El consejero de Fomento de la Junta de Andalucía, Felipe López, ha anunciado que los servicios jurídicos del Gobierno andaluz están estudiando la posibilidad de recurrir ante el Gobierno central el peaje de la AP-4, que une las localidades de Sevilla y Cádiz, al entender que este debió acabar en el año 2009, según declaró dicho consejero a 'Ondaluz Televisión ' y que ha sido recogido por Radio Sevilla de la Cadena Ser.
Según ha informado dicha emisora, la Ley 8/1972 establece que las concesiones de autopistas no podrán exceder de 50 años, y que en una revisión posterior de 2003 se redujo este tiempo a 40 años, lo que, de acuerdo con esta norma, el peaje de la autopista Sevilla-Cádiz debió espirar el 30 de julio de 2009.
Por este motivo, el consejero de Fomento ha anunciado que los servicios jurídicos de la Junta están estudiando recurrir el peaje "porque los andaluces estaríamos pagando desde hace ocho años y medio un peaje que sería ilegal", según confirmó este lunes a 'Ondaluz Televisión', añadiendo que van a reclamar los casi 120 millones de euros que la Junta ha abonado a la concesionaria Abertis en los últimos años para que los conductores no paguen el peaje de Jerez.
Este anuncio ha coincidido en el tiempo con el anuncio realizado por los abogados sevillanos Fernando Osuna Gómez y Alejandro Álvarez Rivero, quienes, a través de su bufete Osuna, han presentado un escrito ante el Ministerio de Fomento, con fecha de 3 de febrero de 2018, en el que solicitan la supresión del peaje de la AP-4 "por el interés público" de todos los ciudadanos que utilizan esta autopista y tienen el perjuicio de un coste "totalmente desorbitado" durante casi 50 años de vigencia, según ha recogido la agencia Europa Press.
En un escrito, los letrados cuentan que han interpuesto una reclamación económico-administrativa contra el contrato de concesión de servicios, al entender que "ya han finalizado las obras" de la citada vía y que "se ha recuperado dicho coste por parte de la empresa".
Según ha informado dicha emisora, la Ley 8/1972 establece que las concesiones de autopistas no podrán exceder de 50 años, y que en una revisión posterior de 2003 se redujo este tiempo a 40 años, lo que, de acuerdo con esta norma, el peaje de la autopista Sevilla-Cádiz debió espirar el 30 de julio de 2009.
Por este motivo, el consejero de Fomento ha anunciado que los servicios jurídicos de la Junta están estudiando recurrir el peaje "porque los andaluces estaríamos pagando desde hace ocho años y medio un peaje que sería ilegal", según confirmó este lunes a 'Ondaluz Televisión', añadiendo que van a reclamar los casi 120 millones de euros que la Junta ha abonado a la concesionaria Abertis en los últimos años para que los conductores no paguen el peaje de Jerez.
Este anuncio ha coincidido en el tiempo con el anuncio realizado por los abogados sevillanos Fernando Osuna Gómez y Alejandro Álvarez Rivero, quienes, a través de su bufete Osuna, han presentado un escrito ante el Ministerio de Fomento, con fecha de 3 de febrero de 2018, en el que solicitan la supresión del peaje de la AP-4 "por el interés público" de todos los ciudadanos que utilizan esta autopista y tienen el perjuicio de un coste "totalmente desorbitado" durante casi 50 años de vigencia, según ha recogido la agencia Europa Press.
En un escrito, los letrados cuentan que han interpuesto una reclamación económico-administrativa contra el contrato de concesión de servicios, al entender que "ya han finalizado las obras" de la citada vía y que "se ha recuperado dicho coste por parte de la empresa".
DH DIARIO DIGITAL / REDACCIÓN
