las Administraciones locales a hacer suyos los Objetivos de Desarrollo Sostenibles para no dejar a nadie atrás con sus políticas locales, en especial en los territorios más necesitados, en las regiones despobladas, es las zonas rurales y en las ciudades pequeñas y medianas.

SANTIAGO MARTÍN GALLO

23 jul. 2019

  • 23.7.19
La Agenda 2030 ofrece importantes oportunidades de negocio para los autónomos y las empresas. Y es que es posible contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sin renunciar a acceder a nuevos mercados, manteniendo además los clientes y beneficiarse de las ventajas que proporciona esta hoja de ruta para Andalucía y España.



Contribuir a los ODS permite a cualquier autónomo o empresa acceder a nuevos segmentos de mercado que son claves en la economía, como las nuevas tecnologías, la economía circular, los negocios inclusivos, las energías renovables o la economía ecológica.

Las grandes empresas españolas y extranjeras que operan en España invierten cada vez más en sostenibilidad, toda vez que evalúan y exigen estas cuestiones a sus empresas proveedoras. Según un análisis de la Red Española del Pacto Mundial, el 66 por ciento de las empresas del IBEX 35 ya evalúan a sus proveedores bajo criterios sociales; un 71 por ciento en criterios ambientales y el 80 por ciento de las empresas del IBEX 35 ya realizan acciones para contribuir a los ODS. De este modo, las pymes que propicien la Agenda 2030 verán incrementadas sus oportunidades para cerrar acuerdos con grandes empresas y mantener los negocios que ya tienen con ellas.

También el consumo responsable es una tendencia al alza. El 64 por ciento de los consumidores españoles ya tiene en cuenta en sus compras casi siempre o a veces la sostenibilidad, es decir, los posibles impactos sociales o ambientales negativos de los productos y servicios que adquiere o contrata. Una pyme o los autónomos con productos y servicios dirigidos directamente al consumidor pueden, a través de la Agenda 2030, incrementar la confianza en su marca y aumentar las ventas.

La Agenda 2030 ofrece a autónomos y empresas aumentar la base de clientes, innovando en sus productos y servicios para que sean ambientales y socialmente responsables. Y con la creación de nuevos servicios orientados a nuevos segmentos, como las generaciones más jóvenes, la sostenibilidad podrá ir ligada a la reputación de la marca.

El acceso a un mayor número de subvenciones o contratos con la Administración pública es otro de los beneficios que pueden encontrar los autónomos o las pymes en la Agenda 2030. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público en España incluye aspectos medioambientales o sociales como criterios para la adjudicación de contratos a las empresas con la Administración pública.

Algunos de estos aspectos contemplan medidas para reducir el nivel de emisión de gases de efecto invernadero; medidas de ahorro y eficiencia energética; la implantación de un plan de igualdad de género o la aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social durante la prestación contractual.

En los próximos años se producirá un aumento de estrategias y normativas en materia de sostenibilidad, lo que se traducirá en mercados que consideren cada vez más las actuaciones ambientales o sociales de los autónomos y las empresas.

En este sentido, la futura Estrategia de Desarrollo Sostenible, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos o el nuevo Plan de Acción de la Unión Europea sobre Finanzas Sostenibles, son solo algunos ejemplos de nuevas políticas que marcarán el camino a seguir.

Por último, no hay que olvidar que la Agenda 2030 pretende crear un planeta que sea sostenible a largo plazo para las generaciones futuras y, por tanto, que garantice el cuidado del medio ambiente, la economía y las personas.

Si no se actúa de forma urgente, problemas como el cambio climático, el respeto a los derechos humanos o el agotamiento de los recursos naturales pueden deteriorar de forma sería el crecimiento económico y, por tanto, también el buen funcionamiento de los mercados y las empresas. Sin un planeta sostenible no habrá progreso y sin progreso tampoco habrá mercados estables en los cuales puedan operar los autónomos y las pymes de forma segura.



Estas son algunas de las tendencias que serán importantes para la localización de los ODS y la aplicación de los mismos en el ámbito corporativo.

a) Salud de empleados: se deben implementar medidas que incidan en la salud y el bienestar de los empleados pues pueden ayudar a aumentar su motivación y su compromiso con la organización y, por tanto, también su productividad. Medidas de conciliación y flexibilidad del trabajo, los programas de nutrición o de actividad física o disminuir los riesgos de accidentes laborales son solo algunas de las medidas que los autónomos o las pymes pueden llevar a cabo.

b) Energías renovables: la Unión Europea pretende que, en 2030, el 32 por ciento de la energía consumida en todo el territorio comunitario, sea de origen renovable. Los autónomos o las pymes pueden empezar a consumir un mayor porcentaje de energías renovables en sus actividades, generando una imagen de marca sostenible o innovar con nuevos productos y servicios que utilicen o ayuden a impulsar el uso de energías renovables para adaptarse al futuro del mercado.

c) Digitalización: Internet y las redes sociales son claves para el futuro de los mercados. El 63 por ciento de los españoles han realizado compras online desde el móvil en 2018 y, además, en la era digital los consumidores se dejan guiar por las opiniones de otros usuarios. Así, el 67 por ciento de los consumidores españoles se basa en las recomendaciones en redes sociales de otros usuarios en Internet a la hora de comprar. Los autónomos o las pymes han de aprovechar esta tendencia para lanzarse al mundo digital y aprovechar al máximo esta nueva forma de hacer negocios.

d) Reutilización y reciclaje: la reutilización y el reciclaje de recursos y productos es una tendencia al alza. En España ya se recicla el 77,1 por ciento de los envases de plástico, latas y briks y los envases de papel y cartón. Los autónomos o las pymes pueden impulsar la reutilización y el reciclaje de materiales como papel, plásticos o envases a nivel interno para ahorrar recursos y, también, para crear productos y servicios basados en materiales reutilizados y reciclados que satisfagan a los consumidores que buscan productos más sostenibles.

e) Transparencia: cada vez se reconoce más el valor de la divulgación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas y de los autónomos. No en vano, la transparencia se está convirtiendo rápidamente en un nuevo paradigma para hacer negocios. De las 250 compañías más grandes del mundo, más del 90 por ciento de ellas informan sobre su desempeño en sostenibilidad y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas ha pasado de 44 empresas adheridas en el año 2000, a más de 9.900 en 145 países. Esta iniciativa requiere que las empresas adheridas elaboren un informe de progreso o memoria de sostenibilidad anual en la que recojan sus avances en la implantación de los 10 Principios del Pacto Mundial y en las contribuciones hacia los ODS.

Estamos, pues, en el momento de iniciar un trabajo que posibilite a los autónomos y pymes de España su participación efectiva en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

SANTIAGO MARTÍN GALLO

16 jul. 2019

  • 16.7.19
La Agenda 2030 ofrece importantes oportunidades de negocio para los empresarios, los autónomos y las empresas, que son la base del tejido productivo de los territorios. Para ello, es necesario comprender los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): lo que significan en términos prácticos para las acciones que la empresa realiza día a día y de sus políticas de relaciones. Es necesario, pues, que el tejido productivo asuma esta iniciativa y esto solo será posible con la formación de los gestores y ejecutivos y mediante la difusión de informaciones y conocimientos útiles para el sector empresarial.



Los ODS son una hoja de ruta para las acciones de las personas por las personas, para fomentar la paz, la prosperidad y las alianzas. Por ello, la participación del tejido empresarial de un territorio es fundamental para poder implementar la Agenda 2030, considerando que muchos de los ODS –el 5, el 8, el 11 y el 17– se relacionan de forma directa con actividades económicas y empresariales.

En términos prácticos, hay una serie de acciones que pueden ser realizadas por los miembros del tejido productivo de los territorios en el marco de la Agenda 2030. Con todo, cada país debe adaptar la manera de alcanzar los ODS a su realidad, incluso dentro del propio país, es decir, adaptar la Agenda 2030 a las necesidades de los territorios donde se ejecuta la localización de los ODS, para poder considerar la realidad local de cada territorio.

Contribuir a alcanzar los ODS permite a los autónomos y a empresas de todos los tamaños que puedan acceder a nuevos segmentos de mercado que serán claves en la economía del futuro, como las nuevas tecnologías, la economía circular, los negocios inclusivos, las energías renovables o la economía ecológica.

En los próximos años se producirá un aumento de estrategias y normativas en materia de sostenibilidad, lo que se traducirá en mercados que consideren cada vez más las actuaciones ambientales o sociales de los autónomos y las empresas.

En este sentido, la futura Estrategia de Desarrollo Sostenible, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos o el nuevo Plan de Acción de la Unión Europea sobre Finanzas Sostenibles son solo algunos ejemplos de nuevas políticas que marcarán el camino que se debe seguir en el caso de España.

Según una investigación reciente, las grandes empresas españolas y extranjeras en España invierten cada vez más en sostenibilidad y evalúan y exigen estas cuestiones a sus empresas proveedoras. Según un análisis de la Red Española del Pacto Mundial, el 66 por ciento de las empresas del IBEX 35 ya evalúan a sus proveedores bajo criterios sociales, un 71 por ciento en criterios ambientales y el 80 por ciento de las empresas del IBEX 35 ya realizan acciones para contribuir a los ODS.

Los autónomos y las pymes que contribuyan a la Agenda 2030 verán, por tanto, posibilidades de incrementar sus oportunidades para cerrar acuerdos con otras empresas y, también,  mantener los negocios que ya tienen con ellas. Y es que surgirán y surgen a cada día nuevos modelos de negocio basados en la sostenibilidad, la innovación y la tecnología.

Por otro lado, el consumo responsable es una tendencia al alza. El 64 por ciento de los consumidores españoles ya tiene en cuenta en sus compras, casi siempre o a veces, la sostenibilidad, es decir, los posibles impactos sociales o ambientales negativos de los productos y servicios que compra. Una pyme o un empresario autónomo, con productos y servicios dirigidos directamente al consumidor puede, a través de la Agenda 2030, incrementar la confianza en su marca y aumentar las ventas.

La Agenda 2030 ofrece al tejido empresarial de los territorios la posibilidad de aumentar la base de clientes, innovando en sus productos y servicios para que sean ambiental y socialmente responsables y con la creación de nuevos servicios orientados a nuevos segmentos, como las generaciones más jóvenes, para los que la sostenibilidad va ligada a la reputación de la marca.

En el caso de las comunidades autónomas, sea para la obtención de subvenciones de la Unión Europea (como los fondos Feder) como recursos nacionales, el acceso a un mayor número de subvenciones o contratos con la Administración pública es otro de los beneficios que pueden encontrar los autónomos o las pymes en la Agenda 2030.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público incluye aspectos medioambientales o sociales como criterios para la adjudicación de contratos a las empresas con la Administración pública. Algunos de estos aspectos son: medidas para reducir el nivel de emisión de gases de efecto invernadero; medidas de ahorro y eficiencia energética; la implantación de un plan de igualdad de género o la aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social a la prestación contractual.

La tendencia es que la Administración pública adopte criterios para la obtención de subvenciones que aumenten las exigencias relacionadas a los principios y metas de los ODS; de la misma forma que lo hará seguramente el sector bancario para la obtención de créditos para autónomos y empresas.



En el caso de la salud de empleados, es necesario implementar medidas que incidan en la salud y en el bienestar de los empleados, lo que puede suponer aumentar su motivación y su compromiso con la organización y, por tanto, también su productividad. Medidas de conciliación y flexibilidad del trabajo, los programas de nutrición o de actividad física o disminuir los riesgos de accidentes laborales son solo algunas de las medidas que se pueden llevar a cabo.

Tratándose de las energías renovables, la Unión Europea pretende que en 2030, el 32 por ciento de la energía consumida en todo el continente, sea de origen renovable. Los autónomos o las pymes pueden empezar a consumir un mayor porcentaje de energías renovables en sus actividades, generando una imagen de marca sostenible o innovar con nuevos productos y servicios que utilicen o ayuden a impulsar el uso de energías renovables, para adaptarse así al futuro del mercado.

Por otro lado, la digitalización es fundamental para la localización de los ODS y, por ello, Internet y las redes sociales son claves para el futuro de los mercados. El 63 por ciento de los españoles han realizado compras online desde el móvil en 2018 y, además, en la era digital, los consumidores se dejan guiar por las opiniones de otros usuarios.

Así, el 67 por ciento de los consumidores españoles se basa en las recomendaciones en redes sociales de otros usuarios en Internet a la hora de comprar. Cualquier autónomo o las pymes han de aprovechar esta tendencia para lanzarse al mundo digital y aprovechar al máximo esta nueva forma de hacer negocios.

Por último, no hay que olvidar que la Agenda 2030 pretende crear un planeta que sea sostenible a largo plazo para las generaciones futuras y, por tanto, que garantice el cuidado del medio ambiente, la economía y las personas.

Si no se actúa de forma urgente, problemas como el cambio climático, el respeto a los derechos humanos o el agotamiento de los recursos naturales pueden deteriorar de forma seria el crecimiento económico y, por tanto, también el buen funcionamiento de los mercados y las empresas. Sin un planeta sostenible no habrá progreso y, sin progreso, tampoco habrá mercados estables en los cuales puedan operar los autónomos y las pymes de forma segura.

SANTIAGO MARTÍN GALLO

9 jul. 2019

  • 9.7.19
El consumo y la producción sostenible consisten en fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, la construcción de infraestructuras que no dañen el medio ambiente, la mejora del acceso a los servicios básicos y la creación de empleos ecológicos con buenas condiciones laborales Y justamente remunerados.



Todo ello se traduce en una mejor calidad de vida para todos, y además, ayuda a lograr que se rebajen costes económicos, ambientales y sociales que aumenten la competitividad y que reduzcan la pobreza. El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 12 es uno de los más transversales de la Agenda 2030 y, también, uno de los más importantes para los países más desarrollados, ya que persigue una transición de los modelos económicos, productivos y de consumo hacia la sostenibilidad.

El objetivo del consumo y de la producción sostenible es hacer más y mejores cosas con menos recursos. Se trata de generar ganancias netas de las actividades económicas mediante la reducción de la utilización de los recursos, la degradación y la contaminación, logrando al mismo tiempo una mejor calidad de vida.

Este ODS promueve la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales, busca reducir la generación de residuos y el desperdicio de alimentos, y fomentar la gestión ecológicamente racional de los productos químicos. Asimismo, aspira a estimular la implementación de prácticas sostenibles en empresas y el acceso universal a información sobre estilos de vida en armonía con la naturaleza.

Se necesita, además, adoptar un enfoque sistémico y lograr la cooperación entre los participantes, desde el productor hasta el consumidor final para poder alcanzar el Objetivo. Consiste, pues, en sensibilizar a los consumidores mediante la educación sobre los modos de vida sostenibles, facilitándole información adecuada.

Algunos datos nos muestran la necesidad de tomar actitudes de cambio de hábitos de vida para poder preservar el planeta. Estos cambios deben ser parte de un programa permanente de sensibilización para la implementación de los ODS en cada uno de los barrios, de los pueblos, de las ciudades o megaciudades, y de herramientas, tanto físicas como financieras, por parte de las autoridades nacionales, autonómicas y locales para que los ciudadanos puedan avanzar en la implementación de la Agenda 2030.

Por ejemplo, el uso excesivo de agua contribuye a su escasez a nivel mundial, a pesar de que el agua nos la regala la propia naturaleza, aunque no es infinita. Por otro lado, la infraestructura necesaria para gestionarla es cara.

Los agricultores saben que los impactos ambientales más graves en los alimentos se producen en la fase de producción (cultivo y procesamiento de los alimentos) y, por otro lado, sabemos que los hogares influyen en estos impactos a través de sus hábitos y elecciones dietéticas. Esto, en consecuencia, afecta al medio ambiente a través del consumo de energía relacionada con los alimentos y residuos. Así de simple, pero pocos ciudadanos se paran a pensar en este hábito.

Una cifra preocupante para el sector agrícola y para la reducción de la pobreza es que cada año se calcula que un tercio de todos los alimentos producidos, equivalentes a 1.300 millones de toneladas por valor de 1.000 millones de dólares,termina pudriéndose en los contenedores de los consumidores y minoristas, o se estropea debido a las malas prácticas de transporte o de cosecha.

Y más grave es que, de continuar con los mismos hábitos de producción y consumo, la degradación de la tierra, la disminución de la fertilidad del suelo, el uso insosntenible del agua, la sobrepesca y la degradación del medio marino estarán disminuyendo la capacidad de la base de los recursos naturales para suministrar alimentos.

Los agricultores han ido tomando conciencia, a lo largo de los últimos años, de que deben ser protagonistas del cambio hacia la sostenibilidad y que esta senda dirigida ahora por la Agenda 2030 lleva implícitas nuevas oportunidades que deben ser aprovechadas para el desarrollo de actividad económica y de generación de empleo en el sector rural, en toda la cadena productiva.

Otro de los actores fundamentales en la consecución del ODS 12 son los consumidores, los ciudadanos, sin dejar a nadie atrás. Los datos del Panel de Cuantificación del Desperdicio Alimentario en los hogares españoles indican que en los hogares se desperdician 1.229, 5 millones de kilos al año, lo cual supone una media de 23,6 millones de kilos a la semana: el 4,3 por ciento de lo comprado.

De estos alimentos desperdiciados, un 87,5 por ciento fueron productos sin elaborar que se arrojaron al cubo de la basura tal como se compraron, y el 12,5 por ciento se corresponde con recetas cocinadas por el propio hogar, sobras desechadas directamente desde el plato o después de un tiempo guardadas en la nevera.

Estas cifras indican una reducción del 4 por ciento del volumen de desperdicio en relación con los primeros datos recogidos en 2015, lo cual es prometedor, pero hay que seguir trabajando para alcanzar los objetivos del ODS 12. Además, estos datos hacen fundamental proporcionar información al consumidor para que, con sus decisiones, favorezca los cambios en los sectores productivos.

Supone un reto importante introducir en los currículos educativos todos los aspectos relacionados con la sostenibilidad y las formas de producción y consumo sostenible. En este campo es importante introducir estos aspectos también en la formación profesional y en la formación continua de los trabajadores y de los autónomos en España, que son la base del capital social de la economía de este país.

En el ámbito municipal, el reto es también avanzar y mejorar la gestión de estos residuos, integrando estas políticas y medidas en las estrategias de economía circular, lo que obliga a los nuevos alcaldes y presidentes de Comunidades a actualizar e innovar en la gestión de las ciudades, teniendo como hoja de ruta la Agenda 2030 y el Desarrollo Sostenible.

Entre las metas del ODS 12 que afectan de forma directa al trabajo en las zonas rurales de Andalucía, España y de todo el mundo, podemos considerar muy importantes y fundamentales para trabajar por ellos los que abordan temas o propuestas de metas con una fecha concreta para ser cumplidos. Por eso se llaman "metas":

De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales y reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha.

De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.

De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización y asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.

Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

Esta meta deja de manifiesto de forma clara la relación entre los productos locales, que son la base del desarrollo local de los municipios rurales y la agricultura, con la consecuente creación de empleos, sean autónomos o contratados por empresas del sector rural, que es el motor de la economía de muchas regiones en España, como Andalucía y Extremadura, por citar solo dos ejemplos.

Por ello es fundamental la divulgación para lograr un turismo sostenible que promueva los productos locales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fortalecer la política de poblamiento y transición ecológica para una economía sostenible y circular.

El sector rural de Andalucía y de España es la base del sistema productivo y de la mayoría de los municipios de este país. Es necesario que la Agenda 2030 llegue de la mano de los actores territoriales para mejorar la sostenibilidad de los productos y de los servicios, además de mantener y generar nuevos empleos dignos y de calidad, a la par que sostenibles, que incorporen a los jóvenes y a las mujeres en las actividades económicas locales

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sus metas y los indicadores, son una hoja de ruta y un camino en el que podemos trabajar, de forma transparente y participativa, las necesidades de las personas, de los ciudadanos y luchar para la implementación de políticas públicas, subvenciones y ayudas para la Localización de la Agenda 2030.

Los ODS representan una agenda positiva y activa en muchos países en el mundo y, en el caso de España, lo son cada día más en todos los niveles de gobierno y en diferentes sectores de la gobernanza. Además, en Europa lo será en los próximos dos años de forma más acentuada, gracias a la designación del nuevo Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, un profundo defensor de la Agenda 2030.

SANTIAGO MARTÍN GALLO

2 jul. 2019

  • 2.7.19
Los parlamentos en las democracias modernas representan la caja de resonancia de la ciudadanía: es el voto en lo local que transforma a un candidato en parlamentario. Sean parlamentarios locales, provinciales, autonómicos, nacionales o comunitarios, responden a la misma lógica: los ciudadanos que eligen estos representantes son los vecinos, en los barrios, en las ciudades.



Las ciudades son las células vivas de la humanidad en términos de hábitat y sociabilidad, que precisan incorporar en sus políticas públicas soluciones innovadoras para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y este papel es reconocido de forma expresa en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11, que cuida específicamente de ciudades, sean grandes urbes o pequeñas y medias ciudades, o bien pueblos o asentamientos.

Asociaciones internacionales como Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (UCLG) trabajan de forma activa en todos los continentes para preservar los intereses de las ciudades en las negociaciones internacionales, pero ya con la convicción que es la voz de las ciudades que hará los cambios que sean necesarios para poder cambiar los paradigmas e implementar la Agenda 2030 en lo local.

Para poder localizar los ODS es necesario que todos los poderes, en el marco de sus competencias, incorporen los mismos en sus políticas y programas y, en especial, que proporcionen los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de programas en armonía con la Agenda 2030. También la fiscalización sobre la aplicación de los recursos presupuestarios es fundamental para el proceso de monitorización del cumplimiento de las metas y la transparencia.

Por desgracia, pocos parlamentarios tienen el convencimiento de que la consecución de los ODS depende, más que nunca, de la capacidad de los gobiernos locales y regionales de fomentar un desarrollo territorial integrado, integrador y sostenible y es fundamental que pasen a considerar que todos los niveles de gobierno deben trabajar para alcanzar un consenso nacional que sitúe los ODS como elemento fundamental del desarrollo nacional, regional y local y monitorizar que su aplicación responda a las necesidades y prioridades locales y regionales y debe ser coherente con las estrategias nacionales y complementarlas.

Considero que los ODS y sus metas nos proporcionan una nueva oportunidad para reforzar los programas de descentralización de muchos países y promover nuevas formas innovadoras de gobernanza cooperativa (multinivel y multilateral) para poder empoderar a las autoridades locales para mejorar la gobernanza e incrementar el impacto en el desarrollo y aprovechar esta oportunidad para alentar a que la asociación estratégica birregional UE-CELAC que promueve el desarrollo de marcos legales e institucionales adecuados que garanticen una gobernanza multinivel eficaz y eficiente.

Los gobiernos locales, regionales y sus asociaciones deben aprovechar el compromiso internacional para localizar la Agenda 2030 y reclamar reformas que los doten de competencias claras y creen entornos propicios para garantizar un desarrollo local y regional eficaz.

Para ello es necesario que los parlamentarios apoyen firmemente la promoción de la apropiación local de las estrategias nacionales con el fin de reforzar el sentido de propiedad de los gobiernos locales y regionales sobre los ODS y, de este modo, fomentar su participación en el procedimiento de aplicación.

Por otro lado es importante destacar la creación de asociaciones multilaterales sólidas e integradoras, tanto formales como informales, que garanticen la participación de las organizaciones de la sociedad civil, los autónomos, el sector privado, el mundo académico y considerar que estos mecanismos deben ser accesibles para todos los sectores de la sociedad, equilibrados, de forma que ningún grupo predomine sobre los demás y sean transparentes.

Es importante señalar que los gobiernos locales y regionales deben ser capaces de establecer asociaciones directas con las agencias internacionales y nacionales, y también con otros socios, como organizaciones filantrópicas, organizaciones no gubernamentales y el sector privado y hacer un esfuerzo especial para adaptar los planes locales y regionales a los principios de eficacia de la cooperación para el desarrollo con la advertencia de que esto implica trascender el planteamiento de "ayuda" y crear nuevas asociaciones para el desarrollo, considerando que la cooperación oficial para el desarrollo debe basarse en la cooperación descentralizada, a través de una amplia gama de esquemas de intervención, por ejemplo, cooperación norte-sur, sur-sur y triangular.

Los socios de la cooperación para el desarrollo, como existen en Andalucía y España en general pueden contribuir a la aplicación de los ODS, respaldando las reformas nacionales dirigidas a la descentralización política y presupuestaria, y proporcionando recursos, conocimientos, experiencia, tecnología e innovación para reforzar las capacidades institucionales y operativas de los gobiernos locales y regionales, en especial de África y de América Latina.

El aprendizaje entre iguales, el intercambio de mejores prácticas y el trabajo en equipo pueden ser medios eficaces para mejorar la prestación de servicios, modificar los métodos de trabajo y fomentar el aprendizaje basado en la resolución de problemas, considerando que, para los gobiernos locales y regionales que presenten un perfil similar, el aprendizaje entre iguales constituye un mecanismo de estímulo mutuo y de mejora del proceso de toma y de ejecución de decisiones políticas y técnicas.

También es primordial que en la definición de planes locales o regionales sobre ODS, o de planes alineados con ellos, se incluya un conjunto de indicadores vinculados a los de la Agenda 2030 y adaptados a las necesidades y al contexto de cada territorio y considerar de forma inminente, que los gobiernos locales y regionales definan estos indicadores según su capacidad de recogida de datos, incluidos sus recursos humanos y medios tecnológicos, fomentando, mediante la cooperación y la asistencia técnica, la eliminación de las diferencias en la disponibilidad de datos y la ampliación de la capacidad de recogida y tratamientos de datos, estimando que las metas que se definan deben hacerse operativas con plazos claros.

Es fundamental que los parlamentos regionales de América Latina y Europa asuman un papel destacado a la hora de impulsar la transformación del marco mundial en programas específicos a nivel regional y local, adoptando legislación y presupuestos, garantizando la rendición de cuentas respecto del cumplimiento efectivo de los compromisos de la Agenda 2030 y fomentando el desarrollo de vínculos entre los Parlamentos nacionales, regionales (como nivel intermedio de gobierno) y locales, poniendo de relieve el importante papel que han de desempeñar en el establecimiento de marcos normativos que contribuyan a la localización de los ODS.

Para ello ya propusimos en 2015, en el ámbito del parlamento del Mercosur, durante la Presidencia del senador del Brasil, Roberto Requiao y volvemos en los finales del segundo decenio del siglo XXI, la necesidad de la creación de una red interparlamentaria para la aplicación multinivel de los ODS desde donde se puedan elaborar propuestas de armonización normativa e iniciativas parlamentarias de políticas, planes, programas y proyectos interinstitucionales y de cooperación más efectivos y coherentes.

Incluso en el ámbito de la cooperación, cuando el asesor de la Presidencia, con la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con Sudamérica, México y Chile, propone el senador Requiao la fundación, en el contexto de la cooperación birregional y con el apoyo de organizaciones multilaterales, de un laboratorio de ideas (Centro de Estudios Parlamentarios del Desarrollo Sostenible y la Gobernanza Global) que se especialice en asuntos parlamentarios y preste asistencia técnica y académica para la gestión legislativa o el seguimiento y evaluación de las políticas nacionales o internacionales adoptadas en el contexto de la aplicación de los ODS y propone en el ámbito de la reunión interparlamentaria, idea que hoy está siendo de nuevo dialogada en el marco de Eurolat, que es el establecimiento de alianzas entre los parlamentos nacionales y regionales y que sea el PNUD, organismo de las Naciones Unidas encargado de cooperar con los órganos legislativos y apoyarlos, considerando que estas alianzas serían beneficiosas para la concreción y aplicación de los ODS a nivel local.

Finalmente es importante que los parlamentos de los Estados miembros de la Unión Europea y de todos los países de América Latina y el Caribe, el Parlamento Latinoamericano, el Parlamento Centroamericano, el Parlamento Andino, el Parlamento del Mercosur, junto con el Parlamento Europeo, puedan trabajar para la incorporación de los ODS en la Agenda Parlamentaria, local, regional, nacional y multilateral.

SANTIAGO MARTÍN GALLO

25 jun. 2019

  • 25.6.19
La mención a las personas mayores en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es limitada y aleatoria. Sin embargo, hay puertas de entrada al tema que, si las consideramos de forma estratégica, pueden servir para hacer visibles a las personas de más edad en la labor de la localización e implementación de la Agenda 2030 en los territorios.



En las menciones específicas, que son pocos casos, las personas de edad se mencionan de forma explícita en algunas de las metas como, por ejemplo, en el Objetivo 2, relativo a la erradicación del hambre, ya que la meta 2.2 propone poner fin a la malnutrición, teniendo en cuenta entre otros grupos a las personas de edad.

Una de las metas de este objetivo es poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emacipación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad

En el Objetivo 11, que trata de las ciudades y de los asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, encontramos dos metas que incluyen menciones especificas a las personas mayores: cuando trata sobre los sistemas de transporte y en la meta sobre el acceso a las zonas verdes y a espacios públicos. En concreto, establece:

“De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad”.

“De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad”.


La primera observación que cabe hacer es preguntarse por qué solo en estas tres metas las personas mayores fueron mencionadas y no en otras, y da la sensación de que no existe una razón consistente que permita explicar esto.

La segunda observación es que ninguna de las tres metas coincide necesariamente con las reivindicaciones más importantes de las personas de más edad. De hecho, si se hubieran tomado en cuenta esas reivindicaciones, sería lógico esperar, por ejemplo, alguna mención explícita relativa a la salud, a la protección social, a los cuidadores o a la eliminación de la violencia y del abuso.

Las personas mayores podrían identificarse como un grupo que se ha quedado atrás. Por ello, es necesario que cada país, cada comunidad o cada provincia tengan que examinar e identificar en su propia realidad cuáles son aquellos grupos que se han quedado atrás o, dicho en términos tradicionales de derechos humanos, cuáles son aquellos grupos que han sufrido discriminación y marginalización y no disfrutan plenamente de sus derechos.

Tenemos en los antecedentes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible la Resolución 70.01 de Naciones Unidas donde se identifica explícitamente a las personas de edad como uno de los grupos susceptibles de experimentar situaciones de vulnerabilidad.

En el mismo sentido, en un gran número de metas, se menciona explícitamente la necesidad de tomar acciones para atender a la situación de los grupos vulnerables, para garantizar la universalidad del acceso a un bien básico o la cobertura de un servicio o para erradicar una situación considerada inaceptable.

Una de estas metas es fundamental implementarla en España considerando que la misma manifiesta de forma explícita la necesidad de implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, de aquí a 2030, y lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables.

Cada comunidad, provincia y cada municipio, en el caso de España, debe considerar en qué medida las personas mayores están desproporcionadamente excluidas de los sistemas de protección social y, en su caso, sobrerrepresentadas entre las personas pobres y vulnerables.

En la contextualización de cada Objetivo y de cada meta en el marco de cada comunidad, cuando se hable de grupos vulnerables es necesario considerar la situación de las personas de edad, identificarlas cuando sea preciso como un grupo vulnerable e implementar las acciones correspondientes cuando sea evidente que nos permita concluir que se han quedado atrás, respecto a otros grupos.

Una gran cantidad de Objetivos y metas son directamente relevantes para el bienestar y el pleno goce de los derechos humanos de las personas mayores y sin pretender ser exhaustivos, cabe destacar el Objetivo 1 sobre pobreza, incluida la protección social; el Objetivo 2 sobre poner fin al hambre y a la malnutrición; el Objetivo 3 sobre salud; el Objetivo 4 sobre educación, incluyendo el fin del analfabetismo.

También se puede considerar en este listado el Objetivo 5 sobre igualdad de género; el Objetivo 6 sobre agua y saneamiento; el Objetivo 8 sobre empleo; el Objetivo 10 sobre la igualdad en y entre los países; el Objetivo 11 sobre ciudades y asentamientos humanos; el Objetivo 16 sobre sociedades pacíficas, acceso a la justicia e instituciones eficaces e inclusivas; y, por último, el Objetivo 17 sobre cooperación internacional.

Para finalizar y a título de ejemplo concreto de que las reivindicaciones de las personas mayores no están muy bien cubiertas por la Agenda 2030, cabe citar el caso de los cuidados de largo plazo. Es necesario alinear la Agenda con una guía de instrumentos específicos referidos a las personas mayores. Estos instrumentos nos permitirán identificar los obstáculos que determinan que un grupo se ha quedado atrás y ofrecer una hoja de ruta respecto de las medidas adecuadas para lograr la meta con las personas mayores.

He aquí el gran desafío: hacer visibles a las personas mayores. Y sabemos que en países desarrollados como Japón, y también en los más sostenibles, podemos observar que consideran y tratan a las personas de edad como grandes referentes del conocimiento y, de hecho, sienten un profundo respeto por ellos.

En España, en sus comunidades y en sus ayuntamientos, así como en las entidades subnacionales de Iberoamérica, se debe caminar en esa dirección con la elaboración y ejecución de políticas efectivas de protección social para las personas mayores. El nuevo pacto social, la Agenda 2030, es la oportunidad, ya que nos proporciona una hoja de ruta para dignificar y reconocer de forma efectiva la aplicación de los derechos humanos a este colectivo que ayudó a construir la sociedad que hoy somos.

SANTIAGO MARTÍN GALLO

18 jun. 2019

  • 18.6.19
Para poder implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es necesaria la participación de todos los actores del territorio. De todos sin excepción. El sector del conocimiento formal e informal es uno de los pilares, por ser la educación un elemento libertador de las sociedades.



Los países con mayores índices de desarrollo humano son aquellos que realizan inversiones importantes de su Producto Interior Bruto (PIB) en el área de la educación, lo que muestra la importancia que tienen en el desarrollo de las sociedades el aprendizaje y la formación en todos los niveles.

Siendo el nuevo pacto social un proceso de transformación, de cambios de paradigma, el sector del conocimiento tiene un papel importante en la búsqueda de las soluciones y en las innovaciones para esta situación de emergencia planetaria que vivimos en la actualidad.

La educación terciaria y la investigación científica son citadas en varios de los ODS, sin embargo, la contribución de la Universidad es necesaria a un nivel mucho más amplio, considerando que la Agenda de los ODS cubre un amplio número de desafíos sociales, económicos y medioambientales y su experiencia y preparación resultan claves para poder vencer y superar dichos desafíos.

Su cuerpo científico tiene la capacidad de proporcionar el conocimiento y las soluciones que sustenten la implementación de los ODS junto con todos los actores del territorio de forma participativa y no impositiva.

Abordar los desafíos de los ODS requiere de nuevos paradigmas, nuevas formas de ver la vida, nuevas formas de hacer las cosas, tomar decisiones difíciles entre opciones contrapuestas y, en algunos casos, realizar profundas transformaciones. Las universidades, junto con el sector del conocimiento en general, impulsan el progreso tecnológico y social a través de la investigación, el descubrimiento, la creación y la adopción de conocimiento.

Las universidades atraen y nutren el talento y la creatividad y son actores territoriales claves en los sistemas de innovación regional y nacional y estas funciones son fundamentales para ayudar a la comunidad local a comprender los desafíos, oportunidades e interacciones entre los ODS y las políticas locales. También son clave para desarrollar e implementar soluciones, para desarrollar y evaluar opciones de políticas y vías de trasformación y para poder realizar un seguimiento del progreso que permita medir los resultados alcanzados.

Es necesario crear implementadores de los ODS ya que las universidades forman a personas con habilidades y capacidades profesionales y personales. Tienen acceso a un importante número de jóvenes y no tan jóvenes, apasionados, creativos, con curiosidad y el deseo de un mundo mejor. También influyen cada vez más en el desarrollo global a través de estudiantes y exalumnos, campus internacionales y actividades de desarrollo del talento. Alcanzar los ODS requerirá de la contribución de todos.

Por lo tanto, el sistema educativo debe asegurar que están formando a los líderes actuales y futuros, a los responsables de la toma de decisiones, a los docentes, a los innovadores, a los empresarios y a los ciudadanos con los conocimientos, las habilidades y la motivación que los ayudarán a alcanzar las metas de los ODS.

A través de su personal, estudiantes, campus, vecindarios y cadenas de suministro, tienen un importante impacto social, económico y ambiental y, al implementar los principios de los ODS dentro de su estructura de gobierno y gestión y de su filosofía, las universidades contribuirán directamente al logro de los ODS dentro de estas extensas esferas.

También deben proporcionar liderazgo intersectorial en la implementación de los ODS, pues las universidades son reconocidas por la sociedad como entidades neutrales en las que se puede confiar. Por ello, las universidades tienen la capacidad y responsabilidad de colaborar a la necesaria respuesta local, nacional e internacional a los ODS a través del diálogo intersectorial y creación de alianzas. Tienen un papel clave en la educación pública y en otros sectores, así como en defender la importancia de los ODS.

Para contribuir a la educación para los ODS, las universidades y el resto de centros educativos pueden, por ejemplo:
  1. Integrar los ODS y los principios en todos los cursos, también de grado y posgrado, así como en la formación en investigación.
  2. Proporcionar formación sobre los ODS a las personas responsables de la elaboración de los planes de estudios, para favorecer la coordinación de los cursos y del profesorado.
  3. Ofrecer formación y creación de capacidades a empresas y a entidades externas sobre los ODS, así como el conocimiento y habilidades necesarias para abordarlos.
  4. Abogar por una política de educación nacional y estatal que defienda los ODS.
  5. Vincular a estudiantes en procesos de cocreación compartida de entornos de aprendizaje e iniciativas que apoyen el aprendizaje sobre los ODS.
  6. Estructurar cursos en torno a proyectos colaborativos para el cambio con aplicación práctica, en los que el estudiantado tenga opciones para actuar y reflexionar de manera iterativa, y desarrolle una capacidad adaptativa mientras trabaja por un objetivo.
Las universidades también pueden contribuir a todos los ODS cerciorándose de que están capacitando a los estudiantes para los trabajos necesarios para la implementación de los ODS y deben asegurar que los estudiantes sean ágiles, estén preparados para el cambio y tengan visión de futuro, de modo que sean útiles no solo para los trabajos que existen hoy, sino también para los que existirán en el futuro. Para ello, las universidades pueden:
  1. Establecer vínculos fuertes con empresas e industrias para monitorizar tendencias en cuanto a empleabilidad, por ejemplo, a través de comunidades de práctica empresariales.
  2. Ampliar las oportunidades para el aprendizaje a lo largo de toda la vida, como la educación en entidades y empresas, aprendizaje en línea, y formación profesional.
  3. Mejorar las oportunidades para el desarrollo de formación de estudiantes y profesionales de países en desarrollo para abordar los desafíos relacionados con los ODS
Por otro lado, la creación de capacidades, a través de la educación, es un importante “medio de implementación” para ayudar a los países en desarrollo a abordar sus propios desafíos en el campo de la sostenibilidad. Las universidades tienen amplios vínculos con países en desarrollo a través de estudiantes en movilidad y exalumnos, campus internacionales, programas de intercambio académico, viajes de estudio y convenios con universidades de países en desarrollo.

Las universidades pueden aprovechar estos vínculos para apoyar la creación de capacidades para los ODS a través de diferentes maneras, tales como:
  1. Implicar a estudiantes internacionales en los ODS.
  2. Desarrollar cursos en línea de calidad y gratuitos sobre desarrollo sostenible y sobre cómo abordar de forma práctica los desafíos de los ODS.
  3. Desarrollar relaciones de intercambio con universidades en países en desarrollo y programas de capacitación en el país para abordar los ODS.
  4. Proporcionar becas relacionadas con los ODS para estudiantes.
Las Universidades y el sector educativo en Andalucía precisan avanzar más rápido. La Comunidad Valenciana o el País Vasco, por poner dos ejemplos, están muy avanzadas en las políticas públicas y acciones para la localizacion de los ODS y son, incluso, ejemplos de buenas prácticas de políticas públicas según diversos organismos internacionales, que reconocen a ambas comunidades en foros relacionados con la Agenda 2030.

Los desafíos que tenemos como humanidad no son para el futuro: son para hoy. Y para cambiar se precisa tomar consciencia de la necesidad y actuar en forma diaria de acuerdo a lo que propugnamos con el establecimiento de los principios que nos proporciona la Agenda 2030, en nuestro día a día.

SANTIAGO MARTÍN GALLO

11 jun. 2019

  • 11.6.19
En el marco de la consecución de los Objetivos y metas de la Agenda 2030, la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de todos los actores del territorio es primordial. Los movimientos sociales, oenegés, plataformas, sindicatos, medios de comunicación y otras organizaciones del territorio tienen un papel protagonista en una agenda internacional de desarrollo sostenible que requiere del compromiso urgente de todos los actores del planeta.



Por una parte, las entidades de la sociedad civil contribuyen a la consecución de la Agenda 2030, llevando a cabo proyectos y programas para acabar con la pobreza, reducir desigualdades y apoyar a colectivos vulnerables, entre otros. Este tipo de acciones, sin duda, tendrán un impacto positivo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, por tanto, es importante identificar y medir este impacto para poder evaluar su desempeño y establecer objetivos a largo plazo.

Otro de los roles esenciales de los actores sociales es su función de sensibilización e incidencia política para alinear la acción de los poderes públicos con la Agenda 2030, su capacidad de incidir en la elaboración de políticas públicas y su monitorización para el cumplimiento.

Las organizaciones de la sociedad civil son un excelente canal de comunicación para trasladar el mensaje de la Agenda 2030 a la ciudadanía, y el sector de las comunicaciones y nuevas tecnologías tienen un papel fundamental en el proceso de difusión y sensibilización de la Localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

A través de estas acciones, las organizaciones pueden aumentar el conocimiento de la Agenda por parte de la sociedad, un paso esencial para lograr su consecución en el 2030. Por último, para el logro de los Objetivos y metas de la Agenda es fundamental la creación de alianzas.

La meta 17.17. se basa precisamente en este paradigma, incorporando a la sociedad civil como uno de los principales actores para llevarlas a cabo. En concreto, la meta indica la necesidad de fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

Aquí, tanto la Sociedad Civil como el Sector Privado deberán también contribuir, a partir de la información que generan y relevan para sus operaciones. El rol del Sector Privado será bidireccional, ya que deberá nutrir con datos a estos Objetivos, pero a la vez, podrá verse beneficiado de la reutilización de los datos que emitan otros actores involucrados (principalmente Gobiernos y Sociedad Civil) para orientar sus Estrategias de Sostenibilidad.

Por tanto, no cabe duda de que es esencial que los actores que forman parte del Tercer Sector Social asuman plenamente los desafíos de la Agenda, ya que su papel es crucial para que esta sea viable en todos los niveles: local, autonómico, estatal y global.

Los ODS proporcionan un marco universal para guiar las contribuciones al desarrollo sostenible, debiendo identificar cada organización sobre qué objetivos y metas tienen capacidad de influencia y realizando acciones, programas y proyectos que contribuyan a su consecución.

La ayuda a las entidades a contribuir a los ODS puede hacerse realidad a través de la adaptación a una metodología que tiene un enfoque transversal, propuesta por Global Compact y es de aplicación para todo tipo de entidades, independientemente de su tamaño y sector. Se compone de cinco pasos:
  1. Entendiendo y apropiándose de los ODS: como primer paso, las organizaciones deben familiarizarse y apropiarse de estos objetivos.
  2. Definiendo prioridades: se estimula a las organizaciones a que definan sus prioridades, basándose en una evaluación del impacto de sus acciones, programas y proyectos.
  3. Estableciendo objetivos: el establecimiento de objetivos es fundamental para ayudar a promover prioridades compartidas y a mejorar el desempeño en toda la organización en relación a la responsabilidad social empresarial.
  4. Integrando: es clave integrar la sostenibilidad dentro de la gestión interna de la organización, en especial, a los colaboradores y funcionarios.
  5. Reportando y comunicando: los ODS permiten a las organizaciones divulgar información sobre sus acciones en el logro de la Agenda.
Estas consideraciones simples posibilitarán el análisis y, con esta metodología de la hoja de ruta, de las acciones que serán necesarias, entre otras por supuesto, se podrá hacer que las organizaciones de la sociedad civil puedan actuar de forma participativa del proceso de localización de los ODS y contribuir desde su territorio y con responsabilidad social y ambiental al cumplimiento de lo establecido en la Agenda 2030.

España y Andalucía precisan recorrer todavía un largo camino para poder incorporar a los actores de la sociedad civil al proceso de territorializacion de los ODS y esto debe traducirse en políticas y medidas que tengan como objetivo la participación permanente, orgánica y sistemática de la sociedad civil en el proceso de localización de la Agenda 2030.

SANTIAGO MARTÍN GALLO

4 jun. 2019

  • 4.6.19
El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 1) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas busca poner fin a la pobreza en todas sus manifestaciones. También tiene como objetivo garantizar la protección social de las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad social como, por ejemplo, las personas de avanzada edad, aumentar el acceso a los servicios básicos y ayudar a las personas afectadas por fenómenos climáticos extremos y hacer frente a los problemas económicos, sociales y ambientales.



La erradicación de la pobreza extrema –definida actualmente a través de la línea de 1,25 dólares de ingreso diario–, central en los ODS, está superada en España. Sin embargo, en nuestro país persisten problemas graves de pobreza, que golpean especialmente a la infancia, cuya atención es imperativa.

Por otro lado, el ODS 1 es uno de los principales fundamentos del compromiso de España con la cooperación para el desarrollo. Las últimas estimaciones globales sugieren que el 10,9 por ciento de la población mundial (783 millones de personas) sufren pobreza extrema en el mundo (más de la mitad de ellas, en el África subsahariana).

Este compromiso de España con la erradicación de la pobreza extrema, y en todas sus dimensiones y países, se plasma en la política de cooperación para el desarrollo –recogida en el Plan de Acción como una de las políticas palanca para acelerar el alcance de los ODS– y Andalucía también está comprometida con su política de cooperación al desarrollo en este sentido.

En España, este objetivo se alinea con los recogidos en el Programa Nacional de Reformas (PNR) del Gobierno central a fin de alcanzar el Objetivo 5 de la Estrategia Europea 2020, que establecía disminuir el número de personas en riesgo de exclusión –en el caso de España, situado en 1.400.000 personas, tomando como año base 2008–.

En nuestro país, la crisis económica provocó un aumento de las situaciones de exclusión y desigualdad social y modificó los perfiles de las personas en esas situaciones. Un aumento que se debió a la rápida subida del desempleo durante la crisis.

No obstante, el inicio de la recuperación económica y la creación de empleo no están suponiendo una disminución de las cifras de pobreza y desigualdad. En cualquier caso, esta vuelta a la situación precrisis es una tarea larga, compleja y en la que todos deben aunar esfuerzos: Administración central, autonómica y local y, cómo no, el tercer sector.

Así, el indicador 1.2.1 refleja la población que vive por debajo del umbral nacional de pobreza. En el mismo aparece que un 21,6 por ciento de la población española en 2017 (con datos de ingresos de 2016) vive por debajo del umbral nacional de pobreza (60 por ciento de ingresos medios), y que la crisis lo que ha supuesto es un aumento del porcentaje de personas en todos los grupos de edad que viven por debajo del umbral nacional: 31 por ciento en menores de 16 años; 21,9 por ciento en el tramo de edad de 16 a 64; y 14,8 por ciento para mayores de 65 años. Cabe destacar el aumento de esta tasa para los mayores de 65 años (de 1,8 puntos).

Por su parte, la tasa de riesgo de pobreza para los menores de 16 años se situó en el 28,1 por ciento, siendo 6,5 puntos superior a la del conjunto de la población. El punto álgido para las mujeres fue el año 2017 (22,2%) y para los menores de 18, el 2014, año en el que un 30,5 por ciento de los menores de 18 años se encontraba por debajo del umbral de la pobreza.

Si se considera el nivel de educación, y considerando la población mayor de 16 años, los porcentajes más altos de la tasa de riesgo de pobreza en la serie de encuestas (2008-2017, sobre la base de 2013) correspondieron a los niveles más bajos de Educación Primaria o inferior (26,5%) y Secundaria de primera etapa (27,1%). En la encuesta del año 2017, para el nivel de Educación Secundaria de segunda etapa era del 19,9 por ciento y para el nivel de Educación Superior, desciende a 9,7 por ciento.

Por sexo, la tasa de riesgo es ligeramente menor en las mujeres que en los hombres, menos en la carencia material severa. La edad constituye un factor determinante en cuanto al riesgo de pobreza y exclusión: las personas adultas jóvenes (entre los 16 y los 19 años) son los que presentan la tasa más elevada (37,60%), seguidos por la población infantil (31,70%), ya que cerca de uno de cada tres niños y niñas está en riesgo de pobreza y o exclusión social. Tasa que pese a su elevada magnitud está disminuyendo desde 2015. Además, el 9,9 por ciento de la población menor de 18 años está en pobreza severa.

“No dejar a nadie atrás” es uno de los principios fundamentales de la Agenda 2030. En España, con el objetivo de cumplir con los retos plasmados en la Estrategia Europa 2020, se han adoptado diversas medidas de calado social y económico dirigidas a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

La Agenda 2030 propone varios indicadores para medir el logro de la meta 1.2. El primero de ellos es el umbral de riesgo de pobreza o tasa de pobreza (fijado en el 60 por ciento de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de todos los hogares a nivel nacional.).

El Instituto Nacional de Estadística (INE) estimó el umbral de riesgo de pobreza de los hogares de una persona en 8.522 euros, un 3,8 por ciento más que el estimado en el año anterior. En hogares compuestos por dos adultos y dos menores de 14 años, dicho umbral fue de 17.896 euros en 2017.

Según los estudios de la Fundación Foessa, el riesgo de quedarse atrás también se encuentra relacionado con características sociales y demográficas de las personas:
  • Personas pertenecientes a la etnia gitana, que cuentan con un altísimo riesgo de exclusión social, que asciende al 72 por ciento. Este colectivo tiene importantes déficits de integración social, unidos a persistentes problemas de discriminación.
  • Los desempleados sufren un alto riesgo de exclusión, un 50 por ciento, en el caso de los desempleados de larga duración el porcentaje asciende al 55 por ciento, y en los ocupados con empleos irregulares el riesgo aumenta hasta el 57 por ciento. Es importante incidir en “la cronificación del desempleo” asociada a la numerosa cuota de desempleados de larga o muy larga duración, en la alta tasa de paro juvenil y en la insuficiente protección frente al desempleo.
  • Los inmigrantes de origen no comunitario tienen un 53 por ciento de riesgo de exclusión social, fruto de las dificultades de integración, de las vulneraciones de derechos y de las deficientes redes sociales de apoyo tanto formales como informales.
  • En el caso de los menores de 18 años, el riesgo de exclusión llega al 35 por ciento. Al hablar de menores, además de la problemática de menores no acompañados nos estamos refiriendo a los problemas de las familias con menores y a las insuficientes medidas de protección y de ayuda a la crianza. Es importante enfatizar que las redes sociales de apoyo de familias y amigos constituyen un importante componente básico en la protección de los hogares, y este recurso se encuentra en un 26,1 por ciento de los hogares debilitado tras la crisis. 
  • Es importante destacar que el riesgo de sufrir problemas económicos en las familias con menores es especialmente significativo cuando alguno de ellos tiene discapacidad y es notablemente mayor al de cualquier otra configuración familiar. 
  • La tasa de exclusión social de los hogares en España se multiplica por 1,5 cuando en las familias convive algún menor de 18 años, y por 2,5 cuando estamos ante una familia numerosa. Un problema especialmente grave desde la perspectiva de romper el círculo vicioso de la pobreza. Como manifiesta el informe Transmisión Intergeneracional de la Pobreza, elaborado por Foessa en 2016, ocho de cada 10 personas que vivieron graves dificultades económicas en su infancia-adolescencia, las están reviviendo en la actualidad como adultos.
Como vemos por los datos antes descritos, España precisa todavía trabajar esta temática y existen situaciones de vulnerabilidad que necesitan de políticas públicas a nivel nacional, regional y local para poder paliar esta situación.

SANTIAGO MARTÍN GALLO

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