El Gobierno de España ha vuelto a tropezar con la misma piedra que algunos de sus socios le ponen para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Sería la tercera vez que esto sucede. Es lo que preconiza la no aprobación, con los votos en contra de Junts, Podemos y Compromís —socios de investidura del Gobierno—, unidos a los de la oposición (PP, Vox y UPN), de la senda de déficit y techo de gasto con que se fijan lo objetivos de gasto y crecimiento de las cuentas macroeconómicas del país, paso previo para la elaboración de los Presupuestos.
La senda de déficit es una norma obligatoria, como establece la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, sobre la que se asienta el proyecto de presupuestos. En ese documento, que lo presenta el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda, se fijan los objetivos de saldo presupuestario (déficit o superávit) y de deuda pública para los próximos años.
Y el techo de gasto es la previsión de cuánto pueden gastar el Gobierno y las distintas Administraciones durante el próximo ejercicio; es decir, un mecanismo que establece cuánto pueden subir los desembolsos del Estado a partir de las previsiones de crecimiento de los ingresos. Ambos documentos han de ser aprobados cada año por el Congreso. Y en función de ellos se elaboran y cuadran los Presupuestos del Estado.
Este año, esas cuentas se basaban en una previsión del crecimiento económico que pasaba del 2,7 al 2,9 por ciento, lo que permitía que el techo de gasto también se incrementase en un 8,5 por ciento respecto al ejercicio anterior. Estamos hablando de 212.026 millones de euros, 16.673 millones más.
La no aprobación de estos límites de déficit y gasto supone que las Comunidades Autónomas perderían unos 5.400 millones de euros de capacidad de gasto en los próximos años. Y que tampoco podrían aprobarse los Presupuestos Generales del Estado para 2026.
La no convalidación de esas leyes evidencia la incapacidad del Gobierno para diseñar las sendas de déficit y, por ende, la imposibilidad de actualizar las cuentas del Estado, lo que conllevaría la prórroga automática de los presupuestos vigentes.
Sin embargo, desde el Gobierno se presume de optimismo y voluntad para agotar la legislatura, aunque sea la tercera vez que se enfrenta a un ejercicio con unas cuentas diseñadas originalmente en 2022 y para una realidad muy distinta de la actual.
Encarar una tercera prórroga es algo que nunca ha sucedido en democracia y, de confirmarse, supondrá que la legislatura se completaría con las cuentas de solo un ejercicio, porque es inimaginable que las de 2027, en caso de llegar, tampoco serían aprobadas con la actual correlación de fuerzas parlamentarias y por ser año electoral.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, asegura sentirse con fuerzas para completar su mandato, incluso aunque no hubiera presupuestos, dado que los datos del crecimiento económico y el fructífero balance legislativo conseguido hasta la fecha, con 24 leyes aprobadas en esta legislatura, dan pie para el optimismo.
Según Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo, el Gobierno seguirá gobernando hasta 2027 como hasta ahora, votación a votación. Reconoce que el Gobierno no tiene mayoría parlamentaria y, por tanto, cada vez que presenta una iniciativa, tendrá que hablarla, debatirla y negociarla. Hay voluntad, pues, de continuar hasta 2027, máxime si no se avista en el horizonte una moción de censura exitosa que logre sacar a Sánchez de la Moncloa.
Con todo, aunque el Gobierno conserve esa voluntad optimista de permanencia, resulta paradójico que, con las mismas cuentas de 2023, prorrogadas durante tres ejercicios consecutivos, puedan afrontarse los retos económicos del presente, como son, por ejemplo, subidas salariales de los funcionarios, actualización de las pensiones conforme al IPC o los gastos en servicios y prestaciones públicas que conllevan los inevitables incrementos por la inflación.
Sin presupuestos actualizados, también las comunidades autónomas y ayuntamientos se verán obligadas a ajustar sus cuentas en equilibrio, con iguales ingresos y gastos, sin contar con las previsiones de incremento en estas partidas que contemplaba el proyecto de Presupuestos.
El Gobierno admite que ha perdido la senda, pero no la voluntad de continuar, De hecho, tras el rechazo de ambos documentos, el Consejo de Ministros está decidido presentar, como recoge la normativa, otro proyecto de senda y lo hará con con la misma senda de estabilidad rechazada, con la intención de votarla en el último Pleno del año. No cabe duda de que conserva una sorprendente voluntad de agotar la legislatura que desespera a la oposición. La duda es: ¿lo conseguirá?
La senda de déficit es una norma obligatoria, como establece la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, sobre la que se asienta el proyecto de presupuestos. En ese documento, que lo presenta el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda, se fijan los objetivos de saldo presupuestario (déficit o superávit) y de deuda pública para los próximos años.
Y el techo de gasto es la previsión de cuánto pueden gastar el Gobierno y las distintas Administraciones durante el próximo ejercicio; es decir, un mecanismo que establece cuánto pueden subir los desembolsos del Estado a partir de las previsiones de crecimiento de los ingresos. Ambos documentos han de ser aprobados cada año por el Congreso. Y en función de ellos se elaboran y cuadran los Presupuestos del Estado.
Este año, esas cuentas se basaban en una previsión del crecimiento económico que pasaba del 2,7 al 2,9 por ciento, lo que permitía que el techo de gasto también se incrementase en un 8,5 por ciento respecto al ejercicio anterior. Estamos hablando de 212.026 millones de euros, 16.673 millones más.
La no aprobación de estos límites de déficit y gasto supone que las Comunidades Autónomas perderían unos 5.400 millones de euros de capacidad de gasto en los próximos años. Y que tampoco podrían aprobarse los Presupuestos Generales del Estado para 2026.
La no convalidación de esas leyes evidencia la incapacidad del Gobierno para diseñar las sendas de déficit y, por ende, la imposibilidad de actualizar las cuentas del Estado, lo que conllevaría la prórroga automática de los presupuestos vigentes.
Sin embargo, desde el Gobierno se presume de optimismo y voluntad para agotar la legislatura, aunque sea la tercera vez que se enfrenta a un ejercicio con unas cuentas diseñadas originalmente en 2022 y para una realidad muy distinta de la actual.
Encarar una tercera prórroga es algo que nunca ha sucedido en democracia y, de confirmarse, supondrá que la legislatura se completaría con las cuentas de solo un ejercicio, porque es inimaginable que las de 2027, en caso de llegar, tampoco serían aprobadas con la actual correlación de fuerzas parlamentarias y por ser año electoral.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, asegura sentirse con fuerzas para completar su mandato, incluso aunque no hubiera presupuestos, dado que los datos del crecimiento económico y el fructífero balance legislativo conseguido hasta la fecha, con 24 leyes aprobadas en esta legislatura, dan pie para el optimismo.
Según Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo, el Gobierno seguirá gobernando hasta 2027 como hasta ahora, votación a votación. Reconoce que el Gobierno no tiene mayoría parlamentaria y, por tanto, cada vez que presenta una iniciativa, tendrá que hablarla, debatirla y negociarla. Hay voluntad, pues, de continuar hasta 2027, máxime si no se avista en el horizonte una moción de censura exitosa que logre sacar a Sánchez de la Moncloa.
Con todo, aunque el Gobierno conserve esa voluntad optimista de permanencia, resulta paradójico que, con las mismas cuentas de 2023, prorrogadas durante tres ejercicios consecutivos, puedan afrontarse los retos económicos del presente, como son, por ejemplo, subidas salariales de los funcionarios, actualización de las pensiones conforme al IPC o los gastos en servicios y prestaciones públicas que conllevan los inevitables incrementos por la inflación.
Sin presupuestos actualizados, también las comunidades autónomas y ayuntamientos se verán obligadas a ajustar sus cuentas en equilibrio, con iguales ingresos y gastos, sin contar con las previsiones de incremento en estas partidas que contemplaba el proyecto de Presupuestos.
El Gobierno admite que ha perdido la senda, pero no la voluntad de continuar, De hecho, tras el rechazo de ambos documentos, el Consejo de Ministros está decidido presentar, como recoge la normativa, otro proyecto de senda y lo hará con con la misma senda de estabilidad rechazada, con la intención de votarla en el último Pleno del año. No cabe duda de que conserva una sorprendente voluntad de agotar la legislatura que desespera a la oposición. La duda es: ¿lo conseguirá?
DANIEL GUERRERO
FOTOGRAFÍA: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
FOTOGRAFÍA: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
