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6 abr. 2020

  • 6.4.20
Nadie en el mundo imaginaba la aparición de una pandemia mundial como la del coronavirus Covid-19. Ningún país estaba preparado para una emergencia sanitaria de envergadura global y propagación rápida, como esta. Por donde ha surgido, la capacidad de reacción ante un problema epidémico de tal naturaleza ha sido tardía y, en la mayoría de los casos, improvisada.



De la indiferencia inicial con que se percibía la génesis de la pandemia, como un asunto lejano y de sociedades poco protegidas sanitariamente, a la descoordinación vivida en Occidente cuando la infección lo ha golpeado, sin detenerse en fronteras o culturas, esta crisis sanitaria ha desatado un abanico de reacciones, que ha ido desde la improvisación hasta el reproche “repugnante”, dependiendo de cómo la pandemia ha afectado a cada país. Todo un alarde de lo que no debería hacerse cuando se precisa la ayuda de todos para afrontar un problema que atañe al conjunto de la humanidad.

Europa es muestra paradigmática de ese comportamiento egoísta e insolidario en la defensa a ultranza de las personas y sus vidas, no de sus bienes o negocios. El virus ha brotado de forma explosiva en Italia al poco de aparecer en China. De allí ha saltado a España y, poco a poco, va adentrándose en el Continente con la virulencia que le permiten los distintos sistemas nacionales de salud y las iniciativas de sus gobiernos.

No existen aduanas para una pandemia que se extiende desde Asia a Europa, de Rusia a EE UU y de Sudamérica a África, sin dejar atrás Oceanía. En todas partes, cada cual se presta a combatirla como puede, con sus propios recursos y su ciencia.

Por motivos complejos, no solo de estructura económica, los países del sur de Europa vuelven a destacar por la magnitud de esta tragedia, a la que se enfrentan con los instrumentos de sus respectivos Estados de Bienestar y limitadas capacidades. Pero también con la descoordinación y la incomprensión de los que creen estar a salvo de este mal por disponer de una economía saneada.

Una actitud decepcionante e inesperada entre socios de un proyecto de unidad política que debiera integrar, además del comercio, la economía y una moneda, también a las personas y la protección de sus vidas. Algunos motivos podrían explicar tal actitud, pero no justificarla.

En cualquier caso, no es momento de reproches, sino de arrimar el hombro, de remar todos en la misma dirección y de demostrar que Europa es la casa común de quienes son considerados europeos, hogar en el que todos confiaban encontrar refugio y no solo un simple zoco comercial.

De ser así, sería oportuno replantearse un proyecto que se muestra inútil frente a una amenaza sanitaria universal, a pesar de que desde el individualismo estatal tampoco está asegurado ninguna protección ante amenazas globales, como esta crisis se ha encargado de demostrar.

Y una vez más, desgraciadamente, los ricos vuelven a desentenderse de los pobres, propugnando dejarlos a su suerte. Así, Europa vuelve a dividirse, a la hora de actuar unida frente a la emergencia sanitaria, entre países ricos del norte y países pobres del sur, estos últimos, precisamente, los más castigados por la pandemia en suelo europeo y los que reclaman ayuda para afrontar un problema mundial.

Y en nombre de los ricos, Holanda, por boca de su ministro de Finanzas, Wopke Hoekstra, ha reprochado a los pobres, en concreto a España, no haber ahorrado lo suficiente para hacer frente a la crisis de Covid-19. De esta manera, los Países Bajos, gobernados por una coalición de ultraderecha y euroescépticos, antepone el rigor fiscal y la economía a la solidaridad y el derecho a la vida.

Es decir, exhibe la indiferencia de los privilegiados ante el drama humano de los socios desgraciados de la UE. Sin embargo, su visión no es moral, aunque implique consecuencias éticas, sino económica. Aducen que “la solidaridad europea es la liquidez en la UE”, con la que participa la solidaridad neerlandesa. Un rigor contable ante un problema humano.

El caso es que, efectivamente, España podía haber estado mejor equipada para afrontar la crisis del Covid-19 si hubiera puesto en marcha medidas preventivas, guardadas en su día para mejor ocasión. Por eso, se ha visto sorprendida sin las suficientes estructuras de prevención y salud pública exigibles, aprobadas, en el año 2011, en el texto de la Ley General de Salud, y que jamás se desarrollaron con la excusa de una crisis económica. ¿Se acuerdan?

Por aquel tiempo, tras la pandemia de la Gripe A, se entendió necesario disponer de una Agencia Estatal de Salud Pública o de un centro estatal, en su defecto, que garantice una acción coordinada con las comunidades autónomas ante nuevas emergencias sanitarias.

Tales medidas sufrieron los efectos de los recortes presupuestarios que podaron la sanidad española de forma dramática. Años en los que pasaron a iniciativa privada muchos hospitales de Madrid y de otras comunidades, la mayoría de las cuales estaban gobernadas por conservadores, bajo la premisa de obtener la mayor rentabilidad al menor costo.

Fue la época en que se intentó el cierre y desmantelamiento del Hospital Carlos III de Madrid, especializado en el diagnóstico y tratamiento de pandemias y enfermedades emergentes, iniciativa abortada por el brote de Ébola en África que contagió a un sacerdote español al que hubo que repatriar y aislar en dicho centro.

Ya no nos acordamos de todos esos desmanes que han propiciado que la sanidad española apenas tenga margen de maniobra para afrontar imprevistos. Y que carezca de mecanismos federales de recopilación de información, gestión de crisis y planes de respuesta coordinados con las comunidades autónomas que faciliten la movilización de los recursos disponibles en un país descentralizado como el nuestro.

No se trata, por tanto, solo de un problema de rigor fiscal, como reprochan los holandeses, sino de prioridades en el gasto público, lo que ha constreñido a la sanidad española, provocando que ahora se echen de menos, incluso, planes de contingencia, que no se han desarrollado, y hasta un registro de personal y medios susceptibles de ser trasladados en caso de necesidad.

Aquella ley jamás desarrollada, porque lo importante entonces era socorrer a los bancos gracias al rescate europeo, contemplaba “sistemas de alerta precoz y respuesta rápida” que tampoco se pusieron en marcha, lo que probablemente hubiera posibilitado actuar con mayor diligencia y premura durante la actual pandemia.

Parece inconcebible que se considerase un derroche, como entendió algún neoliberal de los que abundan, contar con camas “ociosas” de UCI por si surgía alguna necesidad, cosa que ahora vemos pertinente, y no que España, con 9,4 camas por cada 100.000 habitantes, estaba –y todavía está– bastante atrasada con respecto a las 29 de Alemania y otros países de nuestro entorno.

Ya es muy tarde para rectificar hoy, pero no para mañana. Ni los hospitales ni las camas de críticos ni los respiradores ni el personal sanitario surgen por ensalmo, no se improvisan de la noche a la mañana, cuando el problema nos castiga de lleno: ha de preverse.

De ahí que esta crisis del Covid-19 afecte a unos países más que a otros. Pero más que ahorros y economías saneadas, la diferencia la establece la previsión y las prioridades en el gasto público. Si alguna enseñanza hubiera que extraerse de esta crisis es la de que hay que reforzar, y mucho, nuestro Estado de Bienestar, modificar nuestro estilo de vida, rediseñar Europa hasta completar una verdadera unión social y política, también fiscal, y, por supuesto, ahorrar.

Pero, todo ello, se acometerá cuando recuperemos la salud, la confianza y la normalidad. Antes, todas las energías deberán centrarse en salvar vidas. No es momento de ejercer de profetas a toro pasado o hacerse el sueco, digo, el holandés.

DANIEL GUERRERO

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